La verdad no lo creo porque siguen ocurriendo extorsiones a los sudcalifornianos cometidas por delincuentes internados en los penales.
En general las autoridades son lentas, omisas y favorecen con ello la impunidad de los delincuentes. Son varios los estados que ya han atacado este cáncer pero a nuestras autoridades no les ha caído el veinte de que son ellos quienes tienen que hacer algo con urgencia. ¿Usted lector, tiene alguna idea de qué están esperando para actuar?
Recientemente ocurrieron dos extorsiones provenientes de los penales del estado, en particular del de La Paz. Primero amenazaron a un funcionario bancario con secuestrarlo si no depositaba una determinada cantidad de dinero en la cuenta que los delincuentes le indicaron usando para ello un teléfono celular. La otra extorsión que sucedió es la ya clásica llamada en que los delincuentes le hablan a su casa para indicarle que un familiar en camino a visitarlos con toneladas de regalos, está detenido por contrabando o posesión de drogas en algún aeropuerto y le piden a los asustados e ingenuos familiares que depositen una lana para “liberar” a alguien que ni siquiera conocen. Ambos son casos que me constan, así que debe haber muchos más.
Pero ni el Gobernador del estado ni el Procurador ni mucho menos el Secretario de Gobierno han hecho nada por impedir que extorsionen a sus gobernados. Cuando digo nada es literalmente eso: nada. ¿Y el flamante Secretario de Seguridad Pública? Menos. Y conste que esa es su chamba, su absoluta responsabilidad. Tal vez piensen que “son muy pocos” los casos que han ocurrido y no vale la pena hacer nada por ahora. Pero que no se nos olvide que el incremento de estos delitos en los últimos cinco años ha sido impresionante a causa de la impunidad que prevalece.
Es caso es que estos especializados delincuentes continuarán impunes gracias a la pasividad de las autoridades.
¿Porqué no han bloqueado las señales de teléfonos celulares que salen del interior de los penales?
¿Porqué no han invertido una minúscula parte de su presupuesto para impedir que los delincuentes continúen dañando a la sociedad?
¿Quiere usted una respuesta a las interrogantes anteriores?
No les importa en lo más mínimo.
No es que no tengan presupuesto para detener este ilícito porque siempre hay modo de conseguir lo que hace falta. Tampoco se debe a que ignoren lo que está sucediendo en sus propias narices.
¿Cuánto tiempo hace que las autoridades saben que somos extorsionados por delincuentes internados en los penales del estado?
Meses y meses de impunidad.
Meses y meses de incompetencia y probables complicidades.
De otra manera no se explica porqué no han hecho nada. ¿Qué vacilada tendrán para justificar su inactividad?
Fíjese usted extorsionado lector, hay estados en los que sí les interesa el bienestar de sus ciudadanos. Es el caso de Aguascalientes porque en cuanto se enteraron sus autoridades que la mayor parte de las llamadas de extorsión provenían de los penales, de inmediato instalaron los bloqueadores de señal desde el año pasado, septiembre para ser precisos, sin esperar a que se presentaran casos de extorsión en su estado. En cambio, en Baja California Sur las autoridades competentes, o mejor dicho, los irresponsables de atender este cáncer continúan durmiendo la mona, ahora junto con Santa Clos.
A ver hasta cuando.
Sería bueno que nuestras autoridades en lugar de posar para una buena fotografía muy sonrientes y felices entregando patrullas y armas para “aumentar” la seguridad de los ciudadanos, impidieran por medios ya probados y eficaces, la emisión de llamadas provenientes de teléfonos celulares que se realizan desde los penales del estado, en donde, supuestamente, está prohibido su uso por los reos.
¿Por qué no lo han hecho?
Pues simple y sencillamente porque a nadie le importa.
No hay fotos. Y porque el hecho de impedir este tipo de llamadas no viste a nadie porque no se ve lo que están bloqueando. Ni modo que le saquen una foto a la señal electromagnética que están bloqueando. Esto no tiene impacto mediático.
Además para qué actuar si la introducción de artilugios y materiales prohibidos a los penales les produce a las autoridades cantidades inimaginables de dinero a unos cuantos vivos sin dejar huellas aparentemente.
Así que este asunto de defender a la sociedad sacrificando la ganancia de cantidades millonarias para unos pocos corruptos no es negocio. Las perdidas serían cuantiosas e irrecuperables si las autoridades actuaran.
Otra razón es que simplemente las autoridades tienen sus prioridades en otro lado y, desde luego, nada tienen que ver con la seguridad de los sudcalifornianos.
Además ya vienen las campañas en serio y tienen que sacar dinero hasta de las piedras, y los penales son una fuente inagotable de ingresos.
Sí, vacacionista lector, ya sé que es el colmo, casi un sacrilegio, pedirles al Gobernador, a su Secretario de Gobierno, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador del estado que atiendan este problema en plenas fiestas navideñas, posadas, reyes magos y mucha champaña, cuando se encuentran atolondrados por tanta fiesta, y así continuarán hasta el fin de este año. Además, tienen que comprar regalos y cumplir agotadores compromisos.
¿A quién carajos le importan unas cuantas extorsiones en estos tiempos?
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