LOS VALORES ENTENDIDOS DEL FONAES

Por esta ocasión no me referiré a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada aunque el asunto que trataremos así lo parezca. En realidad es a otro tipo de delincuencia organizada que sanciona otra legislación y es aplicable a los funcionarios públicos federales mediante una ley que regula su desempeño para evitar fenómenos de corrupción y prácticas indebidas que se dan en cualquier ámbito del servicio publico cuando dos o más personas, se asocian para cometer un delito y existe un reciproco beneficio cuando actúan, concertadamente, como lo que son: unos hampones.
Por la vigilancia sistemática que existe, estas bandas se deben organizar bien para cometer sus tropelías. Pero siempre falla algo: no cuentan con que hay una dificultad real para mantener en secreto este tipo de información por mucho tiempo, porque hay otras personas que conocen el caso y no pertenecen a la banda, y hay algunas más, que resultaron afectadas directamente por este rapaz comportamiento. Siempre hay de los dos tipos y tarde o temprano divulgarán lo que saben. El crimen perfecto solamente se encuentra en alguna buena novela policiaca. En nuestra realidad, solo existe una red de complicidades para el uso mafioso de presupuestos y la obtención de beneficios indebidos.
Personas afectadas me han hecho llegar información adicional sobre la piñata de 5 millones de pesos que rompieron en el FONAES quedándose con todos los dulces y cacahuates, y que complementa los datos que le comentamos en una entrega anterior. Me informan que las investigaciones sobre los millones escamoteados las están realizando, ni más ni menos, que los mismísimos miembros de la banda, de manera que estas no trasciendan y evitar, de este modo, el peligro de que los corran o los metan a la cárcel. Este fenómeno es común en las pandillas que atacan con fervor las finanzas del sector público. Haga usted de cuenta que le encargan a Al Capone que investigue quienes son los que distribuyen el whisky ilegal. Una vez que el atraco se divulgo, los miembros de la banda tienen que dar la impresión a la opinión pública de que realmente están investigando a detalle y emiten declaraciones tronantes a la prensa sosteniendo que “llegarán hasta donde sea” o de que “cero impunidad para quien cometa un ilícito” o una clásica: “nadie por encima de la ley” y así, hasta el infinito. Usted ya los conoce.
Vea usted, lector, los datos siguientes. El “proyecto” se maquinó desde 2003, año en el que se iniciaron las visitas de promoción para la creación de una empresa comercializadora de productos regionales en apoyo a las comunidades de La Purísima y San Isidro. Pero a estas visitas de “promoción” fueron siempre tres personas claves: el representante estatal de FONAES, su compadre incomodo (el vecino negado) y el seudo consultor Arturo González Ramírez. Ya con las intenciones muy claras y con el plan armado y afinado, solicitaron a los interesados copias de identificaciones oficiales para formar una “sociedad”. Los confabulados utilizaron los documentos oficiales para la dizque formación de una empresa, supuestamente dedicada a la extracción de materiales pétreos, denominada Hermanos Mayoral Arce. Esta empresa extractiva que formaron de manera fraudulenta no tiene relación alguna con la solicitud original de apoyos que los supuestos beneficiarios destinarían a una empresa comercializadora. Este hecho por si mismo, refleja con claridad que los tres implicados sí sabían, desde el inicio, que se daría un uso diferente a los recursos y a la documentación solicitada con trampas a los beneficiarios. Hoy se dicen mártires engañados, llegando al cinismo hasta de desconocerse como compadres.
No se necesita ser Sherlock Holmes para saber que aquí hay gato encerrado.
La normatividad de FONAES establece que los productores interesados en recibir algún apoyo deben hacer alguna aportación al proyecto en un porcentaje variable en dinero o en especie. En este caso, como no había la intención mas que de sangrar al erario publico, se ofreció como “aportación” la maquinaria pesada que supuestamente tenían para extraer materiales pétreos, para un proyecto que tendría que haber tenido otro tipo de aportaciones como mano de obra, ganado, ranchos, etc. Es obvio mencionar que si alguien estaba al tanto de los cambios que fueron ocurriendo en el “proyecto” a lo largo del proceso de autorización, pues era precisamente el delegado estatal quien participó desde el principio. El dinero lo entregó el delegado a personas que ni siquiera figuraban al inicio del proyecto. Además de que no eran habitantes de La Purísima ni de San Isidro sino de la ciudad de La Paz. La persona que recibió el dinero no era productor, tampoco era extractor de materiales pétreos y menos miembro de las supuestas empresas, ni mucho menos estaba dedicado a la ganadería menor o a la agroindustria artesanal. A estas alturas eso ya era lo de menos, porque era un miembro distinguido del clan, bueno, más bien, eran cómplices en este atraco que, hasta hoy, les ha resultado casi el crimen perfecto.
Las normas de cualquier dependencia u organismo que maneja recursos para el desarrollo social son muy estrictas, ya que por cantidades hasta de 50 mil pesos, organismos como el FONAES tienen la obligación de ser cuidadosos y constatar, con detenimiento, el arraigo de las empresas a beneficiar y de sus socios y verificar que efectivamente desarrollen la actividad económica que indicaron, para evitar sorpresas. Así que, cómo es posible que a este perfecto desconocido se le entregue, a ciegas, dinero casi en efectivo. Pero además tampoco se verificó el destino del financiamiento, es decir, que los beneficiarios hubiesen comprado los bienes para los cuales solicitaron el crédito, lo que hubiera aminorado un poco el problema, si hubieran querido.
La empresa que recibió el dinero fue una organización fantasma, debido a que en esas fechas no existen testimonios de su constitución, ni de su reconocimiento en el registro publico de propiedad, lo que la convierte en una figura organizativa fraguada con el exclusivo propósito de cometer el despojo y una vez con el dinero en la bolsa, adiós, nos vemos en Las Vegas.
En reciente visita del Director Regional del FONAES a Sudcalifornia, declaró a nuestra compañera reportera Araceli Hernández que “se está realizando una investigación al interior de la institución a efecto de analizar si hubo incumplimiento a la normatividad aplicable”. No cabe duda de que el sentido común escasea cada vez más, o de plano no existe para algunos. O suponen que somos un conjunto de bobos. ¿Cómo es posible que una entidad federal le entregue 5 millones de pesos a un tipo que no conocen, que no pertenece a una cooperativa beneficiada, que tampoco existe, y que ni siquiera vive en el lugar donde se llevarán a cabo los “proyectos”? Ah pero eso sí, todavía van a investigar con lupa si se violó la normatividad. ¡vaya cinismo!
Ahora sí ya entendimos.
Solo esperamos que la banda no sean protegida del Dr. Gerardo Aranda Orozco, Coordinador General del FONAES, porque sabemos que esta banda tiene la protección de un alto funcionario de la institución. Tienen su buen padrino, pues. Peor aún, sería que su protector fuera el responsable del Órgano Interno de Control, Lic. Raymundo Fuentes García porque entonces sí pueden estar tranquilos; aunque tenemos versiones en proceso de ser confirmadas de que quien protege al delegado es algún funcionario de la Dirección General de Operación Regional a cargo del Lic. Fernando Matán Merino.
Conozco investigaciones eternas, que jamás culminaron, porque quienes tuvieron a su cargo las pesquisas se hicieron como el tío Lolo, hasta que llegara la salvadora etapa de los cambios y ahí se terminaba todo. Así, desaparecieron y aún se esfuman millones de pesos. Me parece que ésta es la apuesta, al fin que ya casi termina el sexenio y una investigación “bien llevada” tarda cuando menos tres años. Y si la cosa se complica un poco, pues mandamos a nuestros socios a la Delegación en Yucatán, donde nadie los conoce, y desaparecemos el problema de aquí. Apuestan al olvido y a la falta de memoria.
Me parece que ya es la hora de que una denuncia publica como la que hacemos en las páginas de esta casa editorial, merezca la atención de Eduardo Romero Ramos, Secretario de la Función Publica, porque al parecer aún no interviene y solo se han hecho pesquisas “internas” cuyos resultados serán, suponemos, que no habrá delito que perseguir, después de una eterna y profunda investigación.
Algunos funcionarios del gobierno del cambio llegaron llenos de codicia, pero no crea usted que a aprender la tarea del servicio publico, sino a hacer negocios, y se tardaron en meter las manos porque no sabían cómo, hasta que medio aprendieron... pero a meter los pies. No olvidemos que esta administración federal ha sostenido, por conducto de su líder, que es de empresarios y para empresarios. Así, abiertamente. Con la “pequeña” diferencia -yo les diría- de que, los empresarios de verdad, usan y arriesgan, legítimamente, su propio dinero y no echan mano de los fondos públicos para hacer negocios en su provecho. Y usted financiado lector, tiene más datos del caso o los conoce, pues entonces ¡mándemelos!