Hoy me desayuné con la noticia de que una persona, doblemente ofendida, primero por un malandrín y luego por el sistema de “justicia pronta y expedita”, se dio el lujo de celebrar el sexto aniversario del incumplimiento de una sentencia por daño en las cosas. Llevó un pastel de tres leches a las oficinas del poder judicial y celebró, en pleno juzgado primero penal, la “justicia pronta y expedita” que nos recetan todos los días el gobernador del estado y la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia. No sé si cada una de las tres leches del festivo pastel le correspondían a cada uno de los poderes del estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por aquello de la mala leche que a cada uno le toque. Colocaron en el pastel sus respectivas seis velitas e hicieron partícipes de la celebración a todo aquel que quisiera conmemorar con un emblemático pedazo de pastel símbolo de la miserable justicia obtenida. Espléndida idea. No fui porque no me invitaron y creo que me perdí de un gran mitote. Me imagino que si todos los afectados por ese atole con el dedo que se llama “justicia pronta y expedita” se pusieran a celebrar los años de incumplimiento de las sentencias del poder judicial, de sus interminables juicios y de las investigaciones de la Procuraduría, no habría espacio para dar cabida a los oficiantes. La afectada que organizó la “fiesta” forma parte de los miles de ciudadanos profundamente ofendidos por el sistema de impartición de justicia que padecemos en Baja California Sur. Para ser precisos, nos referimos a los afectados en los 42,165 asuntos de toda laya que se encuentran en manos de jueces y magistrados. Ni más ni menos que el 8.43% de la población total del estado tiene un problema legal directo en donde hay al menos una victima y un victimario. Sin contar el sector laboral ni agrario. Este dato está en línea con el más reciente resultado para BCS de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. de la cual hablaremos en otra entrega. Si esa cifra la multiplicamos por las familias afectadas fácilmente colegimos que se tiene vinculada y sometida a tortura legal a una población cercana a los ¡¡211 mil habitantes!! ya que un problema de este tipo afecta no sólo a la persona que demanda sino a todo su entorno familiar cercano y a veces no tan próximo. Y entonces, atónito lector, nos damos cuenta de que el desvencijado sistema de justicia disponible en el estado afecta ¡¡al 42% de la población!! sudcaliforniana. Nomás. La referencia resulta pasmosa por increíble pero los datos de los juicios son del poder judicial, en voz de su Presidenta. Si no lo creen échenle cuentas.
Que a todos nos quede claro: tenemos un sistema de impartición de justicia de porquería. Por la razón que sea. Por accidente o a propósito. Usted júzguelo, amparado lector.
Hemos sostenido en anteriores colaboraciones que el actual sistema de impartición de justicia que padecemos los sudcalifornianos es verdaderamente lamentable. Y hablo del sistema en su conjunto, que incluye no solamente al Poder Judicial sino también a la Procuraduría y a la policía. Es de esta manera como debemos considerar el aparato de justicia, analizándolo como un todo, integralmente, y tratar de resolver cada una de sus partes mediante un tratamiento sistémico. No se vale atender solo una parte de ese complejo universo, porque al hacerlo así, se produce un desbalance en el resto de los elementos que contribuyen a la impartición de justicia en nuestro estado. Es decir, no es posible apoyar solamente al Poder Judicial y no hacerlo con la Procuraduría o con la policía. Es fácil entender que si mediante alguna modificación o apoyo extraordinario se terminara el rezago en la Procuraduría, buena parte de esos expedientes terminarán en el poder judicial y se acumularían ahí montañas de asuntos sin posibilidades de solución al no modificarse la otra parte. ¿Cómo van a aplicar el nuevo Código de Procedimientos Penales si no tienen estructura ni personal? No hay capacidad de respuesta porque el aparato de procuración de justicia en el estado está en la miseria, en la pobreza extrema.
Insisto en que es indispensable una reforma integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Es un asunto pendiente que no puede ser diferido por más tiempo. En primer término el gobernador Agundez debería poner a trabajar a sus asesores para que realicen un buen diagnóstico integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Y si no pueden pues que contraten el estudio. Pero su diseño, armado y operación tardará cuando menos dos años, así que en el inter, algo deben hacer el Congreso y el gobernador Agundez para resolver el problema. La responsabilidad inicial es del ejecutivo del estado porque es quien elabora el presupuesto de egresos, y en segundo lugar del Congreso que lo evalúa y lo autoriza. Lo demás dependerá del Poder Judicial. Debe terminarse ésta inercia insultante en la que todos somos agraviados.
Pronto nos tocará ver el grado real de compromiso que tiene el gobernador Agundez con la ciudadanía en esta materia pendiente que nos afecta negativamente a todos por igual.
El proceso de análisis y autorización del presupuesto de egresos del próximo año será una espléndida oportunidad para ver si el gobernador verdaderamente tiene interés por intentar resolver este problema o si van a seguir dándonos atolito con el dedo. En lugar de mejorar la situación que tenemos empeora año con año, y éste demérito nos ha llevado, además, a ocupar el lugar numero 27 entre todos los estados del país en cuanto al Índice de Desarrollo Humano al que nos referimos el 17 de agosto de este año en otra colaboración. Ocupamos un lugar vergonzoso en el escenario nacional.
¿Cómo es posible que con el 1.45% del presupuesto de egresos del estado se pretenda resolver el gran rezago de años que existe en el poder judicial? El porcentaje equivale a 66 millones de pesos en este año. Esta cantidad es la menor para este año en la distribución que propusieron el ejecutivo anterior y el Congreso del estado, y es finalmente, la que autorizaron los diputados, porque es nada lo que modifican a pesar de tener facultades para ello. Hay oficinas administrativas de bajo o cero impacto social que, inexplicablemente, gozan de un presupuesto mayor al del poder judicial. Para Ripley.
Por los años de abandono y apatía se requiere cuando menos el doble del presupuesto actual para comenzar a salir de ese agujero negro. A reserva de contar en un futuro cercano con una profunda reforma de todo el sistema.
Usted gobernador Narciso Agundez tiene la obligación ineludible de resolver este problema en el ámbito de sus atribuciones. Si no lo hiciera, por la razón que sea, aún nos quedan los diputados quienes en uso de sus facultades podrían, si quisieran, modificar el presupuesto y dotar al poder judicial y a la procuraduría de los recursos indispensables para iniciar ya la solución del problema. Ojalá y las usaran. Ambos. Inclusive los fondos adicionales, si los hubiera, pueden ir etiquetados desde el Congreso para que no se destinen a privilegios ni beneficios indebidos.
Si el legislativo y el ejecutivo no actúan, el Poder Judicial por sí mismo no tiene posibilidades de modificar esta situación de gravísimas carencias materiales y de personal que realmente tienen, y en estas condiciones, cada día será más grave la falta de justicia para los ciudadanos de sudcalifornia. Si en realidad nuestros gobernantes quieren que tengamos “justicia pronta y expedita” como lo pregonan, pues que lo demuestren. Queremos hechos, no más saliva.
Lo menos que les pedimos a los más altos representantes de los poderes en el estado: el Gobernador, la Presidenta del Tribunal y la Presidenta del Congreso, es que se reúnan para enterarse del desastre existente en la impartición de justicia en Sudcalifornia. Sin autoelogios y sin engaños. Objetivamente. Son años de indiferencia.
Importante será evitar el riesgo de que los posibles incrementos presupuestales logrados, se destinen a aumentos de sueldo en esta primer etapa. Al menos no todo. No queremos que cunda el indigno ejemplo de los vividores de la Suprema Corte. Se requieren espacios dignos, equipo, y personal capaz y eficiente. Quedará a cargo del poder judicial la alta responsabilidad de la contratación de personal eficaz y comprometido con la legalidad, usando para ello los filtros adecuados. Que no acepten improvisados, corruptos ni vividores.
Así que pronto percibiremos el grado de compromiso del gobernador Narciso Agundez y de la Presidenta del Congreso. Ya falta muy poco. Al fin veremos, con certeza, si lo que quieren nuestros próceres políticos es que las cosas sigan de mal en peor, otorgando esa justicia de saliva que propicia divertidos festejos tragicómicos de los agraviados.
Podremos, también, tener una clara definición sobre cuáles son las prioridades de éste gobierno reflejadas en el uso que le darán a nuestros impuestos el próximo año. El próximo presupuesto será 100% agundista. ¿Y también el del Congreso actual? Resolver éste problema en particular, incidirá de manera determinante en el mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano.Pero no adelantemos vísperas, ya lo veremos.
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