Lo que nos faltaba, un pata salada en alto riesgo de ser desaforado.
Veremos el espectáculo en primera fila.
Los afectados por éste síndrome aplican la idea cándida y a veces paranoica, de que solamente debe cumplirse la ley si ésta me acomoda, si no es así, pues simplemente no la acato, y ávidos de protección, se encaraman en la “sociedad civil”, en el “pueblo”, para que defiendan lo que, según el poseedor del síndrome, admite como lo justo, con razón o sin ella. A quienes lo padecen no les importa nada más, enceguecen, ni siquiera miden las consecuencias que sus actitudes provocarán. Las autoridades que lo sufren ya no usan el sistema de procuración de “justicia pronta y expedita”, tal vez porque no sirve para nada, excepto para los discursos.
Los perredistas saben bien lo que es un desafuero. Me parece que también todos los mexicanos lo conocemos, lo aprendimos a golpes mediáticos. Pero los del sol amarillo, esa izquierda gelatinosa, oscilante, tribal y a veces informe, lo vivieron en carne propia en contra de uno de sus líderes, a quien convirtieron desde foxilandia y para todo el país en “víctima del poder”, en un escenario de escándalo nacional y con todos los actores políticos y mediáticos interviniendo durante cinco años. Y todos supimos, los de dentro y los externos, qué era un desafuero y el acelerado desgaste que produce tanto en el particular que acusa a la autoridad cuando ésta viola un amparo y comete con ello un delito; a lo anterior súmele la participación de las múltiples autoridades e instancias que deben de actuar ante este hecho delictivo como el Poder Judicial pasando por el Congreso. Un incidente punible de este tipo desencadena el funcionamiento de toda la estructura del estado, de los tres poderes de la Unión. Y en el caso de un amparo es decisiva la intervención del Congreso y del Poder Judicial Federal.
En el episodio memorable del predio Punta Arenas ¿existió un amparo? Pues según los dueños del predio sí lo solicitaron, les fue concedido y se encuentra en proceso. Es el 625/2005 y está en el Juzgado II de Distrito. Es federal. Y se violó. Ante la desobediencia de la autoridad, el particular agraviado debe denunciar la violación ante el juez federal y éste una vez verificada la violación, tendrá que notificar a la Procuraduría General de la República (PGR) que hubo un delito penal, quien deberá investigar y probar el delito para determinar que, en efecto, se cometió la violación al amparo concedido. Se llama desacato y lo investiga el Agente del Ministerio Público Federal. Éste con la acusación fundada, solicita ante el Congreso local que le quiten el fuero a la autoridad o autoridades que violaron el amparo. Para ello los diputados deben instalarse en jurado de procedencia para atender y resolver la solicitud de la PGR y “juzgar” para decidir si conceden el desafuero o no evaluando las pruebas aportadas para definir si se incurrió en la violación del amparo federal otorgado por una autoridad jurisdiccional competente.
Es un mecanismo político administrativo sumamente complejo que requiere de la concurrencia de varios factores y múltiples actores políticos importantes en el nivel local y federal. Y comienza a desatarse el nudo gordiano llamado fuero constitucional del que disfrutan todas las altas autoridades del estado y federales. Ya sin el manto protector del fuero, es cuando un juez penal federal puede iniciar el proceso penal por desacato en contra de la autoridad.
La denuncia por la violación del amparo que se presenta ante la PGR, provendrá del Poder Judicial de la Federación. En este momento, el delito se persigue de oficio, ya no importa si hay o no arreglo o negociación con los particulares afectados para detener la debacle, por lo que el trámite para actuar penalmente continuaría, ya que no procede el perdón del ofendido porque el denunciante es el Poder Judicial de la Federación. ¿No sabían esto sus abogados defensores? Si esto es correcto, no sé de dónde viene el optimismo del Alcalde para asegurar que “la empresa Punta Arena de la Ventana dijo que se desistiría de toda acción judicial contra el Ayuntamiento, esperemos que así suceda, que se respeten los acuerdos...”. Con los abogados y asesores que tiene, no veo por dónde pueda salir de la bronca. Tal vez ni con los mejores.
Así que ¿cuál era la necesidad, cuál el afán de que el mismísimo Presidente Municipal encabezara una muchedumbre y violara un amparo a sabiendas?, porque, según sabemos, se lo presentaron en el momento, ya en el predio, cuando, aún así, decidió junto con otras personas, autoridades y legisladores, derribar los cercos y cortar cadenas y candados. Contra éste argumento, sostienen las autoridades del municipio que la notificación oficial fue hasta el día siguiente y por lo tanto “no sabían que había un amparo”. Hay cientos de fotos en los periódicos, evidencias en las revistas, reportajes video grabados de las televisoras, discursos, declaraciones y testimonios de varios de los participantes. Ni para donde hacerse. Ni modo de decir “yo no fui”. La cultura de la legalidad depositada en el bote de la basura.
Todo por un ataque de fiebre de muchedumbre causado por el enojo justiciero ante la presunción de una infamia cometida en contra de pacíficos vecinos por un abusivo gringo ricachón. Fue un acto políticamente sublime, orgásmico, paradigmático, envidiable, éticamente justo, digno de un político integro, cabal y decente, pero... jurídicamente ilegal cometido por una autoridad en contra de un particular a quien debió haber vencido en un juicio y no por la fuerza de la multitud. Fue el mitin perfecto, el que codician y buscan los grandes líderes, a veces toda su vida y casi siempre sin conseguirlo. La vida política en un lance, por una foto sublime para el registro de la historia: 7 de octubre de 2005. Pero también se convierte en la puerta de entrada a un túnel pantanoso y desconocido, sin más opciones que la muerte política o la gloria para siempre. En “El túnel sin final” nos dice Ismael Rojas, pequeño creador de 11 años que podemos leer en la colección Biblioteca de Pequeños Creadores: “En la iglesia de la misión hay un túnel que se supone llega hasta el panteón. Muchos valientes han seguido ese camino; jamás regresan, es como si se los tragara la tierra”. ¿Será una alegoría de éste pequeño escritor sobre nuestro aguerrido y valiente Presidente municipal? Ojalá que no. Espero que no.
De todas maneras no sirvió de mucho porque el gringo ya con la rabia encima y sus billetes verdes por delante, volvió a poner sus cercos, cadenas, perros, guardias y candados, impidiéndole de nuevo a la población el acceso a las playas. Se burló de todos los paceños incluyendo al profe justiciero.
Pero ¿algún sudcaliforniano en su sano juicio piensa que un Congreso local como el que tenemos, mayoritariamente perredista, decidirá a favor del desafuero de otro perredista? Puedo apostar, sin ninguna duda, que no lo harán.
Es probable, sólo probable, que el Presidente Municipal tenga también a su favor al Gobernador del Estado y al Poder Judicial local, no de manera abierta y comprometida, ni en público, porque además, tampoco tienen vela en este entierro de manera directa, ya que el asunto es de ámbito federal y ellos no intervinieron en el acontecimiento justiciero. Ah, y también tendría a su favor, por supuesto, a dos personajes de nuestro tiempo: a la infaltable “sociedad civil” y al mítico y mitotero “pueblo”, quienes respaldarán a su líder hasta la muerte.
Así que hoy es posible que no pase nada; pero mañana quién sabe, o dentro de tres años cuando termine el periodo constitucional, nadie lo puede asegurar.
Hay que poner a trabajar a los abogados que son los únicos que saldrán ganando con este lío. Quienes no ganarán nada son el gringo ricachón y el profe vengador de la honra y los derechos del “pueblo”. Por lo pronto, al gringo ya le cayó la justicia laboral y le embargaron la propiedad porque despidió personal sin liquidarlos conforme a la ley, pero lo puede resolver con menos de un millón; los últimos reportes indican que el gringo abordó su avioneta y huyó a su país. Y al profe, en cambio, si no hay desistimiento del agraviado, le continuarán tundiendo legalmente ya no el gringo, sino el Poder Judicial Federal hasta el fin de su mandato. Y tal vez aún después porque estos juicios son eternos.
Continuaremos en la próxima entrega.
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