CRIMEN DESAFORADO JUSTICIA DESORGANIZADA

Sólo hay tres pasos en la impartición de justicia: quien detiene al delincuente (policía), la autoridad que lo acusa y consigna (ministerio publico) y el que juzga y sentencia en el poder judicial (juez). Eso es todo. Simple ¿no le parece? Pues no resulta tan simple en la realidad. Intenté investigar cuántas instancias diferentes desempeñan total o parcialmente labores policíacas de seguridad o de índole semejante, que con diversas especialidades y responsabilidades operan en nuestro país y me rendí. Todas tienen una encomienda de gran profundidad y compromiso: hacer que se cumpla la ley. Ahí le van algunas como ejemplo: La policía judicial, la ministerial, la municipal, la capitanía de puerto, la estatal, la hidráulica, la forestal, los de la AFI, los de la PFP, la Condusef, la fiscal de Hacienda, los del Cisen, el ejército, agentes del ministerio publico, la de pesca, jueces de toda condición, el estado mayor, la marina, la fuerza aérea, la Interpol, los de la Profepa, los de la Profeco, la de migración, la antidrogas, la CIA que opera en el país, la bancaria, la comercial, la privada, la auxiliar y... agréguele usted las que se le ocurran, la lista es infinita. En tierra mar y aire. Y según la legislación a aplicar, cada cual trabaja para su santo, porque se dedican, cuando lo hacen, únicamente a atender su tramo de competencia, nada más. Hemos sabido de casos curiosos en el actuar de las policías. Cuando alguna de las múltiples corporaciones logra detener a un delincuente, se pelean por el trofeo, inclusive a balazos, para conservarlo. Y uno nunca sabe si es por cumplir celosamente su deber, o por complicidad o simplemente para justificar su trabajo y tener a alguien a quien llevar a la comandancia. Tenemos muy buenos policías pero son las excepciones. Y sería injusto no reconocerlo cuando hay servidores públicos que cumplen íntegramente con sus obligaciones, son atentos, diligentes y profesionales, y en algunos asuntos, incluso a costa de sus propias vidas. Me consta. Pero son los menos.
Usted lector, a cuántos policías conoce o ha visto en la calle, que se mueven con dificultad por un sobrepeso imposible de controlar o con edad suficiente para retirarse. Incapaces de investigar ya nada ni de perseguir a nadie. Ya no pueden ser policías. O se convertirán en carne de cañón para una delincuencia cada vez más perversa y mejor armada.
Tenemos en el escalón siguiente, a los agentes del ministerio publico, quienes investigan el delito y acusan al delincuente. Se creen jueces, ellos deciden qué investigan y qué no y nos tratan como si fuéramos sus sirvientes. Algunos son muy colmilludos pero otros, los más, son inexpertos, y todos se encuentran materialmente abrumados por los miles de casos que tienen en las manos. Una mayoría de estos funcionarios, son claramente incompetentes porque no le sirven a los ciudadanos sino al poder. Pero su ineficacia deriva, también, de la carencia de personal, capacitación inadecuada, falta de infraestructura, presupuesto y sueldo miserables, insuficiente empleo de tecnología o por limitaciones personales y profesionales. En los pocos casos que logran integrar bien el expediente y presentarlo ante el juez, pierden uno sí y otro también. Vea usted amable y solitario lector, lo que dice el diputado Arturo Nahle García, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, “Detrás de cada banda de secuestradores, roba autos o traficantes de droga hay un Ministerio Público que los protege y decenas de judiciales a su servicio”. Este mismo representante propone un ejercicio interesante: dar un ultimátum a las instancias federales y locales, para que obtengan resultados en menos de 48 horas, bajo pena de sanciones ejemplares, si no atrapan a los delincuentes; y presume que se obtendrían resultados espectaculares porque “En menos de ese plazo caerían cientos de delincuentes, porque los ministerios públicos y agentes saben dónde están y cómo operan, porque reciben protección”. Con estos razonamientos apoya la propuesta que hoy se estudia en el Congreso para concretar la autonomía de la PGR y de los ministerios públicos, la cual, nos dice el diputado, una vez aprobada, requerirá de una limpia a fondo de ministerios públicos y agentes judiciales.
Muy bien diputado Nahle pero, y después de detener a los infractores ¿en donde los va usted a meter? Ya ni en el penal de las Islas Marías porque López Obrador pretende convertirlo en un paraíso de diversiones para los niños pobres, la mítica tierra de Pejelandia o Disneymex, con juegos y grandes atracciones para felicidad de los infantes. La realidad es que no hay espacios carcelarios disponibles, ni ministerios públicos, ni jueces suficientes para atender la gran demanda de justicia que se generaría en éste hipotético ejercicio. Por ello, es indispensable atacar integralmente el problema, pero no por partes aisladas. Si no se acomete el problema atendiendo al conjunto, armónicamente, es perder el tiempo y crear otros problemas. Es imprescindible que exista un balance razonable en las soluciones para todas las partes que intervienen.
¿Y el poder judicial? Bueno aquí la cosa se pone peor. ¿Sabe usted cuántas artimañas se pueden esgrimir para alargar un juicio “legalmente”?, sin importar la materia que sea. Vea usted un caso reciente y muy sonado de una persona que tiene dinero a montones y buenos abogados, y aún así le llevo diez años demostrar su inocencia en uno de sus ocho cargos: ¡Diez años! ¿Esto es justicia pronta y expedita? Eso sin considerar la lentitud que la justicia adquiere cuando es politizada, o convenientemente aceitada, o cuando se le quita la grasa lubricadora para que, al paso del tiempo, se herrumbre el caso y lo manden al archivo muerto. Hemos visto hasta el cansancio que los delincuentes ricos, no pisan la cárcel hagan lo que hagan, siempre y cuando tengan buenos abogados y dinero de sobra para pagarlos. Lo atestiguamos todos los días. Y eso que, en general, tenemos mejores jueces que abogados litigantes, y que bueno que así sea, pero no es suficiente. Según nos ilustra E. Krauze, el único caso de una renuncia que se registra en la historia de la Suprema Corte sucedió en 1931 y lo hizo el magistrado Alberto Vásquez del Mercado (1893-1980) al no apoyarlo sus colegas para impedir que el presidente de la republica violara un amparo concedido a Luis Cabrera, y señaló en su intervención: "Estos actos rompen el equilibrio de poderes que la misma Constitución establece, y nulifican y hacen desaparecer de hecho el Poder Judicial en su más importante y trascendental función, como es el amparar y proteger a los individuos contra los abusos del poder... como juzgo que el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede desempeñarse íntegramente cuando no se logra que las resoluciones de los tribunales federales sean acatadas y obedecidas, vengo a renunciar al cargo..." y le presentó su dimisión al Presidente de la Republica, Pascual Ortiz Rubio. No hemos vuelto a saber de un caso parecido de honorabilidad y valentía en la Corte protestando contra una institución “que no se respetaba a sí misma”. A partir de ahí la ruina la ruina del poder judicial, que los condujo a la dependencia y el sometimiento de las Cortes y tribunales a los poderes ejecutivos hasta devenir en cortesanos. Ni qué decir del arcaico ministerio publico cuya inoperancia es histórica.
En un asunto tan banal como una diligencia de careo en un juicio sobre un choque, me tocó ver, en plena diligencia, al abogado del delincuente, defensor de oficio, borracho a las doce del día, y nadie de los ahí presentes le dijo nada a este ebrio irresponsable. Por cierto, en ese mismo caso, a pesar de haberle entregado dos escritos en propia mano, en dos ocasiones distintas, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (con doce años en el cargo) pidiéndole su intervención ante el juzgado tercero para que la demanda interpuesta por el choque se resolviera apegada a derecho, en tiempos razonables y se pagaran los daños. Hasta la fecha no tengo noticias al respecto. Ya ni vamos para no hacer corajes. Y ¿sabe usted, demandado lector, cuánto tiempo ha transcurrido? Agárrese. ¡La demanda se presentó el 12 de junio del 2000! A la familia ya le costó parte de su patrimonio: 26,000.00 pesos por el arreglo del carro, más dos semanas sin vehículo, más los intereses que se han acumulado hasta hoy, sumando a la fecha, más de 70 mil pesos. ¿Y quién va a pagar? ¿La juez? ¿La señora Presidenta? Todavía seguimos esperando la “justicia pronta y expedita” que prometen a diario en sus discursos. ¿Y el culpable confeso del accidente? muerto... pero de la risa; porque además, iba ebrio cuando causo el accidente, huyó del lugar del choque y se le detuvo a ocho cuadras, no tenía licencia, falseó su declaración, no acreditó la propiedad de su vehículo, hubo testigos en su contra, se identificó ante los policías como otra persona y ni cuenta se dieron, aceptó su culpa, prometió pagar los daños, incumplió el convenio de pago, se dictó orden de aprensión, y volvió a huir, y... un largo etcétera de evidencias e impunidad. El caso es que nada de nada. Así que ¿Quién les va a creer? Cito el caso porque me consta y para ejemplificar un proceso. Como éste hay miles, literalmente, sin exagerar. Estoy seguro que en el poder judicial y en la procuraduría tendrán una sesuda explicación sustentada en una farragosa fundamentación jurídica para demostrar que el culpable de todo ¡es la víctima!, así que, por favor, ahórrensela. En otro ámbito, el municipal, ya le he contado de un caso verdaderamente patético, en el que los vecinos organizados de la colonia Esterito tardaron ¡siete años! en cerrar un escandaloso congal disfrazado de cantina, a pesar de tener la razón y demostrarlo a las autoridades competentes. Éstas armaron una bien organizada banda de protección de giros negros, y hoy se encuentran premiados en las cumbres políticas de nuestro estado. En la próxima entrega terminamos.
El problema de ineficacia e impunidad abarca todo el aparato de justicia y de cualquier materia, civil, penal, mercantil, laboral, pero también en cualquier ámbito de competencia, llámese municipio, estado, poder judicial local o federal. Pero en el ámbito penal es peor. No hay a cual irle. El reino de la impunidad. El senador Demetrio Sodí sostiene que “México es uno de los países más seguros para los delincuentes. De cada 100 delitos que se cometen sólo un delincuente acaba con ejecución de sentencia condenatoria, los otros 99 siguen libres y tranquilos en las calles”. ¿Esto valdrá para Sudcalifornia o hacemos como que vivimos en Marte? Pues sólo el poder judicial lo sabe, porque no conocemos los datos específicos del estado. Y agrega Sodi: “Con base en un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de cada 100 delitos que se cometen en México 75 no se denuncian, y de los 25 en que la denuncia se lleva a cabo, sólo en 4.5 casos se concluye la investigación, en 1.6 se pone al delincuente a disposición del juez, 1.2 recibe sentencia y 1.06 recibe condena”. Solo un miope no ve lo que esta pasando en el país.
La Procuraduría General del Estado por conducto del procurador, destacó recientemente que existen más de 15,000 averiguaciones previas pendientes. En la Junta de Conciliación y Arbitraje son 9,000 pendientes. En el caso de la Procuraduría son asuntos sin resolver, en proceso, perdidos en montañas de papeles y archivos, en computadoras y burocracia. Es decir, son presuntos delitos ya denunciados por la víctima, y los agentes del ministerio publico se encuentran integrando la investigación correspondiente, y por tanto, no han sido turnados al poder judicial para que lleguen a las manos de un juez y se emita sentencia, la cual, se llevará también su tiempo. Y lo peor de todo, lo realmente trágico, es que no se van a resolver si nos atenemos a las tercas estadísticas. El ministerio publico goza de total impunidad, nadie lo puede llamar a cuentas excepto su jefe. Las víctimas no cuentan, son una monserga para ellos. Tiene el monopolio de la investigación. Para documentar su optimismo, juzgado lector, le diré que en el caso del choque comentado en la entrega anterior, intervinieron cuatro agentes del ministerio publico para integrar la averiguación; a tres los corrieron y del otro no sé nada. No dramatizo si le digo que la averiguación tardó cuando menos un año para llegar a las manos del juez. ¿Cuánto tiempo le parece razonable, procesado lector, para integrar correctamente cada una de éstas 15,000 averiguaciones previas pendientes, con pruebas, declaraciones, testigos, fundamentos, peritajes, y apoyados en una interpretación seria y responsable de la ley? Años seguramente. ¿Cuántas averiguaciones le tocarán a cada agente del ministerio publico? El sistema de procuración de justicia está diseñado por el enemigo y para servir al poder, no al ciudadano o a la víctima; no sirve porque está pensado para no hacer justicia porque opera a favor de la delincuencia.
Y no hablamos de los rezagos en el poder judicial porque los desconocemos y en su página de Internet no reportan nada de esto. Tampoco conozco alguna evaluación consistente sobre estos temas que haya sido efectuada por una entidad diferente del Tribunal Superior de Justicia.
Así que usted cree, justiciero lector, que los delincuentes se van a preocupar por que los agarren. ¡Claro que no! Si solamente les basta atenerse a la parsimonia investigadora y a los errores que cometen primero los policías que los detienen, luego el ministerio publico y después el poder judicial, si les llega el asunto. Les será suficiente también con brincarse de un estado a otro, y a veces, de un municipio a otro o simplemente cambiarse de país para alcanzar el reino de la impunidad. Y en ese juego pasan años. Así no se puede, hay que cambiar de estrategia. Yo no sé cuál, pero siendo objetivos en el análisis, el sistema vigente de procuración de justicia no le sirve a nadie en las condiciones en que se encuentra. Únicamente acumularán desprestigio y resentimiento entre los ciudadanos. Más de los que ya tienen.
En los Estados Unidos, el 95% de los juicios corresponde al nivel local y solamente el 5% restante es de ámbito federal. En México, se estima que alrededor del 85-90% de los casos corresponden a una solución local, es decir, deben de resolverse aquí en el estado, el resto es federal. Por lo tanto, está en nuestras manos hacer el esfuerzo por cambiar el sistema, y para hacerlo no dependemos del centro del país ni del ámbito federal. Es urgente. Las autoridades locales involucradas tendrán que hacer algo más que dar declaraciones a los chicos y chicas de la prensa para demostrarnos, a todos, que están verdaderamente comprometidos, junto con los poderes legislativo y ejecutivo, para buscar un eficaz y verdadero cambio en la impartición de justicia. No de saliva, hay que demostrarlo. Que de cien delitos cometidos, se castigue a cien delincuentes. Que quien la haga la pague. Lo que hace falta son resultados no más leyes. Tal vez un nuevo sistema más integrado y profesional, basado en que la justicia abarca desde el policía de la esquina hasta el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Es lamentable la percepción optimista que tienen las autoridades de sí mismas y de su trabajo, desde los policías hasta los jueces, y no coincide con la negativa opinión que los ciudadanos tenemos de su desempeño. Y de ahí no saldremos nunca si no se cambia, radicalmente, la forma y el fondo en la impartición de justicia.
Es injusto, indebido e inmoral que la víctima de un delito, el que sea, se vea obligada a esperar años para que el delincuente reciba el castigo que merece. Se convierte en víctima permanente del vetusto sistema de impartición de justicia. Se tiene que identificar el problema con precisión y diseñar qué es lo que se requiere para resolver los nudos y diseñar instituciones que, en efecto, los resuelvan.
Justicia que no se pueda proporcionar en un lapso máximo de tres meses no sirve, algo está mal y habrá que cambiar éste infecto sistema. Ese tendrá que ser el reto para las modificaciones que se pretendan hacer, pero siempre a partir de la definición absoluta, primero, del tiempo o límite en el que se deben resolver los asuntos. Aceptado por todos y contenido en la norma. A partir de esta importante definición, se ajustará toda la estructura institucional para cumplir con el plazo establecido. En la base del diseño de las nuevas instancias, se considerarán: Supervisión de los ciudadanos en todo el proceso; acceso directo de las víctimas y sus abogados a los jueces directamente; juicios orales e información publica de los juicios. Más simple no se puede, ¿no le parece?
O si usted tiene una idea mejor pues propóngala y promuévala.
Hace mucho tiempo que el sistema de impartición de justicia le quedó chico al estado y al país. Y el que tenemos está podrido hasta la médula, de cabo a rabo. Tal vez valga la pena ver hacia los sistemas de justicia de Inglaterra, Chile y Singapur quienes tienen los mejores sistemas de prevención e impartición de justicia del mundo. ¿Alguien los conoce en la Procuraduría o en el Tribunal Superior de Justicia o en el Poder Legislativo? Me gusta para que no sepan ni en dónde esta Singapur. O asómense al municipio de Garza García en Monterrey. Harían bien en investigar a conciencia antes de desmantelar el torpe y arcaico sistema que tenemos en Baja California Sur. Quizá algún día nos toque ver este cambio y conocer al líder que lo lleve a cabo. Por ahora no veo a nadie que tenga lo necesario para entrarle a corregir el estercolero que tenemos en el estado en materia de impartición de justicia “pronta, expedita y gratuita”, pero... ojalá y me equivoque.

¡eureka!

Los políticos mexicanos que hoy retozan para ser candidatos de algún partido político a la presidencia de la republica, han descubierto el subterfugio perfecto que exorciza cualquier acusación, la que sea, y de cualquier tamaño, hasta convertirla en polvo. Con un solo disparo de esta poderosa arma desintegradora, cualquier imputación, cargo, denuncia o ataque que en su contra puedan esgrimir sus enemigos, los simples adversarios o los escopetazos de fuego amigo, les harán lo que el viento a Juárez. Les ha funcionado a cabalidad hasta ahora. Está probado ni más ni menos que en el sagrado tribunal de la opinión publicada, que no es necesariamente, la opinión publica, y los provee de un blindaje infalible contra todo tipo de querellas ciertas o falsas, de delitos chiquillos o grandotes, ruines o ingenuos, de buena fe o de mala leche, no importa ya a estas alturas. Si el autor de esta columna pudiera patentar este gran descubrimiento seguramente me convertiría en millonario; aunque en realidad sería desleal, porque, me parece, tiene dueño y autor identificado que posteriormente les daré a conocer para rendirle los homenajes correspondientes por tan alta contribución a la ciencia política, a las ciencias de la comunicación y a la Ley de Amparo. Es un gran sabio, sin ninguna duda. Por eso el nombre de esta columna que el diccionario de la Real Academia Española define como: “1. interj. U. cuando se halla o descubre algo que se busca con afán”. Pues ya lo encontraron. Y lo veremos todos los días de aquí en adelante, en radio, televisión, en la prensa escrita y en Internet, justo hasta el momento en que se suspendan las campañas para asistir a votar por alguno de los prohombres (hasta ahora, porque no hay ninguna mujer... todavía) candidatos de cualquier partido para que el ungido por el voto sagrado de los ciudadanos en esta nueva democracia ocupe la silla presidencial. No sé si el ganador la vaya a colmar, la silla, pero cuando menos sí la ocupará. Ustedes, amables tres exorcistas lectores, dirán, con justa razón, que ya le estoy haciendo mucho al cuento y que después de tanto rollo aún no explico cuál es el anunciado pretexto perfecto, el blindaje maravilloso. Bueno, pues ahí le va, y tome nota por si se ofrece, uno nunca sabe. Todos los hoy precandidatos, y seguros candidatos en el mes de julio, han afirmado, sin empacho alguno, que cualquiera de las acusaciones que se lancen en su contra, sean verdad o mentira, se deben a que “como soy el candidato más fuerte me quieren atacar por ese lado”. ¡Brillante! ¡Genial! ¿No le parece? Una vez que cualquiera de estos iluminados pronuncie las mágicas palabras iguales o parecidas, con fuero o sin él, por ese sólo hecho, inmediatamente piensa y asume que los jueces implacables del tribunal de la opinión pública, el ministerio publico y todo el poder judicial, los exonerarán de todas sus culpas y tropelías. La salvación ha llegado. El reino de la impunidad ha echado raíces. La piedra filosofal de la política que trasmuta en cuento o infundio cualquier delito, real o supuesto, que se le achaque a alguno de los jugadores por la grande. Ya no ocuparán fuero ni abogados para defenderse, ya no tendrán que gastar un centavo en propaganda para convencernos de que existe una “política lodera” en los ataques que reciban de sus enemigos. Simplemente con celebrar el infalible conjuro: “es que me atacan porque soy el mejor candidato” ya nos jodimos todos los mexicanos ante este imbatible escudo protector. Es probable que a usted, inmune lector, le suenen familiares algunos de los más recientes exorcismos. Sale el primero y más socorrido: “Me quieren vencer a la mala”. O este otro también de buena factura: "Hay que ver de dónde vienen las críticas; apuesto doble contra sencillo que vienen de quienes se afectó sus intereses". Y que le parece esta formidable pieza de artillería: “Me quieren sacar de la jugada porque soy el más avanzado en las encuestas”. Un ultimo ejemplo de inmundicia salvadora: "Claro que se va a aprovechar cualquier circunstancia para que el sosechosismo surja. Que si esto será esto, mañana vendrá otra cosa y así nos vamos a ir a lo largo de la campaña". Y a cobrar. Otra más que no tiene desperdicio y nos pone a todos a temblar de mello: “Si se pasan de la raya, que se cuiden; los voy a denunciar si alguien incurre en un delito de difamación o de calumnia, y vamos a ver cómo nos va en los tribunales”. Hay muchas más, el conjunto de cándidos jugadores tienen su propio y vasto inventario de conjuros, y los van sacando de la bolsa, uno por uno o en paquete, para vomitarlos según lo dicte la ocasión y el auditorio. Con estas invocaciones ya constataron que logran la ansiada impunidad para jugar a sus anchas, al fin ya confirmaron que también el poder judicial se las cree; y en el improbable caso, pero de verdad muy improbable por cierto, de que ninguna de estas peticiones al altísimo y excelso impartidor de justicia divina funcione, pues aún queda la ultima invocación, la definitiva, a cargo del sumo sacerdote y la pitonisa, la cual será emitida ya sin necesidad de que los infecte otra vez la temible y escalofriante fiebre de muchedumbre: ''A nadie se impedirá participar en la próxima contienda electoral”. La ultima y nos vamos, lo prometo: “La procuraduría revisará de manera exhaustiva el expediente de consignación... buscando preservar dentro del marco de la ley la mayor armonía política del país”. Y el milagro se consuma ipsofacto.
Ahora resulta que todos los presidenciables se encuentran protegidos por el artículo 108 de la Constitución, y sin ostentar todavía el codiciado cargo de presidente de la republica, disfrutarán de esta prerrogativa y todos serán inmunes de facto. ¡Que chulada! ¡Que país tan maravilloso!

LOS INÚTILES Y EL FONDEN

Que lamentable que algunos de los damnificados por el huracán Marty que afectó a Baja California Sur sigan clamando ayuda de las autoridades después de tres años de vueltas y más vueltas. Es vergonzoso lo que hacen estas autoridades federales del “cambio”. La gente afectada lo pierde todo y encima deben padecer la burocracia federal de la secretaría de gobernación. Y es siempre el gobierno del estado con sus escasos recursos quien tiene que dar la cara y atender estos problemas, inicialmente, mientras llegan los fondos federales destinados para esos fines, si es que llegan, provocando con ello un descuadre nefasto en la aplicación del exiguo presupuesto anual autorizado por el congreso local. Los daños que ha consignado el gobernador Agundez han superado en algunos casos los cinco mil millones de pesos por efectos ocasionados por un sólo huracán, por lo que el gobierno del estado se encontraría incapacitado para aportar la parte que le corresponda debido a la magnitud y lo cuantioso de los daños. Tenemos afortunadamente muchos puentes nuevos en todo el estado para esta temporada, por lo que se espera que los daños sean menores. Tal parece que en las condiciones actuales, los ciudadanos afectados por estos fenómenos naturales solamente cuentan con el voto para manifestar su molestia en contra de algunas autoridades federales que siempre tienen, como un maldición, aspiraciones políticas mayores. Como si lo merecieran. Pero no cuentan con que los votantes sabemos quien es el responsable directo del Fonden: el culpable de la lentitud y burocracia que priva en éste organismo es competencia directa del torpe secretario de gobernación que acaba de renunciar el 1 de Junio para fortuna de todos, si es que alguna vez estuvo ahí; pertenece al gobierno del “cambio” y quiere ser presidente, ¡vaya desfachatez! Así que, si quiere usted votar por él el año entrante, si gana la interna de su partido, revise qué es lo que ha hecho por el país y se dará cuenta de lo verdaderamente inútil e improductiva que ha sido su gestión, no hizo nada, más que nadar de muertito y soñar con la presidencia utilizando recursos públicos para su promoción. Gracias a esta persona, entre otras, no más de tres, el país es un desastre político que se refleja en áreas como las del Fonden cuya capacidad de respuesta ha sido absolutamente ineficaz, “provocando molestia y desconfianza de la población” según señaló recientemente el gobernador Agundez. Los casos de corrupción galopante cometidos con estos fondos destinados a emergencias no han sido investigados ni aclarados, porque quienes se los han atracado son personas de confianza de este malogrado secretario. Es evidente que quien fue un pésimo y blandengue secretario de gobernación, en la más importante secretaría del país, será, sin ninguna duda, el peor presidente que podamos elegir en México, si es que llega, aunque lo dudo, porque la gente lo tiene bien identificado. Por algo lo motejaron como “el hombrecito de Bucareli”. Además, es un delincuente electoral impune así sentenciado por las autoridades electorales del D.F. sin que hasta la fecha se haya probado lo contrario.
En la democracia siempre llega el momento de cobrar las facturas.
Según notas periodísticas, los fondos con que cuenta el Fonden este año, ascienden a cuatro mil quinientos millones de pesos, que es en realidad una cifra miserable, si observamos la importancia de los daños que los desastres naturales han ocasionado en varios estados de la republica al mismo tiempo, entre los cuales, BCS es solo uno de ellos y el menos importante en términos de población; las catástrofes provocadas solamente por los huracanes, ascienden a más del triple de los recursos disponibles actualmente. Los que habitamos en zonas de alto riesgo climático en la costas del país, en donde existen 74 ciudades expuestas a los efectos de huracanes de diversa magnitud en las cuales vivimos más de 15 millones de personas, debemos encomendarnos al santo de nuestra preferencia para que no se atraviesen elecciones, de ninguna clase, que pudieran coincidir con un desastre, porque entonces, los inservibles de la Segob, suspenden todo tipo de ayuda ya que suponen que se van a utilizar los fondos para apuntalar a los candidatos de algún partido político, mientras la gente padece los estragos del desastre. Hasta eso llegan en su miseria mental. Lo que han hecho es vergonzoso y absurdo y en un país serio estarían ya fuera del gobierno y sujetos a proceso penal. Todos lo vimos, y a como van las cosas, lo seguiremos padeciendo en tanto no se reforme la operación de este organismo. A ver si ahora que ya se fue el improductivo secretario Creel, sí les otorgan alguna ayuda a los damnificados que aún reclaman apoyos para salir de la miseria en la que quedaron. La verdad es que el Fonden, es manejado al antojo de la Segob y con criterios políticos; esta diseñado no para ayudar sino para bloquear la entrega de los recursos y, cuando éstos al fin se destraban, inician la entrega a cuentagotas a la población que lo requiere. A veces, los cínicos burócratas del centro se alcanzan la puntada de decirles a las autoridades del estado afectado “Oye mi gober, porqué no pones tú el recurso que haga falta y luego te lo reponemos”, proponen tonterías sin en menor recato ni sentido de la urgencia, a pesar de saber que, estados como éste, siempre tienen carencia de fondos para atender estos problemas extraordinarios. Lo que deben hacer en la Segob, es entregar de inmediato los fondos necesarios que le indique el gobierno del estado definidos con base en evaluaciones preliminares conjuntas entre funcionarios federales que despachan aquí y los del estado, y posteriormente, realizar los ajustes a que haya lugar; si se estimaron daños de más o se inflaron los costos se regresará lo que se pidió de más, si fuera el caso, así se atendería de inmediato el problema sin las tardadas intervenciones de los cuentachiles del Fonden. Hay quejas interminables por toda la republica en contra de la operación del fondo y sobre su escasa transparencia en las compras que realiza. El gobierno del estado pudo haber intervenido cuando se creó el Fonden para diseñar un buen fideicomiso pero sucumbió ante la rapidez de los burócratas de la Segob quienes solamente les presentaron un contrato de machote para su firma urgente, y era igualito en todos los estados en los que se firmó, me consta. Por lo que hemos visto, las actuales autoridades del estado se la van a jugar teniendo en cuenta primero los intereses de la población afectada, y ya no aceptarán fácilmente en el futuro, todo lo que les proponga la torpeza sabihonda y unilateral de la burocracia centralista, y según sabemos, ya hicieron las propuestas correspondientes ante quien deben hacerlo. Al gobernador Agundez le tocó sentir en carne propia los desastres que provocaron fenómenos naturales en el municipio que gobernó durante tres años, así que conoce bien los problemas a resolver, y ahora sí tiene más herramientas, y más poder, para decidir mejor en favor del estado y sus habitantes afectados, cuando los haya. Recordemos que el Fonden es un contrato con reglas de operación concertadas entre las partes, que por definición, deben ser un acuerdo de mutuo beneficio para quienes intervienen en su firma. El nuevo secretario de gobernación, Salvador Abascal, merece otro análisis, pero en principio su nombramiento me parece acertado. Hay que recordar, además, que tiene algunas raíces familiares y afectivas, por el lado de su padre, en la colonización del norte de sudcalifornia llevada a cabo al término de la guerra cristera por uno de los líderes del sinarquismo en pugna con el gobierno federal y fue nada menos que el padre del actual secretario.

VARIOPINTO

¿Y LA PÁGINA?
Estamos a 2 de junio de 2005 y no hay página Web oficial del estado de BCS. Al consultar el sitio solamente aparece el escudo del estado y la leyenda “en renovación”. Ni siquiera un enlace para contacto. Nada, y ya tenemos más de 50 días de nuevo gobierno. En un poco más de mes y medio de trabajo ¿no han podido producir una página, cuando menos, de contenidos mínimos? ¿Qué les pasa? Ni que fuera tan difícil. Simplemente desaparecimos de la red mundial. No existimos en Internet. Bueno, ya que se están tomando tanto tiempo para diseñar el sitio Web, solo esperamos que sea una página de fácil acceso, bien diseñada, sin olvidar que la simplicidad es una virtud que no siempre se toma en cuenta, lo digo para que no acaben inventado una página complicada, cargadísima, con accesos difíciles y llenas de anuncios institucionales o de publicidad. Me parece que el secreto para tener un buen sitio, consiste en que quienes lo elaboren tengan el talento necesario para el diseño, porque este es el meollo del asunto, contar, precisamente, con un buen diseñador. Los encargados de su realización, deben tener en cuenta también, que no es necesario esperar a que todos los vagones del ferrocarril se encuentren enganchados para que la locomotora inicie el camino, así que hay que arrancar con lo básico, y someter la página a un proceso de mejora continua, porque en estos casos nunca se terminará el trabajo, siempre hay que darle mantenimiento para tener cada día un mejor sitio con una actualización permanente. Si no lo hacen de esa manera, aquí nos vamos a ver el año que entra todavía sin página Web oficial del gobierno del estado.
LAS GESTIONES DEL ESTADISTA.
En verdad que del amor al odio solo hay un paso. Resulta que nuestro recientemente descubierto estadista presidente Fox comenzó a recetarles a los gringos algunos certeros y vengativos golpes, para ellos muy importantes, a raíz de la auto derrota por la candidatura de su canciller a la dirigencia de la OEA. Inmediatamente después de que se les cayó el teatro de la “elección” internacional, después de la obligada renuncia de su candidato, se fue a comprar gas a Bolivia para pagarles su voto a favor del candidato malogrado, en lugar de ir al mercado gringo para que nuestros socios comerciales nos lo surtieran. Esta acción seguramente les dolió en el alma a los gringos, que para ellos es lo mismo que el bolsillo. Además, durante esa gira, amenazó a los países beneficiarios del Pacto de San José (venta de petróleo a países latinoamericanos) con la revisión del tratado y de su utilidad en las condiciones en que opera actualmente, seguramente porque no tuvo el respaldo que esperaban para la elección del “simpatías”, dilecto protagonista de los amigos de Fox, en el organismo continental. Después, en respuesta, los gringos nos recetaron un golpazo en política migratoria autorizando casi a escondidas y de sorpresa en la ley HR-418, aprobada el 6 de mayo por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde aprobaron mas fondos para sostener la absurda guerra de Irak, y se prohíbe a los paisanos que viven sin papeles en su país la obtención de licencias de manejo en todos los estados de la unión americana y limitándoles, en consecuencia, con esta puñalada trapera, otros beneficios que ya se tenían. Por ejemplo, cancelaron de un plumazo, de los mínimos avances que se habían tenido en esta materia como la aceptación de la matricula consular para algunos tramites. En esa misma ley autorizaron la construcción de un muro para evitar el paso de los 400 mil mexicanos sin papeles que cada año cruzan hacia su país, mas las otras decenas de miles que se suman a los nuestros y que provienen de todos los países de América Latina. Más adelante, interviene el embajador gringo y nos descubre el agua caliente para regañarnos porque según él dependemos en extremo de las remesas de los paisanos y de los incrementos en los precios del petróleo, y sostiene que eso no es una política económica sana. Y luego el presidente responde con el asunto de los trabajos que no quieren realizar “ni siquiera los negros” pero sí los paisanos que le entran a todo por los dólares. Y luego... que no hay disculpas porque lo que dijo el presidente, que se confundieron... y las dan, pero después... que no... que sí y se la han pasado al menos una semana pidiendo disculpas... sin pedirlas, invitando a México a los principales líderes negros de los gringos agravando más la situación. Vivimos en la tierra de los desatinos. Ahora los gringos están evaluando si nos regresan a México al terrorista cubano que están reclamando en Venezuela para no tener que entregárselo a Chávez directamente pero tampoco a Cuba, y con esta papa caliente, si se da, no creo que nuestros brillantes funcionarios de la cancillería y la presidencia puedan con el paquete porque las relaciones de nuestro país se encuentran por los suelos con todos los países del continente. No dan una. Toma su turno el reculón de Fox con el desafuero y el congreso le fórmula rápida respuesta a Fox y aprueba la constitución de una comisión que investigue a los hijos de Marta Sahagún por actos de corrupción, trafico de influencias y enriquecimiento súbito. Poco después, la señora demanda a Proceso y a Olga Wornat por la publicación de su libro Crónicas Malditas. El presidente les despacha a los congresistas mexicanos que son “culpables” de los asesinatos recientes de dos niñas en Chihuahua porque, según él, no le han autorizado una ley que mando hace un año y que se encuentra en el Senado en las manos de... un panista, y los diputados al botepronto, lo acusan de irresponsable e incapaz. Fox acusa de populista al Peje y éste dice que si llega a la presidencia "no me mareará ni me atontará” el ejercicio del poder, nomás le falto agregar “como a otros” y así... el cuento de nunca acabar. Y en el colmo, completamente desaforado, les dice Fox a quienes se quejan de que el país no avanza, "Las gentes (sic) quieren el plátano peladito y en la boca". Cada vez que el presidente abre la boca, se confirma mi sospecha y la de muchos: ya padece un serio desequilibrio emocional y da la impresión de tener incontrolables deficiencias mentales de las que ya han dado cuenta algunos columnistas en la prensa nacional. Y hay en el Senado, quien ya le pidió una explicación publica sobre este errático comportamiento. Lo que afirma un día uno de los múltiples Fox es corregido en media hora por otro Fox y aclarado al día siguiente por otro Fox, sin pena ni remordimiento, como si nada. Ha tratado de acabar con los diputados, con los senadores, con el presupuesto, con el Peje, con el poder judicial a base de desgastarlo, con las muertas de Juárez, con la imagen internacional del país y políticamente con el país y así... hasta el infinito, ¿lo logrará?. ¿Será que es la maldición que ataca a los presidentes mexicanos en el quinto año de gobierno? No se ve un resquicio por donde pueda mejorar la relación entre los actores políticos del país ante un francotirador en la locura del poder, que se cree todavía en la oposición. Reclama y acusa a otros de lo que él no ha sido capaz de cumplir o hacer. Parece estar en una competencia contra sí mismo, para cometer la mayor cantidad de torpezas y disparates en el menor tiempo posible. ¿Y el país? Mejor que nunca según Fox. Y esta guerra va a seguir, solo hay que leer el periódico para enterarse, de preferencia el Sudcaliforniano.
CHAMBA PARA PETROLEROS EN EL CANADÁ.
Se le están yendo los paisanos al Peje. Resulta que la empresa canadiense Brainhunter acaba de enlistar a unas tres mil personas desempleadas con experiencia en áreas de la industria energética porque les urgen técnicos, ingenieros y obreros con especialidades en la producción petrolera disponibles en México. La mayor parte de estos mexicanos, que serán pronto ciudadanos canadienses emigrados, son desempleados de Pemex o han sido despedidos de otras empresas del ramo por diversas razones. Quienes iniciaron los contactos con la empresa canadiense fueron los integrantes del ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, cuyo edil es perredista y se enteró de la necesidad de personal durante una gira de trabajo que realizó a la ciudad de Calgary en el estado canadiense de Alberta, buscando intercambios de otra naturaleza y ahí surgió la necesidad apremiante de personal al platicar con inversionistas de ese lugar. La empresa contratadora sostiene que los que se logren emplear contarán con seguro medico, transporte aéreo desde Tabasco, vivienda, seguro de empleo y otros beneficios. Este programa de contratación está autorizado por el gobierno canadiense y según los cazadores de talentos, es posible alcanzar alrededor de un millón de plazas en cinco años, mas o menos los empleos que nos prometió Fox en un año cuando estaba en campaña. El programa es más atractivo que irse con un pollero a cruzar el desierto de Arizona para trabajar con los gringos, o buscar trabajo en foxilandia, además de que los canadienses tienen otra gran ventaja: son infinitamente más civilizados y humanistas que los gringos, porque ningún emigrado tendrá que ir a pelear una guerrita pendeja para “ganarse” el derecho a recibir los papeles que te concedan la residencia o la ciudadanía norteamericana, aunque cuando te los den, sea necesario abrir el ataúd en donde te encuentras para dártelos personalmente, junto con tu banderita de las barras y las estrellas. La calidad de vida es también muy superior a la de los gringos. Por lo pronto yo me voy a Villahermosa o a Cárdenas para que me apunten aunque no sepa ni madres de petróleo. A ver si pega. No se extrañe, galo lector, si mis colaboraciones en el Sudcaliforniano las mando desde la rivera de alguno de los fríos lagos del Canadá. Allá nos vemos.

LA CASTA DIVINA DE LA SUPREMA CORTE

Usted seguramente recordará que en una entrega anterior (21/05/05) le relataba que en el país se había formado una casta divina que se despacha, engolosinada, con una de esas cucharas, grandísimas, de madera, con las que sirven el mole poblano de colosales cazuelas de barro en las grandes fiestas. Me refiero a los once alegres vivales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los sueldazos y privilegios que se otorgan a sí mismos este conjunto de abusivos, dizque sabios del derecho y títeres guardianes de la Constitución General de la República. Recientemente estuvo en Baja California Sur el Presidente de la SCJN y cuando los chicos y chicas de la prensa se apretujaron a su alrededor, inmediatamente que lo tuvieron disponible y a tiro, para formularle varias preguntas, pues este depredador y soberbio ministro presidente, ni siquiera los vio. No les contestó absolutamente nada de lo que alcanzaron a preguntarle. Y no crean ustedes, amables dos lectores, que lo cuestionaron sobre los sueldazos y sus privilegios o sobre los once fideicomisos en donde esconden los recursos que se birlan del presupuesto de egresos de la federación para usarlos después en sus infinitos e ilegales prerrogativas. No. Le preguntaron sobre el fallo reciente de la Corte en la controversia que sobre el presupuesto emitieron en contra de todos los ciudadanos del país y a favor de su jefe, el faccioso presidente de la republica. Pues ni siquiera les respondió, los ciudadanos no merecimos una explicación sobre las motivaciones de la SCJN para fallar en contra de la población al declarar la nulidad parcial del presupuesto impugnado por el presidente por 60 mil millones de pesos, que vendrían a apoyar el desarrollo de varios sectores de nuestro estado, como la universidad, carreteras, salud, educación, ciencia y tecnología y varios más. Las entidades afectadas por esta absurda decisión son 20 y entre otras destacan: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y DF. Espero que los diputados corrijan este ilegal y anticonstitucional disparate.
Pero ya nos distrajimos del propósito central de esta entrega, así que regresemos para darles a conocer a ustedes algunos de las concesiones que indebidamente se han asignado estos aristócratas representantes de la casta divina.
Bueno pues resulta que éstos ilustrísimos, tienen once fideicomisos en los que esconden recursos presupuestales para su propio beneficio. Sobre estos “cochinitos” la Auditoria Superior de la Federación ha señalado “... que dichas figuras carecen de un marco jurídico que regule su proceso de constitución, operación, administración y extinción; adicionalmente, en este informe se observó la transferencia de recursos al fideicomiso Pensiones Complementarias a Funcionarios Superiores del PJF (Poder Judicial de la Federación), reflejándose en ellos un procedimiento irregular." Si esto fue destacado en las auditorias de la Cuenta Pública de 2003, imagínese justiciero lector, como estarán de gordos estos cochinitos que han ido cebando los dilectos patricios de la SCJN. Se indica en el informe que se transfirieron “recursos por 162 millones de pesos al Fideicomiso de Pensiones Complementarias a funcionarios superiores del Poder Judicial de la Federación, sin observar las disposiciones normativas.”
Pero ahí no se detiene el atraco. Adicionalmente, se encontró que los gastos y erogaciones realizadas “por prestaciones médicas complementarias y apoyo económico extraordinario para los ministros, la SCJN autorizó 71 mil pesos extra para atender a cada uno de los altos funcionarios de ese poder.”
Según el diputado federal A. Ramírez Cuellar, solamente entre los once ministros, se maman anualmente 72 millones 120 mil 803 pesos, monto similar al que reciben 4 mil 428 trabajadores que ganan un salario mínimo.
En ese mismo año de 2003, la ASF detectó una transferencia de “3 mil 272.7 millones de pesos a 11 fideicomisos que sustentan las altas prestaciones de los ministros, pues utilizan esos recursos para el pago de sus pensiones, los servicios médicos para ellos, sus padres, esposas e hijos, y el mantenimiento de sus viviendas. Este último rubro incluye los conceptos de seguros contra riesgos, gastos de mantenimiento, el pago del predial, así como los consumos de agua, energía eléctrica y gas, así como del recibo telefónico y la creación de un fondo para la compra de casas nuevas para jueces y magistrados.” Y seguramente también sus calzones y el lavado de ropa y una nieve de limón.
¿Y sabe usted amable y pobretón lector, porque transfieren los ínclitos ministros estos fondos a sus fideicomisos? Pues simplemente por la razón que expresa con meridiana claridad el Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados: “... los fondos se transfieren a esos fideicomisos para evitar que el órgano superior de fiscalización los audite, pues los ministros se amparan en la autonomía del Poder Judicial para cerrar sus cuentas.” Encubrirlas diría yo. Solamente eso faltaba, dirán, que todo mundo se enterara de cuánto tienen los cochinitos de la SCJN. Y agrega el diputado: “la Corte utiliza esa figura para otorgar prestaciones excesivas a los ministros al margen de los controles legales, lo cual a su vez contribuye a la opacidad en su manejo por el secreto fiduciario y la deficiente norma para su operación.”
Pero también resulta que para el retiro de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial “se aplican condiciones laxas, pues, además de la pensión que se les otorga obligatoriamente dentro del régimen del ISSSTE, por la cual deben realizar una contribución, se les entrega una pensión complementaria a cuyo fondo no aportan recursos desde 1999, sino que se abonan con cargo al presupuesto de la Corte.” Hasta aquí ya vimos que no se trata solamente de mamar sino también de dar topes. Además de la oscuridad de los fideicomisos amparados legalmente por el secreto fiduciario, estos señores carecen de los “documentos indispensables para aprobar el otorgamiento de las pensiones en el Poder Judicial... carecen de documentos e información relevante para determinar si todas las pensiones fueron otorgadas conforme a las reglas y procedimientos establecidos, tales como acta de matrimonio, solicitud de pensión, nombre del beneficiario o titular de la pensión, edad al jubilarse y antigüedad en el Poder Judicial, entre otras''. ¿Usted pensó que eso era todo? Pues no, fiduciario lector, también está el caso del fideicomiso de prestaciones médicas con privilegios de auténtico saqueo, que no tienen ni los reyes de España y tal vez ni los archiricos jeques de Arabia. Mire usted. “En el fideicomiso se encuentran inscritos como beneficiarios no sólo los trabajadores del Poder Judicial y sus cónyuges, sino también sus hijos menores de 18 años o de 22 años que sean solteros y estudien; los hijos incapacitados de cualquier edad, los padres y otros dependientes económicos. Ayuda para gastos médicos quirúrgicos, adquisición o renta de aparatos ortopédicos, camas especiales, andaderas, bastones, muletas, sillas de ruedas, oxígeno y equipo médico, apoyo para rehabilitación, para adquisición de prótesis, estudios médicos de gabinete, compra de medicamentos no incluidos en el cuadro básico del ISSSTE, los recetados para síndromes neurálgicos y otros que ocasionen problemas de conducta, discapacidad y enfermedades o padecimientos no tratados adecuadamente, así como ayuda especial para enfermos incurables, desahuciados y los casos especiales que autorice el presidente de la Corte.” Noooooooomás como diría Clavillazo.
En verdad lamento, fideicomitente lector, que no sea todo, esto es interminable. Otro de los fideicomisos que se prepararon a modo los eminentísimos es el del “programa para el mantenimiento de 341 viviendas, que se utiliza para pagar los consumos de electricidad, agua, teléfono, gas y el impuesto predial; a ese fondo se transfirieron en 2003, 12.5 millones de pesos y tuvo egresos por 14 millones.” Además, agregó el incómodo y claridoso diputado “se destinan recursos humanos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal para verificar las obras de mantenimiento y existe una estructura orgánica, la Dirección del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, cuyas funciones están relacionadas con la atención a las casas de los altos funcionarios judiciales.”
Y claro que sí, todavía hay más, para que los 60 millones de mexicanos muertos de hambre nos pongamos rojos o cenizos de coraje e impotencia. Cito de nuevo “El Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte decidió que sus integrantes dispongan de un seguro institucional que cubre fallecimiento o incapacidad total y permanente por 40 meses de percepción ordinaria... su seguro de gastos médicos mayores asciende a 740 salarios mínimos y cubre a cónyuges e hijos hasta de 25 años. Además de ayuda para anteojos, pago de cuatro meses de percepción total mensual por defunción, ayuda para gastos de defunción por 30 mil pesos; ayuda prejubilatoria de un mes de sueldo antes del retiro y estímulos: por jubilación, 25 mil pesos; por antigüedad, mil pesos por año de servicio, y por incapacidad médica permanente, 25 mil pesos. Las prestaciones propias al cargo incluyen ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.” Y la ultima que sabemos porque seguramente no es todo, es que también tienen un fondo ¡para la compra de casas!
¡ ¡Yuu ja jay! ! Estos no quieren que les den sino que los pongan en donde haya.
Carajo ¿cómo es posible que mantengamos a estos desvergonzados? ¿Cómo es posible que esto suceda en México? No se puede ser tan cochi.
A esto se le llama ser gandallas y vividores por decir lo menos.
Decía el chango Garizurieta que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Tenía razón, pero vivir fuera del presupuesto que se engulle la Casta Divina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es como si te corrieran del paraíso.
¿Verdad que si necesitamos a alguien que tenga lo que se necesita para corregir estos desmanes?

INVERNADEROS ¿ULTIMA LLAMADA?

Me parece que Narciso Agundez, Ramiro Ruiz y Ramón González ya se ganaron su permanencia en el gabinete porque con 45 días en su chamba, superaron a sus colegas funcionarios del gobierno del estado proponiendo soluciones creativas, aparentemente definitivas, a varios de los grandes y añejos problemas estatales, por el alto impacto social que podrían tener. Pasaron el examen, sin acordeones, porque en un tiempo menor a los fatídicos seis meses de prueba, obtuvieron resultados. Al término de éste plazo, en octubre próximo, se aplicará por parte del gobernador Agundez una evaluación a sus funcionarios para decidir a quienes se les renueva el contrato. Así que al menos tres, parece que ya la libraron. Esperamos noticias de los demás.
Hay muchas noticias buenas en este corto periodo de gobierno, pero hay dos, en particular, que a mi me interesa destacar.
Primero le encontraron la cuadratura al círculo y descubrieron un cauce prometedor para iniciar el remedio de una monserga endémica que parecía imposible resolver: la cartera vencida, en particular la del Valle de Santo Domingo, que van a tratar de solucionar mediante la creación de un fideicomiso cuyos detalles de funcionamiento analizaremos en otra entrega.
La otra excelente noticia es la que se publicó en las ediciones del Sudcaliforniano del 12/05/05 y del 23/05/05. Las autoridades anunciaron inversiones millonarias para el desarrollo de invernaderos en casi toda la escasa superficie agrícola del estado (27,902 hectáreas solo en el Valle). Más de 1,000 hectáreas en programa serán instaladas y financiadas con esta técnica que tiene muchas variantes, tanto en los sistemas de producción como en la intensidad de las tecnologías aplicadas, y en sus costos por hectárea. Seguramente la demanda por estas tecnologías será bastante mayor que el programa inicial que tienen considerado las autoridades. Usted puede comprar diseños que solo cubren la superficie bajo cultivo tradicional con estructuras simples y malla sombra (llamados casa sombra) desde los 35 mil hasta los 120 mil dólares por hectárea; también puede comprar invernaderos con estructuras más sofisticadas de acero galvanizado y plásticos especiales con clima controlado, que pueden alcanzar una inversión de 400 a 500 mil dólares por hectárea y más. Además, existen los invernaderos de cristal, con un costo superior a los 800 mil dólares por hectárea. Hay para escoger, dependiendo del bolsillo de quienes vayan a aportar los fondos. Desde luego a estas inversiones cuantiosas en capital, habría que sumarles el indispensable crédito de avío o capital de trabajo que también alcanza sumas variables pudiendo llegar hasta los 100 mil dólares por hectárea y más, dependiendo del cultivo y el grado de tecnología utilizada, pero esta parte también la han resuelto con el apoyo de un banco internacional. El proceso normal en México para acceder a un financiamiento para la instalación de invernaderos pasa por varias fases: la elaboración del proyecto de inversión específico, interminables requisitos, mas las aprobaciones correspondientes, las infaltables y excesivas garantías y, finalmente, la puesta en marcha, todo ello, implica que un desarrollo de este tipo requiera, para su arranque productivo, de alrededor de un año y medio, si todo sale bien, para recoger el primer tomate o el primer chile, como usted quiera. Pero en el esquema que propone el gobierno del estado, hay un cambio radical. En este programa, prometen una respuesta del Eximbank (banco de desarrollo gringo) en un tiempo record de seis a ocho semanas; no se exige el reporte del buró de crédito; pagos semestrales; ofrecen tasa de interés fija o variable en función del monto solicitado; un mínimo a financiar de 250 mil dólares; ¡sin garantías reales!; y los requisitos, en general, se pueden cumplir por los beneficiarios que no se encuentren actualmente en problemas serios y cuenten con sus estados financieros mas o menos sanos de los últimos tres años. Así que no suena mal ¿verdad?
Los productores que le entren a los proyectos de invernaderos, en su versión más sencilla de casa sombra, podrán cultivar y producir durante dos ciclos al año (si tienen agua disponible) y obtener diversos frutos hortícolas, y con algo de suerte, mejor dicho, con mucha suerte, ganar dinero a montones. Estos proyectos tienen una ventaja evidente en términos de productividad, si se tiene un canal de mercadeo asegurado, como parece que así es, porque se pretende apoyar la comercialización a través de una de las empresas convocadas por el gobierno del estado en este gran proyecto, llamada SunFed (son gringos de Arizona). Participan, también en este esquema, otras dos empresas: Finex Trade Group S. A. intermediario financiero mexicano que cuenta con licencia y autorización del Eximbank para gestionar los financiamientos ante el banco y la empresa nacional Exim que ofrece servicios de consultoría. La otra importante entidad que interviene es una filial de una empresa israelí llamada Orgil International Green House domiciliada en los Estados Unidos, quien diseña, produce y vende invernaderos con tecnología israelí. Es importante no olvidar que existen otras empresas vendedoras de invernaderos y bancos semejantes al gringo Eximbank, que ofrecen también financiamientos parecidos a los que hemos descrito, y se encuentran en España, Israel, Holanda y otros países. Lo trascendente es que las autoridades ya pusieron la mesa.
Y que bueno, que se enfrenten estos asuntos en conjunto, en paquete, para que no falte nada. Porque hay que recordar que los cultivos de hortalizas son casi como jugar a la lotería, aún teniendo la comercialización asegurada, porque los precios de estos productos se montan a veces, en el sube y baja de las cotizaciones internacionales. Los invernaderos también tienen sus complicaciones de orden social; de mano de obra, porque en nuestro estado es insuficiente y hay que traerla de otros lugares como Veracruz, Sinaloa, Guerrero o Oaxaca; escasa disponibilidad de agua, organización incipiente de productores para producir, aspectos climatológicos, técnicos, financieros, sanitarios; de empaques de alta tecnología porque no solamente es producir y hacerlo bien, sino clasificar y empacar conforme a rigurosas normas de calidad; de cuartos fríos, de bioseguridad, de transporte; de logística; hay que contar con un buen historial crediticio y productivo de los posibles beneficiarios, entre otros, pero estimamos que estos “detalles” los tienen resueltos o en proceso de resolver las autoridades promotoras en nuestro estado, con la ayuda de las otras entidades participantes. Los productores interesados, tienen otra ventaja extraordinaria: las empresas copartícipes ofrecen la asistencia técnica, casi permanente, desde el arranque del proyecto.
Por otro lado, a todos los sudcalifornianos nos conviene saber que, en nuestro estado, hay agricultores que dominan toda la gama de estas tecnologías y las explotan desde hace varios años, producen con notable eficiencia y viven y trabajan en el Valle de Santo Domingo, en el Vizcaíno y en La Paz, es decir, los tenemos aquí mismo explotando éstas técnicas desde hace tiempo. Esto es bueno saberlo, porque la curva de aprendizaje, de la que ningún productor se librará, puede llegar a costar cantidades industriales de dinero y tiempo, que regularmente no se consideran en los proyectos, y ambos factores, pueden llevar a la empresa a tener pérdidas, o simplemente a no generar utilidades en los primeros ciclos, y tener el inconveniente de caer en problemas de repago. Así que los costos de la novatez, se tendrán que pagar, no hay escapatoria, y hay que reducirlos al mínimo porque es imposible desaparecerlos, para ello habrá que tomar decisiones inteligentes con un agudo sentido de racionalidad técnica y económica. El mismo gobernador Agundez ha hecho atinados comentarios sobre el tema diciendo que hay en el estado grandes proyectos con inversiones multimillonarias en invernaderos en plena operación, pero con muchos problemas de orden financiero aunque muy productivos; y hay otros casos, en los que no son tan grandes las superficies en producción ni la inversión aplicada, pero que han resultado muy exitosos desde el punto de vista financiero y productivo, entre otras razones, por sus bajas cargas de pasivos.
Ya existen varios productores en lo individual o en grupo que están interesados en entrarle a la innovación: desde los orgánicos hasta los tradicionales. Además, no hay de otra, le tenemos que entrar al uso de la alta tecnología cuando esté disponible y a precios razonables. Ésta es una buena opción para aquellos interesados que cumplan cabalmente con los requisitos solicitados para embarcarse en este viaje, sin retorno, a la modernidad productiva. Suerte.

ESTADOS RICOS MUNICIPIOS QUEBRADOS

La mayoría de los sufridos municipios de Baja California Sur tienen dos problemas: no disponen de dinero para la realización de obras y servicios, y el que potencialmente podrían tener, no saben, no quieren o no pueden cobrarlo; y padecen, por otro lado, una gran demanda insatisfecha de servicios por parte de la población que, por lo mismo, mal gobiernan. Son funcionarios de saliva que se desempeñan mas o menos bien con su bono democrático durante seis meses, a base de promesas, sonrisas y apapachos, y si no avanzan en ese plazo, comienza el descrédito popular. Esta fórmula no sirve los tres años, no se sostiene. Viven en una angustia permanente, en un lamento continuo que los va minando, hasta caer en cuenta al fin del segundo año, de que realmente lo único que les queda por hacer ante la dramática realidad que enfrentan, es transitar lo más pronto posible la ultima etapa de su mandato con algo de dignidad y presencia política, y olvidar pronto las vicisitudes pasadas para alcanzar el triunfo y el poder. Y luego, a esperar que pase rápido el trago amargo del ensueño del mando y del poder para servir, que al paso de los años, se fue transformando en agria pesadilla, al intentar, sin recursos, hacer un buen gobierno en su municipio para ocupar un pequeño o gran espacio en la historia política del estado. Que tragedia.
Y para acabarla de amolar, cuando obtienen los recursos de los diferentes ramos del presupuesto de egresos de la federación, que por cierto, les llegan etiquetados, éstos arriban primero al gobierno estatal y posteriormente, previa ordeña y jineteo, empiezan a ser distribuidos hacia los municipios. Esto lo hacen las autoridades estatales cuando quieren, y según sus propias conveniencias políticas y económicas. Es el peor de los mundos para los ayuntamientos.
Como ejemplo, todos observamos que en la administración anterior el gran constructor fue el gobierno del estado, no los municipios, éstos no hicieron prácticamente ninguna obra importante.
Es lamentable, pero la terca realidad nos indica que los ayuntamientos dependen de la buena voluntad de los gobernadores en turno para pagar la energía eléctrica, para el pago de la nomina, para hacer obras pequeñas y grandes que primero tienen que ser autorizadas por el gobierno del estado. Están en dependencia eterna por la ausencia de ingresos propios.
Algunos presidentes municipales son valientes, se encabritan y se quejan acremente, lo que resulta una espada de doble filo. Si les funciona el quejido, les dan algo, pero si les falla, no verán un centavo a menos que se hinquen frente al gobernador y le pidan disculpas prometiendo no volver a quejarse; y si logran su conmiseración con su acto teatral, tal vez les manden algo de dinero. Pero si son de un partido diferente al del gobernador, entonces el panorama se oscurece y tienen que manejarse con pies de plomo porque los pueden fundir políticamente haciendo uso de las siempre efectivas presiones financieras, si no se portan bien.
También es conveniente y justo decir, que la mayoría de los municipios tienen, en parte, la culpa de sus miserias porque algunos de ellos pretenden vivir a todo lujo cuando tienen ingresos apenas de salario mínimo y en esas condiciones la quiebra es inminente y la ruina perpetua. No cobran el predial, pero tampoco el agua que surten. Tampoco cobran las placas nuevas ni las revistas. No cobran el predial y menos pueden modernizar los Registros Públicos. No aplican infracciones y cuando lo hacen no las cobran; o las condonan porque se las levantaron a sus cuates o a sus parientes o a sus correligionarios o a sus simpatizantes. Casi todo se condona o se cobra con descuentos de remate y lo que se logra cobrar, no vale ni la tinta del recibo que se entrega. Son los premios a la cultura del no pago. Y decenas de cosas más en las que los municipios y sus autoridades son omisas y en algunos casos abusivas: se pagan salarios y gastos de primer mundo, tanto los regidores como las autoridades municipales. Hay un derroche fantasioso e insultante de los escasos recursos disponibles. Y luego, para aliviar las presiones de tesorería, si pueden, se van a solicitar financiamiento caro a los bancos para aliviar sus problemas. Su visión es miope, de corto plazo. No les pagan tampoco a los proveedores porque no hay dinero y éstos ya no les querrán vender en el futuro ni un palillo. Los que tienen el respaldo del gobernador se dedican a engordar las nóminas de todas aquellas dependencias en donde pueden hacerlo para asegurar clientela política y dar cobijo a los protegidos, y desquician, a sabiendas, las finanzas municipales. Total el que viene atrás que arree.
Y conste que no me estoy metiendo con la corrupción y los estragos que ésta ocasiona.
Esto no puede continuar así, alguien tiene que poner orden para el beneficio de todos. Tenemos que establecer reglas claras y aplicables para todos. Los que no puedan cumplir con las normas pues que lo digan y que se les ponga nombre y apellido para que se les exente y subsidie en aquellos pagos que no pueden realizar, porque el que no tiene ingresos, pues simplemente no podrá pagar nada, haga lo que haga la autoridad municipal. Nadie está obligado a lo imposible. Tendría que mediar un estudio socioeconómico simple para que no nos engañen algunos vivos que nunca faltan, lo que nos permitiría establecer, en todo caso, subsidios diferenciados, persona por persona, con precisión. Una condición es que la lista de estas personas beneficiadas tendrá que ser sometida al escrutinio de la opinión publica para que no solamente quede al arbitrio de las autoridades. Este directorio puede estar a disposición de quien quiera verlo en la página de Internet del gobierno del estado para que todo sea transparente, el caso es que todos sepamos con precisión adónde van los subsidios y a quién se le dan para que sea posible supervisarlos y en su caso, auditarlos. En el mismo sitio se deben recibir las quejas sobre los casos que no ameriten el subsidio para que la misma población intervenga, dando a conocer a las autoridades a quienes se hagan las víctimas para recibir un trato inmerecido. ¿No le parece, subsidiado lector?

AGUADORES NUEVOS

Las nuevas autoridades ya nos dieron a conocer algunos datos frescos de los resultados de sus investigaciones preliminares sobre los despojos que dejaron del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz (SAPA), cosa que les agradecemos todos los ciudadanos porque comenzamos a darnos cuenta de que tan grave es el problema que van a enfrentar quienes dirigen hoy el organismo operador. Esperamos en el futuro conocer algún diagnóstico completo, integral, del estado que guarda el sistema. Y desde luego que nos lo presten o nos lo manden.
Los primeros datos que empiezan a fluir se refieren al numero de trabajadores que tiene actualmente el sistema, y según el vocero del SAPA ascienden a 650 empleados. Otro de los protagonistas, que trabaja como presidente municipal, ha dicho que se van a respetar algunos convenios sobre descuentos que son incuestionables, como por ejemplo los acuerdos con las organizaciones de personas de la tercera edad. Y al parecer, según sus declaraciones sobre el tema, el nuevo presidente tiene muy clara la problemática que aqueja al organismo y cómo resolverla.
Los ciudadanos esperamos tener la lista de todos los beneficiarios en la página de Internet del gobierno del estado para que la sociedad se entere a quiénes estamos subsidiando y si la aplicación de estos apoyos es merecida o consistente. Esto es contraloría social. Otro de los sectores que van considerar con descuentos o subsidios está ubicado en aquellos grupos de población calificados como de pobreza extrema, o dicho de otro modo, para aquellos que no disponen de dinero para pagar el agua y casi ninguna otra cosa. Bien esto es justo y es éticamente correcto. También han dicho ambos funcionarios citados, que van a seguir investigando para dar a conocer con más precisión la situación que guarda el sistema. Pero los datos que hasta ahora nos han proporcionado, implican que tenemos no los 9.3 empleados por cada mil tomas (ecmt) que habíamos señalado en una entrega anterior, sino algo mas: 10.2 ecmt. El dato es verdaderamente de locura por la altísima sobrecarga que significa esta nómina improductiva e ineficiente que daña gravemente las finanzas del organismo. Estamos muy lejos del índice reportado por el organismo operador de Ocotlán, Jalisco que tiene 1.2 ecmt, es decir, tenemos 8.5 veces mas empleados en nuestro Sapa si lo comparamos con el caso del municipio jalisciense y 2.4 veces más que el promedio nacional que definí en la entrega anterior. Aquí tienen un área de oportunidad extraordinaria que requerirá de tacto e inteligencia por parte de las autoridades, para que se puedan aplicar algunos criterios de racionalidad en los indispensables y urgentes ajustes que se tendrán que efectuar en el corto plazo. Ya veremos. Por lo pronto, cuentan con el beneficio de la duda a reserva que nos demuestren que en efecto, corregirán los problemas detectados, siendo el de personal, tal vez, el más grave.
También debemos creerle al recientemente ungido presidente municipal, sus promesas reiteradas en el sentido de que “la realidad que el ciudadano debe saber es que no habrá privilegios, ni apoyos para quien no los necesite”. La aseveración es indiscutible, ahora veremos qué es lo que van haciendo al respecto. También cuenta éste funcionario con el beneficio de la duda, por supuesto, pero también tendrá que entender que, a como han ido las cosas por las dependencias que gobierna, nos debemos acoger al apotegma atribuido a Santo Tomás: hasta no ver no creer.
Se agradece también que no hayan repetido, al menos no todavía, las infames mentiras del director anterior del Sapa cuando afirmó, con una torpeza infinita, que los habitantes de Sudcalifornia somos los “mayores derrochadores de agua del mundo”.
El vocero del Sapa, ha sostenido en declaraciones a nuestro diario el 22/05/05 anterior, algunas cosas contradictorias. Por un lado reconoce que la plantilla laboral del Sapa está sobrada en un 30% pero no dice respecto a qué punto de referencia, contra qué lo esta comparando. Sostiene asimismo y de manera contradictoria, que “el sistema puede operar de manera eficiente con una planta laboral de aproximadamente 300 personas”, es decir, con menos de la mitad del personal actual; pero nuevamente elude el establecimiento de comparaciones para saber con relación a qué parámetros se definió este dato, a menos que... ¿habrán tomado el mío? Sin embargo, derivado de la cifra que nos da, implica que tendrán que despedir a 350 personas y todavía sobran. De acuerdo al promedio nacional de empleados por cada mil tomas obtenido de los sistemas operadores del país, se requieren solamente alrededor de 275 personas para operar con eficiencia el sistema, de manera que, si este dato es correcto, les sobrarían ¡375 trabajadores! Es increíble que las anteriores autoridades, todas, hayan permitido este crecimiento caótico e improductivo en contra del propio organismo, en detrimento de uno de los servicios más importantes para el ser humano. Para liquidar 375 trabajadores, que son el exceso de personal identificado, van a requerir de una buena cantidad de dinero, para no citar los problemas que tendrán con el sindicato, si acaso no hacen las cosas razonablemente bien. Es evidente que a grandes males grandes remedios, no puede ser de otra manera. Si no lo hacen ahora, no les alcanzarán los tres años para remediar el problema y el hecho es que no hay tiempo, tres años no son nada. Ya verán.
Para evitar caer en el síndrome del foxismo y no haya contradicciones en lo que se declara, sería aconsejable que tuvieran una sola voz, no dos ni tres, solo una, porque eso evitaría confusión e información diferente como la que nos recetó el mentiroso director anterior en donde ningún dato de los que manejaba era el mismo. Cuidado.
Y necesitan apurarse porque los lamentos de los usuarios a través de todos los medios de comunicación están a la orden del día, y en aumento, en casi toda la geografía municipal. La gente no aguantará mucho tiempo con el pretexto de las obras (aunque sean ciertas) o con explicaciones, lloriqueos y promesas no cumplidas. La verdad es que, aun aceptando el maldito tandeo, en la red hace falta más presión, porque con la actual, ni siquiera se llenan los tinacos, “apenas nos llega una miada” como dicen miles de usuarios irritados.
El Sapa no es una empresa de beneficencia, tampoco es una oficina en donde se acojan becarios, ni es un asilo, ni cementerio, almacén o banca de cachivaches políticos inservibles. No, no es nada de eso. No debe serlo. El Sapa es una empresa que pagamos todos (al menos los que sí liquidamos el agua) y como tal debe tener criterios de racionalidad económica rígidos, que le permitan optimizar su operación para que garanticen el servicio de excelencia que están obligados a entregarnos. Y usted, acuático lector, ¿ya pagó el agua? Si no lo ha hecho, pues no tendrá el derecho ni la autoridad moral para exigir nada.

AFICIONES PARA ALIVIAR EL TEDIO

No me explico la insistencia de nuestras autoridades estatales para practicarse un examen antidrogas en presencia de personalidades y organizaciones sociales a las que, no sé quien, les colocó una aureola de árbitros poseedores de una intachable autoridad moral. Sí me queda claro, que las autoridades de cualquier nivel que tengan que ver con asuntos de policía, seguridad, narcóticos, agentes del ministerio publico, inclusive dentro de algunas áreas del poder judicial como las penales, deberían hacerles este examen de manera obligatoria, pero no a todos nuestros gobernantes por parejo. Como acción ejemplar no me parece la idea más adecuada porque sus promotores inmediatamente se sitúan bajo sospecha y tratan de demostrarle a la opinión pública, que no son adictos enfermos, como si alguien los estuviera acusando de lo contrario. ¿O si? Como dicen los abogados, “a explicación no pedida acusación manifiesta”. ¿Será? Una medida de este tipo genera, por sus propias características mas dudas que certidumbre. O también puede ser que nos quieran decir algo como esto “antes sí había pero ahora les demostraremos que no hay más”. No lo sé. Recuerdo tiempos pasados no muy lejanos por cierto, en que algunas autoridades de alto nivel fueron acosadas por insidiosos rumores sobre sus supuestas aficiones y adicciones, que por cierto, nunca se confirmaron como verídicos o falsos, y tampoco se identificó quiénes habían sido los autores de la especie. Hubo personas que aseguraron “yo vi cuando los del ejercito los bajaron del carro agarrándolos de los pelos” o “me lo contaron personas que estuvieron ahí mismo, en la fiesta” y otras decenas o centenas de frases por el estilo. Usted adicto lector (quiero decir adicto a esta columna, como sinónimo de seguidor, no piensen mal, por favor) seguramente escuchó algunas citas parecidas, expresadas por conocedores e informados parientes, o amigos que todo lo saben y si no lo inventan, o de periodistas chismosos que con dos güisquis y algo de cuerda, aseguran saber la vida, obras e inclinaciones de todos nuestros políticos en activo y retirados, y al tercer trago se la cuentan a quien quiera escucharlos. Y si a esto le sumamos las negras historias de narcotráfico que se han dado a lo largo y ancho del estado y la masiva penetración que ha tenido el narcomenudeo en todos los municipios de nuestra geografía, pues a todos nos queda, cuando menos, una duda razonable acerca de estos interminables cuchicheos. Así se fue armando la leyenda oscura sobre las reputaciones de algunos altos funcionarios del estado en el pasado. Tal vez por esas razones y polvos blancos de aquellos lodos, se decidió esta medida general para que, de una vez por todas, se terminaran los malsanos rumores y susurros destructores de reputaciones en contra de nuestras excelsas autoridades.
Solo que hay un pequeño detalle, las autoridades que se vieron envueltas en estos cáusticos rumores, con razón o sin ella, ya no están en el ejercicio del poder, que yo sepa, así que como dijo mi abuela “Pos ya pa que”, si actualmente no se ha sabido de ningún funcionario que tenga fama publica de que le guste polvearse de blanco la nariz o le atraiga degustar cigarrillos con sabores exóticos o que sea aficionado a las pastillitas de brillantes colores que alivian todo menos el dolor de cabeza.

¿Y QUIÉN CERRARÁ LA PUERTA?

¿Recuerda usted el programa llamado Tolerancia Cero? En un apretado resumen le diremos que consistió en una serie de acciones para terminar con la delincuencia en la ciudad de Nueva York. Fue en la época de Rudoph Giuliani, alcalde de esa metrópoli, cuando decidieron aplicar mano dura porque el comportamiento criminal ya había llegado a un punto en el que la delincuencia estaba fuera de control. El lema mediante el cual se identifico la estrategia fue el de la “teoría de las ventanas rotas" y suena aparentemente muy simple: "todo crimen que queda impune alienta a cometer otros crímenes más graves, porque en el delincuente subsiste la idea de que no recibirá castigo". Según un estudio de la Universidad de Cambridge los delitos disminuyeron 65% durante el gobierno de Giuliani.
El programa definió tres principios básicos para operarlo: “una profunda reforma administrativa de las instituciones involucradas en el proceso de combate a la delincuencia (NYPD principalmente); generar un sistema de información detallado y público sobre las cifras (tanto en materia de tasas de delincuencia como en materia de los recursos asignados y gastados por las instituciones involucradas); y, por último implementar una filosofía de "tolerancia cero" contra todos los delitos menores como hurtos callejeros, rayado de murallas, etc.”
De entrada se preparó un larguísimo catalogo criminal con todos los delitos desde los pequeños e intrascendentes hasta los grandes: arrojar basura, pintar graffitis, insultar o realizar actos de vandalismo, violencia familiar, crímenes, robos, asesinatos y narcotráfico en todas sus modalidades y decenas más. Se estableció como premisa que todos ellos tendrían que ser firmemente reprimidos y castigados para impedir que se desarrollen comportamientos criminales más graves e impunes. Ya no se podía salir a la calle, había barrios en los que la policía no podía entrar, el vandalismo era insoportable, asaltos y robos, el graffiti, asesinatos por doquier y todo lo que usted piense que puede pasar cuando las autoridades son rebasadas por la delincuencia.
Un ejemplo que cita el superpolicía William Brattons, quien aplicó el programa en Nueva York, explica uno de los fundamentos centrales de la teoría: "Es muy simple: un par de respetados criminólogos realizaron un experimento donde estacionaban un auto nuevo en un área. Durante días nada le pasó. Luego, en el mismo lugar, estacionaron un auto con un vidrio roto. En un par de días estaba completamente desvalijado. La idea es que la primera ventana rota lleva a otras cosas. Así, si por ejemplo una persona ensucia las murallas de una estación de metro, vendrá otra y hará lo mismo. Mi teoría es impedir a toda costa el primer rayado". El concepto realmente suena interesante.
El programa de los gringos fue duramente atacado por varias razones: se enfocó contra los pobres, era racista, penalizaba fuertemente a los jóvenes, se endurecieron excesivamente las condenas, hubo allanamientos indiscriminados, interrogatorios sin control y un largo etcétera de abusos de la policía. Pero la principal, consistió en que los derechos humanos pasaron a segundo término bajo el lema: primero detienes o disparas y después averiguas. Así, los enemigos declarados fueron: ser joven, negro, desempleado, feo, peludo, con tatuajes, con apariencia de cholo, mugroso, prieto, gordo, vendedor ambulante, prostituta, lavacoches callejero homosexual, bisexual, fanático del rock, y cualquier otra persona que se ubicara fuera de los cánones de lo “socialmente aceptable”. O ser hispano con las mismas características mencionadas, eran suficientes “razones” para que inmediatamente te detuviera la policía y te metieran a la cárcel para sujetarte a interrogatorios infernales. De esta manera se llegaron a establecer “poblaciones objetivo” en las cuales se ejerció todo el peso de esas leyes en donde no siempre se aplico la justicia y se violaron otros derechos.
Hubo, en efecto, un abuso bien documentado por diversas organizaciones civiles y autoridades, que revisaron el marco de actuación de los policías ejecutores del programa, concluyendo que sí se había reducido dramáticamente la delincuencia a niveles sorprendentes, pero el costo en términos de violaciones a los derechos humanos había sido muy alto. Sin mencionar el incremento descomunal de la población carcelaria la cual se duplico en menos de tres años.
La contraparte de este programa nos la ofrece el exalcalde de la ciudad italiana de Palermo Leoluca Orlando, quien toma distancia del esquema gringo. El italiano fue uno de los guerreros de la ley que lucho y le gano a la mafia siciliana. Sostiene que como fundamento del combate al crimen, se deben considerar dos pilares igualmente importantes: por un lado la aplicación de la ley y por el otro, la adopción de una cultura de la legalidad. Estos dos elementos llevan, con el tiempo, a un rechazo tajante por parte de la sociedad tanto del delito como de la corrupción.
Otro de los hilos conductores de la estrategia que se ha manejado como uno de los fundamentos para atacar con eficacia el delito, sin autor identificable, es el de tener una política consistente de fomento al desarrollo económico para la creación de empleos, porque su ausencia tiene como secuela principal la elevación de la delincuencia en delitos asociados a la pobreza y el desempleo. Esta política es un buen antídoto para atacar problemas sociales asociados a la delincuencia.
Todo lo anterior, implicó contar con un poder judicial ágil, que resolviera los asuntos rápidamente, lo cual para nuestro estado, suena casi imposible por lo herrumbroso que se encuentra nuestro sistema de impartición de justicia, con juicios eternos y tiempos de respuesta laxos, personal profesional escaso y algunas otras características negativas que implicarían su revisión y modificación.
Con un esquema de tolerancia cero estricto y amplio, me atrevo a decir que todos los ciudadanos del estado tendríamos un problema severo. Pero también las autoridades porque adónde nos meterían. Por lo pronto 83,500 propietarios de vehículos estarían incurriendo en una infracción que debería ser castigada porque no han pagado la tenencia o la revista; en La Paz más 32,178 personas no han pagado el agua. Más de 80,000 propietarios no han pagado el predial. ¿Cuántos vehículos circulan sin placas? ¿Y sin revista? O contaminando, o sin luces o cuántos no traen cinturón de seguridad, etc. En resumen ¿Cuántos de nosotros estamos incurriendo en alguna violación administrativa o penal que amerite un castigo? Para no ponerle números alegres les diremos que son muchísimos. Entonces, si nos ponemos muy rectos ¿quién cerraría la puerta? O que, usted esta en regla.
Pero la cuestión se complicaría enormemente para los ciudadanos, en el momento en que las entidades de gobierno aplicarán todo el marco legal en su acepción más dilatada, y actuaran articuladamente, es decir, desde todas las instancias del gobierno, como una entidad administrativa organizada, orgánica, volcada a impedir que se cometa una violación a ninguna ley estatal, en lugar de distribuir en compartimientos estancos la acción aislada de la policía en la parte que le toca o solo del Ayuntamiento o de Finanzas.
Pues bien, qué pasaría si en la ciudad de La Paz aplicamos algunos, conste solo algunos, de los elementos exitosos de estas experiencias, aprovechando que tenemos nuevas autoridades estatales y municipales que entran a cumplir sus funciones con una enjundia fenomenal queriendo arreglarlo todo para pasar a la historia.
Algunas de los lineamientos estratégicos sin un orden especial, bien podrían ser:
® Un solo cuerpo de policía para todo el estado.
® Respeto a los derechos humanos como premisa fundamental para cualquier programa que se aplique.
® Elaborar un buen diagnóstico de la criminalidad en el estado.
® No permitir, bajo ninguna circunstancia que un delito, menor o mayor, quede sin castigo
® Incremento de personal policiaco con salarios, equipo y prestaciones razonables, con evaluaciones estrictas de su desempeño para aplicar un sistema de estímulos y recompensas
® Un poder judicial ágil con personal y equipo suficientes para la impartición pronta de la justicia.
® Jueces y magistrados sujetos a permanente rendición de cuentas con sanciones ejemplares a quienes violen el estado de derecho y la aplicación pronta de la justicia.
® Respuesta inmediata de la policía, en menos de tres minutos, a cualquier llamada de auxilio.
® Diseño de un sistema automatizado de registro con mapeo que permita zonificar la ciudad o el estado, definiendo de arranque el tipo de los delitos existentes para estudiar su evolución.
® Promoción de la cultura de la legalidad, de manera intensiva e inteligente, a través de diferentes medios.
® Desconcentración de la policía, con delegación de responsabilidades y sujetos a resultados medibles mediante evaluaciones del comportamiento de los delitos en su sector y su actuar personal.
® Impulsar la formación de una sociedad comprometida con la legalidad en contra de la corrupción y del delito, involucrando a todos los sectores de la población.
® Fomentar la cultura de la denuncia, misma que tendrá seguimiento y respuesta al demandante en el tiempo más corto posible.
® Revisión y modernización del marco legal conducente.
En entrevista con El Sudcaliforniano el martes 12 de abril pasado, el futuro Secretario de Seguridad Publica, ha delineado las actividades principales a desarrollar, una vez que se conforme la institución, y según el mismo las explica, consisten en: Prevención del delito; Programa de combate a la delincuencia organizada (narcomenudeo); Programa vecino vigilante; Sectorización policiaca; Programas de certificación y profesionalización permanente; Evaluación del desempeño. Me parece que faltan varias e importantes cosas y aunque es pronto para conocer con detalles suficientes la actividad que realizará la nueva Secretaría comentaremos algunas. Después de leer la entrevista, nos deja la impresión de que buena parte de la estrategia policiaca descansa en la formación de un “Grupo Táctico”, como si fuera Superman, que ya en el pasado se tuvo en operación y aún hoy, con algunas modalidades, existe en la Dirección de Seguridad Pública y es conocido como “GRIME”. Pero no se habla de la policía en su conjunto para que actúe como un cuerpo articulado y armónico, sino enfatizan su acción en un cuerpo de élite con tareas específicas. Por otro lado, no vemos la articulación indispensable con otras instancias, como las de Procuración de justicia y las áreas del poder judicial, los mecanismos de acción conjunta con la PGR, que sería la condición mínima para un buen desempeño. Tampoco vemos la presencia destacada, al menos de manera explicita, del respeto a los derechos humanos, en especial, cuando se reconoce que el grupo táctico incurrió en abusos en el pasado.
Por otra parte, no vemos ninguna referencia al marco jurídico actual y a las modalidades que tendría que tener el aparato de justicia estatal para impartir en forma pronta y expedita la aplicación de las leyes en la materia.
Da la impresión de que la policía actuará solo cumpliendo su pequeño o gran tramo de responsabilidad y ya.
Y otras ausencias que ya apuntamos.
Sencillo no es. Debemos quitarle a nuestras autoridades el fundamentalismo policiaco y para ello el nuevo titular tiene la extraordinaria ventaja de que no es policía.
La receta ya está solo falta el farmacéutico que la surta.
De cualquier manera le deseamos suerte al futuro Secretario.

LOS BILLONES DE LORETO

¡Aaaapoco si!
La empresa Loreto Bay Company anunció que su proyecto de inversión en Loreto alcanzará la cifra de 2.2. billones de dólares. ¿De verdad? ¿Es esa la cantidad correcta? ¿Pues que pensarán hacer? ¿Le irán a construir varios pisos a la península? Ni siquiera todo el territorio peninsular vale tanto.
Claro que esta fabulosa noticia se merece las ocho columnas que le dieron en la edición del Sudcaliforniano el pasado 19.04.2005 y muchas más ediciones de primera plana.
Pues a marearse todo mundo con la danza de las cifras.
Veamos. En el sistema métrico decimal sabemos que un billón equivale a un millón de millones, en consecuencia 2.2 billones de dólares son 2 200,000,000,000 de dólares ya ni siquiera le voy a explicar cuánto es esta cifra en pesos porque nos daría un desmayo y tampoco nos indicaría nada. No sé usted amable lector, pero yo no puedo ni imaginarme tal cantidad de dinero mas que en el papel y eso sin tener un significado real de sus alcances. Vamos a relacionar esta cifra con otros valores para entender, si es posible, las implicaciones que tiene este gigantesco montón de dinero que nos dicen van a invertir.
Imagínese usted que el presupuesto del estado de Baja California Sur autorizado por el Congreso para todo el año de 2005, asciende a la cantidad de 5,000 millones de pesos, aproximadamente, los cuales equivalen a 441 millones de dólares. Es decir, lo que se invertirá el Loreto equivale a 4,994 veces más del presupuesto de egresos para todo el estado. Todo el territorio de Loreto vale entre alrededor de 13 mil millones de dólares (dato totalmente discutible pero funciona como hipótesis) lo que quiere decir que van a invertirle 170 veces más de lo que vale el todo el suelo del municipio de Loreto.
El Producto Interno Bruto del estado de Baja California Sur se estima en 45 mil millones en 2005, aproximadamente, pero de pesos; en billetes verdes serían alrededor de 4 mil millones de dólares. Esta cantidad ni pinta para tener una referencia porque es el 0.18% de lo que se pretende invertir en Loreto. A este municipio se pretende llevar una inversión superior en 550 veces al valor de todos los bienes y servicios que se produjeron en ese año en nuestro estado. ¿Será posible tanta belleza?
Vamos a usar otro dato para compararlos. Por ejemplo, si tomamos como punto de referencia el valor del PIB nacional de 2004, que vale alrededor de 688,000 millones de dólares, entonces la suma billonaria que pretenden invertir en Loreto equivaldría a 3.2 veces más del valor de todos los productos y servicios que produjo el país en 2004. Otra de esas y me subo el ziper... de la chamarra.
Otra idea para tener un orden de magnitud. El suelo del estado de Baja California Sur vale mas o menos 221 mil millones de dólares (sin palomilla, pelón) en una estimación conservadora y también discutible, y aún así, este valor es solamente el 10% de lo que se invertirá en Loreto. Van a invertir en Loreto diez veces más de lo que vale el suelo de todo el estado. ¡Con esa cantidad pueden comprarlo todo y hasta les quedamos debiendo! ¿No les parece?
En el pasado hemos tenido a benéficos “inversionistas”, muy aguerridos, que pretendían destinar cifras multimillonarias en dólares para el desarrollo de nuestro estado que, al paso del tiempo, se convirtieron en humo después del anuncio. Y en algunos otros casos, tuvo que intervenir la PGR para terminar con los sueños de opio de estos “grandes capitalistas”. Puros sueños guajiros.
Rico Mac Pato es un niño de kinder comparado con estos compas de Loreto Bay Company.
Me parece que hay que ser un poco desconfiados ¿no les parece?
En fin, para curarnos en salud, les daremos el beneficio de la duda, pero estoy seguro que saldrán con alguna vacilada cuando aclaren sus cifras.
A ver que tal nos resultan estos gringos invertidores.

LOS JORNALEROS DE LA CORTE

¿Cuál Corte, la de Mónaco? No. Es claro que nos referimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no vaya usted a creer que a alguna de las varias cortes europeas que conservan a sus reyes y príncipes y a toda la realeza que les acompaña. Éstos últimos son un anacronismo de nuestro tiempo, pero quien los padezca que le ponga remedio o, en todo caso, quien los disfrute, pues que con su pan se los coma y buen provecho.
Hay otra clase de realeza que se encuentra entre nosotros, la padecemos y además les pagamos. Lo curioso es que son servidores públicos cuyas acciones, se supone, están sujetas a las leyes que nos rigen. Es más, lector, para su asombro, le diré que son los custodios superiores del orden constitucional y guardianes de la correcta aplicación e interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estos conspicuos señores y una dama, porque hay una Ministra, son la casta divina del país, los jornaleros de lujo, a quienes les pagamos hasta el agua de sus casas.
Pobres de los pobres. Que pensarían 55 millones de miserables que habitan en México, más de la mitad de los habitantes del país, de las cantidades que estos señores y señora “ganan” mientras que ellos solo podrían ver reunido ese dinero acumulando su salario durante tres o cuatro generaciones.
Si usted va a pedir trabajo o chamba a una empresa privada, como buen profesionista que es, entrega su curriculum, sostiene una o dos entrevistas con sus posibles contratantes y posteriormente, si tiene suerte y resulta ser usted el que requieren, lo aceptan y a trabajar. Recibirá por sus servicios un promedio de ocho mil pesos mensuales brutos, lo que quiere decir que usted tendrá que pagar los impuestos generados. No es así con la casta divina, a ellos se los pagamos nosotros. Y no utilicemos ejemplos de personas que alquilan su fuerza de trabajo para ganar, con un gran esfuerzo, el salario mínimo, porque entonces todos nos pondremos a gimotear después de hacer las odiosas comparaciones. Le recomiendo que por su salud emocional no lo haga.
El Presidente de la República gana, por disposición del Decreto de Presupuesto de Egresos 2005, alrededor de 154 mil pesos mensuales netos. Un subdirector en el ámbito publico federal gana alrededor de 25 mil pesos brutos al mes. Hay directores generales que rebasan los 50 mil pesos mensuales, también brutos. En este maravilloso país hay servidores públicos de primera, de segunda, de tercera... y la cuenta puede ser infinita y serán tantos los niveles como categorías tenga el catalogo de puestos en el servicio publico federal.
La empresa Mercer Human Resource Consulting, realizó un estudio mundial sobre los diferentes salarios que se pagan en los altos niveles gerenciales en una muestra de 50 naciones en el mundo; una vez que convertimos los dólares a pesos al tipo de cambio, surge Chile con una remuneración bruta anual de 1.3 millones de pesos al año; nuestro país, México aparece con 1.05 millones de pesos al año de sueldo bruto. En tanto que Suiza es el país que mejor retribuye a sus empleados con 1.98 millones de pesos al año. En la Encuesta de Sueldos 2005 de la Cámara Americana de Comercio, se consigna que el promedio salarial a directores de área, supervisores y gerentes oscila en un rango mínimo de 52,240 pesos al año y un máximo de 1.93 millones de pesos anuales, aproximadamente.
Nada que ver con nuestros excelsos y desmedidos Ministros de la Corte.
Hay algunos pocos elegidos que no caben en ninguna categoría, son una especie rara, no precisamente en extinción, que se encuentran en el paraíso salarial, en un lugar muy parecido a la gloria. Usted se preguntará porqué, y muchos periodistas se los han preguntado directamente a estos altísimos ganones y solamente recibieron un largo e incomodo silencio como respuesta.
¿Sabe usted, asalariado lector, cuánto gana el Ministro Presidente al año?
Pues la bagatela de ¡¡¡ 7.8 millones de pesos al año !!!
Según estos datos, el Ministro Presidente de la Corte ganaría 21,369 pesos ¡diarios!
Mas o menos esa es la cantidad que estos ilustrísimos señores, y señora, han decidido embolsarse del dinero que usted y yo pagamos de impuestos. Cuatro veces más que lo devengado por el Presidente de la República, según cálculos de algunos diputados federales, a pesar de que la Ley lo prohíbe. Puede ser legal lo que hacen, según ellos dirán. No lo sé. Pero sí sé que es profundamente inmoral y cínico.
¿Y la justa medianía republicana de Juárez en donde quedó? ¿Y la indispensable autoridad moral?
Esta anomalía, por llamarle de alguna forma, viola el artículo 45 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se indica con claridad que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Asómbrese usted más, si le es posible: cuando la Auditoria Superior de la Federación intentó profundizar en la investigación para saber si violaban la legislación vigente en materia presupuestal, entonces los ilustrísimos se ampararon, ¿en que cree usted?, pues según ellos, en la “autonomía” del Poder Judicial. Esta es una de las formas más abusivas que conozco del concepto de autonomía. Casos como este me convencen, cada vez más, de que, en efecto, a este país le urge una purificación.
Además, la singularidad de los Ministros de la Corte, también es violatoria de diversas disposiciones relativas a los recortes al gasto corriente de la alta burocracia de todas las dependencias del ámbito federal que aprobó la Cámara de Diputados para este año.
En las leyes y decretos que regulan estas materias, se emiten una serie de normas a las cuales deben sujetarse TODOS los servidores públicos federales del país. Nadie puede sustraerse y alegar de manera tramposa: “nosotros nos manejamos aparte porque somos uno de los poderes republicanos y tenemos autonomía para todo lo que se nos ocurra hacer con nuestro presupuesto”. Ya basta.
¿Quiénes son estos privilegiados? ¿Quién demonios se creen? ¿De que méritos goza este grupito de abusivos? ¿Quiénes son este conjunto de vividores que creen merecer estos ofensivos sueldazos insultando con ello a todos los mexicanos?
En el mundo, en todo el ancho mundo, no hay un solo servidor publico que gane lo que ganan estos célebres caballeros y la distinguida dama. Ni siquiera los presidentes de naciones ricas y poderosas ¿Cómo es posible que en el servicio publico mexicano, unos pocos, quienes sean, se concedan como sueldo tales carretadas de dinero sin pudor alguno?
Lo que sea que hagan estos “sabios”, óigase bien, lo que sea, no es justo ni ético lo que se meten al bolsillo. Ningún servidor publico merece ese bárbaro salario y sus canonjías, menos en un país de miserables. Insisto, no importa que hagan.
Si ya el sueldo de la alta burocracia del poder ejecutivo nos parecía una insolencia pues estos datos que fueron dados a conocer a la luz publica, nos parecen un auténtico descaro y un atentado contra la justicia y el buen gobierno.
De veras que no tienen vergüenza.
Me parece que le deben una buena explicación al pueblo de México.
Para rematar, el Magistrado Presidente reconoce que los rezagos existentes en la impartición de justicia en su ámbito de competencia es ¡por falta de recursos! Pero lo que les sobra de presupuesto en el año, lo mandan a sus inexpugnables fideicomisos violando la ley de nuevo. Sin comentarios.
Como ya no tengo espacio, en una próxima entrega les daremos conocer las “prestaciones” que estos exclusivos mexicanos clase premier, se reparten en la más absoluta impunidad y como usan la figura del fideicomiso para “esconder” otros muchos de sus magnánimos y desmedidos privilegios.¡Que país tan maravilloso!