¿QUÉ PASA EN EL CONGRESO? (I)

Mario Puzo es el autor de la novela El Padrino, un éxito mundial en el género, y un suceso cuando se convirtió en una serie de tres estupendas películas (1972, 1973 y 1990) hoy elevadas a la categoría de clásicos del cine contemporáneo gracias al tino y la maestría en la dirección de Francis Ford Coppola. En una de ellas, la primera, vimos por ultima vez a uno de los mejores actores de todos los tiempos: Marlon Brando, tal vez en su mejor actuación. La película se llevó tres oscares de nueve. En la de 1972, la primera, se narra la preocupación de un hombre por acrecentar y conservar su red de complicidades, regido por principios en los que predomina, por encima de todo, la familia como núcleo central de su actuación, la lealtad, los amigos, el deber, la defensa de sus miembros, y en donde el fin común, es la conservación del poder al costo que sea. Se mezclan valores y contravalores para conseguir sus propósitos mafiosos.
Si uno revisa con cuidado lo que está ocurriendo en el Congreso local y en algunas áreas del ejecutivo del estado, veremos una reedición de los personajes de la célebre novela, con la diferencia de que actúan con desaseo, operan peor y algunos están obcecados por entregarse con enfermiza pasión a la defensa de su camarilla y de sus privilegios.
En el Congreso ocurre exactamente lo mismo que en el resto de los poderes, hay un miembro del clan o varios, que tienen el control total del estado por lazos de familia, intereses y complicidades inconfesables, y gracias a eso, la garantía de que las instrucciones serán acatadas para que todos sus intereses, legítimos o ilegales, sean defendidos contra cualquier amenaza cierta o infundada.
Los sucesos ocurridos en el Congreso para seleccionar un magistrado, bien podrían pasar por una tragicomedia de incompetencias, desatinos y traiciones, pero no es así. No son, en éste caso al menos, ni incompetentes ni torpes, son 11 “representantes populares” políticamente interesados, cómplices inconscientes empujados o miembros distinguidos de una red mucho más amplia en la cual ellos funcionan obedeciendo, y no precisamente los intereses de los sudcalifornianos, como sería su obligación jurada, sino los de un grupúsculo.
Y sorpréndase, disciplinado lector, desde posiciones importantes del ejecutivo se obstaculiza y nulifica al gobernador para que se respeten las “otras” instrucciones y acaten sin chistar los dictados del padrino o de sus correas de transmisión.
No quieren entregarle nada a Narciso Agundez, y gratis menos, ni siquiera un pedacito del chimango. Cuando intenta tomar el cuchillo para cortar un trocito, lo frenan porque tienen el control de todo el aparato de mando en el gobierno estatal mediante gente incondicional sembrada en posiciones estratégicas de los tres poderes del estado.
Éstos 11 inconscientes congresistas violaron la Constitución en dos ocasiones y ni a calor les llegó. Se pasmaron en un ciénaga. Y les voy a dar un consejo señoras y señores congresistas: cuando un desorientado, que para el caso son 11, se encuentra sumergido en un pantano, lo mejor es no moverse, no hacer olas, porque lo único que logra es hundirse más, hasta el fondo. Y se movieron de más, afectaron la dignidad y el prestigio de las personas y deshonraron varias instituciones dañando la legalidad. Lo más importante, es que los derechos legales de los afectados están vivos, por lo que ya veremos cómo salen de ésta sin embarrarse, a placer, con el espeso lodo del desprestigio.
Acordémonos, memorioso lector, de algunas de las increíbles torpezas cometidas. Primero, el Congreso renunció a su derecho en la designación de un magistrado, y entonces, el ejecutivo eligió a la única abogada integrante de la terna de su propuesta más reciente y le notificó su decisión constitucional al Congreso en donde, en forma majadera, absurda e ilegal, se negaron a formalizar su nombramiento, legalmente válido. Dijeron que no y comenzó la asonada, el gober apechugó, aguantó vara como los buenos y mostró sensatez. Nadie operó, y quien pudo hacerlo no quiso.
Sin cancelar la primera designación, después, en un segundo intento, el gobernador nombró a uno de los dos abogados de la misma terna, el que obtuvo la fantástica cantidad de ¡cero votos! de los legisladores, y el Congreso, por la vía de los 11 opositores, alegando no sé qué simpleza que debieron investigar antes, les negaron, al gobernador y al designado, terminantemente, la posibilidad de formalizar ese segundo nombramiento, otorgado también legalmente, conforme a derecho, en estricto respeto a la norma constitucional. El gobernador continuó aguantando vara y mostrando cordura pero ya con el látigo en una mano y la espada desenvainada en la otra. Alguien ya comenzó a operar.
Luego, el ejecutivo volvió a insistir, por tercera ocasión, en su segunda propuesta para que el Congreso formalizara el nombramiento realizado conforme a derecho y ¡finalmente!, los diputados “aceptaron” la propuesta del gobernador, optando por salirse del salón de la infamia, del ridículo y la ilegalidad a través de la puerta que les volvió a abrir, con una paciencia de mártir, el propio ejecutivo. Y nadie operó para cancelar el primer nombramiento, el legal, y continúa vivo.
Ya no supimos si el gobernador seguiría aguantando vara ni hasta cuando, porque los actos delincuenciales, aparentemente, se terminaron y acabó, tal vez, también el espectáculo. No supimos tampoco, si el gobernador tiene más madera de santo varón que de político tenaz, habilidoso y ecuánime, aunque nos ha dejado ver destellos de estas cualidades.
Y ya en los terrenos de la especulación pura, si los legisladores no hubieran “aceptado” la tercera designación, le quedaba al ejecutivo un abogado más, el otro de la terna, Augusto Jiménez, el que obtuvo más votos de los legisladores y sólo le faltaron dos para calificar. No habría más, al menos en esa terna. Aunque en realidad, buscándole, sí hay más elegibles, el ejecutivo y los diputados podrían haber recurrido a la membresía del Colegio de Abogados para que, en este juego perverso de los 11 opositores, le dieran la vuelta a todos los profesionistas del ramo en el estado; luego, podrían seguir con los del país y finalmente acudir a los abogados del mundo en busca de un buen magistrado.
Al fin ya vieron que, en este insensato juego de las vencidas, el gobernador aguanta vara.
A este joven abogado Jiménez Beltrán, le mandaron un atento recado por medio de la prensa, al estilo de los políticos mafiosos, en el cual, “expertos constitucionalistas” locales “descifraron” en la Constitución el requisito que, según ellos, cancelaba su derecho para acceder al cargo, y con ese argumento doloso lo descalificaron, a la mala, porque fue secretario general en la anterior administración del Ayuntamiento de Los Cabos, como si el haber tenido ese puesto lo convirtiera en “secretario del ramo o su equivalente” según reza el precepto constitucional en una de sus exigencias para ser magistrado. No puede ser más forzada y torpe esta interpretación, y es tramposa porque el término “secretario del ramo” se refiere a los cargos administrativos del ejecutivo del estado y “su equivalente” correspondería al puesto de algún coordinador de ámbito estatal. Un secretario del ramo sería, por ejemplo, el Secretario de Turismo, y “su equivalente” correspondería a una posición de coordinador como la que existía antes en materia de seguridad pública, por ejemplo.
Y lo peor, en el Congreso pretenden continuar navegando en ese barco, como si no hubiera pasado nada, no se dieron cuenta de que emprendieron la travesía sin levantar una de las dos anclas, tal vez la más pesada, y empecinados como están hay el riesgo de que no avancen, y los jalen de regreso al puerto de la legalidad con una alerta federal, que los va a llevar, en su breve historia de desatinos, al naufragio del barquito de papel en el que viajan porque está dirigido por un capitán que ni siquiera viaja en ese barco. El mentor va en otro, viento en popa.Continuaré y terminaré en la próxima entrega.