Fui invitado a participar en la segunda terna (la primera fue rechazada) decidida por una Comisión Plural del Congreso para seleccionar entre sus integrantes al futuro Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para los próximos cuatro años.
Acepté, desde luego, porque me parece que no sólo hay que ser cómodamente crítico sino también contribuir y participar, en la medida que cada uno pueda hacerlo, para hacer que las cosas marchen mejor.
Algunos amigos no estuvieron de acuerdo con mi participación en esta aventura. Alegaron que todo estaba consumado y que dos de los cándidos solamente cubrirían el expediente para darle formalidad a lo que la ley establece en una elección de este tipo. Otros me dijeron ingenuo y peores cosas que no le repito, educado lector, porque apenarían a cualquiera. Algunos más trataron de detenerme porque consideraron que era una maquinación por mis tres recientes columnas críticas hacia un grupo de integrantes del Congreso. Y otras cosas por el estilo. Hoy no sé si tuvieron razón, pero no dispongo de elementos para asegurar que hubo arreglos oscuros o que los diputados y diputadas operaron en contra de alguno de los candidatos participantes que no fueron elegidos.
Los diputados y diputadas se comportaron de manera educada, algunos dijeron “buenos días” e intercambiaron breves comentarios con los candidatos antes de la reunión. De mi parte, también hubo un comportamiento educado y cortés, y observé lo mismo de parte de los otros dos interesados. Al llegar no nos recibió ningún diputado sino el Oficial Mayor del Congreso, quien nos hacía pasar al estrado por riguroso orden alfabético. Durante las exposiciones de cada uno ante el pleno, los otros dos esperamos afuera del recinto porque “nadie debería sacar ventaja sobre lo que escuchara de los otros candidatos”. Al término de la exposición de cada uno en la plenaria nadie nos dijo nada, ni quien ganó, ni a quien designaron, ni muchas gracias por molestarse en participar, es más, ni adiós les dijeron a los que no fueron designados. Me parece que estos pequeños detalles de cortesía para los ciudadanos que participan en cualquier convocatoria del Congreso deben resolverse en el futuro. Cuesta lo mismo y no deja huella. Y tampoco hace daño.
Lo que sucedió al interior del Congreso en materia de negociaciones y acuerdos propios del proceso y previos a la designación los desconozco porque no participé. Pero eso es parte del procedimiento legislativo, lo entiendo y lo acepto, no hay otra manera, y tampoco me atañe, porque es facultad de los congresistas la designación del Presidente de la Comisión Estatal. La elección no se realizó a partir exclusivamente del análisis de las exposiciones de los candidatos, como sería deseable, a la manera de una especie de examen oral, con la intención de que quien realizara los mejores planteamientos y propuestas, a juicio de la mayoría legislativa, obtuviera mediante el voto libre y secreto, la designación. Generalmente este tipo de nombramientos se resuelven antes de la sesión, días antes, y en ocasiones aún decidido, no se consigue el propósito porque son 21 criterios y muchos intereses divergentes dentro y fuera del Congreso. Así lo observamos en la primera terna.
Aún así, no me importó y participé, a sabiendas de que tendría escasas posibilidades o ninguna de obtener la designación ¿porqué? Pues porque las cosas así funcionan y lo que más me importaba era darles a conocer a los legisladores cuál era mi punto de vista sobre “cómo” debería ser la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sus acentos y prioridades, porque el “qué” lo establece, sin dudas, la propia ley que la crea. Y así lo hice.
Quiero compartir con ustedes, invisibles lectores, algunas de las propuestas que hice en el pleno del Congreso, y para ello, haré un breve resumen de lo que dije en la exposición durante los 10 minutos que me correspondieron, de acuerdo a las reglas del evento, para que los diputados conocieran, de viva voz, cuáles eran mis puntos de vista una vez que se cubrieron los requisitos documentales en tiempo y forma que la propia ley establece.
Al final, mis dudas y las de mis consejeros y amigos se confirmaron.
Obtuve la fantástica cantidad de cero votos de los legisladores.
Y resultó un designado con 16 votos en su favor. En buena hora y felicidades, porque el candidato nombrado llega plenamente legitimado por el Congreso del estado con una mayoría contundente. No se puede pedir más. Así el elegido tendrá todo el apoyo para un desempeño más cabal de su función. La falta de apoyo no será un pretexto.
Y para fortuna de todos, no hubo necesidad de elegir al presidente de la Comisión mediante una lotería porque si era rechazada la segunda terna, se hubiera tenido que aplicar el procedimiento de insaculación ordenado por la ley, que por si usted no lo sabe, informado lector, eso significa meter boletos, nombres o números en un saco, sombrero o ánfora para extraer un ganador.
Pienso que en un acto de este tipo no hubo ganadores ni perdedores. De verdad lo pienso, incrédulo lector. En realidad, y siendo optimistas, todos ganamos, porque seis ciudadanos interesados por los derechos humanos en el estado participaron, y los diputados hicieron bien su trabajo en esta ocasión, en la forma y en el fondo, con la ley en la mano. Y eso nos conviene a todos los sudcalifornianos. No sabemos si los legisladores hicieron una buena designación, ellos tampoco lo saben todavía, pero sí atendieron una de sus responsabilidades en tiempo y forma; y en cuanto a lo acertado de su elección, pronto tendremos noticias.
Por lo demás, estimo que los participantes nos vamos sin un ánimo negativo, al menos ese es mi caso, y con la tranquilidad de haber cumplido el compromiso ciudadano para el que fuimos convocados. Y eso también vale.
Y tengo la jubilosa certidumbre, además, de que el candidato designado por el Congreso no será peor que la anterior pésima presidenta. Aunque el elegido quisiera hacerlo peor le resultará imposible lograrlo. Hay personas y cosas insuperables en la vida. Al menos eso espero, con legítimo interés y por el beneficio de todos.
Esto que sigue fue leído, después de iniciar las cortesías a que obliga la buena educación y el recinto, es una pequeña parte de lo dicho en el Congreso del estado, y refleja mi postura, lo que yo espero respecto al tema de los derechos humanos. Ahí le va.
Es conveniente ratificar frente a ustedes, señoras y señores legisladores, que no tengo compromiso alguno con grupos o asociaciones de ninguna índole.
En el camino que me ha traído a esta alta tribuna, me ha conducido siempre, el respeto por la verdad, la justicia y la ética como perfiles de comportamiento personal y profesional. Nadie podrá probar lo contrario.
Cuando usamos el término “cumplir con la ley”, a pesar de que parece claro y evidente su significado, nunca vale lo mismo para todos, a veces lo obvio no resulta serlo. Y por esta razón, conviene destacar, con firmeza, una primera definición: en el desempeño de la institución no se hará más, pero tampoco menos, de lo que establece la propia ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos vigente en el estado. No es ocioso asumir este compromiso específico, reafirmarlo ante ustedes y subrayarlo frente a la opinión publica que observa con interés este proceso. Debemos terminar con la discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Insisto, se trata, escuetamente, de proteger y hacer que se respeten los derechos humanos de todos, sin excepciones y actuar con la firmeza que se requiere en el marco de la ley.
Los acentos, la intensidad y la calidad en las acciones que desarrollará la Comisión marcarán la diferencia y harán que recupere y acreciente su prestigio; también será determinante la precisa definición de sus prioridades para consolidar y vigorizar la presencia de la institución entre ciudadanos y autoridades de sudcalifornia.
Las disposiciones contenidas en la actual Ley Estatal de Derechos Humanos son, desde luego, perfectibles, como cualquier ordenamiento legal; pero en este momento, tal y como está la ley, es más que suficiente para llevar a cabo, con solvencia, las tareas encomendadas. Por ahora no veo la necesidad de reformas urgentes ni importantes a la ley vigente.
Será en la operación misma de la Comisión donde optimizaremos sus acciones. Además, ustedes no elegirán a un presidente para hacer una nueva ley en la materia, o reformarla o impugnarla, sino para que cumpla la que ya existe.
Continuaremos en la próxima entrega.
01 enero 2006
LA MURALLA GRINGA / II FINAL
Por todo lo dicho en la entrega anterior, y mucho más en verdad, la drástica “solución” que pretenden los gringos al aprobar la ley HR 4437 está condenada al fracaso y tendrá, además, un rechazo absoluto de la opinión pública mundial que ya comienza a organizarse para poner en evidencia a los gringos racistas y xenófobos.
Un muro más para añadirlo a las decenas que han construido en contra de todo un continente. Y me refiero no sólo a sus murallas de concreto y lámina sino a todos aquellos que no se ven, los que no se pueden saltar, y que dejan heridas abiertas en la historia y en el tiempo de América Latina.
Según la fuente consultada, en estos últimos cinco años emigraron a los Estados Unidos entre 400 y 500 mil mexicanos cada año contra 30 mil anuales en los sesentas. Son 27 millones de mexicanos quienes viven y trabajan para los gringos repartidos en 42 estados de un total de 50 que tiene ese país.
En estos cinco años de gobierno del cambio, por hablar del pasado más próximo, México ha recibido, cuando menos hasta ahora, puras cachetadas, escupitajos y malos modos de parte de los grandes amigos gringos de mister Fox. Él sabrá las razones. No hay motivos públicos y transparentes para que usted, yo y toda la humanidad recibamos de los gringos un trato de rufianes. Al menos yo no los conozco, pero los puedo imaginar en los tonos negros de las promesas que no les cumplió el gobierno del cambalache. Hoy proliferan los engañados, allá y aquí.
Mire usted, invisible lector, el sólo hecho de legislar para que los ilegales de cualquier nacionalidad, se conviertan en criminales por no tener papeles es una auténtica monstruosidad. El desprecio a esta medida es planetario; incluso, para sorpresa de todos, hasta el 58% de los propios gringos según el NYT, está en desacuerdo con esa política garrotera, policíaca, inviable y sin sentido.
¿Habrá un sólo gringo que no tenga relación con algún ilegal? No lo creo.
Al amparo de una ley en contra del terrorismo y otros criminales, están a punto de cometer una barbaridad, un genocidio, en contra de los latinos y otros grupos de inmigrantes que ya viven y trabajan en los Estados Unidos, aportan y construyen, y entre ellos, millones de mexicanos, la mayoría de ellos inicuamente explotados pero, aún así, ganando diez o veinte veces más de lo que podrían obtener en su propio país.
En el caso particular de los mexicanos, hay un hecho histórico que a todos se nos olvida por ignorancia o por ese afán de simplificar la realidad, olvidando la historia y perdiendo de vista los incidentes que marcaron buena parte de la traumática relación entre los Estados Unidos y México. Cuando en el lejano 1848 México perdió la mitad de su territorio a manos de los gringos, ¿qué cree usted que les pasó a los mexicanos que se quedaron atrapados en ese vasto territorio arrebatado, a los que la política y el atraco dejaron cercados de pronto en “otro país”, porque ya habitaban esas regiones? Pues simple, se durmieron mexicanos y amanecieron gringos. Mucho antes de que llegaran los gringos esos venerables mexicanos ya estaban ahí trabajando en paz. Y continuaron su vida normal, a pesar de que se pudieran haber enterado por algún medio, que ya eran gringos. Prosiguieron su vida, reproduciéndose y bautizándose con sus nombres mexicanos; y siguieron siendo católicos, apostólicos y romanos en un entorno antagónico, protestante y puritano. Y subsistieron ahí con su cultura, sus relaciones, su familia, su vida, sus santitos y sus muertos en los panteones. En efecto, ahí aguantaron vara esos mexicanos de antes porque el corrimiento de las fronteras no le cambió a ninguno su nacionalidad profunda y de siempre, al menos no en una o dos generaciones. Tengamos en cuenta que en aquellos lejanos tiempos no existía un concepto de nacionalidad tan claro y definido como el que conocemos ahora. Desde ahí arrancamos esta tortuosa relación de sube y baja. Y aún antes.
Además, a los arraigados en esos lejanísimos territorios antes mexicanos, nadie los corrió de ahí, ni los aniquilaron masivamente como sucedió con los indios nativos de vastos territorios que los gringos querían “limpios”, sin palomilla, para su más cabal provecho. Al contrario, a esos mexicanos de antes no los echaron ni mataron, y en la mayoría de los casos, tampoco les quitaron sus tierras y modos de vida. Y menos su cultura mexicana, lo que sea que esto haya significado en pleno siglo XIX. Así que los mexicanos siempre han vivido en lo que hoy es Estados Unidos y ha existido un flujo histórico de personas por diversos impulsos, imparable y natural, entre las dos naciones. Antes y ahora y lo habrá siempre, con murallas o sin muros. Ni que decir de la cantidad de gringos que viven en México, se han posesionado de pueblos enteros.
Cada nación puede hacer lo que le dé la gana en su propio territorio. Nadie les puede impedir a los gringos que en el interior de sus fronteras establezcan los controles y las leyes que juzguen más convenientes para terminar, a su manera, con la inmigración ilegal. Pero de ahí a plantear esta especie de “solución final” de la inmigración ilegal resucitando métodos nazis es otro cantar. Se hermanaron Bush y Hitler. Ambos son, hoy, la misma cosa. Uno exterminó judíos a placer y el otro, el gringo, matón de infieles y ahora de ilegales, principalmente mexicanos, con “su” ley en la mano.
Y sé lo que estoy diciendo.
Pero por si usted no lo recuerda, cultísimo lector, le voy a enunciar la definición de genocidio, que nos da la voz autorizada de la Real Academia Española: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Así que los gringos oligarcas, aquellos que se consideran aristócratas, que se dicen nativos y con arraigo, güeros y de ojos azules, con Bush a la cabeza de la mayoría de sus execrables diputados, se quitaron las caretas y despertaron como lo que siempre han sido en su historia: genocidas, racistas, criminales y xenófobos. En el orden que usted guste.
La definición es suficientemente clara para saber lo que estos gringos delirantes y genocidas pretenden: una limpieza étnica, por la vía del exterminio masivo y de la expulsión.
De sus crímenes actuales y futuros tendrán que responder frente a los tribunales internacionales, ante a la opinión pública mundial y de cara a la historia.
La única esperanza que tienen ahora aquellos que viven y trabajan como ilegales, en la penumbra y al filo de la navaja, sin prestaciones, con pésimos salarios, quienes además sostienen sectores fundamentales de la economía norteamericana, es una sola: la Cámara de Senadores gringa, en donde quizás alguien encuentre una respuesta sensata y equilibrada que les ayude a los estadounidenses a recobrar el juicio perdido por el desquiciamiento de sus líderes actuales.
Tengo la certeza de que entre los 100 senadores norteamericanos sí existen personas con sentido común y talento político para impedir esta atrocidad propia de pueblos incultos y fundamentalistas. Basta mencionar solamente a dos de ellos: John McCain, senador republicano de Arizona y Edward Kennedy, senador demócrata de Massachussets quienes son autores de una propuesta juiciosa, viable, madura y consensuada.
¿Podrán con su proyecto alterno derrotar a los fundamentalistas gringos?
Ya lo veremos en el 2006.
Un muro más para añadirlo a las decenas que han construido en contra de todo un continente. Y me refiero no sólo a sus murallas de concreto y lámina sino a todos aquellos que no se ven, los que no se pueden saltar, y que dejan heridas abiertas en la historia y en el tiempo de América Latina.
Según la fuente consultada, en estos últimos cinco años emigraron a los Estados Unidos entre 400 y 500 mil mexicanos cada año contra 30 mil anuales en los sesentas. Son 27 millones de mexicanos quienes viven y trabajan para los gringos repartidos en 42 estados de un total de 50 que tiene ese país.
En estos cinco años de gobierno del cambio, por hablar del pasado más próximo, México ha recibido, cuando menos hasta ahora, puras cachetadas, escupitajos y malos modos de parte de los grandes amigos gringos de mister Fox. Él sabrá las razones. No hay motivos públicos y transparentes para que usted, yo y toda la humanidad recibamos de los gringos un trato de rufianes. Al menos yo no los conozco, pero los puedo imaginar en los tonos negros de las promesas que no les cumplió el gobierno del cambalache. Hoy proliferan los engañados, allá y aquí.
Mire usted, invisible lector, el sólo hecho de legislar para que los ilegales de cualquier nacionalidad, se conviertan en criminales por no tener papeles es una auténtica monstruosidad. El desprecio a esta medida es planetario; incluso, para sorpresa de todos, hasta el 58% de los propios gringos según el NYT, está en desacuerdo con esa política garrotera, policíaca, inviable y sin sentido.
¿Habrá un sólo gringo que no tenga relación con algún ilegal? No lo creo.
Al amparo de una ley en contra del terrorismo y otros criminales, están a punto de cometer una barbaridad, un genocidio, en contra de los latinos y otros grupos de inmigrantes que ya viven y trabajan en los Estados Unidos, aportan y construyen, y entre ellos, millones de mexicanos, la mayoría de ellos inicuamente explotados pero, aún así, ganando diez o veinte veces más de lo que podrían obtener en su propio país.
En el caso particular de los mexicanos, hay un hecho histórico que a todos se nos olvida por ignorancia o por ese afán de simplificar la realidad, olvidando la historia y perdiendo de vista los incidentes que marcaron buena parte de la traumática relación entre los Estados Unidos y México. Cuando en el lejano 1848 México perdió la mitad de su territorio a manos de los gringos, ¿qué cree usted que les pasó a los mexicanos que se quedaron atrapados en ese vasto territorio arrebatado, a los que la política y el atraco dejaron cercados de pronto en “otro país”, porque ya habitaban esas regiones? Pues simple, se durmieron mexicanos y amanecieron gringos. Mucho antes de que llegaran los gringos esos venerables mexicanos ya estaban ahí trabajando en paz. Y continuaron su vida normal, a pesar de que se pudieran haber enterado por algún medio, que ya eran gringos. Prosiguieron su vida, reproduciéndose y bautizándose con sus nombres mexicanos; y siguieron siendo católicos, apostólicos y romanos en un entorno antagónico, protestante y puritano. Y subsistieron ahí con su cultura, sus relaciones, su familia, su vida, sus santitos y sus muertos en los panteones. En efecto, ahí aguantaron vara esos mexicanos de antes porque el corrimiento de las fronteras no le cambió a ninguno su nacionalidad profunda y de siempre, al menos no en una o dos generaciones. Tengamos en cuenta que en aquellos lejanos tiempos no existía un concepto de nacionalidad tan claro y definido como el que conocemos ahora. Desde ahí arrancamos esta tortuosa relación de sube y baja. Y aún antes.
Además, a los arraigados en esos lejanísimos territorios antes mexicanos, nadie los corrió de ahí, ni los aniquilaron masivamente como sucedió con los indios nativos de vastos territorios que los gringos querían “limpios”, sin palomilla, para su más cabal provecho. Al contrario, a esos mexicanos de antes no los echaron ni mataron, y en la mayoría de los casos, tampoco les quitaron sus tierras y modos de vida. Y menos su cultura mexicana, lo que sea que esto haya significado en pleno siglo XIX. Así que los mexicanos siempre han vivido en lo que hoy es Estados Unidos y ha existido un flujo histórico de personas por diversos impulsos, imparable y natural, entre las dos naciones. Antes y ahora y lo habrá siempre, con murallas o sin muros. Ni que decir de la cantidad de gringos que viven en México, se han posesionado de pueblos enteros.
Cada nación puede hacer lo que le dé la gana en su propio territorio. Nadie les puede impedir a los gringos que en el interior de sus fronteras establezcan los controles y las leyes que juzguen más convenientes para terminar, a su manera, con la inmigración ilegal. Pero de ahí a plantear esta especie de “solución final” de la inmigración ilegal resucitando métodos nazis es otro cantar. Se hermanaron Bush y Hitler. Ambos son, hoy, la misma cosa. Uno exterminó judíos a placer y el otro, el gringo, matón de infieles y ahora de ilegales, principalmente mexicanos, con “su” ley en la mano.
Y sé lo que estoy diciendo.
Pero por si usted no lo recuerda, cultísimo lector, le voy a enunciar la definición de genocidio, que nos da la voz autorizada de la Real Academia Española: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Así que los gringos oligarcas, aquellos que se consideran aristócratas, que se dicen nativos y con arraigo, güeros y de ojos azules, con Bush a la cabeza de la mayoría de sus execrables diputados, se quitaron las caretas y despertaron como lo que siempre han sido en su historia: genocidas, racistas, criminales y xenófobos. En el orden que usted guste.
La definición es suficientemente clara para saber lo que estos gringos delirantes y genocidas pretenden: una limpieza étnica, por la vía del exterminio masivo y de la expulsión.
De sus crímenes actuales y futuros tendrán que responder frente a los tribunales internacionales, ante a la opinión pública mundial y de cara a la historia.
La única esperanza que tienen ahora aquellos que viven y trabajan como ilegales, en la penumbra y al filo de la navaja, sin prestaciones, con pésimos salarios, quienes además sostienen sectores fundamentales de la economía norteamericana, es una sola: la Cámara de Senadores gringa, en donde quizás alguien encuentre una respuesta sensata y equilibrada que les ayude a los estadounidenses a recobrar el juicio perdido por el desquiciamiento de sus líderes actuales.
Tengo la certeza de que entre los 100 senadores norteamericanos sí existen personas con sentido común y talento político para impedir esta atrocidad propia de pueblos incultos y fundamentalistas. Basta mencionar solamente a dos de ellos: John McCain, senador republicano de Arizona y Edward Kennedy, senador demócrata de Massachussets quienes son autores de una propuesta juiciosa, viable, madura y consensuada.
¿Podrán con su proyecto alterno derrotar a los fundamentalistas gringos?
Ya lo veremos en el 2006.
LA MURALLA GRINGA / I
No creo que esa sea la enchilada completa que el presidente Fox y Jorge Castañeda estaban esperando en sus febriles ensoñaciones por lograr un trato especial, de cuates, preferente por parte de los gringos y con ello regularizar la inmigración de mexicanos en el país del norte; lo que sí sé, es que los estadounidenses están completamente enchilados por un fenómeno creciente y apabullante por sus dimensiones, y eso mismo, los ha hecho presas de la desesperación por una dicotomía casi irresoluble: odian a los migrantes pero son indispensables. Quieren trabajadores, sí, pero que sean blancos, rubios, europeos y de ojos azules. Y que hablen inglés.
Nuestros “líderes” mexicanos tampoco tuvieron claridad ni estrategia para lograr el objetivo, tenían el qué pero les falto el cómo y los operadores. Son incapaces adentro y afuera. ¿De verdad pensarán Fox y compañía que sus comerciales en la radio y televisión mexicanas van a convencer a los gringos de las bondades de un nuevo enfoque para resolver la inmigración ilegal en los Estados Unidos? Por lo pronto, recibimos el enésimo escupitajo. Y ya nos tienen llenos de baba.
Los gringos están agobiados y sin un liderazgo inteligente, progresista, consistente y visionario, por que no saben cómo entrarle a tratar de resolver este añejo y complicado problema y reaccionan de la única manera que ellos saben hacerlo en sus relaciones con los demás países: blandiendo un garrote, usando a la policía y el ejército o con las tres cosas al mismo tiempo, en contra de “sus enemigos” visibles o invisibles, reales o imaginarios.
Con las discutibles luces, tal vez producto de algún menjurje, de Samuel P. Huntington, profesor de Harvard, a quien la élite gobernante gringa adoptó como guía espiritual y político para respaldar sus atrocidades, tomaron como libro de cabecera la concepción del mundo racista y maniqueo de este autor: El choque de las civilizaciones y la remodelación del nuevo orden mundial (Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order), publicado en 1997, que no resuelve ni explica con objetividad científica el fenómeno de la globalidad en su enfoque social y menos el de la inmigración como manifestación cada vez más presente en el mundo actual. Los gringos de la ultraderecha tienen otra embustera publicación favorita de su mismo filósofo: Quiénes somos: Los desafíos a la identidad nacional americana (Who Are We: The Challenges to America's National Identity), publicado en mayo del 2004, en donde el autor defiende el sueño americano creado por los protestantes gringos en contra de los retrógradas latinos cristianos que “invaden” su país.
El asunto de la inmigración ilegal tiene demasiadas aristas y es por su tamaño, descomunal, rebasa cualquier medida sensata, digamos normal o usual, para controlar el problema en cualquier país. Calculan en 11 millones los dispersos hispanos ilegales en Estados Unidos que ahora pasarán a la casilla de los delincuentes organizados más buscados. Pero no solamente los inmigrantes ilegales serán proscritos con esta ley estúpida y desquiciada, sino sus familias que ya viven en el país, también a quien los contrate, a quienes no los denuncien, a religiosos que los protejan y a los propios gringos que faciliten o permitan la presencia de algún ilegal. La simple y benévola ofensa civil cometida por ser un ilegal en los Estados Unidos, ahora se convertirá en una ofensa legal mayor y será castigada con total desmesura por estos perturbados, al considerársele un acto criminal típico de bandoleros organizados.
O de plano, lo que sucede es que no tienen la menor idea de cómo enfrentar esta masiva repoblación por inmigrantes procedentes de todos los rincones del mundo que se internan en su territorio diariamente, burlando su modernísima tecnología utilizada en los sistemas de seguridad y convirtiendo todo su espacio en un país sitiado donde la ley es la macana, la policía, el espionaje y los trabajos de inteligencia para detectar a estos nuevos delincuentes quienes antes eran simples inmigrantes en busca de trabajo.
El caso es que están dando palos de ciego. Y parece que quienes llevan la delantera con un tremendo leño en la mano, son la mayoría de los 435 congresistas de la ultraderecha en la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos con James Sensenbrenner y su ley racista al frente, quienes van ganando una batalla que los ofuscados gringos han perdido siempre, en toda su historia, desde tiempos remotos. En esta nueva guerra son guiados por el presidente Bush quien ha sido el presidente más bobo, inculto y desquiciado en la historia reciente de los Estados Unidos. La ofensiva de la recalcitrante derecha la seguirán perdiendo los gringos porque esas épicas cruzadas para detener a las personas que deciden vivir en otro país son imposibles de ganar y menos en un pueblo integrado justamente por inmigrantes ahora ya organizados y poseedores de redes de información y reacción impresionantes. Los gringos fueron forjados en la cultura de la diversidad de nacionalidades, inclusive en ocasiones, ellos mismos, cuando les conviene, presumen su crisol de razas y nacionalidades en ciudades emblemáticas como Nueva York o Los Ángeles.
Las personas que emigran lo hacen por mejorar su situación económica y por razones de supervivencia o por gusto, y algunas más por reunirse con su familia ante la expectativa de mejores niveles de vida; buena parte de los que se van, dejándolo todo, tienen allá y aquí, una parte de sus afectos, y saben de alguna persona, amigo o conocido de algún familiar, o del amigo de un amigo, que los puede ayudar para trabajar y ese es su primer contacto y aliciente para cruzar la frontera, como sea, en busca de mejores perspectivas.
Y asómbrese, lector incrédulo, el Pew Hispanic Center demuestra con estadísticas que sólo el 5% de los inmigrantes fueron desempleados en su país, en donde ganan una miseria, es cierto, pero estaban empleados según esta encuesta. Así que la mayoría de quienes emigran no van por exclusivamente por un empleo sino estrictamente por mejorar.
Pensemos en lo que pasa cuando la mitad de una familia de mexicanos se encuentra en los Estados Unidos, otra parte en Zacatecas, otros en Tabasco y otros regados en un país con 70 millones de pobres, todos bajo el denominador común de estar ubicados en zonas de miseria absoluta o pobreza extrema como le llaman las autoridades en México. Los que momentáneamente se quedaron en su miseria, solamente están esperando que los adelantados, se acomoden un poco para emprender la portentosa aventura de cambiar de país. Imagínese por un minuto, perceptivo lector, la osadía que significa emprender este cambio para quienes jamás han salido de su pequeño rancho, poblado o ciudad. Con un triple salto mortal, literalmente mortal, brincan desde el tercer mundo hasta el primero. No se andan con minucias. Quienes se van de su país en una portentosa aventura como esta, son, por donde se les vea, admirables.
¿Cómo detener ese profundo sentimiento integrador que mueve a familias enteras a tratar de encontrarse de nuevo, y estar otra vez unidos, todos con trabajo y buenos ingresos? Es imposible. Son núcleos que tienen sumamente arraigado un concepto de familia que ya casi no existe en Estados Unidos. Son familias, y en algunos casos verdaderas tribus, cuya cultura está anclada, entrañablemente, en el concepto mexicano y latino de marido, esposa, varios hijos, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, compadres y amigos. Todos cercanos y queridos, y ese es el mundo en el que se movieron siempre, y no lo van a perder si tienen una remota posibilidad de recuperarlo. Nadie desea cancelar ese entorno que proporciona seguridad, confianza, tranquilidad y una convivencia en paz. Y un sentido de pertenencia irrenunciable. Con sus fiestas y desventuras, sus santos y sus tierras, sus navidades y procesiones. No hay un solo latino que desee perder ese conjunto de principios vitales invaluables, e inexplicables, para la cultura de los pesos y centavos propia de la mentalidad de los gringos. Por eso no le entienden al problema. Jamás lograrán entenderlo. Por eso los solidarios 20 mil millones de dólares que llegarán a México este año enviados por los trabajadores legales e ilegales que viven en los Estados Unidos en apoyo de los suyos. Son 40 millones de dólares por cada muerto en sus muros. Por eso el 7% de las tropas norteamericanas son guerreros mexicanos y latinos luchando, no por su sueño americano, sino únicamente para ser legales... si regresan; y van a la guerra para defender paradigmas de maniáticos como si fueran gringos, sin serlo. Y por eso también el anhelado sueño americano para muchos de estos infelices mexicanos, se convirtió en una maldita alucinación, y mató ya a 433 personas en 2005. Nos cobran 500 muertos al año en promedio por el derecho de paso. Y estos aventureros históricos, anónimos y sorprendentes, escogieron entre vivir como muertos en su propio país o morirse de a deveras en el lance de cruzar; y millones de mexicanos eligen entre la muerte pasmada en su país y la aventura por la victoria que significa simplemente llegar a otra batalla: conseguir un trabajo sin papeles. No más.
Sólo por eso asumen con valentía el riesgo de la muerte: para obtener un humilde y oscuro trabajo, sin papeles ni certeza de nada.
Su única ambición es llegar, subsistir por años en las sombras, y si algún día se puede, convertir en realidad otro delirante sueño nuevo: el de regresar.
Nuestros “líderes” mexicanos tampoco tuvieron claridad ni estrategia para lograr el objetivo, tenían el qué pero les falto el cómo y los operadores. Son incapaces adentro y afuera. ¿De verdad pensarán Fox y compañía que sus comerciales en la radio y televisión mexicanas van a convencer a los gringos de las bondades de un nuevo enfoque para resolver la inmigración ilegal en los Estados Unidos? Por lo pronto, recibimos el enésimo escupitajo. Y ya nos tienen llenos de baba.
Los gringos están agobiados y sin un liderazgo inteligente, progresista, consistente y visionario, por que no saben cómo entrarle a tratar de resolver este añejo y complicado problema y reaccionan de la única manera que ellos saben hacerlo en sus relaciones con los demás países: blandiendo un garrote, usando a la policía y el ejército o con las tres cosas al mismo tiempo, en contra de “sus enemigos” visibles o invisibles, reales o imaginarios.
Con las discutibles luces, tal vez producto de algún menjurje, de Samuel P. Huntington, profesor de Harvard, a quien la élite gobernante gringa adoptó como guía espiritual y político para respaldar sus atrocidades, tomaron como libro de cabecera la concepción del mundo racista y maniqueo de este autor: El choque de las civilizaciones y la remodelación del nuevo orden mundial (Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order), publicado en 1997, que no resuelve ni explica con objetividad científica el fenómeno de la globalidad en su enfoque social y menos el de la inmigración como manifestación cada vez más presente en el mundo actual. Los gringos de la ultraderecha tienen otra embustera publicación favorita de su mismo filósofo: Quiénes somos: Los desafíos a la identidad nacional americana (Who Are We: The Challenges to America's National Identity), publicado en mayo del 2004, en donde el autor defiende el sueño americano creado por los protestantes gringos en contra de los retrógradas latinos cristianos que “invaden” su país.
El asunto de la inmigración ilegal tiene demasiadas aristas y es por su tamaño, descomunal, rebasa cualquier medida sensata, digamos normal o usual, para controlar el problema en cualquier país. Calculan en 11 millones los dispersos hispanos ilegales en Estados Unidos que ahora pasarán a la casilla de los delincuentes organizados más buscados. Pero no solamente los inmigrantes ilegales serán proscritos con esta ley estúpida y desquiciada, sino sus familias que ya viven en el país, también a quien los contrate, a quienes no los denuncien, a religiosos que los protejan y a los propios gringos que faciliten o permitan la presencia de algún ilegal. La simple y benévola ofensa civil cometida por ser un ilegal en los Estados Unidos, ahora se convertirá en una ofensa legal mayor y será castigada con total desmesura por estos perturbados, al considerársele un acto criminal típico de bandoleros organizados.
O de plano, lo que sucede es que no tienen la menor idea de cómo enfrentar esta masiva repoblación por inmigrantes procedentes de todos los rincones del mundo que se internan en su territorio diariamente, burlando su modernísima tecnología utilizada en los sistemas de seguridad y convirtiendo todo su espacio en un país sitiado donde la ley es la macana, la policía, el espionaje y los trabajos de inteligencia para detectar a estos nuevos delincuentes quienes antes eran simples inmigrantes en busca de trabajo.
El caso es que están dando palos de ciego. Y parece que quienes llevan la delantera con un tremendo leño en la mano, son la mayoría de los 435 congresistas de la ultraderecha en la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos con James Sensenbrenner y su ley racista al frente, quienes van ganando una batalla que los ofuscados gringos han perdido siempre, en toda su historia, desde tiempos remotos. En esta nueva guerra son guiados por el presidente Bush quien ha sido el presidente más bobo, inculto y desquiciado en la historia reciente de los Estados Unidos. La ofensiva de la recalcitrante derecha la seguirán perdiendo los gringos porque esas épicas cruzadas para detener a las personas que deciden vivir en otro país son imposibles de ganar y menos en un pueblo integrado justamente por inmigrantes ahora ya organizados y poseedores de redes de información y reacción impresionantes. Los gringos fueron forjados en la cultura de la diversidad de nacionalidades, inclusive en ocasiones, ellos mismos, cuando les conviene, presumen su crisol de razas y nacionalidades en ciudades emblemáticas como Nueva York o Los Ángeles.
Las personas que emigran lo hacen por mejorar su situación económica y por razones de supervivencia o por gusto, y algunas más por reunirse con su familia ante la expectativa de mejores niveles de vida; buena parte de los que se van, dejándolo todo, tienen allá y aquí, una parte de sus afectos, y saben de alguna persona, amigo o conocido de algún familiar, o del amigo de un amigo, que los puede ayudar para trabajar y ese es su primer contacto y aliciente para cruzar la frontera, como sea, en busca de mejores perspectivas.
Y asómbrese, lector incrédulo, el Pew Hispanic Center demuestra con estadísticas que sólo el 5% de los inmigrantes fueron desempleados en su país, en donde ganan una miseria, es cierto, pero estaban empleados según esta encuesta. Así que la mayoría de quienes emigran no van por exclusivamente por un empleo sino estrictamente por mejorar.
Pensemos en lo que pasa cuando la mitad de una familia de mexicanos se encuentra en los Estados Unidos, otra parte en Zacatecas, otros en Tabasco y otros regados en un país con 70 millones de pobres, todos bajo el denominador común de estar ubicados en zonas de miseria absoluta o pobreza extrema como le llaman las autoridades en México. Los que momentáneamente se quedaron en su miseria, solamente están esperando que los adelantados, se acomoden un poco para emprender la portentosa aventura de cambiar de país. Imagínese por un minuto, perceptivo lector, la osadía que significa emprender este cambio para quienes jamás han salido de su pequeño rancho, poblado o ciudad. Con un triple salto mortal, literalmente mortal, brincan desde el tercer mundo hasta el primero. No se andan con minucias. Quienes se van de su país en una portentosa aventura como esta, son, por donde se les vea, admirables.
¿Cómo detener ese profundo sentimiento integrador que mueve a familias enteras a tratar de encontrarse de nuevo, y estar otra vez unidos, todos con trabajo y buenos ingresos? Es imposible. Son núcleos que tienen sumamente arraigado un concepto de familia que ya casi no existe en Estados Unidos. Son familias, y en algunos casos verdaderas tribus, cuya cultura está anclada, entrañablemente, en el concepto mexicano y latino de marido, esposa, varios hijos, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, compadres y amigos. Todos cercanos y queridos, y ese es el mundo en el que se movieron siempre, y no lo van a perder si tienen una remota posibilidad de recuperarlo. Nadie desea cancelar ese entorno que proporciona seguridad, confianza, tranquilidad y una convivencia en paz. Y un sentido de pertenencia irrenunciable. Con sus fiestas y desventuras, sus santos y sus tierras, sus navidades y procesiones. No hay un solo latino que desee perder ese conjunto de principios vitales invaluables, e inexplicables, para la cultura de los pesos y centavos propia de la mentalidad de los gringos. Por eso no le entienden al problema. Jamás lograrán entenderlo. Por eso los solidarios 20 mil millones de dólares que llegarán a México este año enviados por los trabajadores legales e ilegales que viven en los Estados Unidos en apoyo de los suyos. Son 40 millones de dólares por cada muerto en sus muros. Por eso el 7% de las tropas norteamericanas son guerreros mexicanos y latinos luchando, no por su sueño americano, sino únicamente para ser legales... si regresan; y van a la guerra para defender paradigmas de maniáticos como si fueran gringos, sin serlo. Y por eso también el anhelado sueño americano para muchos de estos infelices mexicanos, se convirtió en una maldita alucinación, y mató ya a 433 personas en 2005. Nos cobran 500 muertos al año en promedio por el derecho de paso. Y estos aventureros históricos, anónimos y sorprendentes, escogieron entre vivir como muertos en su propio país o morirse de a deveras en el lance de cruzar; y millones de mexicanos eligen entre la muerte pasmada en su país y la aventura por la victoria que significa simplemente llegar a otra batalla: conseguir un trabajo sin papeles. No más.
Sólo por eso asumen con valentía el riesgo de la muerte: para obtener un humilde y oscuro trabajo, sin papeles ni certeza de nada.
Su única ambición es llegar, subsistir por años en las sombras, y si algún día se puede, convertir en realidad otro delirante sueño nuevo: el de regresar.
20 diciembre 2005
LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA ¿YA HICIERON ALGO?
La verdad no lo creo porque siguen ocurriendo extorsiones a los sudcalifornianos cometidas por delincuentes internados en los penales.
En general las autoridades son lentas, omisas y favorecen con ello la impunidad de los delincuentes. Son varios los estados que ya han atacado este cáncer pero a nuestras autoridades no les ha caído el veinte de que son ellos quienes tienen que hacer algo con urgencia. ¿Usted lector, tiene alguna idea de qué están esperando para actuar?
Recientemente ocurrieron dos extorsiones provenientes de los penales del estado, en particular del de La Paz. Primero amenazaron a un funcionario bancario con secuestrarlo si no depositaba una determinada cantidad de dinero en la cuenta que los delincuentes le indicaron usando para ello un teléfono celular. La otra extorsión que sucedió es la ya clásica llamada en que los delincuentes le hablan a su casa para indicarle que un familiar en camino a visitarlos con toneladas de regalos, está detenido por contrabando o posesión de drogas en algún aeropuerto y le piden a los asustados e ingenuos familiares que depositen una lana para “liberar” a alguien que ni siquiera conocen. Ambos son casos que me constan, así que debe haber muchos más.
Pero ni el Gobernador del estado ni el Procurador ni mucho menos el Secretario de Gobierno han hecho nada por impedir que extorsionen a sus gobernados. Cuando digo nada es literalmente eso: nada. ¿Y el flamante Secretario de Seguridad Pública? Menos. Y conste que esa es su chamba, su absoluta responsabilidad. Tal vez piensen que “son muy pocos” los casos que han ocurrido y no vale la pena hacer nada por ahora. Pero que no se nos olvide que el incremento de estos delitos en los últimos cinco años ha sido impresionante a causa de la impunidad que prevalece.
Es caso es que estos especializados delincuentes continuarán impunes gracias a la pasividad de las autoridades.
¿Porqué no han bloqueado las señales de teléfonos celulares que salen del interior de los penales?
¿Porqué no han invertido una minúscula parte de su presupuesto para impedir que los delincuentes continúen dañando a la sociedad?
¿Quiere usted una respuesta a las interrogantes anteriores?
No les importa en lo más mínimo.
No es que no tengan presupuesto para detener este ilícito porque siempre hay modo de conseguir lo que hace falta. Tampoco se debe a que ignoren lo que está sucediendo en sus propias narices.
¿Cuánto tiempo hace que las autoridades saben que somos extorsionados por delincuentes internados en los penales del estado?
Meses y meses de impunidad.
Meses y meses de incompetencia y probables complicidades.
De otra manera no se explica porqué no han hecho nada. ¿Qué vacilada tendrán para justificar su inactividad?
Fíjese usted extorsionado lector, hay estados en los que sí les interesa el bienestar de sus ciudadanos. Es el caso de Aguascalientes porque en cuanto se enteraron sus autoridades que la mayor parte de las llamadas de extorsión provenían de los penales, de inmediato instalaron los bloqueadores de señal desde el año pasado, septiembre para ser precisos, sin esperar a que se presentaran casos de extorsión en su estado. En cambio, en Baja California Sur las autoridades competentes, o mejor dicho, los irresponsables de atender este cáncer continúan durmiendo la mona, ahora junto con Santa Clos.
A ver hasta cuando.
Sería bueno que nuestras autoridades en lugar de posar para una buena fotografía muy sonrientes y felices entregando patrullas y armas para “aumentar” la seguridad de los ciudadanos, impidieran por medios ya probados y eficaces, la emisión de llamadas provenientes de teléfonos celulares que se realizan desde los penales del estado, en donde, supuestamente, está prohibido su uso por los reos.
¿Por qué no lo han hecho?
Pues simple y sencillamente porque a nadie le importa.
No hay fotos. Y porque el hecho de impedir este tipo de llamadas no viste a nadie porque no se ve lo que están bloqueando. Ni modo que le saquen una foto a la señal electromagnética que están bloqueando. Esto no tiene impacto mediático.
Además para qué actuar si la introducción de artilugios y materiales prohibidos a los penales les produce a las autoridades cantidades inimaginables de dinero a unos cuantos vivos sin dejar huellas aparentemente.
Así que este asunto de defender a la sociedad sacrificando la ganancia de cantidades millonarias para unos pocos corruptos no es negocio. Las perdidas serían cuantiosas e irrecuperables si las autoridades actuaran.
Otra razón es que simplemente las autoridades tienen sus prioridades en otro lado y, desde luego, nada tienen que ver con la seguridad de los sudcalifornianos.
Además ya vienen las campañas en serio y tienen que sacar dinero hasta de las piedras, y los penales son una fuente inagotable de ingresos.
Sí, vacacionista lector, ya sé que es el colmo, casi un sacrilegio, pedirles al Gobernador, a su Secretario de Gobierno, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador del estado que atiendan este problema en plenas fiestas navideñas, posadas, reyes magos y mucha champaña, cuando se encuentran atolondrados por tanta fiesta, y así continuarán hasta el fin de este año. Además, tienen que comprar regalos y cumplir agotadores compromisos.
¿A quién carajos le importan unas cuantas extorsiones en estos tiempos?
En general las autoridades son lentas, omisas y favorecen con ello la impunidad de los delincuentes. Son varios los estados que ya han atacado este cáncer pero a nuestras autoridades no les ha caído el veinte de que son ellos quienes tienen que hacer algo con urgencia. ¿Usted lector, tiene alguna idea de qué están esperando para actuar?
Recientemente ocurrieron dos extorsiones provenientes de los penales del estado, en particular del de La Paz. Primero amenazaron a un funcionario bancario con secuestrarlo si no depositaba una determinada cantidad de dinero en la cuenta que los delincuentes le indicaron usando para ello un teléfono celular. La otra extorsión que sucedió es la ya clásica llamada en que los delincuentes le hablan a su casa para indicarle que un familiar en camino a visitarlos con toneladas de regalos, está detenido por contrabando o posesión de drogas en algún aeropuerto y le piden a los asustados e ingenuos familiares que depositen una lana para “liberar” a alguien que ni siquiera conocen. Ambos son casos que me constan, así que debe haber muchos más.
Pero ni el Gobernador del estado ni el Procurador ni mucho menos el Secretario de Gobierno han hecho nada por impedir que extorsionen a sus gobernados. Cuando digo nada es literalmente eso: nada. ¿Y el flamante Secretario de Seguridad Pública? Menos. Y conste que esa es su chamba, su absoluta responsabilidad. Tal vez piensen que “son muy pocos” los casos que han ocurrido y no vale la pena hacer nada por ahora. Pero que no se nos olvide que el incremento de estos delitos en los últimos cinco años ha sido impresionante a causa de la impunidad que prevalece.
Es caso es que estos especializados delincuentes continuarán impunes gracias a la pasividad de las autoridades.
¿Porqué no han bloqueado las señales de teléfonos celulares que salen del interior de los penales?
¿Porqué no han invertido una minúscula parte de su presupuesto para impedir que los delincuentes continúen dañando a la sociedad?
¿Quiere usted una respuesta a las interrogantes anteriores?
No les importa en lo más mínimo.
No es que no tengan presupuesto para detener este ilícito porque siempre hay modo de conseguir lo que hace falta. Tampoco se debe a que ignoren lo que está sucediendo en sus propias narices.
¿Cuánto tiempo hace que las autoridades saben que somos extorsionados por delincuentes internados en los penales del estado?
Meses y meses de impunidad.
Meses y meses de incompetencia y probables complicidades.
De otra manera no se explica porqué no han hecho nada. ¿Qué vacilada tendrán para justificar su inactividad?
Fíjese usted extorsionado lector, hay estados en los que sí les interesa el bienestar de sus ciudadanos. Es el caso de Aguascalientes porque en cuanto se enteraron sus autoridades que la mayor parte de las llamadas de extorsión provenían de los penales, de inmediato instalaron los bloqueadores de señal desde el año pasado, septiembre para ser precisos, sin esperar a que se presentaran casos de extorsión en su estado. En cambio, en Baja California Sur las autoridades competentes, o mejor dicho, los irresponsables de atender este cáncer continúan durmiendo la mona, ahora junto con Santa Clos.
A ver hasta cuando.
Sería bueno que nuestras autoridades en lugar de posar para una buena fotografía muy sonrientes y felices entregando patrullas y armas para “aumentar” la seguridad de los ciudadanos, impidieran por medios ya probados y eficaces, la emisión de llamadas provenientes de teléfonos celulares que se realizan desde los penales del estado, en donde, supuestamente, está prohibido su uso por los reos.
¿Por qué no lo han hecho?
Pues simple y sencillamente porque a nadie le importa.
No hay fotos. Y porque el hecho de impedir este tipo de llamadas no viste a nadie porque no se ve lo que están bloqueando. Ni modo que le saquen una foto a la señal electromagnética que están bloqueando. Esto no tiene impacto mediático.
Además para qué actuar si la introducción de artilugios y materiales prohibidos a los penales les produce a las autoridades cantidades inimaginables de dinero a unos cuantos vivos sin dejar huellas aparentemente.
Así que este asunto de defender a la sociedad sacrificando la ganancia de cantidades millonarias para unos pocos corruptos no es negocio. Las perdidas serían cuantiosas e irrecuperables si las autoridades actuaran.
Otra razón es que simplemente las autoridades tienen sus prioridades en otro lado y, desde luego, nada tienen que ver con la seguridad de los sudcalifornianos.
Además ya vienen las campañas en serio y tienen que sacar dinero hasta de las piedras, y los penales son una fuente inagotable de ingresos.
Sí, vacacionista lector, ya sé que es el colmo, casi un sacrilegio, pedirles al Gobernador, a su Secretario de Gobierno, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador del estado que atiendan este problema en plenas fiestas navideñas, posadas, reyes magos y mucha champaña, cuando se encuentran atolondrados por tanta fiesta, y así continuarán hasta el fin de este año. Además, tienen que comprar regalos y cumplir agotadores compromisos.
¿A quién carajos le importan unas cuantas extorsiones en estos tiempos?
12 diciembre 2005
LOS DERECHOS HUMANOS EN BCS Y LA CARABINA DE AMBROSIO
¿Usted cree, justiciero lector, que en cuatro años, repito, en cuatro larguísimos años, ninguna autoridad en el estado de Baja California Sur haya merecido una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)?
¿Usted cree, iluso lector, que nadie en Baja California Sur ha violado los derechos humanos de las personas, y que todas las autoridades fueron, son y seguirán siendo unas blancas palomas?
¿A quién quiere engatusar la cándida CEDH y sus afligidas huestes? ¿Creerán que todos somos cándidos?
Hacen “solemnes” y “lúcidos” informes en declaraciones a los medios consignando sus “grandiosos éxitos” poniendo cara de gravedad, con tono vacilante y entrecortado por la emoción mientras se cuidan de retratar bien en las cámaras de televisión.
Hoy le decimos adiós, espero que para siempre, a la peor presidenta que hemos tenido en la CEDH.
Recuerdo con indignación el caso del anterior presidente de la CEDH a quien tenían sometido con una pata en el pescuezo por la vía más indigna, la de birlarle el presupuesto; no le permitían hacer nada, no le daban un centavo porque habían comenzado a realizar su trabajo sin atender “sugerencias” de las autoridades cuando sus intereses e imagen resultaban afectados. En ese tiempo, usted iba a las oficinas de la CEDH a tratar algún asunto o a poner una queja y encontraba una gran desolación y silencio, una gran sordina en todos los sentidos; cerros de periódicos del día en los escritorios porque no hacían otra cosa que leer en los arruinados cubículos de su desmantelado y viejo edificio. Sin gastos para gasolina, viajes, papelería, teléfonos, en fin, sin disponer de lo mínimo que se requiere para operar cualquier oficina. Las autoridades de entonces encontraron la única forma de subyugar a los representantes de la CEDH: no darles un centavo para trabajar, excepto su salario, y lo que es peor, lograron su objetivo. No importaba que el presupuesto anual estuviera autorizado por el Congreso, simplemente no se los daban.
Pero no hay mal que dure cien años. Para fortuna de todos.
Hace cuatro años cuando cambiaron las cosas en la CEDH todo mundo pensó con optimismo desbordado, pero sin fundamentos sostenibles por el “prestigio” de quien llegaba, que al fin se verían novedades importantes en Sudcalifornia, ahora sí, a favor de nuestros derechos humanos, los de todos.
Y en efecto, así ocurrió. Las cosas cambiaron.
Para iniciar este gran cambio, extrajeron a una empleada de medio pelo de una de las instituciones más ineficientes, desprestigiadas y corruptas de la entidad: la Procuraduría General de Justicia del Estado y la convirtieron el Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Ninguna autoridad deseaba una persona competente, independiente del poder, con integridad pública, digna, profesional y brillante. No era para tanto, si nomás se trataba de los derechos humanos. Requerían a alguien que simplemente estuviera ahí. No fue necesario buscar mucho para encontrar a la persona idónea, que “trabajara” sin hacer olas, sin que moviera el avispero de las mafias y que además, diera la impresión de “cumplir” teniendo para ello un pequeño equipo dizque funcionando en la CEDH para hacerle al cuento.
Y vaya que las cosas cambiaron. Luego luego se vio. De inmediato la flamante nueva presidenta, por equidad de género y no de competencia, tuvo, al fin, presupuesto para poder operar con su pequeño grupo; y ya ricos y bendecidos por las autoridades, con las instrucciones claras respecto a lo que se esperaba de su función, lo primero que se le ocurrió a la nueva Ombusman en aquel entonces, fue la trascendental operación maquillaje pro derechos humanos y ordenó arreglar el jardín que rodea la casona en donde se ubica la sede de la Comisión y poner muchas macetas con plantitas. La verdad es que lo dejaron muy bonito, presentable, muy femenino. Las plantas hasta florecieron con sus nuevos jardineros de postín. Después para continuar con su imparable pasión defensora por los derechos humanos, repararon en que deberían contar con un lugar más digno y decidieron darle una manita de gato al vetusto edificio: lo resanaron, pintaron y compraron algo de mobiliario y computadoras para cumplir con uno de los más grandiosos planes educativos para la defensa de los derechos humanos que se hayan concebido jamás en el estado. Envidiado por la propia SEP.
Lo primero, pues, fue arreglar la casa, limpiarla, porque para todo lo demás, habría largos cuatro años.
Y como no se puede hacer todo de un jalón, tuvieron que definir prioridades.
Así, ya encarrerados en su febril actividad en favor de los derechos humanos, se dieron cuenta de que sus vehículos se maltrataban, y discurrieron en agotadoras reuniones de planeación estratégica, que era indispensable y urgente que, sin dilación, se techara el estacionamiento de la señora presidenta, porque ni modo que se subiera a su carro caliente y polvoriento por estacionarlo en la calle, cuando se ofreciera ir a cumplir urgencias de los ciudadanos o asistir a los múltiples compromisos propiciados por su extraordinaria actividad, además, ¿cómo atender citas de trabajo en un carro polvoso y caliente para cubrir las visitas a los altos funcionarios del estado a los que había que leerles la cartilla? Faltaba más.
Una vez terminada esta ardua tarea, ya un poco cansados, redefinieron de nuevo sus prioridades y armaron otro “buen plan” de trabajo, de mucha trascendencia, con efectos a largo plazo y para el registro de la historia, de muy alto impacto en la defensa de los derechos humanos, y para ello, diseñaron una sesuda estrategia de capacitación intensiva para que, desde el vientre materno, los futuros ciudadanos comenzaran a conocer cuáles eran sus derechos en esta importantísima disciplina.
Pero no crea usted que se detuvieron ahí, no, ni pensarlo, si ya traían una actividad con muchísimos éxitos y resultados, así que se pusieron más dinámicos todavía, y se aplicaron a una tarea de largo aliento consistente en educar a las confundidas juventudes sudcalifornianas y se dejaron ir a casi todos los recintos educativos del estado: a los kinders, las primarias, las secundarias, las prepas, las universidades públicas y privadas y en sus ratos libres asistían a eventos públicos organizados de la sociedad. A veces hasta fueron a los penales del estado. Había que tener una gran presencia para darles a conocer al mocerío cuáles eran sus derechos humanos para que no se dejaran atropellar. Tuvieron grandes éxitos, sobre todo cuando impartían sus cátedras de derechos humanos en alguno de los kinders ubicados en lugares ignotos.
¿Y que podemos decir de los derechos humanos en los ayuntamientos? Este es otro de los logros importantes, tal vez el de mayor trascendencia en la corta historia de la defensa de los derechos humanos en el estado, fue la cereza del pastel: se crearon representaciones o más bien oficinas con una persona, para defender los derechos humanos en cada uno de los municipios del estado. Para ello se le pidieron fondos, espacio y equipo a los miserables ayuntamientos y le solicitaron a los ediles que les propusieran a una persona para ocuparse de la áspera e ingrata tarea de acusar al propio presidente, quien la designó, y a otras autoridades del ayuntamiento, de las violaciones a los derechos humanos que ellos mismos hubieran cometido. Esto si fue agotador pero brillante no le parece, azorado lector.
Con todos estos logros, con todos estos éxitos, con toda esta febril y esforzada misión a favor de los derechos humanos todavía hay gente inconsciente y resentida que no reconoce el agotador esfuerzo realizado. Son los egoístas de siempre.
Por eso no se escuchan bien los lamentos emitidos recientemente por el Centro de Mujeres A. C. donde señalan a través de su presidenta que “en cuatro años no emitieron recomendaciones en defensa de los derechos humanos de infinidad de mujeres agredidas, desaparecidas o asesinadas”. Tampoco se sostiene la queja de esta organización que defiende a las mujeres, en el sentido de que las acusaciones que presentaron algunas damas, no eran aceptadas y se derivaban hacia otras dependencias porque a “ella no le tocaba” atender ese asunto; la Comisión siempre les recordaba a las molestas, fastidiosas y resentidas señoras que la demanda o el caso que presentaban "no tiene nada que ver con esta institución”.
¿Mujeres ofendidas aquí, en el estado maravilla? ¿Violaciones a los derechos humanos aquí en el estado maravilla donde nunca se han violado? ¿De dónde sacan eso estas personas? Porque después de todos los éxitos reseñados ¿no queda claro que lo único que pretenden estas voces disidentes y envidiosas es malograr la obra monumental y trascendente que construyó la presidenta de la CEDH durante estos cuatro años pletóricos de victorias y laureles? Únicamente un ciego no los quiere ver.
La verdad es que son gente interesada en molestar porque ni en los kinders ni en las primarias, han recibido quejas en ese sentido. Es más ni siquiera en las universidades a las que han asistido para desarrollar sus exitosas conferencias magistrales y cursos de capacitación en derechos humanos, y nunca, óiganlo bien, nunca, han recibido quejas sobre su incompetencia y carencia de recomendaciones; al contrario, son puros éxitos y hasta han sido felicitados por esos chicos y chicas inteligentes y conocedores.
Cuando una autoridad moral como la CEDH es incapaz de emitir una sola recomendación en cuatro años en contra de las autoridades que todos conocimos y padecemos, lo menos que uno puede pensar es que su representante se encuentra inmersa en las conocidas redes de poder y complicidades. Es agradecida, pues y sueña con que ya le llegará su recompensa. Pronto veremos cuál es.
¿Usted piensa, aguerrido lector, que les sirvió de algo a los sudcalifornianos una CEDH sometida, obediente y blandengue por decisión propia, como la que hemos tolerado a lo largo de los últimos cuatro años? Esto significa también, que las autoridades han doblegado la ley logrando convertir a la CEDH en una miserable oficina de capacitación, es decir, a la nada, para regocijo de las propias autoridades, seguramente bajo la promesa de recompensas posteriores por haber servido con esmero sumiso, según la camarilla, a las “mejores causas” del estado.
Mire usted, presumir que en cuatro años “no se ha tenido necesidad” de emitir una sola recomendación es hundirse en la desvergüenza y el cinismo. Que lamentable.
No me cabe la menor duda, la cándida presidenta saliente merece una estatua, cuando menos un obelisco o ya de perdida un pergamino de cochi y el reconocimiento de todos los ciudadanos del estado. Debe encontrarse la manera de premiarla con alguna posición en la alta burocracia como un digno reconocimiento a su competencia, eficacia y compromiso en la defensa de los derechos humanos en Baja California Sur. ¿Cuál sería su carta de presentación? Pues la mejor: no haber emitido una sola recomendación en contra de las autoridades del estado en sus cuatro largos años de reinado. Su notable y portentosa figura impidió que se violaran los derechos humanos de los sudcalifornianos en todo el estado durante cuatro años. Es un record inalcanzable. Cero violaciones en cuatro años. Ese sí es un merito colosal.
No me explico porqué no la hicieron magistrada, con tantos y sonados éxitos.
Sobre todo ahora que ya se va quien nunca estuvo.
¿Usted cree, iluso lector, que nadie en Baja California Sur ha violado los derechos humanos de las personas, y que todas las autoridades fueron, son y seguirán siendo unas blancas palomas?
¿A quién quiere engatusar la cándida CEDH y sus afligidas huestes? ¿Creerán que todos somos cándidos?
Hacen “solemnes” y “lúcidos” informes en declaraciones a los medios consignando sus “grandiosos éxitos” poniendo cara de gravedad, con tono vacilante y entrecortado por la emoción mientras se cuidan de retratar bien en las cámaras de televisión.
Hoy le decimos adiós, espero que para siempre, a la peor presidenta que hemos tenido en la CEDH.
Recuerdo con indignación el caso del anterior presidente de la CEDH a quien tenían sometido con una pata en el pescuezo por la vía más indigna, la de birlarle el presupuesto; no le permitían hacer nada, no le daban un centavo porque habían comenzado a realizar su trabajo sin atender “sugerencias” de las autoridades cuando sus intereses e imagen resultaban afectados. En ese tiempo, usted iba a las oficinas de la CEDH a tratar algún asunto o a poner una queja y encontraba una gran desolación y silencio, una gran sordina en todos los sentidos; cerros de periódicos del día en los escritorios porque no hacían otra cosa que leer en los arruinados cubículos de su desmantelado y viejo edificio. Sin gastos para gasolina, viajes, papelería, teléfonos, en fin, sin disponer de lo mínimo que se requiere para operar cualquier oficina. Las autoridades de entonces encontraron la única forma de subyugar a los representantes de la CEDH: no darles un centavo para trabajar, excepto su salario, y lo que es peor, lograron su objetivo. No importaba que el presupuesto anual estuviera autorizado por el Congreso, simplemente no se los daban.
Pero no hay mal que dure cien años. Para fortuna de todos.
Hace cuatro años cuando cambiaron las cosas en la CEDH todo mundo pensó con optimismo desbordado, pero sin fundamentos sostenibles por el “prestigio” de quien llegaba, que al fin se verían novedades importantes en Sudcalifornia, ahora sí, a favor de nuestros derechos humanos, los de todos.
Y en efecto, así ocurrió. Las cosas cambiaron.
Para iniciar este gran cambio, extrajeron a una empleada de medio pelo de una de las instituciones más ineficientes, desprestigiadas y corruptas de la entidad: la Procuraduría General de Justicia del Estado y la convirtieron el Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Ninguna autoridad deseaba una persona competente, independiente del poder, con integridad pública, digna, profesional y brillante. No era para tanto, si nomás se trataba de los derechos humanos. Requerían a alguien que simplemente estuviera ahí. No fue necesario buscar mucho para encontrar a la persona idónea, que “trabajara” sin hacer olas, sin que moviera el avispero de las mafias y que además, diera la impresión de “cumplir” teniendo para ello un pequeño equipo dizque funcionando en la CEDH para hacerle al cuento.
Y vaya que las cosas cambiaron. Luego luego se vio. De inmediato la flamante nueva presidenta, por equidad de género y no de competencia, tuvo, al fin, presupuesto para poder operar con su pequeño grupo; y ya ricos y bendecidos por las autoridades, con las instrucciones claras respecto a lo que se esperaba de su función, lo primero que se le ocurrió a la nueva Ombusman en aquel entonces, fue la trascendental operación maquillaje pro derechos humanos y ordenó arreglar el jardín que rodea la casona en donde se ubica la sede de la Comisión y poner muchas macetas con plantitas. La verdad es que lo dejaron muy bonito, presentable, muy femenino. Las plantas hasta florecieron con sus nuevos jardineros de postín. Después para continuar con su imparable pasión defensora por los derechos humanos, repararon en que deberían contar con un lugar más digno y decidieron darle una manita de gato al vetusto edificio: lo resanaron, pintaron y compraron algo de mobiliario y computadoras para cumplir con uno de los más grandiosos planes educativos para la defensa de los derechos humanos que se hayan concebido jamás en el estado. Envidiado por la propia SEP.
Lo primero, pues, fue arreglar la casa, limpiarla, porque para todo lo demás, habría largos cuatro años.
Y como no se puede hacer todo de un jalón, tuvieron que definir prioridades.
Así, ya encarrerados en su febril actividad en favor de los derechos humanos, se dieron cuenta de que sus vehículos se maltrataban, y discurrieron en agotadoras reuniones de planeación estratégica, que era indispensable y urgente que, sin dilación, se techara el estacionamiento de la señora presidenta, porque ni modo que se subiera a su carro caliente y polvoriento por estacionarlo en la calle, cuando se ofreciera ir a cumplir urgencias de los ciudadanos o asistir a los múltiples compromisos propiciados por su extraordinaria actividad, además, ¿cómo atender citas de trabajo en un carro polvoso y caliente para cubrir las visitas a los altos funcionarios del estado a los que había que leerles la cartilla? Faltaba más.
Una vez terminada esta ardua tarea, ya un poco cansados, redefinieron de nuevo sus prioridades y armaron otro “buen plan” de trabajo, de mucha trascendencia, con efectos a largo plazo y para el registro de la historia, de muy alto impacto en la defensa de los derechos humanos, y para ello, diseñaron una sesuda estrategia de capacitación intensiva para que, desde el vientre materno, los futuros ciudadanos comenzaran a conocer cuáles eran sus derechos en esta importantísima disciplina.
Pero no crea usted que se detuvieron ahí, no, ni pensarlo, si ya traían una actividad con muchísimos éxitos y resultados, así que se pusieron más dinámicos todavía, y se aplicaron a una tarea de largo aliento consistente en educar a las confundidas juventudes sudcalifornianas y se dejaron ir a casi todos los recintos educativos del estado: a los kinders, las primarias, las secundarias, las prepas, las universidades públicas y privadas y en sus ratos libres asistían a eventos públicos organizados de la sociedad. A veces hasta fueron a los penales del estado. Había que tener una gran presencia para darles a conocer al mocerío cuáles eran sus derechos humanos para que no se dejaran atropellar. Tuvieron grandes éxitos, sobre todo cuando impartían sus cátedras de derechos humanos en alguno de los kinders ubicados en lugares ignotos.
¿Y que podemos decir de los derechos humanos en los ayuntamientos? Este es otro de los logros importantes, tal vez el de mayor trascendencia en la corta historia de la defensa de los derechos humanos en el estado, fue la cereza del pastel: se crearon representaciones o más bien oficinas con una persona, para defender los derechos humanos en cada uno de los municipios del estado. Para ello se le pidieron fondos, espacio y equipo a los miserables ayuntamientos y le solicitaron a los ediles que les propusieran a una persona para ocuparse de la áspera e ingrata tarea de acusar al propio presidente, quien la designó, y a otras autoridades del ayuntamiento, de las violaciones a los derechos humanos que ellos mismos hubieran cometido. Esto si fue agotador pero brillante no le parece, azorado lector.
Con todos estos logros, con todos estos éxitos, con toda esta febril y esforzada misión a favor de los derechos humanos todavía hay gente inconsciente y resentida que no reconoce el agotador esfuerzo realizado. Son los egoístas de siempre.
Por eso no se escuchan bien los lamentos emitidos recientemente por el Centro de Mujeres A. C. donde señalan a través de su presidenta que “en cuatro años no emitieron recomendaciones en defensa de los derechos humanos de infinidad de mujeres agredidas, desaparecidas o asesinadas”. Tampoco se sostiene la queja de esta organización que defiende a las mujeres, en el sentido de que las acusaciones que presentaron algunas damas, no eran aceptadas y se derivaban hacia otras dependencias porque a “ella no le tocaba” atender ese asunto; la Comisión siempre les recordaba a las molestas, fastidiosas y resentidas señoras que la demanda o el caso que presentaban "no tiene nada que ver con esta institución”.
¿Mujeres ofendidas aquí, en el estado maravilla? ¿Violaciones a los derechos humanos aquí en el estado maravilla donde nunca se han violado? ¿De dónde sacan eso estas personas? Porque después de todos los éxitos reseñados ¿no queda claro que lo único que pretenden estas voces disidentes y envidiosas es malograr la obra monumental y trascendente que construyó la presidenta de la CEDH durante estos cuatro años pletóricos de victorias y laureles? Únicamente un ciego no los quiere ver.
La verdad es que son gente interesada en molestar porque ni en los kinders ni en las primarias, han recibido quejas en ese sentido. Es más ni siquiera en las universidades a las que han asistido para desarrollar sus exitosas conferencias magistrales y cursos de capacitación en derechos humanos, y nunca, óiganlo bien, nunca, han recibido quejas sobre su incompetencia y carencia de recomendaciones; al contrario, son puros éxitos y hasta han sido felicitados por esos chicos y chicas inteligentes y conocedores.
Cuando una autoridad moral como la CEDH es incapaz de emitir una sola recomendación en cuatro años en contra de las autoridades que todos conocimos y padecemos, lo menos que uno puede pensar es que su representante se encuentra inmersa en las conocidas redes de poder y complicidades. Es agradecida, pues y sueña con que ya le llegará su recompensa. Pronto veremos cuál es.
¿Usted piensa, aguerrido lector, que les sirvió de algo a los sudcalifornianos una CEDH sometida, obediente y blandengue por decisión propia, como la que hemos tolerado a lo largo de los últimos cuatro años? Esto significa también, que las autoridades han doblegado la ley logrando convertir a la CEDH en una miserable oficina de capacitación, es decir, a la nada, para regocijo de las propias autoridades, seguramente bajo la promesa de recompensas posteriores por haber servido con esmero sumiso, según la camarilla, a las “mejores causas” del estado.
Mire usted, presumir que en cuatro años “no se ha tenido necesidad” de emitir una sola recomendación es hundirse en la desvergüenza y el cinismo. Que lamentable.
No me cabe la menor duda, la cándida presidenta saliente merece una estatua, cuando menos un obelisco o ya de perdida un pergamino de cochi y el reconocimiento de todos los ciudadanos del estado. Debe encontrarse la manera de premiarla con alguna posición en la alta burocracia como un digno reconocimiento a su competencia, eficacia y compromiso en la defensa de los derechos humanos en Baja California Sur. ¿Cuál sería su carta de presentación? Pues la mejor: no haber emitido una sola recomendación en contra de las autoridades del estado en sus cuatro largos años de reinado. Su notable y portentosa figura impidió que se violaran los derechos humanos de los sudcalifornianos en todo el estado durante cuatro años. Es un record inalcanzable. Cero violaciones en cuatro años. Ese sí es un merito colosal.
No me explico porqué no la hicieron magistrada, con tantos y sonados éxitos.
Sobre todo ahora que ya se va quien nunca estuvo.
09 diciembre 2005
¿QUÉ PASA EN EL CONGRESO? (II FINAL)
Y todavía escuchamos y leímos a infaltables despistados o interesados, que afirmaron con tonos grandilocuentes: “estamos viendo una manifestación de la democracia imperante en el Congreso.” Contra estos incontinentes verbales exhale usted aquí, ruidoso lector, la onomatopeya que corresponda para producir una sonora y prolongada trompetilla. No sé en qué planeta vivan, aunque sospecho el lugar: pejelandia o foxilandia, a escoger. O simplemente en la ignorancia que es peor.
Cuando el Congreso se opone sin razón legal y obstaculiza una propuesta de cualquier índole violando la Constitución, nadie puede razonar que este hecho obedece a un comportamiento republicano, democrático y autónomo. Al contrario, actuaría fuera de la ley. En cambio, discutir y disentir con argumentos sobre las propuestas, cualquiera que sea su origen, apegados a derecho y respetando las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias, ese sí es un ejercicio pleno y meritorio de la democracia, la legalidad y la autonomía del poder legislativo.
Y me pregunto, ¿qué pasaría si algún ciudadano o el propio poder ejecutivo del estado hubieran iniciado una demanda de juicio político en contra de esos 11 legisladores, por negarse a cumplir disposiciones constitucionales? Jurídicamente sería el camino más complicado porque la misma la cámara de diputados tendría que juzgar a 11 de sus miembros, lo cual condenaría esta hipotética opción, muy probablemente, al reino de la impunidad. Pero cualquier ciudadano que se sintiera ofendido por el actuar de los diputados estaría en su derecho de demandarlos y me parece que quien lo hiciera tendría todas las probabilidades de ganar si prevaleciera el estado de derecho, ¿no les parece, justicieros lectores?
Imagínese usted, obediente y sumiso lector, qué hubiera pasado si uno o dos de los tres eminentes abogados integrantes de la más reciente terna propuesta para ocupar un cargo de magistrado en el poder judicial, hubieran decidido, al mismo tiempo o en diferentes momentos, solicitar el amparo de la justicia federal en contra de las ilegales decisiones del Congreso, al negarse éste, rotundamente, a acatar una designación del ejecutivo respaldada jurídicamente en una disposición constitucional que establece con nitidez su facultad plena y legal para hacer el nombramiento.
¿No lo habían pensado? Pues váyanse preparando porque el sueño se les puede convertir en una pesadilla. El camino legal que se percibe, y ya se vislumbra por una rendija, es el amparo de la justicia federal por parte de uno de los ofendidos abogados propuestos.
Éstos 11 zafios legisladores no saben en la que se metieron, y en la que van a sumir a su estado, al dar a luz a un engendro inédito a nivel nacional. Ya tienen de qué presumir. Por lo pronto, el Congreso ya recibió una advertencia inicial, clave para la futura demanda, por parte de la abogada propuesta que fue ignorada, en donde le solicita al Congreso le indiquen porqué no le fue tomada la protesta constitucional una vez que ya había sido designada como magistrada por el gobernador del estado de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y existe constancia de su nombramiento.
Si esta demanda prospera, y no veo razón legal por la cual no sea aceptada, es previsible que el contrincante del Congreso no sea, según ellos, una solitaria, desvalida y ninguneada abogada sino el Poder Judicial Federal por la vía del amparo.
Los dos escenarios descritos son de pronóstico reservado: el posible amparo de uno o dos de los ofendidos y la demanda de juicio político. Ambas opciones podrían originar un verdadero embrollo que pocos podrán resolver en el corto plazo, dando origen a un pleito que podría durar años; se imagina, amparado lector, los costos millonarios que usted y yo tendremos que pagar con nuestros impuestos, por la indispensable contratación de abogados expertos en estas materias, porque el Congreso no los tiene a su servicio y la abogada se defenderá sola en un inicio, porque tiene solvencia técnica y parece que le sobra lo mero principal: no permitirá que nadie atropelle de sus derechos. ¿Se imagina usted, legalista lector, el costo político para los actores locales enfrascados en una pelea casi permanente contra el Poder Judicial Federal? Se imagina el tiempo que le tendrá que destinar el Congreso a este asunto nomás para defenderse, y al final, perderlo todo. Será el poder judicial federal contra el poder legislativo del estado. David contra Goliat, con la salvedad que este pequeño David ya no tiene cantos rodados en el morral. ¿Y si gana la abogada qué pasará con el recién nombrado magistrado quien ganó su nombramiento por un oscuro defaul? Seguramente su nombramiento será nulo. De pechito. Váyase a comprar sus palomitas y una bebida, festivo lector, para disfrutar de esta tragicomedia largamente anunciada.
Si en el Congreso tienen operadores políticos eficaces pónganlos a trabajar con urgencia, para que resuelvan este galimatías en el que su padrino los empinó y en la gustosos se acomodaron, antes de que llegue a los juzgados; si hubiera una demanda de amparo y llega a las manos de un Juez de Distrito y la acepta, el Congreso quedará convertido en talco. Y en este viaje irán solos.
¿O esperan que entre al rescate el gobernador, a quien también ningunearon? Ya ha salvado a varios que estaban a un paso del abismo, así que no sería nada extraño que se apiade de ustedes y le entre al quite, pero no hay garantía de éxito.
¿No pensaron en esto los 11 ilustres patricios que elegimos?
¿No pensaron que son nuestros representantes en el Congreso, de todos los ciudadanos, y no de su jefe? Recuerden que quienes los elegimos fuimos nosotros, todos los sudcalifornianos. ¿O no?
¿No pensaron los 11 célebres protagonistas de la sinrazón, en el riesgo de que existiera una demanda de amparo en contra del Congreso por alguno de los ofendidos abogados propuestos, con grandes probabilidades de ganarla? ¿Cuándo exista qué van a hacer? O mejor dicho, ¿ya consiguieron abogados expertos? Y cualquier salida que hubieran pensado, cosa por demás dudosa, más vale que comiencen a actuar con la ley en la mano porque de una vez se los auguro: si hay demanda de amparo van a perder. Y perderán, aparte de lo irrecuperable que ya extraviaron, el cobijo de la legalidad para lograr una quemada monumental de la que no se recuperarán nunca. Con el agravante de que, al perder, esta legislatura tendrá para siempre el sello de la ilegalidad y la incompetencia por culpa de 11 mafiosos. Sin deberla ni temerla, enlodaron a los otros diez diputados y diputadas.
Lo menos que debería haber hecho esa legislatura en cuanto terminó el desaseado proceso de elección del magistrado, por educación y sentido común, era reconocerles a los candidatos no elegidos, en publico o en privado, la decencia y madurez que mostraron, al haber zanjado con extrema prudencia este ingrato asunto porque, aparentemente, habían decidido retirarse de la contienda con profesionalismo y cortesía. Pero en el Congreso no lo hicieron, no operaron nada en ese sentido. La maniobra de sutura, imprescindible en estos casos, nunca la hicieron porque están instalados en la soberbia, y pensando que su padrino los va a proteger y a salvar, y resulta que no podrá defenderlos de la batalla legal y del descrédito cuando les estalle.
En el Congreso están viviendo el paradigma de la rana, y lo grave es que no se han dado cuenta.
Cuando el poder ejecutivo y el legislativo no disponen de operadores eficaces ni claridad en el marco legal al que deben de sujetarse, sólo podrán dar a luz una serie de actos grotescos de antología como los que hemos visto.
En el recuento final, nadie ganó. Todos perdimos.
Perdió el gobernador porque su candidato era justamente el que obtuvo la mayor cantidad de votos de los legisladores desde la primera terna en que participó: Augusto Jiménez Beltrán, quien demostró ante los legisladores solvencia técnica y conocimientos más que suficientes en la materia.
Perdió el Poder Judicial del estado al seleccionarse un candidato que no recibió apoyó de ningún legislador, el de cero votos, quien además está contaminado por problemas legales sucedidos en el pasado.
Perdió la única abogada integrante de la terna designada por el ejecutivo, quien obtuvo el segundo porcentaje de votos más alto de los legisladores y mostró capacidades y profesionalismo en su materia.
Perdió el Congreso y aumentó su ya dilatado desprestigio.
Perdimos los habitantes del estado porque la consecuencia negativa para los ciudadanos fue que, ni los diputados ni el gobernador, seleccionaron al mejor candidato.
Perdieron también la razón, la eficacia y la política.
Quiero corregir. En este carnaval de perdedores si hubo un ganador, pero ganando perdió. Es aquel jefe mafioso que se encargó de “armar y operar” este vergonzoso motín. El padrino.
¿No pensaron, señoras y señores legisladores?
¿No han aprendido que los ciudadanos de Sudcalifornia, quienes los elegimos, ya no queremos mafiosos ni pandilleros incompetentes en el Congreso ni en la administración pública?
¿No pensaron?
Seguramente no lo hicieron.
Así que prepárense para el infierno legal que parece venírseles encima.
Cuando el Congreso se opone sin razón legal y obstaculiza una propuesta de cualquier índole violando la Constitución, nadie puede razonar que este hecho obedece a un comportamiento republicano, democrático y autónomo. Al contrario, actuaría fuera de la ley. En cambio, discutir y disentir con argumentos sobre las propuestas, cualquiera que sea su origen, apegados a derecho y respetando las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias, ese sí es un ejercicio pleno y meritorio de la democracia, la legalidad y la autonomía del poder legislativo.
Y me pregunto, ¿qué pasaría si algún ciudadano o el propio poder ejecutivo del estado hubieran iniciado una demanda de juicio político en contra de esos 11 legisladores, por negarse a cumplir disposiciones constitucionales? Jurídicamente sería el camino más complicado porque la misma la cámara de diputados tendría que juzgar a 11 de sus miembros, lo cual condenaría esta hipotética opción, muy probablemente, al reino de la impunidad. Pero cualquier ciudadano que se sintiera ofendido por el actuar de los diputados estaría en su derecho de demandarlos y me parece que quien lo hiciera tendría todas las probabilidades de ganar si prevaleciera el estado de derecho, ¿no les parece, justicieros lectores?
Imagínese usted, obediente y sumiso lector, qué hubiera pasado si uno o dos de los tres eminentes abogados integrantes de la más reciente terna propuesta para ocupar un cargo de magistrado en el poder judicial, hubieran decidido, al mismo tiempo o en diferentes momentos, solicitar el amparo de la justicia federal en contra de las ilegales decisiones del Congreso, al negarse éste, rotundamente, a acatar una designación del ejecutivo respaldada jurídicamente en una disposición constitucional que establece con nitidez su facultad plena y legal para hacer el nombramiento.
¿No lo habían pensado? Pues váyanse preparando porque el sueño se les puede convertir en una pesadilla. El camino legal que se percibe, y ya se vislumbra por una rendija, es el amparo de la justicia federal por parte de uno de los ofendidos abogados propuestos.
Éstos 11 zafios legisladores no saben en la que se metieron, y en la que van a sumir a su estado, al dar a luz a un engendro inédito a nivel nacional. Ya tienen de qué presumir. Por lo pronto, el Congreso ya recibió una advertencia inicial, clave para la futura demanda, por parte de la abogada propuesta que fue ignorada, en donde le solicita al Congreso le indiquen porqué no le fue tomada la protesta constitucional una vez que ya había sido designada como magistrada por el gobernador del estado de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y existe constancia de su nombramiento.
Si esta demanda prospera, y no veo razón legal por la cual no sea aceptada, es previsible que el contrincante del Congreso no sea, según ellos, una solitaria, desvalida y ninguneada abogada sino el Poder Judicial Federal por la vía del amparo.
Los dos escenarios descritos son de pronóstico reservado: el posible amparo de uno o dos de los ofendidos y la demanda de juicio político. Ambas opciones podrían originar un verdadero embrollo que pocos podrán resolver en el corto plazo, dando origen a un pleito que podría durar años; se imagina, amparado lector, los costos millonarios que usted y yo tendremos que pagar con nuestros impuestos, por la indispensable contratación de abogados expertos en estas materias, porque el Congreso no los tiene a su servicio y la abogada se defenderá sola en un inicio, porque tiene solvencia técnica y parece que le sobra lo mero principal: no permitirá que nadie atropelle de sus derechos. ¿Se imagina usted, legalista lector, el costo político para los actores locales enfrascados en una pelea casi permanente contra el Poder Judicial Federal? Se imagina el tiempo que le tendrá que destinar el Congreso a este asunto nomás para defenderse, y al final, perderlo todo. Será el poder judicial federal contra el poder legislativo del estado. David contra Goliat, con la salvedad que este pequeño David ya no tiene cantos rodados en el morral. ¿Y si gana la abogada qué pasará con el recién nombrado magistrado quien ganó su nombramiento por un oscuro defaul? Seguramente su nombramiento será nulo. De pechito. Váyase a comprar sus palomitas y una bebida, festivo lector, para disfrutar de esta tragicomedia largamente anunciada.
Si en el Congreso tienen operadores políticos eficaces pónganlos a trabajar con urgencia, para que resuelvan este galimatías en el que su padrino los empinó y en la gustosos se acomodaron, antes de que llegue a los juzgados; si hubiera una demanda de amparo y llega a las manos de un Juez de Distrito y la acepta, el Congreso quedará convertido en talco. Y en este viaje irán solos.
¿O esperan que entre al rescate el gobernador, a quien también ningunearon? Ya ha salvado a varios que estaban a un paso del abismo, así que no sería nada extraño que se apiade de ustedes y le entre al quite, pero no hay garantía de éxito.
¿No pensaron en esto los 11 ilustres patricios que elegimos?
¿No pensaron que son nuestros representantes en el Congreso, de todos los ciudadanos, y no de su jefe? Recuerden que quienes los elegimos fuimos nosotros, todos los sudcalifornianos. ¿O no?
¿No pensaron los 11 célebres protagonistas de la sinrazón, en el riesgo de que existiera una demanda de amparo en contra del Congreso por alguno de los ofendidos abogados propuestos, con grandes probabilidades de ganarla? ¿Cuándo exista qué van a hacer? O mejor dicho, ¿ya consiguieron abogados expertos? Y cualquier salida que hubieran pensado, cosa por demás dudosa, más vale que comiencen a actuar con la ley en la mano porque de una vez se los auguro: si hay demanda de amparo van a perder. Y perderán, aparte de lo irrecuperable que ya extraviaron, el cobijo de la legalidad para lograr una quemada monumental de la que no se recuperarán nunca. Con el agravante de que, al perder, esta legislatura tendrá para siempre el sello de la ilegalidad y la incompetencia por culpa de 11 mafiosos. Sin deberla ni temerla, enlodaron a los otros diez diputados y diputadas.
Lo menos que debería haber hecho esa legislatura en cuanto terminó el desaseado proceso de elección del magistrado, por educación y sentido común, era reconocerles a los candidatos no elegidos, en publico o en privado, la decencia y madurez que mostraron, al haber zanjado con extrema prudencia este ingrato asunto porque, aparentemente, habían decidido retirarse de la contienda con profesionalismo y cortesía. Pero en el Congreso no lo hicieron, no operaron nada en ese sentido. La maniobra de sutura, imprescindible en estos casos, nunca la hicieron porque están instalados en la soberbia, y pensando que su padrino los va a proteger y a salvar, y resulta que no podrá defenderlos de la batalla legal y del descrédito cuando les estalle.
En el Congreso están viviendo el paradigma de la rana, y lo grave es que no se han dado cuenta.
Cuando el poder ejecutivo y el legislativo no disponen de operadores eficaces ni claridad en el marco legal al que deben de sujetarse, sólo podrán dar a luz una serie de actos grotescos de antología como los que hemos visto.
En el recuento final, nadie ganó. Todos perdimos.
Perdió el gobernador porque su candidato era justamente el que obtuvo la mayor cantidad de votos de los legisladores desde la primera terna en que participó: Augusto Jiménez Beltrán, quien demostró ante los legisladores solvencia técnica y conocimientos más que suficientes en la materia.
Perdió el Poder Judicial del estado al seleccionarse un candidato que no recibió apoyó de ningún legislador, el de cero votos, quien además está contaminado por problemas legales sucedidos en el pasado.
Perdió la única abogada integrante de la terna designada por el ejecutivo, quien obtuvo el segundo porcentaje de votos más alto de los legisladores y mostró capacidades y profesionalismo en su materia.
Perdió el Congreso y aumentó su ya dilatado desprestigio.
Perdimos los habitantes del estado porque la consecuencia negativa para los ciudadanos fue que, ni los diputados ni el gobernador, seleccionaron al mejor candidato.
Perdieron también la razón, la eficacia y la política.
Quiero corregir. En este carnaval de perdedores si hubo un ganador, pero ganando perdió. Es aquel jefe mafioso que se encargó de “armar y operar” este vergonzoso motín. El padrino.
¿No pensaron, señoras y señores legisladores?
¿No han aprendido que los ciudadanos de Sudcalifornia, quienes los elegimos, ya no queremos mafiosos ni pandilleros incompetentes en el Congreso ni en la administración pública?
¿No pensaron?
Seguramente no lo hicieron.
Así que prepárense para el infierno legal que parece venírseles encima.
02 diciembre 2005
¿QUÉ PASA EN EL CONGRESO? (I)
Mario Puzo es el autor de la novela El Padrino, un éxito mundial en el género, y un suceso cuando se convirtió en una serie de tres estupendas películas (1972, 1973 y 1990) hoy elevadas a la categoría de clásicos del cine contemporáneo gracias al tino y la maestría en la dirección de Francis Ford Coppola. En una de ellas, la primera, vimos por ultima vez a uno de los mejores actores de todos los tiempos: Marlon Brando, tal vez en su mejor actuación. La película se llevó tres oscares de nueve. En la de 1972, la primera, se narra la preocupación de un hombre por acrecentar y conservar su red de complicidades, regido por principios en los que predomina, por encima de todo, la familia como núcleo central de su actuación, la lealtad, los amigos, el deber, la defensa de sus miembros, y en donde el fin común, es la conservación del poder al costo que sea. Se mezclan valores y contravalores para conseguir sus propósitos mafiosos.
Si uno revisa con cuidado lo que está ocurriendo en el Congreso local y en algunas áreas del ejecutivo del estado, veremos una reedición de los personajes de la célebre novela, con la diferencia de que actúan con desaseo, operan peor y algunos están obcecados por entregarse con enfermiza pasión a la defensa de su camarilla y de sus privilegios.
En el Congreso ocurre exactamente lo mismo que en el resto de los poderes, hay un miembro del clan o varios, que tienen el control total del estado por lazos de familia, intereses y complicidades inconfesables, y gracias a eso, la garantía de que las instrucciones serán acatadas para que todos sus intereses, legítimos o ilegales, sean defendidos contra cualquier amenaza cierta o infundada.
Los sucesos ocurridos en el Congreso para seleccionar un magistrado, bien podrían pasar por una tragicomedia de incompetencias, desatinos y traiciones, pero no es así. No son, en éste caso al menos, ni incompetentes ni torpes, son 11 “representantes populares” políticamente interesados, cómplices inconscientes empujados o miembros distinguidos de una red mucho más amplia en la cual ellos funcionan obedeciendo, y no precisamente los intereses de los sudcalifornianos, como sería su obligación jurada, sino los de un grupúsculo.
Y sorpréndase, disciplinado lector, desde posiciones importantes del ejecutivo se obstaculiza y nulifica al gobernador para que se respeten las “otras” instrucciones y acaten sin chistar los dictados del padrino o de sus correas de transmisión.
No quieren entregarle nada a Narciso Agundez, y gratis menos, ni siquiera un pedacito del chimango. Cuando intenta tomar el cuchillo para cortar un trocito, lo frenan porque tienen el control de todo el aparato de mando en el gobierno estatal mediante gente incondicional sembrada en posiciones estratégicas de los tres poderes del estado.
Éstos 11 inconscientes congresistas violaron la Constitución en dos ocasiones y ni a calor les llegó. Se pasmaron en un ciénaga. Y les voy a dar un consejo señoras y señores congresistas: cuando un desorientado, que para el caso son 11, se encuentra sumergido en un pantano, lo mejor es no moverse, no hacer olas, porque lo único que logra es hundirse más, hasta el fondo. Y se movieron de más, afectaron la dignidad y el prestigio de las personas y deshonraron varias instituciones dañando la legalidad. Lo más importante, es que los derechos legales de los afectados están vivos, por lo que ya veremos cómo salen de ésta sin embarrarse, a placer, con el espeso lodo del desprestigio.
Acordémonos, memorioso lector, de algunas de las increíbles torpezas cometidas. Primero, el Congreso renunció a su derecho en la designación de un magistrado, y entonces, el ejecutivo eligió a la única abogada integrante de la terna de su propuesta más reciente y le notificó su decisión constitucional al Congreso en donde, en forma majadera, absurda e ilegal, se negaron a formalizar su nombramiento, legalmente válido. Dijeron que no y comenzó la asonada, el gober apechugó, aguantó vara como los buenos y mostró sensatez. Nadie operó, y quien pudo hacerlo no quiso.
Sin cancelar la primera designación, después, en un segundo intento, el gobernador nombró a uno de los dos abogados de la misma terna, el que obtuvo la fantástica cantidad de ¡cero votos! de los legisladores, y el Congreso, por la vía de los 11 opositores, alegando no sé qué simpleza que debieron investigar antes, les negaron, al gobernador y al designado, terminantemente, la posibilidad de formalizar ese segundo nombramiento, otorgado también legalmente, conforme a derecho, en estricto respeto a la norma constitucional. El gobernador continuó aguantando vara y mostrando cordura pero ya con el látigo en una mano y la espada desenvainada en la otra. Alguien ya comenzó a operar.
Luego, el ejecutivo volvió a insistir, por tercera ocasión, en su segunda propuesta para que el Congreso formalizara el nombramiento realizado conforme a derecho y ¡finalmente!, los diputados “aceptaron” la propuesta del gobernador, optando por salirse del salón de la infamia, del ridículo y la ilegalidad a través de la puerta que les volvió a abrir, con una paciencia de mártir, el propio ejecutivo. Y nadie operó para cancelar el primer nombramiento, el legal, y continúa vivo.
Ya no supimos si el gobernador seguiría aguantando vara ni hasta cuando, porque los actos delincuenciales, aparentemente, se terminaron y acabó, tal vez, también el espectáculo. No supimos tampoco, si el gobernador tiene más madera de santo varón que de político tenaz, habilidoso y ecuánime, aunque nos ha dejado ver destellos de estas cualidades.
Y ya en los terrenos de la especulación pura, si los legisladores no hubieran “aceptado” la tercera designación, le quedaba al ejecutivo un abogado más, el otro de la terna, Augusto Jiménez, el que obtuvo más votos de los legisladores y sólo le faltaron dos para calificar. No habría más, al menos en esa terna. Aunque en realidad, buscándole, sí hay más elegibles, el ejecutivo y los diputados podrían haber recurrido a la membresía del Colegio de Abogados para que, en este juego perverso de los 11 opositores, le dieran la vuelta a todos los profesionistas del ramo en el estado; luego, podrían seguir con los del país y finalmente acudir a los abogados del mundo en busca de un buen magistrado.
Al fin ya vieron que, en este insensato juego de las vencidas, el gobernador aguanta vara.
A este joven abogado Jiménez Beltrán, le mandaron un atento recado por medio de la prensa, al estilo de los políticos mafiosos, en el cual, “expertos constitucionalistas” locales “descifraron” en la Constitución el requisito que, según ellos, cancelaba su derecho para acceder al cargo, y con ese argumento doloso lo descalificaron, a la mala, porque fue secretario general en la anterior administración del Ayuntamiento de Los Cabos, como si el haber tenido ese puesto lo convirtiera en “secretario del ramo o su equivalente” según reza el precepto constitucional en una de sus exigencias para ser magistrado. No puede ser más forzada y torpe esta interpretación, y es tramposa porque el término “secretario del ramo” se refiere a los cargos administrativos del ejecutivo del estado y “su equivalente” correspondería al puesto de algún coordinador de ámbito estatal. Un secretario del ramo sería, por ejemplo, el Secretario de Turismo, y “su equivalente” correspondería a una posición de coordinador como la que existía antes en materia de seguridad pública, por ejemplo.
Y lo peor, en el Congreso pretenden continuar navegando en ese barco, como si no hubiera pasado nada, no se dieron cuenta de que emprendieron la travesía sin levantar una de las dos anclas, tal vez la más pesada, y empecinados como están hay el riesgo de que no avancen, y los jalen de regreso al puerto de la legalidad con una alerta federal, que los va a llevar, en su breve historia de desatinos, al naufragio del barquito de papel en el que viajan porque está dirigido por un capitán que ni siquiera viaja en ese barco. El mentor va en otro, viento en popa.Continuaré y terminaré en la próxima entrega.
Si uno revisa con cuidado lo que está ocurriendo en el Congreso local y en algunas áreas del ejecutivo del estado, veremos una reedición de los personajes de la célebre novela, con la diferencia de que actúan con desaseo, operan peor y algunos están obcecados por entregarse con enfermiza pasión a la defensa de su camarilla y de sus privilegios.
En el Congreso ocurre exactamente lo mismo que en el resto de los poderes, hay un miembro del clan o varios, que tienen el control total del estado por lazos de familia, intereses y complicidades inconfesables, y gracias a eso, la garantía de que las instrucciones serán acatadas para que todos sus intereses, legítimos o ilegales, sean defendidos contra cualquier amenaza cierta o infundada.
Los sucesos ocurridos en el Congreso para seleccionar un magistrado, bien podrían pasar por una tragicomedia de incompetencias, desatinos y traiciones, pero no es así. No son, en éste caso al menos, ni incompetentes ni torpes, son 11 “representantes populares” políticamente interesados, cómplices inconscientes empujados o miembros distinguidos de una red mucho más amplia en la cual ellos funcionan obedeciendo, y no precisamente los intereses de los sudcalifornianos, como sería su obligación jurada, sino los de un grupúsculo.
Y sorpréndase, disciplinado lector, desde posiciones importantes del ejecutivo se obstaculiza y nulifica al gobernador para que se respeten las “otras” instrucciones y acaten sin chistar los dictados del padrino o de sus correas de transmisión.
No quieren entregarle nada a Narciso Agundez, y gratis menos, ni siquiera un pedacito del chimango. Cuando intenta tomar el cuchillo para cortar un trocito, lo frenan porque tienen el control de todo el aparato de mando en el gobierno estatal mediante gente incondicional sembrada en posiciones estratégicas de los tres poderes del estado.
Éstos 11 inconscientes congresistas violaron la Constitución en dos ocasiones y ni a calor les llegó. Se pasmaron en un ciénaga. Y les voy a dar un consejo señoras y señores congresistas: cuando un desorientado, que para el caso son 11, se encuentra sumergido en un pantano, lo mejor es no moverse, no hacer olas, porque lo único que logra es hundirse más, hasta el fondo. Y se movieron de más, afectaron la dignidad y el prestigio de las personas y deshonraron varias instituciones dañando la legalidad. Lo más importante, es que los derechos legales de los afectados están vivos, por lo que ya veremos cómo salen de ésta sin embarrarse, a placer, con el espeso lodo del desprestigio.
Acordémonos, memorioso lector, de algunas de las increíbles torpezas cometidas. Primero, el Congreso renunció a su derecho en la designación de un magistrado, y entonces, el ejecutivo eligió a la única abogada integrante de la terna de su propuesta más reciente y le notificó su decisión constitucional al Congreso en donde, en forma majadera, absurda e ilegal, se negaron a formalizar su nombramiento, legalmente válido. Dijeron que no y comenzó la asonada, el gober apechugó, aguantó vara como los buenos y mostró sensatez. Nadie operó, y quien pudo hacerlo no quiso.
Sin cancelar la primera designación, después, en un segundo intento, el gobernador nombró a uno de los dos abogados de la misma terna, el que obtuvo la fantástica cantidad de ¡cero votos! de los legisladores, y el Congreso, por la vía de los 11 opositores, alegando no sé qué simpleza que debieron investigar antes, les negaron, al gobernador y al designado, terminantemente, la posibilidad de formalizar ese segundo nombramiento, otorgado también legalmente, conforme a derecho, en estricto respeto a la norma constitucional. El gobernador continuó aguantando vara y mostrando cordura pero ya con el látigo en una mano y la espada desenvainada en la otra. Alguien ya comenzó a operar.
Luego, el ejecutivo volvió a insistir, por tercera ocasión, en su segunda propuesta para que el Congreso formalizara el nombramiento realizado conforme a derecho y ¡finalmente!, los diputados “aceptaron” la propuesta del gobernador, optando por salirse del salón de la infamia, del ridículo y la ilegalidad a través de la puerta que les volvió a abrir, con una paciencia de mártir, el propio ejecutivo. Y nadie operó para cancelar el primer nombramiento, el legal, y continúa vivo.
Ya no supimos si el gobernador seguiría aguantando vara ni hasta cuando, porque los actos delincuenciales, aparentemente, se terminaron y acabó, tal vez, también el espectáculo. No supimos tampoco, si el gobernador tiene más madera de santo varón que de político tenaz, habilidoso y ecuánime, aunque nos ha dejado ver destellos de estas cualidades.
Y ya en los terrenos de la especulación pura, si los legisladores no hubieran “aceptado” la tercera designación, le quedaba al ejecutivo un abogado más, el otro de la terna, Augusto Jiménez, el que obtuvo más votos de los legisladores y sólo le faltaron dos para calificar. No habría más, al menos en esa terna. Aunque en realidad, buscándole, sí hay más elegibles, el ejecutivo y los diputados podrían haber recurrido a la membresía del Colegio de Abogados para que, en este juego perverso de los 11 opositores, le dieran la vuelta a todos los profesionistas del ramo en el estado; luego, podrían seguir con los del país y finalmente acudir a los abogados del mundo en busca de un buen magistrado.
Al fin ya vieron que, en este insensato juego de las vencidas, el gobernador aguanta vara.
A este joven abogado Jiménez Beltrán, le mandaron un atento recado por medio de la prensa, al estilo de los políticos mafiosos, en el cual, “expertos constitucionalistas” locales “descifraron” en la Constitución el requisito que, según ellos, cancelaba su derecho para acceder al cargo, y con ese argumento doloso lo descalificaron, a la mala, porque fue secretario general en la anterior administración del Ayuntamiento de Los Cabos, como si el haber tenido ese puesto lo convirtiera en “secretario del ramo o su equivalente” según reza el precepto constitucional en una de sus exigencias para ser magistrado. No puede ser más forzada y torpe esta interpretación, y es tramposa porque el término “secretario del ramo” se refiere a los cargos administrativos del ejecutivo del estado y “su equivalente” correspondería al puesto de algún coordinador de ámbito estatal. Un secretario del ramo sería, por ejemplo, el Secretario de Turismo, y “su equivalente” correspondería a una posición de coordinador como la que existía antes en materia de seguridad pública, por ejemplo.
Y lo peor, en el Congreso pretenden continuar navegando en ese barco, como si no hubiera pasado nada, no se dieron cuenta de que emprendieron la travesía sin levantar una de las dos anclas, tal vez la más pesada, y empecinados como están hay el riesgo de que no avancen, y los jalen de regreso al puerto de la legalidad con una alerta federal, que los va a llevar, en su breve historia de desatinos, al naufragio del barquito de papel en el que viajan porque está dirigido por un capitán que ni siquiera viaja en ese barco. El mentor va en otro, viento en popa.Continuaré y terminaré en la próxima entrega.
12 noviembre 2005
LA TRANSPARENCIA EN BCS: MITOS, MITOTES Y DESFIGUROS
EL MITO
Hay un mito genial, un conjuro, una invocación, que se ha convertido en la evasiva perfecta, fue inventado por los políticos en activo y a él acuden con inusual frecuencia ayudados por sus secuaces, sus cómplices, simples seguidores o fanáticos que nunca faltan; éstos últimos van a todas porque siempre se encuentran sumidos en una total ignorancia, por la veneración perversa a sus próceres, inclinación que los mantiene en la incultura política y democrática, y son siempre lanzados como carne de cañón, son la masa de los incondicionales. Algunos osan llamarles “el pueblo”. A este pretexto perfecto, ya hemos hecho referencia en otra entrega previa a la que titulamos ¡Eureka! El concepto encierra una especie de fuero metaconstitucional y mediático con el que se arropan los patricios y es blandido por líderes y sus adictos a la menor provocación para librarse de todo mal, cierto o infundado, eso es lo que menos importa. Los fogosos discípulos del esclarecido prohombre le construyen bajo ese concepto un blindaje a modo, una coraza ilegal y arbitraria, dejando la impresión, en la mayoría de la opinión pública, que su único afán es lograr, al costo que sea, la defensa irracional de presuntos actos delincuenciales cometidos ayer y hoy, por connotados personajes políticos de la actualidad.
Se parece al fuero constitucional y no lo es, no puede serlo. Pero les funciona a las mil maravillas. Como muchos de éstos políticos están actualmente ejerciendo el poder en diversos ámbitos, piensan que todo lo pueden hacer, cualquier cosa, hasta cometer actos ilegales para esconder o destruir información que pudiera lesionar la imagen de su líder o de su grupo.
A éstos líderes y a sus secuaces nadie los podrá rozar ni con el pétalo de la transparencia para pedirles una aclaración o para que expliquen lo que hicieron durante su función pública y resuelvan dudas razonables sobre algunos aspectos de su clara, oscura o siniestra administración estatal o municipal, depende, porque de inmediato todos sus incondicionales se sienten obligados a defenderlo y a encubrir toda la información relevante.
El término rendición de cuentas no existe en el diccionario de esos perredistas que se dicen puros, menos en los recientes, y ya no se diga en el de los viejos militantes. Y por lo que hemos visto en este breve tiempo, jamás lo incorporarán a su tumbaburros con civismo y sin pena. Les salen ronchas en cuanto alguien les pide cuentas. El pacto secreto de ésta camarilla consiste en que no se toque o moleste a ningún miembro de su clan, menos al líder, so pena de castigos y porque pueden perder el control de su red de complicidades con lo que la banda podría desarticularse.
Este blindaje mítico crece en la misma proporción en la que progresa un político. Si es chollero y su desempeño es solamente local, sin enemigos a la vista y en una posición en la que no afecte intereses de ningún tipo, pues no pasa nada.
En los últimos años este ilegal blindaje ha propiciado un comportamiento vergonzoso de todos los políticos nacionales, sin excepción, y de varios personajes locales que ya se han contagiado.
La única impresión que dejan quienes así operan, es que conforman una banda, una mafia. Las bandas de ayer fueron unas y las de hoy son otras, reciclados sus miembros en muchos casos, pero no se distinguen en nada, Son más de lo mismo. Se reacomodan y restauran según sus particulares intereses y ambiciones, y continúan su oscuro pillaje aumentando o conservando sus ya amplias redes de conveniencia. Desgraciadamente, algunos de sus más conspicuos representantes siguen en el poder. Y no cambiarán. La contraparte legal, benéfica para todos, serían los equipos de trabajo, los cuales, obedecen a otros conceptos y sus fines son distintos a los de una camarilla o mafia.
EL MITOTE
Truenan los políticos locales hoy, en contra de varios regidores del Cabildo de La Paz, quienes cometieron el pecado mortal de solicitar información. Se les echaron literalmente encima un torrente de defensores. Nos relata en una nota Pedro Juárez, corresponsal de Crónica, que inclusive el Presidente Municipal se opuso a la formación de una comisión plural del Cabildo para que se investigara el asunto, y trató de derivarlo a la Comisión de Transporte. Sin embargo, es digno de celebrarse el hecho de que la autoridad municipal sí proporcionó información a quienes la pidieron. El Secretario General del Ayuntamiento les respondió a los regidores solicitantes que en las oficinas del municipio no existía un solo documento sobre el tema. Así que ya no hay la menor duda: no hay antecedentes sobre ésta venta; y remató contundente el funcionario "No se encontraron actas de Cabildo que contengan los estudios, análisis, acuerdos, dictámenes y conclusiones, relacionados con la transferencia de las concesiones y desincorporación de la paramunicipal." Más claro ni el agua.
¿Porque reniegan? Por el simple hecho de haberles solicitado información sobre una operación de compraventa del transporte público que debió haber sido perfectamente documentada, transparente y pública y autorizada por el Cabildo en 1997, creo. Dicen las autoridades actuales que no hay rastro de esa operación que en su tiempo debe haber representado varios cientos de miles de pesos. Y cuando alguien demanda información, quien sea, lo menos que se puede esperar de las autoridades responsables es que la proporcionen. Rápido, bien hecha, y con todo lo que tengan sobre el asunto para despejar dudas, malos entendidos y sobre todo sospechas. Pero cuando la propia autoridad se niega rotundamente a informar sobre hechos del pasado reciente, y se niega también, categóricamente, a aportar datos y razones sobre las modalidades bajo las cuales se vendió el Sistema de Transporte de La Paz durante la administración municipal del actual Presidente nacional del PRD, lo primero que se les ocurre a los portavoces del líder es “los datos los quieren para dañar a personajes políticos”. Cuando le preguntaron a Leonel Cota los reporteros de Crónica en la ciudad de México “¿y por qué no presenta la documentación y listo?”, el líder respondió “Voy a presentar actas de cabildo, licitaciones, periódicos de la época que dieron cuenta de los asuntos de la administración del transporte urbano…” Y remata Leonel con un críptico lenguaje para tomen nota quienes él dice lo acusan sin fundamento, y completa “que asuman su responsabilidad por hacer esos señalamientos".
Pero cualquiera se puede preguntar ¿porqué no existen documentos en el Ayuntamiento ni en el gobierno del estado ni en ningún lado? ¿Los tendrá Leonel en su casa o se los habrá dado a alguien para su resguardo? ¿O estarán en la caja fuerte del partido? Esperemos la respuesta pronto mientras se continúan cultivando y propagando los rumores por la simple falta de transparencia.
El caso es que no aparecen y si existieran simplemente no se los darán a nadie. Se los guardan. O los queman. O los desaparecen.
Con esas actitudes quieren que pensemos en el gran trabajo que están haciendo por defender la transparencia cuando lo que realmente pretenden es desvivirse por defender a su jefe.
EL DESFIGURO
¿Qué hubiera pasado si al solicitar esta información las autoridades municipales simplemente localizan y entregan el expediente de esa operación de compraventa? Pues nada. Absolutamente nada. Tan tan. ¡Claro!, si se tiene la cola limpia y corta. Pero con sus repuestas iracundas, amenazantes, sospechosas y a la defensiva a una simple petición de información, tal parece que hay mucho desaseo o pensaron que todos son desmemoriados. Y el espinoso tema llegó al Congreso para ser investigado.
¿Sabe usted quién fue el único que votó en contra del punto de acuerdo para que no se indagara este asunto en el Congreso? Pues un diputado que se dice profesor, quien si no recuerdo mal era Síndico municipal cuando se llevó a cabo la compraventa, y tenía funciones de contralor del Ayuntamiento, él es quien debería aportar los datos en cuanto los pidieron, o cuando menos, señalar dónde se encuentran los documentos comprobatorios del proceso de compraventa. No ha dicho ni pío. Tal vez porque su líder le ha dado todo, lo inventó como político y se siente obligado a pagar con su silencio.
Es tan vehemente la defensa asumida por algunos diputados y autoridades sobre la supuesta legalidad de ese acto de compraventa, en contra del más elemental sentido común, que orillan a todo mundo a pensar mal, a fabricar elucubraciones y conclusiones sin sustento para asegurar que fue un acto corrupto.
¿Será otro complot?
Defienden a su prócer con saliva, unos en silencio y otros vociferando y votando en contra de la investigación en lugar de hacerlo con documentos, legalidad y transparencia.
Hemos sostenido en anteriores entregas con datos e informaciones de terceros desinteresados que los perredistas están peleados con la transparencia. A muerte. No se les da.
Por la fiereza con que han escondido la información, seguramente piensan que un tiro de estas características tendría un efecto negativo y producirá una carambola de varias bandas o desembocará en un efecto dominó, como usted guste, porque afectará a varios miembros del Congreso y del poder ejecutivo en funciones, quienes en su tiempo, intervinieron en este oscuro episodio de nuestro pasado reciente. Si no hay nada sucio ni sospechoso, si no hay nada inmoral, ni cochupos ni corrupción. Entonces ¿por qué esconder la información? ¿Y porqué activar alarmas y las armas en contra de sus enemigos y adversarios?
¿Qué van a hacer los diputados y las autoridades del estado y municipios cuando entre en vigencia la Ley de Transparencia en el estado? ¿Van a salir con lo mismo de hoy?
Sus agendas no tienen nada que ver con la transparencia y menos que ver con los intereses legítimos de las personas comunes ni con los ciudadanos informados.
Moraleja citada por el columnista Francisco Garfias: Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
Con relación a estas “pérdidas” lamentables de documentos, el gobernador Narciso Agúndez Montaño, envió al congreso el día que entregué esta colaboración al periódico. un proyecto de decreto para reformar y adicionar el Código Penal vigente, que castigará con mayor severidad a quien abuse o haga uso indebido de sus funciones públicas o que practique el peculado. El asunto lo trataremos en otra ocasión, lo amerita.
No debo de dejar de reconocer que este es un gran paso en materia de transparencia y justicia.
Felicidades gobernador, nunca es tarde.
Hay un mito genial, un conjuro, una invocación, que se ha convertido en la evasiva perfecta, fue inventado por los políticos en activo y a él acuden con inusual frecuencia ayudados por sus secuaces, sus cómplices, simples seguidores o fanáticos que nunca faltan; éstos últimos van a todas porque siempre se encuentran sumidos en una total ignorancia, por la veneración perversa a sus próceres, inclinación que los mantiene en la incultura política y democrática, y son siempre lanzados como carne de cañón, son la masa de los incondicionales. Algunos osan llamarles “el pueblo”. A este pretexto perfecto, ya hemos hecho referencia en otra entrega previa a la que titulamos ¡Eureka! El concepto encierra una especie de fuero metaconstitucional y mediático con el que se arropan los patricios y es blandido por líderes y sus adictos a la menor provocación para librarse de todo mal, cierto o infundado, eso es lo que menos importa. Los fogosos discípulos del esclarecido prohombre le construyen bajo ese concepto un blindaje a modo, una coraza ilegal y arbitraria, dejando la impresión, en la mayoría de la opinión pública, que su único afán es lograr, al costo que sea, la defensa irracional de presuntos actos delincuenciales cometidos ayer y hoy, por connotados personajes políticos de la actualidad.
Se parece al fuero constitucional y no lo es, no puede serlo. Pero les funciona a las mil maravillas. Como muchos de éstos políticos están actualmente ejerciendo el poder en diversos ámbitos, piensan que todo lo pueden hacer, cualquier cosa, hasta cometer actos ilegales para esconder o destruir información que pudiera lesionar la imagen de su líder o de su grupo.
A éstos líderes y a sus secuaces nadie los podrá rozar ni con el pétalo de la transparencia para pedirles una aclaración o para que expliquen lo que hicieron durante su función pública y resuelvan dudas razonables sobre algunos aspectos de su clara, oscura o siniestra administración estatal o municipal, depende, porque de inmediato todos sus incondicionales se sienten obligados a defenderlo y a encubrir toda la información relevante.
El término rendición de cuentas no existe en el diccionario de esos perredistas que se dicen puros, menos en los recientes, y ya no se diga en el de los viejos militantes. Y por lo que hemos visto en este breve tiempo, jamás lo incorporarán a su tumbaburros con civismo y sin pena. Les salen ronchas en cuanto alguien les pide cuentas. El pacto secreto de ésta camarilla consiste en que no se toque o moleste a ningún miembro de su clan, menos al líder, so pena de castigos y porque pueden perder el control de su red de complicidades con lo que la banda podría desarticularse.
Este blindaje mítico crece en la misma proporción en la que progresa un político. Si es chollero y su desempeño es solamente local, sin enemigos a la vista y en una posición en la que no afecte intereses de ningún tipo, pues no pasa nada.
En los últimos años este ilegal blindaje ha propiciado un comportamiento vergonzoso de todos los políticos nacionales, sin excepción, y de varios personajes locales que ya se han contagiado.
La única impresión que dejan quienes así operan, es que conforman una banda, una mafia. Las bandas de ayer fueron unas y las de hoy son otras, reciclados sus miembros en muchos casos, pero no se distinguen en nada, Son más de lo mismo. Se reacomodan y restauran según sus particulares intereses y ambiciones, y continúan su oscuro pillaje aumentando o conservando sus ya amplias redes de conveniencia. Desgraciadamente, algunos de sus más conspicuos representantes siguen en el poder. Y no cambiarán. La contraparte legal, benéfica para todos, serían los equipos de trabajo, los cuales, obedecen a otros conceptos y sus fines son distintos a los de una camarilla o mafia.
EL MITOTE
Truenan los políticos locales hoy, en contra de varios regidores del Cabildo de La Paz, quienes cometieron el pecado mortal de solicitar información. Se les echaron literalmente encima un torrente de defensores. Nos relata en una nota Pedro Juárez, corresponsal de Crónica, que inclusive el Presidente Municipal se opuso a la formación de una comisión plural del Cabildo para que se investigara el asunto, y trató de derivarlo a la Comisión de Transporte. Sin embargo, es digno de celebrarse el hecho de que la autoridad municipal sí proporcionó información a quienes la pidieron. El Secretario General del Ayuntamiento les respondió a los regidores solicitantes que en las oficinas del municipio no existía un solo documento sobre el tema. Así que ya no hay la menor duda: no hay antecedentes sobre ésta venta; y remató contundente el funcionario "No se encontraron actas de Cabildo que contengan los estudios, análisis, acuerdos, dictámenes y conclusiones, relacionados con la transferencia de las concesiones y desincorporación de la paramunicipal." Más claro ni el agua.
¿Porque reniegan? Por el simple hecho de haberles solicitado información sobre una operación de compraventa del transporte público que debió haber sido perfectamente documentada, transparente y pública y autorizada por el Cabildo en 1997, creo. Dicen las autoridades actuales que no hay rastro de esa operación que en su tiempo debe haber representado varios cientos de miles de pesos. Y cuando alguien demanda información, quien sea, lo menos que se puede esperar de las autoridades responsables es que la proporcionen. Rápido, bien hecha, y con todo lo que tengan sobre el asunto para despejar dudas, malos entendidos y sobre todo sospechas. Pero cuando la propia autoridad se niega rotundamente a informar sobre hechos del pasado reciente, y se niega también, categóricamente, a aportar datos y razones sobre las modalidades bajo las cuales se vendió el Sistema de Transporte de La Paz durante la administración municipal del actual Presidente nacional del PRD, lo primero que se les ocurre a los portavoces del líder es “los datos los quieren para dañar a personajes políticos”. Cuando le preguntaron a Leonel Cota los reporteros de Crónica en la ciudad de México “¿y por qué no presenta la documentación y listo?”, el líder respondió “Voy a presentar actas de cabildo, licitaciones, periódicos de la época que dieron cuenta de los asuntos de la administración del transporte urbano…” Y remata Leonel con un críptico lenguaje para tomen nota quienes él dice lo acusan sin fundamento, y completa “que asuman su responsabilidad por hacer esos señalamientos".
Pero cualquiera se puede preguntar ¿porqué no existen documentos en el Ayuntamiento ni en el gobierno del estado ni en ningún lado? ¿Los tendrá Leonel en su casa o se los habrá dado a alguien para su resguardo? ¿O estarán en la caja fuerte del partido? Esperemos la respuesta pronto mientras se continúan cultivando y propagando los rumores por la simple falta de transparencia.
El caso es que no aparecen y si existieran simplemente no se los darán a nadie. Se los guardan. O los queman. O los desaparecen.
Con esas actitudes quieren que pensemos en el gran trabajo que están haciendo por defender la transparencia cuando lo que realmente pretenden es desvivirse por defender a su jefe.
EL DESFIGURO
¿Qué hubiera pasado si al solicitar esta información las autoridades municipales simplemente localizan y entregan el expediente de esa operación de compraventa? Pues nada. Absolutamente nada. Tan tan. ¡Claro!, si se tiene la cola limpia y corta. Pero con sus repuestas iracundas, amenazantes, sospechosas y a la defensiva a una simple petición de información, tal parece que hay mucho desaseo o pensaron que todos son desmemoriados. Y el espinoso tema llegó al Congreso para ser investigado.
¿Sabe usted quién fue el único que votó en contra del punto de acuerdo para que no se indagara este asunto en el Congreso? Pues un diputado que se dice profesor, quien si no recuerdo mal era Síndico municipal cuando se llevó a cabo la compraventa, y tenía funciones de contralor del Ayuntamiento, él es quien debería aportar los datos en cuanto los pidieron, o cuando menos, señalar dónde se encuentran los documentos comprobatorios del proceso de compraventa. No ha dicho ni pío. Tal vez porque su líder le ha dado todo, lo inventó como político y se siente obligado a pagar con su silencio.
Es tan vehemente la defensa asumida por algunos diputados y autoridades sobre la supuesta legalidad de ese acto de compraventa, en contra del más elemental sentido común, que orillan a todo mundo a pensar mal, a fabricar elucubraciones y conclusiones sin sustento para asegurar que fue un acto corrupto.
¿Será otro complot?
Defienden a su prócer con saliva, unos en silencio y otros vociferando y votando en contra de la investigación en lugar de hacerlo con documentos, legalidad y transparencia.
Hemos sostenido en anteriores entregas con datos e informaciones de terceros desinteresados que los perredistas están peleados con la transparencia. A muerte. No se les da.
Por la fiereza con que han escondido la información, seguramente piensan que un tiro de estas características tendría un efecto negativo y producirá una carambola de varias bandas o desembocará en un efecto dominó, como usted guste, porque afectará a varios miembros del Congreso y del poder ejecutivo en funciones, quienes en su tiempo, intervinieron en este oscuro episodio de nuestro pasado reciente. Si no hay nada sucio ni sospechoso, si no hay nada inmoral, ni cochupos ni corrupción. Entonces ¿por qué esconder la información? ¿Y porqué activar alarmas y las armas en contra de sus enemigos y adversarios?
¿Qué van a hacer los diputados y las autoridades del estado y municipios cuando entre en vigencia la Ley de Transparencia en el estado? ¿Van a salir con lo mismo de hoy?
Sus agendas no tienen nada que ver con la transparencia y menos que ver con los intereses legítimos de las personas comunes ni con los ciudadanos informados.
Moraleja citada por el columnista Francisco Garfias: Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
Con relación a estas “pérdidas” lamentables de documentos, el gobernador Narciso Agúndez Montaño, envió al congreso el día que entregué esta colaboración al periódico. un proyecto de decreto para reformar y adicionar el Código Penal vigente, que castigará con mayor severidad a quien abuse o haga uso indebido de sus funciones públicas o que practique el peculado. El asunto lo trataremos en otra ocasión, lo amerita.
No debo de dejar de reconocer que este es un gran paso en materia de transparencia y justicia.
Felicidades gobernador, nunca es tarde.
09 noviembre 2005
EL SÍNDROME DE LÓPEZ ... O DESAFUERO A LA VISTA (II FINAL)
Como están de moda los complots por todo el país, el gringo furibundo pensará que es víctima de uno por parte de todo el gobierno del estado. Y comenzará a vomitar espuma negra del coraje en pleno vuelo de regreso a su país. Primero le tumban sus cercos y obstáculos a las playas, quitándole privacidad y exclusividad; luego, lo embargan y seguramente pensará que algo mayor vendrá después porque estos mexicanos son muy buenos para las triquiñuelas legaloides, es decir, cavilará que si se queda quieto no se la va a acabar. Tal vez por eso huyó o simplemente se fue, subió a su avioneta que aterrizó en su pista particular y se marchó a su país. ¿Qué estará tramando? Además, sabemos que hay gringos desquiciados, verdaderamente trastornados, que son capaces de solicitar la intervención de su gobierno por este “ataque” y pedir que les manden unos marines para proteger sus propiedades y resguardarlo del acoso chollero, porque acordémonos que, con Bush a la cabeza, los gringos son los iluminados salvaguardas de “su” estado de derecho en cualquier lugar del mundo, incluido México.
Para desgracia de muchos, la Ley no es siempre lo justo. Se parecen pero no son iguales; incluso a veces casi se tocan, se confunden, aunque no es lo usual.
¿Y qué nos cuenta la Constitución Política del Estado?, pues que el Presidente Municipal sí es sujeto de un juicio de procedencia según el artículo 158. Además, el artículo 159 de la misma Constitución establece: “Para proceder penalmente contra los servidores públicos... por la comisión de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría de votos de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado, con las siguientes prevenciones: I.- Si la resolución del Congreso fuese negativa, se suspenderá todo el procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el acusado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues dicha resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación. II.- Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley, separándolo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función.” ¡Zas!
Y qué dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur en relación con el Procedimiento para la Declaración de Procedencia: “ARTICULO 21.- Cuando se presente requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el Ejercicio de la Acción Penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los Servidores Públicos... se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior, en materia de Juicio Político, ante el Congreso del Estado. Y nos detalla “En este caso, la Comisión Instructora (del Congreso) analizará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del Fuero Constitucional, cuya remoción se solicita. Concluido este análisis, la Comisión dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado”. ¡Zas!
Pero no se preocupe justiciero Presidente Municipal, sucede que el Presidente Fox y la PGR ya dijeron que como esta fechoría no tiene pena pues no hay ofensa, no existe delito sin pena. Así que no hay por que inquietarse, cualquier autoridad que cometa el delito de desacato le harán lo que el viento a Juárez.
Esto sin duda es un descanso, porque vea usted, legalista lector, lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1ª VI/94 al respecto “...la punibilidad aplicable por la comisión del delito que es de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años.” Y concluye señalando que "si el peticionario del amparo estima que la autoridad responsable incurrió en el incumplimiento de un acto de suspensión, debe solicitar la aplicación del artículo 206 y no el párrafo segundo del 105, ambos de la Ley de Amparo". Esto quiere decir que debe aplicarse el artículo que sanciona con cárcel e inhabilitación al funcionario que cometió el desacato.
¡Uuuufffff que salvadota! ¿no le parece, entrampado lector?
Por un pelo y nos quedamos sin un buen prospecto para gobernador en el 2011.
A pesar de los dichos envalentonados del Alcalde producto de la fiebre que padece, rayando en la ilegalidad y en la amenaza, insiste en asegurar que “si es la decisión del pueblo, de las mayorías, quienes me lo soliciten, volvería a hacer lo mismo”.
Sin embargo, hoy acuerdan lo que debieron haber negociado antes ¿porqué ahora sí y antes no?
Pero... a que no va otra vez encabezando multitudes para derribar los nuevos cercos y candados. ¿Quiere usted apostar?
Ayudaría más una batalla legal porque lo tendría cinco años en los medios, igual que al nuevo ídolo tropical de México.
Mi recomendación respetuosa para el Alcalde, si tiene la disposición de escuchar un atento y desinteresado consejo: para bajar este tipo de calenturas de muchedumbre que a tantos políticos infecta, es que se dé una vuelta por la Sierra de la Laguna y se sumerja varios minutos en las gélidas aguas que bajan de la soleada montaña. Es el único remedio, la única forma de que el alma vuelva al cuerpo y recobrar la temperatura normal para conservar la cabeza fría y no perder lo más por lo menos. De nada.
Antes de cerrar esta columna consulté en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur la “Lista del acuerdo publicado el 31 de octubre de 2005” en donde aparece un acuerdo de fecha 28 de octubre de 2005 y dice lo siguiente: “VISTO EL ESCRITO SIGNADO POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA RAMON COTA GUTIERREZ, EN ATENCION A SU CONTENIDO, DIGASELE AL PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LO QUE SOLICITA, EN VIRTUD DE QUE POR AUTO DE SIETE DE LOS CORRIENTES, UNICAMENTE FUE AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SE REQUIERE A (sic) AL APODERADO LEGAL DE LA QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS SE PRESENTE IDENTIFICADO A RATIFICAR EL DESISTIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO, EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO HACERLO SE CONTINUARA CON LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO.” En la Lista del acuerdo publicado el 3 de noviembre de 2005, aparece el acuerdo de fecha 28/10/2005 con el siguiente texto: “SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO.”
Al día 4 de noviembre de 2005, no existe referencia alguna en la Lista del Juzgado indicando que el apoderado legal de la empresa Punta Arenas hubiera ido a ratificar el desistimiento de su demanda de amparo en contra del Presidente y demás acusados. El próximo 7 de Noviembre de 2005 se cumplirán dos meses justos que delimitarán la frontera entre la agonía permanente y el Olimpo al que pocos escogidos y selectos políticos acceden.
Tal vez ratifiquen los agraviados el desistimiento en los próximos tres días, y entonces, esta columna mutará para convertirse en quimera en lugar del anuncio de una aterradora pesadilla. Ya veremos el 8 de noviembre.
Para desgracia de muchos, la Ley no es siempre lo justo. Se parecen pero no son iguales; incluso a veces casi se tocan, se confunden, aunque no es lo usual.
¿Y qué nos cuenta la Constitución Política del Estado?, pues que el Presidente Municipal sí es sujeto de un juicio de procedencia según el artículo 158. Además, el artículo 159 de la misma Constitución establece: “Para proceder penalmente contra los servidores públicos... por la comisión de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría de votos de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado, con las siguientes prevenciones: I.- Si la resolución del Congreso fuese negativa, se suspenderá todo el procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el acusado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues dicha resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación. II.- Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley, separándolo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función.” ¡Zas!
Y qué dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur en relación con el Procedimiento para la Declaración de Procedencia: “ARTICULO 21.- Cuando se presente requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el Ejercicio de la Acción Penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los Servidores Públicos... se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior, en materia de Juicio Político, ante el Congreso del Estado. Y nos detalla “En este caso, la Comisión Instructora (del Congreso) analizará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del Fuero Constitucional, cuya remoción se solicita. Concluido este análisis, la Comisión dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado”. ¡Zas!
Pero no se preocupe justiciero Presidente Municipal, sucede que el Presidente Fox y la PGR ya dijeron que como esta fechoría no tiene pena pues no hay ofensa, no existe delito sin pena. Así que no hay por que inquietarse, cualquier autoridad que cometa el delito de desacato le harán lo que el viento a Juárez.
Esto sin duda es un descanso, porque vea usted, legalista lector, lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1ª VI/94 al respecto “...la punibilidad aplicable por la comisión del delito que es de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años.” Y concluye señalando que "si el peticionario del amparo estima que la autoridad responsable incurrió en el incumplimiento de un acto de suspensión, debe solicitar la aplicación del artículo 206 y no el párrafo segundo del 105, ambos de la Ley de Amparo". Esto quiere decir que debe aplicarse el artículo que sanciona con cárcel e inhabilitación al funcionario que cometió el desacato.
¡Uuuufffff que salvadota! ¿no le parece, entrampado lector?
Por un pelo y nos quedamos sin un buen prospecto para gobernador en el 2011.
A pesar de los dichos envalentonados del Alcalde producto de la fiebre que padece, rayando en la ilegalidad y en la amenaza, insiste en asegurar que “si es la decisión del pueblo, de las mayorías, quienes me lo soliciten, volvería a hacer lo mismo”.
Sin embargo, hoy acuerdan lo que debieron haber negociado antes ¿porqué ahora sí y antes no?
Pero... a que no va otra vez encabezando multitudes para derribar los nuevos cercos y candados. ¿Quiere usted apostar?
Ayudaría más una batalla legal porque lo tendría cinco años en los medios, igual que al nuevo ídolo tropical de México.
Mi recomendación respetuosa para el Alcalde, si tiene la disposición de escuchar un atento y desinteresado consejo: para bajar este tipo de calenturas de muchedumbre que a tantos políticos infecta, es que se dé una vuelta por la Sierra de la Laguna y se sumerja varios minutos en las gélidas aguas que bajan de la soleada montaña. Es el único remedio, la única forma de que el alma vuelva al cuerpo y recobrar la temperatura normal para conservar la cabeza fría y no perder lo más por lo menos. De nada.
Antes de cerrar esta columna consulté en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur la “Lista del acuerdo publicado el 31 de octubre de 2005” en donde aparece un acuerdo de fecha 28 de octubre de 2005 y dice lo siguiente: “VISTO EL ESCRITO SIGNADO POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA RAMON COTA GUTIERREZ, EN ATENCION A SU CONTENIDO, DIGASELE AL PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LO QUE SOLICITA, EN VIRTUD DE QUE POR AUTO DE SIETE DE LOS CORRIENTES, UNICAMENTE FUE AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SE REQUIERE A (sic) AL APODERADO LEGAL DE LA QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS SE PRESENTE IDENTIFICADO A RATIFICAR EL DESISTIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO, EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO HACERLO SE CONTINUARA CON LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO.” En la Lista del acuerdo publicado el 3 de noviembre de 2005, aparece el acuerdo de fecha 28/10/2005 con el siguiente texto: “SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO.”
Al día 4 de noviembre de 2005, no existe referencia alguna en la Lista del Juzgado indicando que el apoderado legal de la empresa Punta Arenas hubiera ido a ratificar el desistimiento de su demanda de amparo en contra del Presidente y demás acusados. El próximo 7 de Noviembre de 2005 se cumplirán dos meses justos que delimitarán la frontera entre la agonía permanente y el Olimpo al que pocos escogidos y selectos políticos acceden.
Tal vez ratifiquen los agraviados el desistimiento en los próximos tres días, y entonces, esta columna mutará para convertirse en quimera en lugar del anuncio de una aterradora pesadilla. Ya veremos el 8 de noviembre.
08 noviembre 2005
EL SÍNDROME DE LÓPEZ ... O DESAFUERO A LA VISTA (I)
Lo que nos faltaba, un pata salada en alto riesgo de ser desaforado.
Veremos el espectáculo en primera fila.
Los afectados por éste síndrome aplican la idea cándida y a veces paranoica, de que solamente debe cumplirse la ley si ésta me acomoda, si no es así, pues simplemente no la acato, y ávidos de protección, se encaraman en la “sociedad civil”, en el “pueblo”, para que defiendan lo que, según el poseedor del síndrome, admite como lo justo, con razón o sin ella. A quienes lo padecen no les importa nada más, enceguecen, ni siquiera miden las consecuencias que sus actitudes provocarán. Las autoridades que lo sufren ya no usan el sistema de procuración de “justicia pronta y expedita”, tal vez porque no sirve para nada, excepto para los discursos.
Los perredistas saben bien lo que es un desafuero. Me parece que también todos los mexicanos lo conocemos, lo aprendimos a golpes mediáticos. Pero los del sol amarillo, esa izquierda gelatinosa, oscilante, tribal y a veces informe, lo vivieron en carne propia en contra de uno de sus líderes, a quien convirtieron desde foxilandia y para todo el país en “víctima del poder”, en un escenario de escándalo nacional y con todos los actores políticos y mediáticos interviniendo durante cinco años. Y todos supimos, los de dentro y los externos, qué era un desafuero y el acelerado desgaste que produce tanto en el particular que acusa a la autoridad cuando ésta viola un amparo y comete con ello un delito; a lo anterior súmele la participación de las múltiples autoridades e instancias que deben de actuar ante este hecho delictivo como el Poder Judicial pasando por el Congreso. Un incidente punible de este tipo desencadena el funcionamiento de toda la estructura del estado, de los tres poderes de la Unión. Y en el caso de un amparo es decisiva la intervención del Congreso y del Poder Judicial Federal.
En el episodio memorable del predio Punta Arenas ¿existió un amparo? Pues según los dueños del predio sí lo solicitaron, les fue concedido y se encuentra en proceso. Es el 625/2005 y está en el Juzgado II de Distrito. Es federal. Y se violó. Ante la desobediencia de la autoridad, el particular agraviado debe denunciar la violación ante el juez federal y éste una vez verificada la violación, tendrá que notificar a la Procuraduría General de la República (PGR) que hubo un delito penal, quien deberá investigar y probar el delito para determinar que, en efecto, se cometió la violación al amparo concedido. Se llama desacato y lo investiga el Agente del Ministerio Público Federal. Éste con la acusación fundada, solicita ante el Congreso local que le quiten el fuero a la autoridad o autoridades que violaron el amparo. Para ello los diputados deben instalarse en jurado de procedencia para atender y resolver la solicitud de la PGR y “juzgar” para decidir si conceden el desafuero o no evaluando las pruebas aportadas para definir si se incurrió en la violación del amparo federal otorgado por una autoridad jurisdiccional competente.
Es un mecanismo político administrativo sumamente complejo que requiere de la concurrencia de varios factores y múltiples actores políticos importantes en el nivel local y federal. Y comienza a desatarse el nudo gordiano llamado fuero constitucional del que disfrutan todas las altas autoridades del estado y federales. Ya sin el manto protector del fuero, es cuando un juez penal federal puede iniciar el proceso penal por desacato en contra de la autoridad.
La denuncia por la violación del amparo que se presenta ante la PGR, provendrá del Poder Judicial de la Federación. En este momento, el delito se persigue de oficio, ya no importa si hay o no arreglo o negociación con los particulares afectados para detener la debacle, por lo que el trámite para actuar penalmente continuaría, ya que no procede el perdón del ofendido porque el denunciante es el Poder Judicial de la Federación. ¿No sabían esto sus abogados defensores? Si esto es correcto, no sé de dónde viene el optimismo del Alcalde para asegurar que “la empresa Punta Arena de la Ventana dijo que se desistiría de toda acción judicial contra el Ayuntamiento, esperemos que así suceda, que se respeten los acuerdos...”. Con los abogados y asesores que tiene, no veo por dónde pueda salir de la bronca. Tal vez ni con los mejores.
Así que ¿cuál era la necesidad, cuál el afán de que el mismísimo Presidente Municipal encabezara una muchedumbre y violara un amparo a sabiendas?, porque, según sabemos, se lo presentaron en el momento, ya en el predio, cuando, aún así, decidió junto con otras personas, autoridades y legisladores, derribar los cercos y cortar cadenas y candados. Contra éste argumento, sostienen las autoridades del municipio que la notificación oficial fue hasta el día siguiente y por lo tanto “no sabían que había un amparo”. Hay cientos de fotos en los periódicos, evidencias en las revistas, reportajes video grabados de las televisoras, discursos, declaraciones y testimonios de varios de los participantes. Ni para donde hacerse. Ni modo de decir “yo no fui”. La cultura de la legalidad depositada en el bote de la basura.
Todo por un ataque de fiebre de muchedumbre causado por el enojo justiciero ante la presunción de una infamia cometida en contra de pacíficos vecinos por un abusivo gringo ricachón. Fue un acto políticamente sublime, orgásmico, paradigmático, envidiable, éticamente justo, digno de un político integro, cabal y decente, pero... jurídicamente ilegal cometido por una autoridad en contra de un particular a quien debió haber vencido en un juicio y no por la fuerza de la multitud. Fue el mitin perfecto, el que codician y buscan los grandes líderes, a veces toda su vida y casi siempre sin conseguirlo. La vida política en un lance, por una foto sublime para el registro de la historia: 7 de octubre de 2005. Pero también se convierte en la puerta de entrada a un túnel pantanoso y desconocido, sin más opciones que la muerte política o la gloria para siempre. En “El túnel sin final” nos dice Ismael Rojas, pequeño creador de 11 años que podemos leer en la colección Biblioteca de Pequeños Creadores: “En la iglesia de la misión hay un túnel que se supone llega hasta el panteón. Muchos valientes han seguido ese camino; jamás regresan, es como si se los tragara la tierra”. ¿Será una alegoría de éste pequeño escritor sobre nuestro aguerrido y valiente Presidente municipal? Ojalá que no. Espero que no.
De todas maneras no sirvió de mucho porque el gringo ya con la rabia encima y sus billetes verdes por delante, volvió a poner sus cercos, cadenas, perros, guardias y candados, impidiéndole de nuevo a la población el acceso a las playas. Se burló de todos los paceños incluyendo al profe justiciero.
Pero ¿algún sudcaliforniano en su sano juicio piensa que un Congreso local como el que tenemos, mayoritariamente perredista, decidirá a favor del desafuero de otro perredista? Puedo apostar, sin ninguna duda, que no lo harán.
Es probable, sólo probable, que el Presidente Municipal tenga también a su favor al Gobernador del Estado y al Poder Judicial local, no de manera abierta y comprometida, ni en público, porque además, tampoco tienen vela en este entierro de manera directa, ya que el asunto es de ámbito federal y ellos no intervinieron en el acontecimiento justiciero. Ah, y también tendría a su favor, por supuesto, a dos personajes de nuestro tiempo: a la infaltable “sociedad civil” y al mítico y mitotero “pueblo”, quienes respaldarán a su líder hasta la muerte.
Así que hoy es posible que no pase nada; pero mañana quién sabe, o dentro de tres años cuando termine el periodo constitucional, nadie lo puede asegurar.
Hay que poner a trabajar a los abogados que son los únicos que saldrán ganando con este lío. Quienes no ganarán nada son el gringo ricachón y el profe vengador de la honra y los derechos del “pueblo”. Por lo pronto, al gringo ya le cayó la justicia laboral y le embargaron la propiedad porque despidió personal sin liquidarlos conforme a la ley, pero lo puede resolver con menos de un millón; los últimos reportes indican que el gringo abordó su avioneta y huyó a su país. Y al profe, en cambio, si no hay desistimiento del agraviado, le continuarán tundiendo legalmente ya no el gringo, sino el Poder Judicial Federal hasta el fin de su mandato. Y tal vez aún después porque estos juicios son eternos.
Continuaremos en la próxima entrega.
Veremos el espectáculo en primera fila.
Los afectados por éste síndrome aplican la idea cándida y a veces paranoica, de que solamente debe cumplirse la ley si ésta me acomoda, si no es así, pues simplemente no la acato, y ávidos de protección, se encaraman en la “sociedad civil”, en el “pueblo”, para que defiendan lo que, según el poseedor del síndrome, admite como lo justo, con razón o sin ella. A quienes lo padecen no les importa nada más, enceguecen, ni siquiera miden las consecuencias que sus actitudes provocarán. Las autoridades que lo sufren ya no usan el sistema de procuración de “justicia pronta y expedita”, tal vez porque no sirve para nada, excepto para los discursos.
Los perredistas saben bien lo que es un desafuero. Me parece que también todos los mexicanos lo conocemos, lo aprendimos a golpes mediáticos. Pero los del sol amarillo, esa izquierda gelatinosa, oscilante, tribal y a veces informe, lo vivieron en carne propia en contra de uno de sus líderes, a quien convirtieron desde foxilandia y para todo el país en “víctima del poder”, en un escenario de escándalo nacional y con todos los actores políticos y mediáticos interviniendo durante cinco años. Y todos supimos, los de dentro y los externos, qué era un desafuero y el acelerado desgaste que produce tanto en el particular que acusa a la autoridad cuando ésta viola un amparo y comete con ello un delito; a lo anterior súmele la participación de las múltiples autoridades e instancias que deben de actuar ante este hecho delictivo como el Poder Judicial pasando por el Congreso. Un incidente punible de este tipo desencadena el funcionamiento de toda la estructura del estado, de los tres poderes de la Unión. Y en el caso de un amparo es decisiva la intervención del Congreso y del Poder Judicial Federal.
En el episodio memorable del predio Punta Arenas ¿existió un amparo? Pues según los dueños del predio sí lo solicitaron, les fue concedido y se encuentra en proceso. Es el 625/2005 y está en el Juzgado II de Distrito. Es federal. Y se violó. Ante la desobediencia de la autoridad, el particular agraviado debe denunciar la violación ante el juez federal y éste una vez verificada la violación, tendrá que notificar a la Procuraduría General de la República (PGR) que hubo un delito penal, quien deberá investigar y probar el delito para determinar que, en efecto, se cometió la violación al amparo concedido. Se llama desacato y lo investiga el Agente del Ministerio Público Federal. Éste con la acusación fundada, solicita ante el Congreso local que le quiten el fuero a la autoridad o autoridades que violaron el amparo. Para ello los diputados deben instalarse en jurado de procedencia para atender y resolver la solicitud de la PGR y “juzgar” para decidir si conceden el desafuero o no evaluando las pruebas aportadas para definir si se incurrió en la violación del amparo federal otorgado por una autoridad jurisdiccional competente.
Es un mecanismo político administrativo sumamente complejo que requiere de la concurrencia de varios factores y múltiples actores políticos importantes en el nivel local y federal. Y comienza a desatarse el nudo gordiano llamado fuero constitucional del que disfrutan todas las altas autoridades del estado y federales. Ya sin el manto protector del fuero, es cuando un juez penal federal puede iniciar el proceso penal por desacato en contra de la autoridad.
La denuncia por la violación del amparo que se presenta ante la PGR, provendrá del Poder Judicial de la Federación. En este momento, el delito se persigue de oficio, ya no importa si hay o no arreglo o negociación con los particulares afectados para detener la debacle, por lo que el trámite para actuar penalmente continuaría, ya que no procede el perdón del ofendido porque el denunciante es el Poder Judicial de la Federación. ¿No sabían esto sus abogados defensores? Si esto es correcto, no sé de dónde viene el optimismo del Alcalde para asegurar que “la empresa Punta Arena de la Ventana dijo que se desistiría de toda acción judicial contra el Ayuntamiento, esperemos que así suceda, que se respeten los acuerdos...”. Con los abogados y asesores que tiene, no veo por dónde pueda salir de la bronca. Tal vez ni con los mejores.
Así que ¿cuál era la necesidad, cuál el afán de que el mismísimo Presidente Municipal encabezara una muchedumbre y violara un amparo a sabiendas?, porque, según sabemos, se lo presentaron en el momento, ya en el predio, cuando, aún así, decidió junto con otras personas, autoridades y legisladores, derribar los cercos y cortar cadenas y candados. Contra éste argumento, sostienen las autoridades del municipio que la notificación oficial fue hasta el día siguiente y por lo tanto “no sabían que había un amparo”. Hay cientos de fotos en los periódicos, evidencias en las revistas, reportajes video grabados de las televisoras, discursos, declaraciones y testimonios de varios de los participantes. Ni para donde hacerse. Ni modo de decir “yo no fui”. La cultura de la legalidad depositada en el bote de la basura.
Todo por un ataque de fiebre de muchedumbre causado por el enojo justiciero ante la presunción de una infamia cometida en contra de pacíficos vecinos por un abusivo gringo ricachón. Fue un acto políticamente sublime, orgásmico, paradigmático, envidiable, éticamente justo, digno de un político integro, cabal y decente, pero... jurídicamente ilegal cometido por una autoridad en contra de un particular a quien debió haber vencido en un juicio y no por la fuerza de la multitud. Fue el mitin perfecto, el que codician y buscan los grandes líderes, a veces toda su vida y casi siempre sin conseguirlo. La vida política en un lance, por una foto sublime para el registro de la historia: 7 de octubre de 2005. Pero también se convierte en la puerta de entrada a un túnel pantanoso y desconocido, sin más opciones que la muerte política o la gloria para siempre. En “El túnel sin final” nos dice Ismael Rojas, pequeño creador de 11 años que podemos leer en la colección Biblioteca de Pequeños Creadores: “En la iglesia de la misión hay un túnel que se supone llega hasta el panteón. Muchos valientes han seguido ese camino; jamás regresan, es como si se los tragara la tierra”. ¿Será una alegoría de éste pequeño escritor sobre nuestro aguerrido y valiente Presidente municipal? Ojalá que no. Espero que no.
De todas maneras no sirvió de mucho porque el gringo ya con la rabia encima y sus billetes verdes por delante, volvió a poner sus cercos, cadenas, perros, guardias y candados, impidiéndole de nuevo a la población el acceso a las playas. Se burló de todos los paceños incluyendo al profe justiciero.
Pero ¿algún sudcaliforniano en su sano juicio piensa que un Congreso local como el que tenemos, mayoritariamente perredista, decidirá a favor del desafuero de otro perredista? Puedo apostar, sin ninguna duda, que no lo harán.
Es probable, sólo probable, que el Presidente Municipal tenga también a su favor al Gobernador del Estado y al Poder Judicial local, no de manera abierta y comprometida, ni en público, porque además, tampoco tienen vela en este entierro de manera directa, ya que el asunto es de ámbito federal y ellos no intervinieron en el acontecimiento justiciero. Ah, y también tendría a su favor, por supuesto, a dos personajes de nuestro tiempo: a la infaltable “sociedad civil” y al mítico y mitotero “pueblo”, quienes respaldarán a su líder hasta la muerte.
Así que hoy es posible que no pase nada; pero mañana quién sabe, o dentro de tres años cuando termine el periodo constitucional, nadie lo puede asegurar.
Hay que poner a trabajar a los abogados que son los únicos que saldrán ganando con este lío. Quienes no ganarán nada son el gringo ricachón y el profe vengador de la honra y los derechos del “pueblo”. Por lo pronto, al gringo ya le cayó la justicia laboral y le embargaron la propiedad porque despidió personal sin liquidarlos conforme a la ley, pero lo puede resolver con menos de un millón; los últimos reportes indican que el gringo abordó su avioneta y huyó a su país. Y al profe, en cambio, si no hay desistimiento del agraviado, le continuarán tundiendo legalmente ya no el gringo, sino el Poder Judicial Federal hasta el fin de su mandato. Y tal vez aún después porque estos juicios son eternos.
Continuaremos en la próxima entrega.
03 noviembre 2005
PROCURAR JUSTICIA CON APOYOS DE SALIVA
Hoy me desayuné con la noticia de que una persona, doblemente ofendida, primero por un malandrín y luego por el sistema de “justicia pronta y expedita”, se dio el lujo de celebrar el sexto aniversario del incumplimiento de una sentencia por daño en las cosas. Llevó un pastel de tres leches a las oficinas del poder judicial y celebró, en pleno juzgado primero penal, la “justicia pronta y expedita” que nos recetan todos los días el gobernador del estado y la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia. No sé si cada una de las tres leches del festivo pastel le correspondían a cada uno de los poderes del estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por aquello de la mala leche que a cada uno le toque. Colocaron en el pastel sus respectivas seis velitas e hicieron partícipes de la celebración a todo aquel que quisiera conmemorar con un emblemático pedazo de pastel símbolo de la miserable justicia obtenida. Espléndida idea. No fui porque no me invitaron y creo que me perdí de un gran mitote. Me imagino que si todos los afectados por ese atole con el dedo que se llama “justicia pronta y expedita” se pusieran a celebrar los años de incumplimiento de las sentencias del poder judicial, de sus interminables juicios y de las investigaciones de la Procuraduría, no habría espacio para dar cabida a los oficiantes. La afectada que organizó la “fiesta” forma parte de los miles de ciudadanos profundamente ofendidos por el sistema de impartición de justicia que padecemos en Baja California Sur. Para ser precisos, nos referimos a los afectados en los 42,165 asuntos de toda laya que se encuentran en manos de jueces y magistrados. Ni más ni menos que el 8.43% de la población total del estado tiene un problema legal directo en donde hay al menos una victima y un victimario. Sin contar el sector laboral ni agrario. Este dato está en línea con el más reciente resultado para BCS de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. de la cual hablaremos en otra entrega. Si esa cifra la multiplicamos por las familias afectadas fácilmente colegimos que se tiene vinculada y sometida a tortura legal a una población cercana a los ¡¡211 mil habitantes!! ya que un problema de este tipo afecta no sólo a la persona que demanda sino a todo su entorno familiar cercano y a veces no tan próximo. Y entonces, atónito lector, nos damos cuenta de que el desvencijado sistema de justicia disponible en el estado afecta ¡¡al 42% de la población!! sudcaliforniana. Nomás. La referencia resulta pasmosa por increíble pero los datos de los juicios son del poder judicial, en voz de su Presidenta. Si no lo creen échenle cuentas.
Que a todos nos quede claro: tenemos un sistema de impartición de justicia de porquería. Por la razón que sea. Por accidente o a propósito. Usted júzguelo, amparado lector.
Hemos sostenido en anteriores colaboraciones que el actual sistema de impartición de justicia que padecemos los sudcalifornianos es verdaderamente lamentable. Y hablo del sistema en su conjunto, que incluye no solamente al Poder Judicial sino también a la Procuraduría y a la policía. Es de esta manera como debemos considerar el aparato de justicia, analizándolo como un todo, integralmente, y tratar de resolver cada una de sus partes mediante un tratamiento sistémico. No se vale atender solo una parte de ese complejo universo, porque al hacerlo así, se produce un desbalance en el resto de los elementos que contribuyen a la impartición de justicia en nuestro estado. Es decir, no es posible apoyar solamente al Poder Judicial y no hacerlo con la Procuraduría o con la policía. Es fácil entender que si mediante alguna modificación o apoyo extraordinario se terminara el rezago en la Procuraduría, buena parte de esos expedientes terminarán en el poder judicial y se acumularían ahí montañas de asuntos sin posibilidades de solución al no modificarse la otra parte. ¿Cómo van a aplicar el nuevo Código de Procedimientos Penales si no tienen estructura ni personal? No hay capacidad de respuesta porque el aparato de procuración de justicia en el estado está en la miseria, en la pobreza extrema.
Insisto en que es indispensable una reforma integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Es un asunto pendiente que no puede ser diferido por más tiempo. En primer término el gobernador Agundez debería poner a trabajar a sus asesores para que realicen un buen diagnóstico integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Y si no pueden pues que contraten el estudio. Pero su diseño, armado y operación tardará cuando menos dos años, así que en el inter, algo deben hacer el Congreso y el gobernador Agundez para resolver el problema. La responsabilidad inicial es del ejecutivo del estado porque es quien elabora el presupuesto de egresos, y en segundo lugar del Congreso que lo evalúa y lo autoriza. Lo demás dependerá del Poder Judicial. Debe terminarse ésta inercia insultante en la que todos somos agraviados.
Pronto nos tocará ver el grado real de compromiso que tiene el gobernador Agundez con la ciudadanía en esta materia pendiente que nos afecta negativamente a todos por igual.
El proceso de análisis y autorización del presupuesto de egresos del próximo año será una espléndida oportunidad para ver si el gobernador verdaderamente tiene interés por intentar resolver este problema o si van a seguir dándonos atolito con el dedo. En lugar de mejorar la situación que tenemos empeora año con año, y éste demérito nos ha llevado, además, a ocupar el lugar numero 27 entre todos los estados del país en cuanto al Índice de Desarrollo Humano al que nos referimos el 17 de agosto de este año en otra colaboración. Ocupamos un lugar vergonzoso en el escenario nacional.
¿Cómo es posible que con el 1.45% del presupuesto de egresos del estado se pretenda resolver el gran rezago de años que existe en el poder judicial? El porcentaje equivale a 66 millones de pesos en este año. Esta cantidad es la menor para este año en la distribución que propusieron el ejecutivo anterior y el Congreso del estado, y es finalmente, la que autorizaron los diputados, porque es nada lo que modifican a pesar de tener facultades para ello. Hay oficinas administrativas de bajo o cero impacto social que, inexplicablemente, gozan de un presupuesto mayor al del poder judicial. Para Ripley.
Por los años de abandono y apatía se requiere cuando menos el doble del presupuesto actual para comenzar a salir de ese agujero negro. A reserva de contar en un futuro cercano con una profunda reforma de todo el sistema.
Usted gobernador Narciso Agundez tiene la obligación ineludible de resolver este problema en el ámbito de sus atribuciones. Si no lo hiciera, por la razón que sea, aún nos quedan los diputados quienes en uso de sus facultades podrían, si quisieran, modificar el presupuesto y dotar al poder judicial y a la procuraduría de los recursos indispensables para iniciar ya la solución del problema. Ojalá y las usaran. Ambos. Inclusive los fondos adicionales, si los hubiera, pueden ir etiquetados desde el Congreso para que no se destinen a privilegios ni beneficios indebidos.
Si el legislativo y el ejecutivo no actúan, el Poder Judicial por sí mismo no tiene posibilidades de modificar esta situación de gravísimas carencias materiales y de personal que realmente tienen, y en estas condiciones, cada día será más grave la falta de justicia para los ciudadanos de sudcalifornia. Si en realidad nuestros gobernantes quieren que tengamos “justicia pronta y expedita” como lo pregonan, pues que lo demuestren. Queremos hechos, no más saliva.
Lo menos que les pedimos a los más altos representantes de los poderes en el estado: el Gobernador, la Presidenta del Tribunal y la Presidenta del Congreso, es que se reúnan para enterarse del desastre existente en la impartición de justicia en Sudcalifornia. Sin autoelogios y sin engaños. Objetivamente. Son años de indiferencia.
Importante será evitar el riesgo de que los posibles incrementos presupuestales logrados, se destinen a aumentos de sueldo en esta primer etapa. Al menos no todo. No queremos que cunda el indigno ejemplo de los vividores de la Suprema Corte. Se requieren espacios dignos, equipo, y personal capaz y eficiente. Quedará a cargo del poder judicial la alta responsabilidad de la contratación de personal eficaz y comprometido con la legalidad, usando para ello los filtros adecuados. Que no acepten improvisados, corruptos ni vividores.
Así que pronto percibiremos el grado de compromiso del gobernador Narciso Agundez y de la Presidenta del Congreso. Ya falta muy poco. Al fin veremos, con certeza, si lo que quieren nuestros próceres políticos es que las cosas sigan de mal en peor, otorgando esa justicia de saliva que propicia divertidos festejos tragicómicos de los agraviados.
Podremos, también, tener una clara definición sobre cuáles son las prioridades de éste gobierno reflejadas en el uso que le darán a nuestros impuestos el próximo año. El próximo presupuesto será 100% agundista. ¿Y también el del Congreso actual? Resolver éste problema en particular, incidirá de manera determinante en el mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano.Pero no adelantemos vísperas, ya lo veremos.
Que a todos nos quede claro: tenemos un sistema de impartición de justicia de porquería. Por la razón que sea. Por accidente o a propósito. Usted júzguelo, amparado lector.
Hemos sostenido en anteriores colaboraciones que el actual sistema de impartición de justicia que padecemos los sudcalifornianos es verdaderamente lamentable. Y hablo del sistema en su conjunto, que incluye no solamente al Poder Judicial sino también a la Procuraduría y a la policía. Es de esta manera como debemos considerar el aparato de justicia, analizándolo como un todo, integralmente, y tratar de resolver cada una de sus partes mediante un tratamiento sistémico. No se vale atender solo una parte de ese complejo universo, porque al hacerlo así, se produce un desbalance en el resto de los elementos que contribuyen a la impartición de justicia en nuestro estado. Es decir, no es posible apoyar solamente al Poder Judicial y no hacerlo con la Procuraduría o con la policía. Es fácil entender que si mediante alguna modificación o apoyo extraordinario se terminara el rezago en la Procuraduría, buena parte de esos expedientes terminarán en el poder judicial y se acumularían ahí montañas de asuntos sin posibilidades de solución al no modificarse la otra parte. ¿Cómo van a aplicar el nuevo Código de Procedimientos Penales si no tienen estructura ni personal? No hay capacidad de respuesta porque el aparato de procuración de justicia en el estado está en la miseria, en la pobreza extrema.
Insisto en que es indispensable una reforma integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Es un asunto pendiente que no puede ser diferido por más tiempo. En primer término el gobernador Agundez debería poner a trabajar a sus asesores para que realicen un buen diagnóstico integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Y si no pueden pues que contraten el estudio. Pero su diseño, armado y operación tardará cuando menos dos años, así que en el inter, algo deben hacer el Congreso y el gobernador Agundez para resolver el problema. La responsabilidad inicial es del ejecutivo del estado porque es quien elabora el presupuesto de egresos, y en segundo lugar del Congreso que lo evalúa y lo autoriza. Lo demás dependerá del Poder Judicial. Debe terminarse ésta inercia insultante en la que todos somos agraviados.
Pronto nos tocará ver el grado real de compromiso que tiene el gobernador Agundez con la ciudadanía en esta materia pendiente que nos afecta negativamente a todos por igual.
El proceso de análisis y autorización del presupuesto de egresos del próximo año será una espléndida oportunidad para ver si el gobernador verdaderamente tiene interés por intentar resolver este problema o si van a seguir dándonos atolito con el dedo. En lugar de mejorar la situación que tenemos empeora año con año, y éste demérito nos ha llevado, además, a ocupar el lugar numero 27 entre todos los estados del país en cuanto al Índice de Desarrollo Humano al que nos referimos el 17 de agosto de este año en otra colaboración. Ocupamos un lugar vergonzoso en el escenario nacional.
¿Cómo es posible que con el 1.45% del presupuesto de egresos del estado se pretenda resolver el gran rezago de años que existe en el poder judicial? El porcentaje equivale a 66 millones de pesos en este año. Esta cantidad es la menor para este año en la distribución que propusieron el ejecutivo anterior y el Congreso del estado, y es finalmente, la que autorizaron los diputados, porque es nada lo que modifican a pesar de tener facultades para ello. Hay oficinas administrativas de bajo o cero impacto social que, inexplicablemente, gozan de un presupuesto mayor al del poder judicial. Para Ripley.
Por los años de abandono y apatía se requiere cuando menos el doble del presupuesto actual para comenzar a salir de ese agujero negro. A reserva de contar en un futuro cercano con una profunda reforma de todo el sistema.
Usted gobernador Narciso Agundez tiene la obligación ineludible de resolver este problema en el ámbito de sus atribuciones. Si no lo hiciera, por la razón que sea, aún nos quedan los diputados quienes en uso de sus facultades podrían, si quisieran, modificar el presupuesto y dotar al poder judicial y a la procuraduría de los recursos indispensables para iniciar ya la solución del problema. Ojalá y las usaran. Ambos. Inclusive los fondos adicionales, si los hubiera, pueden ir etiquetados desde el Congreso para que no se destinen a privilegios ni beneficios indebidos.
Si el legislativo y el ejecutivo no actúan, el Poder Judicial por sí mismo no tiene posibilidades de modificar esta situación de gravísimas carencias materiales y de personal que realmente tienen, y en estas condiciones, cada día será más grave la falta de justicia para los ciudadanos de sudcalifornia. Si en realidad nuestros gobernantes quieren que tengamos “justicia pronta y expedita” como lo pregonan, pues que lo demuestren. Queremos hechos, no más saliva.
Lo menos que les pedimos a los más altos representantes de los poderes en el estado: el Gobernador, la Presidenta del Tribunal y la Presidenta del Congreso, es que se reúnan para enterarse del desastre existente en la impartición de justicia en Sudcalifornia. Sin autoelogios y sin engaños. Objetivamente. Son años de indiferencia.
Importante será evitar el riesgo de que los posibles incrementos presupuestales logrados, se destinen a aumentos de sueldo en esta primer etapa. Al menos no todo. No queremos que cunda el indigno ejemplo de los vividores de la Suprema Corte. Se requieren espacios dignos, equipo, y personal capaz y eficiente. Quedará a cargo del poder judicial la alta responsabilidad de la contratación de personal eficaz y comprometido con la legalidad, usando para ello los filtros adecuados. Que no acepten improvisados, corruptos ni vividores.
Así que pronto percibiremos el grado de compromiso del gobernador Narciso Agundez y de la Presidenta del Congreso. Ya falta muy poco. Al fin veremos, con certeza, si lo que quieren nuestros próceres políticos es que las cosas sigan de mal en peor, otorgando esa justicia de saliva que propicia divertidos festejos tragicómicos de los agraviados.
Podremos, también, tener una clara definición sobre cuáles son las prioridades de éste gobierno reflejadas en el uso que le darán a nuestros impuestos el próximo año. El próximo presupuesto será 100% agundista. ¿Y también el del Congreso actual? Resolver éste problema en particular, incidirá de manera determinante en el mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano.Pero no adelantemos vísperas, ya lo veremos.
02 noviembre 2005
EL CONGRESO FUERA DE LA LEY
Los diputados violaron la Constitución Política de Baja California Sur.
Pasaron por encima de la Ley de Responsabilidades.
Ninguno de los 11 involucrados reparó en el hecho de que el engendro que concibieron en camarilla fue violatorio del marco legal que nos rige.
Cuando tomaron posesión de sus cargos todos ellos dijeron muy serios y circunspectos ”Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del estado de Baja California Sur y las leyes que de ella emanen; si no lo hiciere así, que el pueblo Sudcaliforniano me lo demande” ¿Se acuerdan?
Pues señores y señoras diputados les estamos demandando su incumplimiento de las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir. No los elegimos para delinquir ni para formar pandillas. Adiós.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Negociar la ley, como siempre? ¿Formar una tribu más de impunes? ¿Sabrán estos señoras y señores diputados lo que dice el ultimo párrafo del artículo 157 de la Constitución Política del estado? Pues por si no lo saben se los voy a transcribir, dice así: “Cualquier ciudadano, mediante la presentación de elementos de prueba y bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.” Adiós.
Recientemente vimos como una pequeña mafia tribal minoritaria de 11 diputados en el Congreso se opusieron, ilegalmente, a la designación de una magistrada propuesta por el gobernador, quien por ley, y ante la incapacidad del Congreso, asumió su facultad para formularla. El gobernador está ejerciendo su pleno derecho constitucional. La propia Presidenta de la Gran Comisión reconoce y acepta, lo cual no es ninguna gracia sino su obligación, que ésta es una facultad claramente legal del gobernador. No hay salida, no hay excusa. Ninguna. Adiós.
La persona propuesta para ocupar el cargo de magistrada pasó los filtros del ejecutivo cuando se analizaron los documentos que presentó para ser incluida en la terna y asegurarse que cumplía los requisitos constitucionales y evitar así que no fuera rechazada por una tontería; además, pasó dos filtros del Congreso en donde se le expidieron constancias señalando que sí cumplía los requisitos exigidos. ¿Después de pasar estos tres filtros, de los cuales hay constancia, se les ocurre a 11 diputadas y diputados que “no quieren” que siempre no, sin sustento legal? Como dice mi compadre ¿qué coños les pasa? Aquí ya no se trata de quién nos parece mejor o peor para el cargo, se trata de que quien tiene la facultad legal para hacer la propuesta, y la hizo en tiempo y forma, es el gobernador del estado, según lo establece la propia Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir. ¿Se acuerdan?. No es simplemente que hayan cancelado de la orden del día la toma de protesta de la nueva magistrada, el hecho es que se opusieron ilegalmente a un nombramiento decidido por el gobernador ejerciendo sus facultades legales, y apegadas a derecho. Cometieron un acto aberrante.
No les importó a estos 11 “representantes del pueblo” pasar por encima de la ley que juraron cumplir y respondieron, en exclusiva, a los mezquinos intereses de uno de sus cómplices quien los pastorea. A éste pequeño grupo de diputados, pequeño en todos sentidos, no les asiste la razón, defendieron lo ilegal, sin el menor asomo de preocupación ni vergüenza. Adios.
Primero violaron flagrantemente en Artículo 64 de la Constitución Política que dice “Son facultades del Congreso del Estado:... VII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, en los términos del artículo 99 de esta Constitución..”. Cosa que se negaron a hacer en dos ocasiones renunciando a su derecho y trasladándole ésta responsabilidad al gobernador. Continua el mismo artículo señalando: “...XXI.- ...Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador del Estado someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado.” Este ultimo párrafo establece la competencia exclusiva del gobernador y por ello hizo uso de sus facultades constitucionales. Adiós.
No contentos con eso, y según se sabe, recibieron órdenes de algún lidercillo tribal ajeno al Congreso para que le pasaran por encima a la facultad que en los nombramientos de magistrados tiene el Gobernador del Estado. ¡Es el colmo!
El artículo 79 de la Constitución dice a la letra: “Son facultades y obligaciones del Gobernador:... IV.- Presentar a consideración del Congreso del Estado, las ternas para la designación de los Magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter sus licencias, renuncias o remociones a la aprobación del propio Congreso;...” El gobernador cumplió en tiempo y forma con la obligación que le señala la Constitución Política no así los diputados quienes pretenden echar abajo una decisión apegada a derecho cuando no supieron o no quisieron cumplir con sus responsabilidades para luego atropellar el marco legal vigente.
Pésimo comienzo porque ya cometieron un delito: violaron el artículo 157 de la Constitución Política del estado que indica: “El Congreso del Estado, dentro del ámbito de su competencia, expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de acuerdo con las siguientes prevenciones:
I.- Se impondrán mediante el juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 158 a los Servidores Públicos señaladas en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- Los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la Legislación Penal
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. “ Adiós.
Ya instalados a su gusto en la delincuencia organizada, sus acciones son violatorias, también, de casi todas las fracciones del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a la que también deben sujetarse aunque sean diputados. Ustedes no son impunes ni ajenos al cumplimiento de la ley. Adios.
Así que habrá que solicitar ante quien corresponda, ¡a ustedes mismos!, se les aplique el Artículo 158 de la Constitución el cual establece: “Podrán ser sujetos a Juicio Político, los Diputados al Congreso del Estado... “ De acuerdo a lo anterior, todos ustedes, diputadas y diputados, son sujetos de juicio político y de sanciones por haber actuado mafiosamente en contra no del gobernador ni del Poder Judicial, sino de la mismísima Constitución y varias leyes secundarias. Adiós.
Como fácilmente nos podemos imaginar, estos 11 patricios quedarán impunes porque a ellos mismos les compete la aplicación de la ley en este caso particular. Aunque en rigor, a quienes les compete aplicar la ley, en materia de juicio político, es solamente a los 10 diputados restantes que se opusieron a éste acto irresponsable e ilegal, porque los otros 11 deberán excusarse y abandonar la sesión del pleno en que se juzgue su caso, porque así lo determina, también, la propia Constitución. Adiós.
¿Seguirá el reino de la impunidad y del arreglo “político”?
El gobernador no debe permitir un atropello tan burdo e ilegal.
Si logran salvarse de ésta, y van a continuar funcionando ilegalmente, según ésta pequeña muestra que ya nos dieron, mejor váyanse a su casa y dejen trabajar a sus suplentes y a los otros 10 que sí dieron muestras de querer cumplir con lo que la Constitución establece.
Mandaron la cultura de la legalidad al bote de la basura debiendo ser sus promotores y salvaguardas. ¡Felicidades!Adios.
Pasaron por encima de la Ley de Responsabilidades.
Ninguno de los 11 involucrados reparó en el hecho de que el engendro que concibieron en camarilla fue violatorio del marco legal que nos rige.
Cuando tomaron posesión de sus cargos todos ellos dijeron muy serios y circunspectos ”Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del estado de Baja California Sur y las leyes que de ella emanen; si no lo hiciere así, que el pueblo Sudcaliforniano me lo demande” ¿Se acuerdan?
Pues señores y señoras diputados les estamos demandando su incumplimiento de las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir. No los elegimos para delinquir ni para formar pandillas. Adiós.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Negociar la ley, como siempre? ¿Formar una tribu más de impunes? ¿Sabrán estos señoras y señores diputados lo que dice el ultimo párrafo del artículo 157 de la Constitución Política del estado? Pues por si no lo saben se los voy a transcribir, dice así: “Cualquier ciudadano, mediante la presentación de elementos de prueba y bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.” Adiós.
Recientemente vimos como una pequeña mafia tribal minoritaria de 11 diputados en el Congreso se opusieron, ilegalmente, a la designación de una magistrada propuesta por el gobernador, quien por ley, y ante la incapacidad del Congreso, asumió su facultad para formularla. El gobernador está ejerciendo su pleno derecho constitucional. La propia Presidenta de la Gran Comisión reconoce y acepta, lo cual no es ninguna gracia sino su obligación, que ésta es una facultad claramente legal del gobernador. No hay salida, no hay excusa. Ninguna. Adiós.
La persona propuesta para ocupar el cargo de magistrada pasó los filtros del ejecutivo cuando se analizaron los documentos que presentó para ser incluida en la terna y asegurarse que cumplía los requisitos constitucionales y evitar así que no fuera rechazada por una tontería; además, pasó dos filtros del Congreso en donde se le expidieron constancias señalando que sí cumplía los requisitos exigidos. ¿Después de pasar estos tres filtros, de los cuales hay constancia, se les ocurre a 11 diputadas y diputados que “no quieren” que siempre no, sin sustento legal? Como dice mi compadre ¿qué coños les pasa? Aquí ya no se trata de quién nos parece mejor o peor para el cargo, se trata de que quien tiene la facultad legal para hacer la propuesta, y la hizo en tiempo y forma, es el gobernador del estado, según lo establece la propia Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir. ¿Se acuerdan?. No es simplemente que hayan cancelado de la orden del día la toma de protesta de la nueva magistrada, el hecho es que se opusieron ilegalmente a un nombramiento decidido por el gobernador ejerciendo sus facultades legales, y apegadas a derecho. Cometieron un acto aberrante.
No les importó a estos 11 “representantes del pueblo” pasar por encima de la ley que juraron cumplir y respondieron, en exclusiva, a los mezquinos intereses de uno de sus cómplices quien los pastorea. A éste pequeño grupo de diputados, pequeño en todos sentidos, no les asiste la razón, defendieron lo ilegal, sin el menor asomo de preocupación ni vergüenza. Adios.
Primero violaron flagrantemente en Artículo 64 de la Constitución Política que dice “Son facultades del Congreso del Estado:... VII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, en los términos del artículo 99 de esta Constitución..”. Cosa que se negaron a hacer en dos ocasiones renunciando a su derecho y trasladándole ésta responsabilidad al gobernador. Continua el mismo artículo señalando: “...XXI.- ...Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador del Estado someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado.” Este ultimo párrafo establece la competencia exclusiva del gobernador y por ello hizo uso de sus facultades constitucionales. Adiós.
No contentos con eso, y según se sabe, recibieron órdenes de algún lidercillo tribal ajeno al Congreso para que le pasaran por encima a la facultad que en los nombramientos de magistrados tiene el Gobernador del Estado. ¡Es el colmo!
El artículo 79 de la Constitución dice a la letra: “Son facultades y obligaciones del Gobernador:... IV.- Presentar a consideración del Congreso del Estado, las ternas para la designación de los Magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter sus licencias, renuncias o remociones a la aprobación del propio Congreso;...” El gobernador cumplió en tiempo y forma con la obligación que le señala la Constitución Política no así los diputados quienes pretenden echar abajo una decisión apegada a derecho cuando no supieron o no quisieron cumplir con sus responsabilidades para luego atropellar el marco legal vigente.
Pésimo comienzo porque ya cometieron un delito: violaron el artículo 157 de la Constitución Política del estado que indica: “El Congreso del Estado, dentro del ámbito de su competencia, expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de acuerdo con las siguientes prevenciones:
I.- Se impondrán mediante el juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 158 a los Servidores Públicos señaladas en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- Los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la Legislación Penal
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. “ Adiós.
Ya instalados a su gusto en la delincuencia organizada, sus acciones son violatorias, también, de casi todas las fracciones del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a la que también deben sujetarse aunque sean diputados. Ustedes no son impunes ni ajenos al cumplimiento de la ley. Adios.
Así que habrá que solicitar ante quien corresponda, ¡a ustedes mismos!, se les aplique el Artículo 158 de la Constitución el cual establece: “Podrán ser sujetos a Juicio Político, los Diputados al Congreso del Estado... “ De acuerdo a lo anterior, todos ustedes, diputadas y diputados, son sujetos de juicio político y de sanciones por haber actuado mafiosamente en contra no del gobernador ni del Poder Judicial, sino de la mismísima Constitución y varias leyes secundarias. Adiós.
Como fácilmente nos podemos imaginar, estos 11 patricios quedarán impunes porque a ellos mismos les compete la aplicación de la ley en este caso particular. Aunque en rigor, a quienes les compete aplicar la ley, en materia de juicio político, es solamente a los 10 diputados restantes que se opusieron a éste acto irresponsable e ilegal, porque los otros 11 deberán excusarse y abandonar la sesión del pleno en que se juzgue su caso, porque así lo determina, también, la propia Constitución. Adiós.
¿Seguirá el reino de la impunidad y del arreglo “político”?
El gobernador no debe permitir un atropello tan burdo e ilegal.
Si logran salvarse de ésta, y van a continuar funcionando ilegalmente, según ésta pequeña muestra que ya nos dieron, mejor váyanse a su casa y dejen trabajar a sus suplentes y a los otros 10 que sí dieron muestras de querer cumplir con lo que la Constitución establece.
Mandaron la cultura de la legalidad al bote de la basura debiendo ser sus promotores y salvaguardas. ¡Felicidades!Adios.
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