CRIMEN DESAFORADO JUSTICIA DESORGANIZADA

Sólo hay tres pasos en la impartición de justicia: quien detiene al delincuente (policía), la autoridad que lo acusa y consigna (ministerio publico) y el que juzga y sentencia en el poder judicial (juez). Eso es todo. Simple ¿no le parece? Pues no resulta tan simple en la realidad. Intenté investigar cuántas instancias diferentes desempeñan total o parcialmente labores policíacas de seguridad o de índole semejante, que con diversas especialidades y responsabilidades operan en nuestro país y me rendí. Todas tienen una encomienda de gran profundidad y compromiso: hacer que se cumpla la ley. Ahí le van algunas como ejemplo: La policía judicial, la ministerial, la municipal, la capitanía de puerto, la estatal, la hidráulica, la forestal, los de la AFI, los de la PFP, la Condusef, la fiscal de Hacienda, los del Cisen, el ejército, agentes del ministerio publico, la de pesca, jueces de toda condición, el estado mayor, la marina, la fuerza aérea, la Interpol, los de la Profepa, los de la Profeco, la de migración, la antidrogas, la CIA que opera en el país, la bancaria, la comercial, la privada, la auxiliar y... agréguele usted las que se le ocurran, la lista es infinita. En tierra mar y aire. Y según la legislación a aplicar, cada cual trabaja para su santo, porque se dedican, cuando lo hacen, únicamente a atender su tramo de competencia, nada más. Hemos sabido de casos curiosos en el actuar de las policías. Cuando alguna de las múltiples corporaciones logra detener a un delincuente, se pelean por el trofeo, inclusive a balazos, para conservarlo. Y uno nunca sabe si es por cumplir celosamente su deber, o por complicidad o simplemente para justificar su trabajo y tener a alguien a quien llevar a la comandancia. Tenemos muy buenos policías pero son las excepciones. Y sería injusto no reconocerlo cuando hay servidores públicos que cumplen íntegramente con sus obligaciones, son atentos, diligentes y profesionales, y en algunos asuntos, incluso a costa de sus propias vidas. Me consta. Pero son los menos.
Usted lector, a cuántos policías conoce o ha visto en la calle, que se mueven con dificultad por un sobrepeso imposible de controlar o con edad suficiente para retirarse. Incapaces de investigar ya nada ni de perseguir a nadie. Ya no pueden ser policías. O se convertirán en carne de cañón para una delincuencia cada vez más perversa y mejor armada.
Tenemos en el escalón siguiente, a los agentes del ministerio publico, quienes investigan el delito y acusan al delincuente. Se creen jueces, ellos deciden qué investigan y qué no y nos tratan como si fuéramos sus sirvientes. Algunos son muy colmilludos pero otros, los más, son inexpertos, y todos se encuentran materialmente abrumados por los miles de casos que tienen en las manos. Una mayoría de estos funcionarios, son claramente incompetentes porque no le sirven a los ciudadanos sino al poder. Pero su ineficacia deriva, también, de la carencia de personal, capacitación inadecuada, falta de infraestructura, presupuesto y sueldo miserables, insuficiente empleo de tecnología o por limitaciones personales y profesionales. En los pocos casos que logran integrar bien el expediente y presentarlo ante el juez, pierden uno sí y otro también. Vea usted amable y solitario lector, lo que dice el diputado Arturo Nahle García, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, “Detrás de cada banda de secuestradores, roba autos o traficantes de droga hay un Ministerio Público que los protege y decenas de judiciales a su servicio”. Este mismo representante propone un ejercicio interesante: dar un ultimátum a las instancias federales y locales, para que obtengan resultados en menos de 48 horas, bajo pena de sanciones ejemplares, si no atrapan a los delincuentes; y presume que se obtendrían resultados espectaculares porque “En menos de ese plazo caerían cientos de delincuentes, porque los ministerios públicos y agentes saben dónde están y cómo operan, porque reciben protección”. Con estos razonamientos apoya la propuesta que hoy se estudia en el Congreso para concretar la autonomía de la PGR y de los ministerios públicos, la cual, nos dice el diputado, una vez aprobada, requerirá de una limpia a fondo de ministerios públicos y agentes judiciales.
Muy bien diputado Nahle pero, y después de detener a los infractores ¿en donde los va usted a meter? Ya ni en el penal de las Islas Marías porque López Obrador pretende convertirlo en un paraíso de diversiones para los niños pobres, la mítica tierra de Pejelandia o Disneymex, con juegos y grandes atracciones para felicidad de los infantes. La realidad es que no hay espacios carcelarios disponibles, ni ministerios públicos, ni jueces suficientes para atender la gran demanda de justicia que se generaría en éste hipotético ejercicio. Por ello, es indispensable atacar integralmente el problema, pero no por partes aisladas. Si no se acomete el problema atendiendo al conjunto, armónicamente, es perder el tiempo y crear otros problemas. Es imprescindible que exista un balance razonable en las soluciones para todas las partes que intervienen.
¿Y el poder judicial? Bueno aquí la cosa se pone peor. ¿Sabe usted cuántas artimañas se pueden esgrimir para alargar un juicio “legalmente”?, sin importar la materia que sea. Vea usted un caso reciente y muy sonado de una persona que tiene dinero a montones y buenos abogados, y aún así le llevo diez años demostrar su inocencia en uno de sus ocho cargos: ¡Diez años! ¿Esto es justicia pronta y expedita? Eso sin considerar la lentitud que la justicia adquiere cuando es politizada, o convenientemente aceitada, o cuando se le quita la grasa lubricadora para que, al paso del tiempo, se herrumbre el caso y lo manden al archivo muerto. Hemos visto hasta el cansancio que los delincuentes ricos, no pisan la cárcel hagan lo que hagan, siempre y cuando tengan buenos abogados y dinero de sobra para pagarlos. Lo atestiguamos todos los días. Y eso que, en general, tenemos mejores jueces que abogados litigantes, y que bueno que así sea, pero no es suficiente. Según nos ilustra E. Krauze, el único caso de una renuncia que se registra en la historia de la Suprema Corte sucedió en 1931 y lo hizo el magistrado Alberto Vásquez del Mercado (1893-1980) al no apoyarlo sus colegas para impedir que el presidente de la republica violara un amparo concedido a Luis Cabrera, y señaló en su intervención: "Estos actos rompen el equilibrio de poderes que la misma Constitución establece, y nulifican y hacen desaparecer de hecho el Poder Judicial en su más importante y trascendental función, como es el amparar y proteger a los individuos contra los abusos del poder... como juzgo que el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede desempeñarse íntegramente cuando no se logra que las resoluciones de los tribunales federales sean acatadas y obedecidas, vengo a renunciar al cargo..." y le presentó su dimisión al Presidente de la Republica, Pascual Ortiz Rubio. No hemos vuelto a saber de un caso parecido de honorabilidad y valentía en la Corte protestando contra una institución “que no se respetaba a sí misma”. A partir de ahí la ruina la ruina del poder judicial, que los condujo a la dependencia y el sometimiento de las Cortes y tribunales a los poderes ejecutivos hasta devenir en cortesanos. Ni qué decir del arcaico ministerio publico cuya inoperancia es histórica.
En un asunto tan banal como una diligencia de careo en un juicio sobre un choque, me tocó ver, en plena diligencia, al abogado del delincuente, defensor de oficio, borracho a las doce del día, y nadie de los ahí presentes le dijo nada a este ebrio irresponsable. Por cierto, en ese mismo caso, a pesar de haberle entregado dos escritos en propia mano, en dos ocasiones distintas, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (con doce años en el cargo) pidiéndole su intervención ante el juzgado tercero para que la demanda interpuesta por el choque se resolviera apegada a derecho, en tiempos razonables y se pagaran los daños. Hasta la fecha no tengo noticias al respecto. Ya ni vamos para no hacer corajes. Y ¿sabe usted, demandado lector, cuánto tiempo ha transcurrido? Agárrese. ¡La demanda se presentó el 12 de junio del 2000! A la familia ya le costó parte de su patrimonio: 26,000.00 pesos por el arreglo del carro, más dos semanas sin vehículo, más los intereses que se han acumulado hasta hoy, sumando a la fecha, más de 70 mil pesos. ¿Y quién va a pagar? ¿La juez? ¿La señora Presidenta? Todavía seguimos esperando la “justicia pronta y expedita” que prometen a diario en sus discursos. ¿Y el culpable confeso del accidente? muerto... pero de la risa; porque además, iba ebrio cuando causo el accidente, huyó del lugar del choque y se le detuvo a ocho cuadras, no tenía licencia, falseó su declaración, no acreditó la propiedad de su vehículo, hubo testigos en su contra, se identificó ante los policías como otra persona y ni cuenta se dieron, aceptó su culpa, prometió pagar los daños, incumplió el convenio de pago, se dictó orden de aprensión, y volvió a huir, y... un largo etcétera de evidencias e impunidad. El caso es que nada de nada. Así que ¿Quién les va a creer? Cito el caso porque me consta y para ejemplificar un proceso. Como éste hay miles, literalmente, sin exagerar. Estoy seguro que en el poder judicial y en la procuraduría tendrán una sesuda explicación sustentada en una farragosa fundamentación jurídica para demostrar que el culpable de todo ¡es la víctima!, así que, por favor, ahórrensela. En otro ámbito, el municipal, ya le he contado de un caso verdaderamente patético, en el que los vecinos organizados de la colonia Esterito tardaron ¡siete años! en cerrar un escandaloso congal disfrazado de cantina, a pesar de tener la razón y demostrarlo a las autoridades competentes. Éstas armaron una bien organizada banda de protección de giros negros, y hoy se encuentran premiados en las cumbres políticas de nuestro estado. En la próxima entrega terminamos.
El problema de ineficacia e impunidad abarca todo el aparato de justicia y de cualquier materia, civil, penal, mercantil, laboral, pero también en cualquier ámbito de competencia, llámese municipio, estado, poder judicial local o federal. Pero en el ámbito penal es peor. No hay a cual irle. El reino de la impunidad. El senador Demetrio Sodí sostiene que “México es uno de los países más seguros para los delincuentes. De cada 100 delitos que se cometen sólo un delincuente acaba con ejecución de sentencia condenatoria, los otros 99 siguen libres y tranquilos en las calles”. ¿Esto valdrá para Sudcalifornia o hacemos como que vivimos en Marte? Pues sólo el poder judicial lo sabe, porque no conocemos los datos específicos del estado. Y agrega Sodi: “Con base en un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de cada 100 delitos que se cometen en México 75 no se denuncian, y de los 25 en que la denuncia se lleva a cabo, sólo en 4.5 casos se concluye la investigación, en 1.6 se pone al delincuente a disposición del juez, 1.2 recibe sentencia y 1.06 recibe condena”. Solo un miope no ve lo que esta pasando en el país.
La Procuraduría General del Estado por conducto del procurador, destacó recientemente que existen más de 15,000 averiguaciones previas pendientes. En la Junta de Conciliación y Arbitraje son 9,000 pendientes. En el caso de la Procuraduría son asuntos sin resolver, en proceso, perdidos en montañas de papeles y archivos, en computadoras y burocracia. Es decir, son presuntos delitos ya denunciados por la víctima, y los agentes del ministerio publico se encuentran integrando la investigación correspondiente, y por tanto, no han sido turnados al poder judicial para que lleguen a las manos de un juez y se emita sentencia, la cual, se llevará también su tiempo. Y lo peor de todo, lo realmente trágico, es que no se van a resolver si nos atenemos a las tercas estadísticas. El ministerio publico goza de total impunidad, nadie lo puede llamar a cuentas excepto su jefe. Las víctimas no cuentan, son una monserga para ellos. Tiene el monopolio de la investigación. Para documentar su optimismo, juzgado lector, le diré que en el caso del choque comentado en la entrega anterior, intervinieron cuatro agentes del ministerio publico para integrar la averiguación; a tres los corrieron y del otro no sé nada. No dramatizo si le digo que la averiguación tardó cuando menos un año para llegar a las manos del juez. ¿Cuánto tiempo le parece razonable, procesado lector, para integrar correctamente cada una de éstas 15,000 averiguaciones previas pendientes, con pruebas, declaraciones, testigos, fundamentos, peritajes, y apoyados en una interpretación seria y responsable de la ley? Años seguramente. ¿Cuántas averiguaciones le tocarán a cada agente del ministerio publico? El sistema de procuración de justicia está diseñado por el enemigo y para servir al poder, no al ciudadano o a la víctima; no sirve porque está pensado para no hacer justicia porque opera a favor de la delincuencia.
Y no hablamos de los rezagos en el poder judicial porque los desconocemos y en su página de Internet no reportan nada de esto. Tampoco conozco alguna evaluación consistente sobre estos temas que haya sido efectuada por una entidad diferente del Tribunal Superior de Justicia.
Así que usted cree, justiciero lector, que los delincuentes se van a preocupar por que los agarren. ¡Claro que no! Si solamente les basta atenerse a la parsimonia investigadora y a los errores que cometen primero los policías que los detienen, luego el ministerio publico y después el poder judicial, si les llega el asunto. Les será suficiente también con brincarse de un estado a otro, y a veces, de un municipio a otro o simplemente cambiarse de país para alcanzar el reino de la impunidad. Y en ese juego pasan años. Así no se puede, hay que cambiar de estrategia. Yo no sé cuál, pero siendo objetivos en el análisis, el sistema vigente de procuración de justicia no le sirve a nadie en las condiciones en que se encuentra. Únicamente acumularán desprestigio y resentimiento entre los ciudadanos. Más de los que ya tienen.
En los Estados Unidos, el 95% de los juicios corresponde al nivel local y solamente el 5% restante es de ámbito federal. En México, se estima que alrededor del 85-90% de los casos corresponden a una solución local, es decir, deben de resolverse aquí en el estado, el resto es federal. Por lo tanto, está en nuestras manos hacer el esfuerzo por cambiar el sistema, y para hacerlo no dependemos del centro del país ni del ámbito federal. Es urgente. Las autoridades locales involucradas tendrán que hacer algo más que dar declaraciones a los chicos y chicas de la prensa para demostrarnos, a todos, que están verdaderamente comprometidos, junto con los poderes legislativo y ejecutivo, para buscar un eficaz y verdadero cambio en la impartición de justicia. No de saliva, hay que demostrarlo. Que de cien delitos cometidos, se castigue a cien delincuentes. Que quien la haga la pague. Lo que hace falta son resultados no más leyes. Tal vez un nuevo sistema más integrado y profesional, basado en que la justicia abarca desde el policía de la esquina hasta el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Es lamentable la percepción optimista que tienen las autoridades de sí mismas y de su trabajo, desde los policías hasta los jueces, y no coincide con la negativa opinión que los ciudadanos tenemos de su desempeño. Y de ahí no saldremos nunca si no se cambia, radicalmente, la forma y el fondo en la impartición de justicia.
Es injusto, indebido e inmoral que la víctima de un delito, el que sea, se vea obligada a esperar años para que el delincuente reciba el castigo que merece. Se convierte en víctima permanente del vetusto sistema de impartición de justicia. Se tiene que identificar el problema con precisión y diseñar qué es lo que se requiere para resolver los nudos y diseñar instituciones que, en efecto, los resuelvan.
Justicia que no se pueda proporcionar en un lapso máximo de tres meses no sirve, algo está mal y habrá que cambiar éste infecto sistema. Ese tendrá que ser el reto para las modificaciones que se pretendan hacer, pero siempre a partir de la definición absoluta, primero, del tiempo o límite en el que se deben resolver los asuntos. Aceptado por todos y contenido en la norma. A partir de esta importante definición, se ajustará toda la estructura institucional para cumplir con el plazo establecido. En la base del diseño de las nuevas instancias, se considerarán: Supervisión de los ciudadanos en todo el proceso; acceso directo de las víctimas y sus abogados a los jueces directamente; juicios orales e información publica de los juicios. Más simple no se puede, ¿no le parece?
O si usted tiene una idea mejor pues propóngala y promuévala.
Hace mucho tiempo que el sistema de impartición de justicia le quedó chico al estado y al país. Y el que tenemos está podrido hasta la médula, de cabo a rabo. Tal vez valga la pena ver hacia los sistemas de justicia de Inglaterra, Chile y Singapur quienes tienen los mejores sistemas de prevención e impartición de justicia del mundo. ¿Alguien los conoce en la Procuraduría o en el Tribunal Superior de Justicia o en el Poder Legislativo? Me gusta para que no sepan ni en dónde esta Singapur. O asómense al municipio de Garza García en Monterrey. Harían bien en investigar a conciencia antes de desmantelar el torpe y arcaico sistema que tenemos en Baja California Sur. Quizá algún día nos toque ver este cambio y conocer al líder que lo lleve a cabo. Por ahora no veo a nadie que tenga lo necesario para entrarle a corregir el estercolero que tenemos en el estado en materia de impartición de justicia “pronta, expedita y gratuita”, pero... ojalá y me equivoque.