Aunque ya existía el concepto y se utilizaba en forma restringida, el terminajo de cartera vencida se acuñó de manera generalizada a partir de la crisis iniciada a fines del 94, prácticamente en todo el país. Al grito de debo no niego pago no tengo, al vencimiento de las deudas, se presentaron problemas de pago que afectaron por igual a los empresarios agrícolas, a los pequeños comerciantes y a todos los que contaban con algún negocio productivo. El padecimiento se agravó a partir de que los deudores no tuvieron flujos de caja ni dinero extra para pagar sus deudas a los bancos, principalmente; pero tampoco pudieron pagarles a decenas de proveedores de bienes y servicios, ni a la CFE, ni al gobierno del estado, ni a ningún acreedor. Nadie pagó y comenzó una debacle de la que muchos no se han recuperado y otros tantos quedaron financieramente muertos de manera fulminante, en la ruina. No fue el caso de los vivales, de los gandallas, esos sólo se aprovecharon de la situación. En parte, solo en parte, este es el origen del rescate bancario que propició la creación del Fobaproa y posteriormente del Ipab para evitar la quiebra del sector financiero, y en general, del sistema de pagos en México. No es el propósito discutir en esta entrega la validez de esta solución o la pertinencia ética, moral o justiciera de esta medida y de las instancias que se crearon para resolver esa crisis.
Nuestro estado no fue la excepción. Fue un desplumadero de negocios y de instituciones bancarias. Se ha tenido que rehacer todo el sistema financiero nacional, pero los deudores quedaron en el limbo porque sus carteras o créditos, solamente se trasladaron a otro cobrador: un organismo de la Secretaría de Hacienda, y además, los inscribieron, gratuitamente, en el Buró de Crédito. Todo se ajustó a una nueva realidad. Se terminó el bálsamo salvador del borrón y cuenta nueva, y las deudas de todo tipo y tamaño, quedaron vivas por siempre y para siempre, inscritas en un registro orweliano del que nadie se escapa, mas que pagando lo que debe, y aún así batallará para que lo saquen de la lista negra.
Las consecuencias de aquél colapso económico tiene todavía secuelas en sudcalifornia. Sus orígenes se localizan antes, durante y después de la crisis del 94. Todavía perduran alrededor de 200 productores agrícolas localizados en el Valle de Santo Domingo primordialmente, con problemas financieros serios de cartera vencida. Durante años no han tenido salida, quedaron como apestados, porque ningún gobernante o dirigente, ni ellos, atinaron a crear las condiciones favorables para que este conjunto de mártires de la economía de mercado zedillista se reincorporaran a sus actividades productivas y lograr que, al mismo tiempo, fuera borrado su negro historial de créditos no pagados.
En esta nueva administración estatal encabezada por el gobernador Agundez, nos encontramos con la noticia de que ya se había encontrado ¡por fin! un camino, razonablemente bueno, para que los productores se alleguen una cura a sus añejos males financieros. “Soluciones definitivas y proyectos integrales” ha dicho. Parece que ya no estarán desahuciados. A quien se ha encargado la coordinación de estos esfuerzos es el FIMID, organismo descentralizado del gobierno del estado que está a punto de cambiar su denominación y algunas de sus funciones para convertirse en el brazo financiero del gobierno del estado y su coordinador en estas materias. Y lo hará no solamente con sus escasos recursos propios, sino también conjugando la presencia e intervención de entidades financieras como Nafin y Bancomext con representación en el propio edificio del organismo.
Para tratar de resolver este complicadísimo y añejo problema, los nuevos estrategas han diseñado una maniobra interesante. Decidieron la creación de un fideicomiso especial (parecido a uno de Chihuahua) para tratar solamente el asunto de la cartera vencida cuyos resultados podremos ver en los meses siguientes. El fideicomiso ya fue formalizado por el gobierno del estado, el Director del Fimid me indicó que ya está firmado, y el propio organismo tiene la responsabilidad de su operación. Las modalidades bajo las cuales funcionará serán simples. No se trata se comprar la cartera de los productores emproblemados y ya. Tampoco se trata de promover la ineficiencia o destinar los escasos fondos del estado a beneficiar un pequeño grupo de 200 personas con decenas de millones de pesos. Según el Director citado, los productores estarán obligados a aportar, cuando menos, un 20% del valor de la cartera o créditos que tienen en problemas. Además deberán entregarle una carta al Fimid conteniendo su autorización para solicitar, en su nombre, información a los bancos o entidades con las cuales tienen problemas, y poder de esa manera, identificar el tamaño de la bronca, para definir los términos de la negociación con quienes poseen la cartera vencida.
El proceso de investigación con los bancos e instituciones involucradas será tardado y complejo, calculándose en unos seis u ocho meses para dimensionar correctamente el problema por la cantidad de actores involucrados. Otro tanto será necesario para negociar con los bancos o Hacienda, en caso de que se avance en este sentido. Sin embargo, el problema consistirá en que los productores afectados no dispongan del 20% que por “adela” se les exigirá por parte del Fimid para iniciar el proceso de saneamiento de su cartera. No todos tienen dinero ni en esas cantidades. Tampoco tienen negocios productivos con buenos niveles de rentabilidad, para continuar pagando una deuda hoy impagable, por su monto, porque tiene asociados una gran cantidad de intereses normales y moratorios encima, además de las demandas relacionadas en curso y que, en su mayoría, no se han resuelto. El punto central es que no se está planteando la condonación total de la deuda. No. Simplemente con los datos precisos en la mano, se intentará negociar con bancos e instituciones, para obtener la mayor quita posible de intereses y capital o ambos, pero no será total, siempre quedará algo, depende de la negociación. Alguien o algunos perderán, pero si la transacción es inteligente, todos podrían ganar. Se tendrá que apostar buena parte de los bonos democráticos obtenidos por la actual administración para sacar adelante la negociación, sobre todo con los productores involucrados, quienes están pensando, erróneamente, que únicamente le pasarán los adeudos al fideicomiso del gobierno del estado y a otra cosa. No está planteado así. Pero la mayor parte de los productores esperan un salvador, a un rescatista que, si se puede, asuma totalmente sus deudas y compromisos y les regrese las garantías para seguir pagándole al posible benefactor, pero con pagos virtuales, de a mentiritas, al fin que la deuda ya está en casa y su manejo será más “en confianza”. Ese es el riesgo. Hay que tener cuidado con las altas expectativas que se crearon al ofrecerles a los productores “soluciones definitivas y proyectos integrales” para terminar con sus problemas financieros. Recordemos que ha habido múltiples y variados programas de reestructuración de la cartera vencida en el estado. En uno de tantos, tal vez el más reciente que recuerdo, el gobierno del estado asumió una parte de la deuda de los productores, y aún hoy, me parece, el estado continúa pagando, porque se garantizó con participaciones federales y los pagarés que firmaron los beneficiarios se encuentran en las bodegas de archivo muerto del gobierno del estado, si es que no se los han comido los ratones. En ese ventajoso programa de reestructura, el gobierno del estado se engulló el 30% del compromiso, calculado sobre el adeudo global de los productores emproblemados, a tasa cero y a diez o doce años de plazo; otro tanto, lo asumió el banco; y el resto, quedo formalizado en pagarés firmados por los productores a favor del gobierno del estado, quienes tampoco han pagado; unos porque no tuvieron fondos para hacerlo y otros porque no quisieron. Es decir, sólo el gobierno del estado pagó y cuando no lo hacía, se realizaban las gestiones para cobrar esta cartera directamente en Hacienda con cargo a las participaciones federales. Los productores no pagaron nada o casi nada. Sus pagarés los tiene el gobierno estatal en algún lugar.
Así que resolver, lo que se significa literalmente resolver, este complicado problema esta por verse, porque es mucho dinero involucrado. En el 2005 se tienen estimaciones de adeudos correspondientes solamente al Banrural de, aproximadamente, 10 mil millones de pesos en todo el país. Los afectados en nuestro estado son de los que concentran mayor deuda, con el 10% del total nacional; esto significa que los productores de sudcalifornia deben, al menos, 1,000 millones de pesos en una estimación muy conservadora. Esta cifra es equivalente al 22%, una quinta parte, aproximadamente, del presupuesto de egresos del gobierno del estado para este año 2005. Si de usted dependiera, endeudado lector, ¿le asignaría una quinta parte del presupuesto de egresos del estado a más o menos 200 productores, para resolverles total y definitivamente sus problemas de adeudos bancarios? No es sencillo tomar una decisión, pero si se quiere solucionar el problema de raíz, alguien o algunos tendrán que desembolsar mucho dinero: los productores, el gobierno del estado y el Banrural en proceso de liquidación y Hacienda. Pero ¿y las otras deudas, como la de CFE, quien las va a zanjar? Porque de resolverse las bancarias todavía quedan un montón más. En todo caso, habría que hacer bien las cuentas. Suerte.
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