Y todavía escuchamos y leímos a infaltables despistados o interesados, que afirmaron con tonos grandilocuentes: “estamos viendo una manifestación de la democracia imperante en el Congreso.” Contra estos incontinentes verbales exhale usted aquí, ruidoso lector, la onomatopeya que corresponda para producir una sonora y prolongada trompetilla. No sé en qué planeta vivan, aunque sospecho el lugar: pejelandia o foxilandia, a escoger. O simplemente en la ignorancia que es peor.
Cuando el Congreso se opone sin razón legal y obstaculiza una propuesta de cualquier índole violando la Constitución, nadie puede razonar que este hecho obedece a un comportamiento republicano, democrático y autónomo. Al contrario, actuaría fuera de la ley. En cambio, discutir y disentir con argumentos sobre las propuestas, cualquiera que sea su origen, apegados a derecho y respetando las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias, ese sí es un ejercicio pleno y meritorio de la democracia, la legalidad y la autonomía del poder legislativo.
Y me pregunto, ¿qué pasaría si algún ciudadano o el propio poder ejecutivo del estado hubieran iniciado una demanda de juicio político en contra de esos 11 legisladores, por negarse a cumplir disposiciones constitucionales? Jurídicamente sería el camino más complicado porque la misma la cámara de diputados tendría que juzgar a 11 de sus miembros, lo cual condenaría esta hipotética opción, muy probablemente, al reino de la impunidad. Pero cualquier ciudadano que se sintiera ofendido por el actuar de los diputados estaría en su derecho de demandarlos y me parece que quien lo hiciera tendría todas las probabilidades de ganar si prevaleciera el estado de derecho, ¿no les parece, justicieros lectores?
Imagínese usted, obediente y sumiso lector, qué hubiera pasado si uno o dos de los tres eminentes abogados integrantes de la más reciente terna propuesta para ocupar un cargo de magistrado en el poder judicial, hubieran decidido, al mismo tiempo o en diferentes momentos, solicitar el amparo de la justicia federal en contra de las ilegales decisiones del Congreso, al negarse éste, rotundamente, a acatar una designación del ejecutivo respaldada jurídicamente en una disposición constitucional que establece con nitidez su facultad plena y legal para hacer el nombramiento.
¿No lo habían pensado? Pues váyanse preparando porque el sueño se les puede convertir en una pesadilla. El camino legal que se percibe, y ya se vislumbra por una rendija, es el amparo de la justicia federal por parte de uno de los ofendidos abogados propuestos.
Éstos 11 zafios legisladores no saben en la que se metieron, y en la que van a sumir a su estado, al dar a luz a un engendro inédito a nivel nacional. Ya tienen de qué presumir. Por lo pronto, el Congreso ya recibió una advertencia inicial, clave para la futura demanda, por parte de la abogada propuesta que fue ignorada, en donde le solicita al Congreso le indiquen porqué no le fue tomada la protesta constitucional una vez que ya había sido designada como magistrada por el gobernador del estado de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y existe constancia de su nombramiento.
Si esta demanda prospera, y no veo razón legal por la cual no sea aceptada, es previsible que el contrincante del Congreso no sea, según ellos, una solitaria, desvalida y ninguneada abogada sino el Poder Judicial Federal por la vía del amparo.
Los dos escenarios descritos son de pronóstico reservado: el posible amparo de uno o dos de los ofendidos y la demanda de juicio político. Ambas opciones podrían originar un verdadero embrollo que pocos podrán resolver en el corto plazo, dando origen a un pleito que podría durar años; se imagina, amparado lector, los costos millonarios que usted y yo tendremos que pagar con nuestros impuestos, por la indispensable contratación de abogados expertos en estas materias, porque el Congreso no los tiene a su servicio y la abogada se defenderá sola en un inicio, porque tiene solvencia técnica y parece que le sobra lo mero principal: no permitirá que nadie atropelle de sus derechos. ¿Se imagina usted, legalista lector, el costo político para los actores locales enfrascados en una pelea casi permanente contra el Poder Judicial Federal? Se imagina el tiempo que le tendrá que destinar el Congreso a este asunto nomás para defenderse, y al final, perderlo todo. Será el poder judicial federal contra el poder legislativo del estado. David contra Goliat, con la salvedad que este pequeño David ya no tiene cantos rodados en el morral. ¿Y si gana la abogada qué pasará con el recién nombrado magistrado quien ganó su nombramiento por un oscuro defaul? Seguramente su nombramiento será nulo. De pechito. Váyase a comprar sus palomitas y una bebida, festivo lector, para disfrutar de esta tragicomedia largamente anunciada.
Si en el Congreso tienen operadores políticos eficaces pónganlos a trabajar con urgencia, para que resuelvan este galimatías en el que su padrino los empinó y en la gustosos se acomodaron, antes de que llegue a los juzgados; si hubiera una demanda de amparo y llega a las manos de un Juez de Distrito y la acepta, el Congreso quedará convertido en talco. Y en este viaje irán solos.
¿O esperan que entre al rescate el gobernador, a quien también ningunearon? Ya ha salvado a varios que estaban a un paso del abismo, así que no sería nada extraño que se apiade de ustedes y le entre al quite, pero no hay garantía de éxito.
¿No pensaron en esto los 11 ilustres patricios que elegimos?
¿No pensaron que son nuestros representantes en el Congreso, de todos los ciudadanos, y no de su jefe? Recuerden que quienes los elegimos fuimos nosotros, todos los sudcalifornianos. ¿O no?
¿No pensaron los 11 célebres protagonistas de la sinrazón, en el riesgo de que existiera una demanda de amparo en contra del Congreso por alguno de los ofendidos abogados propuestos, con grandes probabilidades de ganarla? ¿Cuándo exista qué van a hacer? O mejor dicho, ¿ya consiguieron abogados expertos? Y cualquier salida que hubieran pensado, cosa por demás dudosa, más vale que comiencen a actuar con la ley en la mano porque de una vez se los auguro: si hay demanda de amparo van a perder. Y perderán, aparte de lo irrecuperable que ya extraviaron, el cobijo de la legalidad para lograr una quemada monumental de la que no se recuperarán nunca. Con el agravante de que, al perder, esta legislatura tendrá para siempre el sello de la ilegalidad y la incompetencia por culpa de 11 mafiosos. Sin deberla ni temerla, enlodaron a los otros diez diputados y diputadas.
Lo menos que debería haber hecho esa legislatura en cuanto terminó el desaseado proceso de elección del magistrado, por educación y sentido común, era reconocerles a los candidatos no elegidos, en publico o en privado, la decencia y madurez que mostraron, al haber zanjado con extrema prudencia este ingrato asunto porque, aparentemente, habían decidido retirarse de la contienda con profesionalismo y cortesía. Pero en el Congreso no lo hicieron, no operaron nada en ese sentido. La maniobra de sutura, imprescindible en estos casos, nunca la hicieron porque están instalados en la soberbia, y pensando que su padrino los va a proteger y a salvar, y resulta que no podrá defenderlos de la batalla legal y del descrédito cuando les estalle.
En el Congreso están viviendo el paradigma de la rana, y lo grave es que no se han dado cuenta.
Cuando el poder ejecutivo y el legislativo no disponen de operadores eficaces ni claridad en el marco legal al que deben de sujetarse, sólo podrán dar a luz una serie de actos grotescos de antología como los que hemos visto.
En el recuento final, nadie ganó. Todos perdimos.
Perdió el gobernador porque su candidato era justamente el que obtuvo la mayor cantidad de votos de los legisladores desde la primera terna en que participó: Augusto Jiménez Beltrán, quien demostró ante los legisladores solvencia técnica y conocimientos más que suficientes en la materia.
Perdió el Poder Judicial del estado al seleccionarse un candidato que no recibió apoyó de ningún legislador, el de cero votos, quien además está contaminado por problemas legales sucedidos en el pasado.
Perdió la única abogada integrante de la terna designada por el ejecutivo, quien obtuvo el segundo porcentaje de votos más alto de los legisladores y mostró capacidades y profesionalismo en su materia.
Perdió el Congreso y aumentó su ya dilatado desprestigio.
Perdimos los habitantes del estado porque la consecuencia negativa para los ciudadanos fue que, ni los diputados ni el gobernador, seleccionaron al mejor candidato.
Perdieron también la razón, la eficacia y la política.
Quiero corregir. En este carnaval de perdedores si hubo un ganador, pero ganando perdió. Es aquel jefe mafioso que se encargó de “armar y operar” este vergonzoso motín. El padrino.
¿No pensaron, señoras y señores legisladores?
¿No han aprendido que los ciudadanos de Sudcalifornia, quienes los elegimos, ya no queremos mafiosos ni pandilleros incompetentes en el Congreso ni en la administración pública?
¿No pensaron?
Seguramente no lo hicieron.
Así que prepárense para el infierno legal que parece venírseles encima.
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