¡Ahí viene la plaga! Los vendedores ambulantes son incontenibles, tienen el don de la ubicuidad y demuestran palmariamente la teoría medieval de la generación espontánea. Nadie podrá con ellos. Aparecen de la nada. Tendremos que aprender a convivir con esta calamidad por consumir sus chucherías, fritangas y menjurjes de todo tipo que venden. Conozco a comerciantes que tienen negocios formales pero ahí están. ¿Porque? La verdad no lo sé y tampoco se los he preguntado. Cada vez habrá más y más. No hay freno, ni ley, ni autoridad de ninguna clase que se los impida. Al principio, cuando se establecieron, nada ni nadie los contuvo, ahora... menos. Están por toda la ciudad, en todas las calles.
Sostengo, que donde haya tres personas en un puesto callejero o ambulante, la ambición de dos de ellas será tener, algún día, su propio negocio: un puesto ambulante en la calle. A la primera oportunidad. Será su máximo interés en la vida. La generación espontánea en su máximo esplendor.
Con el desarrollo material y social nos llegan formas de comportamiento de las grandes ciudades, llegan muchas cosas buenas, pero también las plagas.
El diccionario de la Real Academia Española dice que ambulante es el “Que va de un lugar a otro sin tener asiento fijo”. Habrá que inventar algún otro nombre para éstos “emprendedores históricos” porque algunos de ellos ya tienen un lugar fijo en la calle. Ya se despliegan siempre en “su” mismo territorio: el malecón costero. Donde haya más luz para que se vea bien la “merca”, o donde haya luz pero también un poco de música, para no estar tan aburridos cuando escaseen los paseantes convertidos en clientes.
Para lograr su propósito de permanencia, los ambulantes usarán los mismos procedimientos delincuenciales que se acostumbran en estos casos: primero se asociarán con otros ambulantes y para esto con tres la hacen; enseguida, presionarán a las autoridades para que les den un permiso por centavos, porque son pobres, o para que se hagan de la vista gorda; seleccionarán “sus” espacios: las calles o sitios con más tráfico de personas, sea donde sea; responderán, ya “organizados”, de manera corporativa y violenta ante posibilidades de desalojo; y terminarán prometiendo a las autoridades que, si los dejan, votarán siempre por ellos para respaldar su ambición permanente de poder. Con eso tenemos para padecerlos por toda la eternidad. Ante cualquier amenaza a su ilegal actividad, les queda también, recurrir a las “instancias legales” para solicitar un amparo que, sin excepción, les será otorgado por jueces a modo que han desprestigiado y prostituído hasta el hartazgo esa noble institución de defensa que es el amparo en contra de actos ilegales de las autoridades. ¿Con que razones jurídicas puede un juez otorgar un amparo a un ambulante, quien de manera contumaz está violando la ley? La opinión pública sabe perfectamente bien porqué lo hacen y sus razones obedecen a la corrupción, el dinero y las complicidades. Es vergonzoso.
Usted puede encontrar hasta 40 en una sola manzana o más, depende del lugar y del tráfico que exista en donde decidan asentarse. Porque ellos lo deciden, olfatean y corrompen los buenos lugares.
Era sólo cuestión de tiempo para que un paseo magnífico y decoroso como el malecón costero de La Paz se llenara de ambulantes. Existen algunos especimenes en la ciudad que ya tienen “derecho de piso” ¿y sabe usted porqué? Pues porque “acumulan” tiempo en el mismo lugar y con ese argumento bizarro de la permanencia, de la impunidad, ni quien los moleste. Lo primero que alega “el perseguido” es que su pequeño restaurante o tendido en la calle ya tiene mucho tiempo ahí. Algunos varios años, y que por eso no los puede quitar nadie. Esa es “su razón” y, en efecto, nadie los molesta. Su argumento es el tiempo que han subsistido impunes, al amparo de una cómplice y tolerante autoridad. ¿Y sabe usted lo que hacen las autoridades municipales? Nada, los aceptan como un hecho bíblico y ahí los dejarán por los siglos de los siglos, porque desalojarlos les quitará votos en la próxima elección. Prepárese lector, en un futuro no muy lejano, tendrá que pasear por el malecón esquivando triciclos con elotes o globeros o rastas artesanos, algodoneros, paleteros o lo que sea. Sin faltar los montones de excremento de las mascotas incontinentes de dueños irresponsables. Tendrá usted que caminar a brinquitos para librarse de la mierda fresca de todo tipo. O de plano dejar de ir. No falta mucho para que el malecón de La Paz se convierta en el mayor mercado de ambulantes en el estado, como los del centro del D.F. gracias al neocorporativismo de los perredistas, los recientes pastores de esta futura, y productiva en todos sentidos, clientela política. Por ahora tienen tres kilómetros para asentarse, eso mientras terminan la ampliación del malecón. ¿Si ya dieron un permiso porqué no dar decenas?
Vea usted como esta ahora el malecón. He contado no menos de 30 ambulantes de todo tipo en días normales más los que se acumulen de aquí a que se publique ésta columna. Multiplique esta cantidad por tres los fines de semana. Emergen como espectros, desde la “afable” viejita que un día brotó de la nada, al igual que todos ellos, como extraída de los 120,000 ambulantes invasores del Centro Histórico del D.F. y que pone su mesa con dulces y chucherías y se funde en una silla permaneciendo inmóvil e inmutable, hasta los eventuales de uniformes raros que venden cocos fríos usando máquinas extraterrestres. Un rasta y su chica embarazada que enseña a los cuatro vientos, con orgullo, su panza pelona y que venden chucherías hechas a mano; otros más de cabellera larga, con trencita o de colita o así nomás o con su paliacate, con su tendido y sus sillas; y los que alquilan por tiempo los brincolines y múltiples juegos inflables que suben a sus carros de lujo cuando terminan. Los de los tacos y las hamburguesas que inundan con su miasma tres cuadras a la redonda. Pero también están los que venden esquites, elotes y raspados en sus triciclos tienda; los que venden artilugios luminosos como los que se encuentran cuando vienen los merolicos escandalosos al dizque carnaval. Familias enteras dedicadas a vender en la calle, en las que, el esposo pregona, la esposa anuncia y los hijos con edad suficiente aprenden el oficio vendiendo, mientras en una carreola espera su turno otro futuro ambulante. Los de las flores para románticas parejas. Los que venden cuadros y artesanías. Otros, eventuales, como vieron que no pasa nada, han hecho su tendido con exhibidores rodantes para colgar ¡ y vender ropa!. Los que alquilan carritos eléctricos. Vendedores de café. Aparecen de pronto amas de casa y morritas vendiendo agua y refrescos fríos que extraen de una simple hielera. Fotógrafos. No falta la doña, aunque ésta también es eventual, que vende ricas garnachas, sopes y quesadillas en el restaurantito que arma y pone a funcionar en décimas de segundo. Y no siempre, al menos no todavía, alguna que otra piruja sin rumbo, aunque sin exhibir un sentido de pertenencia maleconero, porque aún se siente fuera de lugar. Unos han visto el progreso súbito y ya tienen hasta dos puestos... por ahora. Antes estaban solo los viernes, sábados y domingos y de cajón en cualquier evento. Brotan espontáneamente, de la nada, y desparecen en un santiamén. Ahora ya están todos los días formando parte del paisaje maleconero. Todos ellos ya tienen el sagrado “derecho de piso” que les da otra especial prerrogativa paceña: la “antigüedad”, aunque sea de horas o días. Y como nadie les dice nada...
En el colmo del absurdo ya sucedió lo inaudito, apareció ¡una gringa! joven y güerita que también saca su trapo, extiende sus chucherías y a vender. ¡La antitesis del sueño americano! Kafka avecindado en La Paz.
¿Y la espléndida Casa del Artesano Sudcaliforniano? ¿Se acuerdan de ella?
Y lo que es peor, cualquiera pone una mesa con sillas en plena calle, su ansiado restaurantito, y comienza a destazar las folclóricas almejas chocolatas arrojando toda su inmundicia al agua que tiene justamente enfrente, al fin que “no pasa nada porque los desperdicios se los comerán las gaviotas”, dicen. Incluidos los desechos que ellos generan, porque no tienen baño, más las conchas de las almejas. No les importa la descomunal pestilencia que generan los desechos de las almejas por su rapidísima descomposición; si usted ha aspirado el olor de una almeja muerta, descompuesta, podrida, sabe de lo que estoy hablando: es de vómito seguro, sin exagerar. Ahora multiplíquelo por 600 almejas diarias que se venden en el “restaurante”. A nadie le ha importado que al pasear las personas, turistas o locales, frente al “negocio” o de cara al “tiradero” en el mar, tengan que taparse las narices para evitar la peste y caminar rápido para no sentir nauseas. Los mismos policías han sacado costales de conchas de desperdicio del mar a donde fue arrojada la basura ¡y no pasó nada! De verdad nada, solo sacaron el costal lleno de conchas y lo llevaron al otro basurero. Fue todo.
En este desmadre, hoy, cualquiera saca su trapo, su mesa, sus elotes, su silla, su hielera, sus globos, su cachivache, sus almejas, su artilugio, su trique, su carrito, su jueguito, su armatoste, su... lo que sea, ¡y a darle! lo extiende, lo arma y se pone a vender, pues para eso les pusieron su malecón, ¡faltaba más!
Los ambulantes ya pasaron la prueba de fuego: cuando se asentaron en su lugarcito meleconero nadie les dijo nada... Y en su torcida y acomodaticia mentalidad asumieron que ese lugar ya es de ellos.
Si en definitiva, como parece, los van a dejar pues hay que cobrarles ¿no le parece? Total, ya jamás se van a quitar de donde estén. ¿Cuánto le gusta a usted que cueste el metro cuadrado de malecón nuevo para renta? Haremos el ejercicio y estimaremos unos 300 pesos el metro cuadrado de un local normal maleconero, pero como no es propiamente un local y carece de servicios, pues que sean 200 pesos diarios por metro cuadrado para el Ayuntamiento. Si alguien pensó que los ambulantes se asustarían con ese precio no sabe lo que ganan algunos de ellos. Es más, pagarían eso y cualquier tarifa que les pongan. Un almejero ambulante maleconero vende no menos de 600 pesos diarios, por ejemplo, de las 10 a las 13 horas. Más que muchos comercios establecidos. Los taqueros de Hacienda, que tenían su restaurante de cuatro mesas en plena calle vendían no menos de 15,000 pesos diarios. Por esa razón nadie lograba quitarlos y conste que se agenciaron ¡tres amparos!, hasta que las autoridades ganaron el juicio y lograron removerlos de ese lugar del que ya se creían los dueños. Es una muy buena noticia pero aislada. La mala es que, a varios de los que logran quitar de un lugar es para que se instalen en otra calle. Habrá que exigirles a los que venden bien que se instalen en un local e impedirles que continúen adueñados de las calles de manera permanente y abusiva. Sé que es una pésima ocurrencia la de cobrarles, lo reconozco. No están en la calle porque sean pobres o porque no consigan empleo o no encuentren un local adecuado ni pretextos parecidos. Están ahí simplemente porque lo que instalan es un buen negocio, y un negociazo en algunos casos. Invierten casi nada porque poco les cuesta. Sabios conocedores de la economía y del mercado, invierten lo menos para ganar lo más en tierra de nadie. Las blandengues autoridades lo permiten. Les temen pero los usan. Así que preparémonos todos.
25 septiembre 2005
PAGINA WEB OFICIAL DE BCS UNA BUENA Y OTRA MALA / II Final
No hay presupuesto autorizado por el Congreso ni desagregado ni sin desagregar, no hay absolutamente nada en esta materia. En la liga a la información financiera solamente aparecen unos cuadros escaneados que exceden el tamaño de página en donde se analiza el informe trimestral del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ramo 39. Son 124 millones de pesos, se muestra su origen y destino, pero esta cantidad no es realmente nada, si la comparamos con un presupuesto de más de 4,500 millones de pesos anuales. Está bien que aparezca pero es totalmente insuficiente. Es todo lo que trae de información financiera y no es realmente nada. Este es un factor esencial para medir la transparencia. Aguas.
Tampoco hay curriculum de los empleados del gobierno al menos de los puestos de jefe de departamento para arriba. ¿Cuánto ganan éstos funcionarios del gobierno del estado? ¿Cuántos son? ¿Cuánto nos cuesta la nómina? Quien sabe. No hay información. Es en estos casos en donde se requiere exhibir la famosa y muy pregonada transparencia. Hablamos de ella pero escondemos la información relevante o simplemente no la damos. En estos asuntos hay cero avance y así es probable que nunca vayamos a superar el lugar numero 27 que ocupamos en transparencia, y hay un serio riesgo de caer, aún más, dentro de los cinco lugares que nos faltan para llegar a la cola.
En licitaciones solo hay 2, una para obtener una canción y otra para ambulancias, es todo. No manchen. ¿Nadamas habrá eso para licitar en el gobierno del estado con un presupuesto de 4,500 millones de pesos al año? Los periódicos están llenos de convocatorias pero éstas no aparecen en la página oficial.
Ahora vamos con el Programa para la Modernización e Innovación Gubernamental de la Administración Pública Estatal 2005-2011. ¿Alguien puede explicarme que hace el rector de la Universidad de Tijuana como Vocal Ejecutivo en el Consejo para la Modernización e Innovación Gubernamental? ¿Copiaron mal el Programa y se les olvidó borrar este dato o de plano es un error de dedo o sí va a participar? Y además del Consejo, instalan un Comité Coordinador para el Desarrollo del Programa de Modernización e Innovación Gubernamental. En éste programa también confunden los objetivos con las metas y se basan en los manidos y errados conceptos de los manuales de autoayuda empresariales. Les voy a dar una orientación de kinder en planeación: los objetivos son de carácter cualitativo y para definirlos, generalmente se usan verbos en infinitivo para comenzar la frase o el propósito; y las metas, son la cuantificación de los objetivos, es decir, deben dimensionarse con números en el tiempo para poder medirlos. De nada.
Como no hay un diagnóstico de partida en el Programa de Modernización, dicen: “A partir de las metas establecidas debemos concretar las actividades a realizar para obtener un diagnóstico de la situación actual de la administración pública estatal, mediante el seguimiento puntual del cronograma que a continuación se presenta”. De hecho ofrecen como diagnóstico solamente dos indicadores de eficiencia. No se consigna ni siquiera una evaluación en los programas parecidos que se han formulado y ejecutado y que citan en el estudio. ¿Qué no debemos comenzar un programa como éste a partir de una evaluación y luego integrar un diagnóstico antes de definir qué vamos a hacer? Es precisamente el diagnóstico, la fotografía de la situación actual, la que nos orienta y ubica justamente dónde estamos, y de ahí, se derivan las acciones a seguir, los programas y proyectos específicos, y desde luego, la determinación de las prioridades, porque no se podrá hacer todo al mismo tiempo. El proceso de planeación no es al revés, a menos que sea un nuevo invento de los nacientes planeadores. Es, moderno lector, como si un médico le diagnosticara y le recetara su clásico medio kilo de medicinas para curar sus males sólo con el poder de su mirada, del doctor, o por teléfono, sin haber realizado algunos análisis mínimos, y sin auscultar siquiera al paciente. A sentimiento, pues. A ojo.
No hay números del programa, como ahorros, beneficios, efectos para la ciudadanía, encuestas de satisfacción de los usuarios en los servicios públicos que orienten las prioridades, costos de acondicionamiento de las áreas de servicio, y en general, números que nos permitan dimensionar y apreciar el programa en su conjunto.
En el mismo Programa sostienen “Para lograr consolidar el periodo de transición que asume la actual administración es fundamental la reforma administrativa, por lo que quienes la conformamos debemos asumir con responsabilidad este reto, pero sobre todo, debemos comprometernos con los ideales del Gobernador del Estado con el propósito de alcanzar los objetivos que se ha trazado y así responder a las expectativas de la ciudadanía.” ¿Transición en el estado? ¿Cuál? Nadie tiene idea de cuál transición, ni a qué se refieren con ese término. Que yo sepa aquí no ha habido ninguna transición, ni la habrá. ¿Estarán confundiendo el gobierno estatal con el federal? Porque en éste último si hubo transición.
Vea usted una definición política del termino según el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: “... se entiende por transición el proceso mediante (y durante) el cual determinadas reglas de juego son transformadas hasta producir un nuevo orden (democrático) que influye en la capacidad decisoria y en los intereses de los actores”. O ésta otra: Se entiende por transición política el proceso mediante el cual un régimen político es sustituido por otro (Morlino: 1985). Y la de diccionario: 1. f. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. 2. f. Paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, en discursos o escritos. 3. f. Cambio repentino de tono y expresión. Así que ¿cuál transición? Usan palabras y conceptos sin sentido, porque desconocen su cabal significado, engañan a los demás como si realmente comprendieran éstos conceptos y sus alcances. El uso del lenguaje para que suene “bonito” pero vacío de reales significados. Y con todo respeto, a mí no me interesan los ideales del gobernador, a lo cual nos convocan; sí me interesan en cambio, y mucho, cuáles serán sus programas de gobierno, su Plan Estatal y cómo se reflejarán estos planteamientos en políticas públicas y su escrutinio en beneficio del estado y sus habitantes. Sus ideales, corresponden a su esfera privada y personal.
Cómo es posible que cuando la Ley de Transparencia ni siquiera está vigente, porque se aplicará a partir del 1º de enero de 2006 pongan al gobernador Agundez a decir esto: “Desarrollar las estrategias que permitan reformas administrativas, que se orienten a compactar, reordenar y eficientar el gasto y la calidad de los servicios que brinda el gobierno a la ciudadanía, sujetándonos estrictamente a la norma de transparencia que por convicción, pero que ahora también por Ley estamos obligados a cumplir, garantizando así, el compromiso contraído con la sociedad sudcaliforniana.” No hay tal norma obligatoria, al menos vigente, por ahora. Será obligatoria el año que entra.
Dicen, “El Ejecutivo del Estado, Ing. Narciso Agúndez Montaño, convencido de la
necesidad de reinventar (¡!) la gestión gubernamental, ha tenido a bien elevar al rango de Ley el Programa para la Modernización e Innovación Gubernamental de la Administración Pública Estatal 2005-2011.” ¿Cuándo, dónde está la Ley, ya la aprobó el Congreso, ya se publicó? ¿Reinventar quééé? ¿De veras sabrán lo que están diciendo?
Qué enredada organización del Programa es esa en la que existen 10 vocales ejecutivos y cuatro secretarios técnicos, con puro funcionario de alto nivel para llevar a cabo el Programa. Además de un Comité con características semejantes. Me parece que no tendrá ninguna operatividad ni agilidad en sus resoluciones. Y luego nos dicen “La sociedad civil que forma parte del Consejo proporcionará asesoría y consultoría en la toma de decisiones del mismo.” Pero la tal sociedad civil no aparece en ninguno de los consejos, no tiene un solo espacio formal en esta estructura y tampoco establecen que entienden por sociedad civil para saber quiénes van a participar.
En otro apartado, no me parece que la realización de simples convenios de adhesión con el resto de los poderes (judicial y legislativo) garanticen la consecución de los propósitos del Programa como lo informan: “La implementación del programa constituye uno de los instrumentos fundamentales para elevar la calidad de la gestión gubernamental; para ello, el Poder Ejecutivo, los cinco H. Ayuntamientos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han acordado celebrar convenios de adhesión que permitan la ejecución del programa en sus respectivas jurisdicciones.” ¿Cómo van a conciliar aspectos del Programa cuando cada uno de los poderes tiene propósitos, normas y marcos jurídicos de actuación totalmente distintos? Estoy seguro que no será con una simple adhesión.
Este Programa de Modernización, que puede ser muy interesante y útil, y de hecho lo es, debería haberse planteado como parte de una modesta pero efectiva y práctica Reforma del Estado para BCS que en realidad hace falta, donde los poderes realicen su propio programa de reformas para que se involucren directamente en su elaboración y desarrollo, en cada uno de sus ámbitos de competencia, pero de manera articulada y con resultados sujetos a evaluación y al escrutinio público. El objetivo primordial de cualquiera de los programas planteados será siempre el beneficio de los ciudadanos y de la sociedad, no de las castas burocráticas. Les faltó altura de miras cuando se tiene la grandísima ventaja de un Congreso mayoritario del mismo partido. Lástima.
Como sé que nada de esto les importa realmente, y que de todos modos llevarán a cabo su Programa tal cual, les deseo suerte y éxito en su tarea. De verdad. Es mejor algo que nada, sobre todo cuando se opera con la filosofía de que un paso atrás... ni para agarrar vuelo, menos para corregir.
En un tiempo razonable regresaremos con más sobre la página oficial de BCS. Pero no se desanimen, el sitio es bueno a secas solo hay que mejorarlo y sé que ya lo están haciendo.
Tampoco hay curriculum de los empleados del gobierno al menos de los puestos de jefe de departamento para arriba. ¿Cuánto ganan éstos funcionarios del gobierno del estado? ¿Cuántos son? ¿Cuánto nos cuesta la nómina? Quien sabe. No hay información. Es en estos casos en donde se requiere exhibir la famosa y muy pregonada transparencia. Hablamos de ella pero escondemos la información relevante o simplemente no la damos. En estos asuntos hay cero avance y así es probable que nunca vayamos a superar el lugar numero 27 que ocupamos en transparencia, y hay un serio riesgo de caer, aún más, dentro de los cinco lugares que nos faltan para llegar a la cola.
En licitaciones solo hay 2, una para obtener una canción y otra para ambulancias, es todo. No manchen. ¿Nadamas habrá eso para licitar en el gobierno del estado con un presupuesto de 4,500 millones de pesos al año? Los periódicos están llenos de convocatorias pero éstas no aparecen en la página oficial.
Ahora vamos con el Programa para la Modernización e Innovación Gubernamental de la Administración Pública Estatal 2005-2011. ¿Alguien puede explicarme que hace el rector de la Universidad de Tijuana como Vocal Ejecutivo en el Consejo para la Modernización e Innovación Gubernamental? ¿Copiaron mal el Programa y se les olvidó borrar este dato o de plano es un error de dedo o sí va a participar? Y además del Consejo, instalan un Comité Coordinador para el Desarrollo del Programa de Modernización e Innovación Gubernamental. En éste programa también confunden los objetivos con las metas y se basan en los manidos y errados conceptos de los manuales de autoayuda empresariales. Les voy a dar una orientación de kinder en planeación: los objetivos son de carácter cualitativo y para definirlos, generalmente se usan verbos en infinitivo para comenzar la frase o el propósito; y las metas, son la cuantificación de los objetivos, es decir, deben dimensionarse con números en el tiempo para poder medirlos. De nada.
Como no hay un diagnóstico de partida en el Programa de Modernización, dicen: “A partir de las metas establecidas debemos concretar las actividades a realizar para obtener un diagnóstico de la situación actual de la administración pública estatal, mediante el seguimiento puntual del cronograma que a continuación se presenta”. De hecho ofrecen como diagnóstico solamente dos indicadores de eficiencia. No se consigna ni siquiera una evaluación en los programas parecidos que se han formulado y ejecutado y que citan en el estudio. ¿Qué no debemos comenzar un programa como éste a partir de una evaluación y luego integrar un diagnóstico antes de definir qué vamos a hacer? Es precisamente el diagnóstico, la fotografía de la situación actual, la que nos orienta y ubica justamente dónde estamos, y de ahí, se derivan las acciones a seguir, los programas y proyectos específicos, y desde luego, la determinación de las prioridades, porque no se podrá hacer todo al mismo tiempo. El proceso de planeación no es al revés, a menos que sea un nuevo invento de los nacientes planeadores. Es, moderno lector, como si un médico le diagnosticara y le recetara su clásico medio kilo de medicinas para curar sus males sólo con el poder de su mirada, del doctor, o por teléfono, sin haber realizado algunos análisis mínimos, y sin auscultar siquiera al paciente. A sentimiento, pues. A ojo.
No hay números del programa, como ahorros, beneficios, efectos para la ciudadanía, encuestas de satisfacción de los usuarios en los servicios públicos que orienten las prioridades, costos de acondicionamiento de las áreas de servicio, y en general, números que nos permitan dimensionar y apreciar el programa en su conjunto.
En el mismo Programa sostienen “Para lograr consolidar el periodo de transición que asume la actual administración es fundamental la reforma administrativa, por lo que quienes la conformamos debemos asumir con responsabilidad este reto, pero sobre todo, debemos comprometernos con los ideales del Gobernador del Estado con el propósito de alcanzar los objetivos que se ha trazado y así responder a las expectativas de la ciudadanía.” ¿Transición en el estado? ¿Cuál? Nadie tiene idea de cuál transición, ni a qué se refieren con ese término. Que yo sepa aquí no ha habido ninguna transición, ni la habrá. ¿Estarán confundiendo el gobierno estatal con el federal? Porque en éste último si hubo transición.
Vea usted una definición política del termino según el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: “... se entiende por transición el proceso mediante (y durante) el cual determinadas reglas de juego son transformadas hasta producir un nuevo orden (democrático) que influye en la capacidad decisoria y en los intereses de los actores”. O ésta otra: Se entiende por transición política el proceso mediante el cual un régimen político es sustituido por otro (Morlino: 1985). Y la de diccionario: 1. f. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. 2. f. Paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, en discursos o escritos. 3. f. Cambio repentino de tono y expresión. Así que ¿cuál transición? Usan palabras y conceptos sin sentido, porque desconocen su cabal significado, engañan a los demás como si realmente comprendieran éstos conceptos y sus alcances. El uso del lenguaje para que suene “bonito” pero vacío de reales significados. Y con todo respeto, a mí no me interesan los ideales del gobernador, a lo cual nos convocan; sí me interesan en cambio, y mucho, cuáles serán sus programas de gobierno, su Plan Estatal y cómo se reflejarán estos planteamientos en políticas públicas y su escrutinio en beneficio del estado y sus habitantes. Sus ideales, corresponden a su esfera privada y personal.
Cómo es posible que cuando la Ley de Transparencia ni siquiera está vigente, porque se aplicará a partir del 1º de enero de 2006 pongan al gobernador Agundez a decir esto: “Desarrollar las estrategias que permitan reformas administrativas, que se orienten a compactar, reordenar y eficientar el gasto y la calidad de los servicios que brinda el gobierno a la ciudadanía, sujetándonos estrictamente a la norma de transparencia que por convicción, pero que ahora también por Ley estamos obligados a cumplir, garantizando así, el compromiso contraído con la sociedad sudcaliforniana.” No hay tal norma obligatoria, al menos vigente, por ahora. Será obligatoria el año que entra.
Dicen, “El Ejecutivo del Estado, Ing. Narciso Agúndez Montaño, convencido de la
necesidad de reinventar (¡!) la gestión gubernamental, ha tenido a bien elevar al rango de Ley el Programa para la Modernización e Innovación Gubernamental de la Administración Pública Estatal 2005-2011.” ¿Cuándo, dónde está la Ley, ya la aprobó el Congreso, ya se publicó? ¿Reinventar quééé? ¿De veras sabrán lo que están diciendo?
Qué enredada organización del Programa es esa en la que existen 10 vocales ejecutivos y cuatro secretarios técnicos, con puro funcionario de alto nivel para llevar a cabo el Programa. Además de un Comité con características semejantes. Me parece que no tendrá ninguna operatividad ni agilidad en sus resoluciones. Y luego nos dicen “La sociedad civil que forma parte del Consejo proporcionará asesoría y consultoría en la toma de decisiones del mismo.” Pero la tal sociedad civil no aparece en ninguno de los consejos, no tiene un solo espacio formal en esta estructura y tampoco establecen que entienden por sociedad civil para saber quiénes van a participar.
En otro apartado, no me parece que la realización de simples convenios de adhesión con el resto de los poderes (judicial y legislativo) garanticen la consecución de los propósitos del Programa como lo informan: “La implementación del programa constituye uno de los instrumentos fundamentales para elevar la calidad de la gestión gubernamental; para ello, el Poder Ejecutivo, los cinco H. Ayuntamientos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han acordado celebrar convenios de adhesión que permitan la ejecución del programa en sus respectivas jurisdicciones.” ¿Cómo van a conciliar aspectos del Programa cuando cada uno de los poderes tiene propósitos, normas y marcos jurídicos de actuación totalmente distintos? Estoy seguro que no será con una simple adhesión.
Este Programa de Modernización, que puede ser muy interesante y útil, y de hecho lo es, debería haberse planteado como parte de una modesta pero efectiva y práctica Reforma del Estado para BCS que en realidad hace falta, donde los poderes realicen su propio programa de reformas para que se involucren directamente en su elaboración y desarrollo, en cada uno de sus ámbitos de competencia, pero de manera articulada y con resultados sujetos a evaluación y al escrutinio público. El objetivo primordial de cualquiera de los programas planteados será siempre el beneficio de los ciudadanos y de la sociedad, no de las castas burocráticas. Les faltó altura de miras cuando se tiene la grandísima ventaja de un Congreso mayoritario del mismo partido. Lástima.
Como sé que nada de esto les importa realmente, y que de todos modos llevarán a cabo su Programa tal cual, les deseo suerte y éxito en su tarea. De verdad. Es mejor algo que nada, sobre todo cuando se opera con la filosofía de que un paso atrás... ni para agarrar vuelo, menos para corregir.
En un tiempo razonable regresaremos con más sobre la página oficial de BCS. Pero no se desanimen, el sitio es bueno a secas solo hay que mejorarlo y sé que ya lo están haciendo.
24 septiembre 2005
PAGINA WEB OFICIAL DE BCS UNA BUENA Y OTRA MALA / I
La buena es que ya tenemos un sitio web de BCS en la red. Ya reaparecimos. Los felicito. La mala es que pasaremos a comentar algunos detalles que, una vez subsanados, pueden contribuir a mejorar la página porque tengo la impresión de que hubo ciertas prisas por sacarla lo más pronto posible y se fueron varias pifias, que son desde luego, de fácil arreglo. La página evidencia también ausencias muy importantes en la información que presenta el estado, y que será evaluada en los próximos estudios de transparencia que realizan varias empresa de manera independiente. Tal como está la página, sospecho que tendremos problemas y estamos en riesgo de bajar más lugares en el ranking de nuestro principal dolor de cabeza: la transparencia. Así que, con el mejor ánimo, les damos algunos tips para que se mejoren las ligas a los sitios de cada dependencia o programa, para que con la participación de todos se corrija y mejore en forma continua. Comentaremos lo que a nuestro juicio esta bien, incluso excelente, lo deficiente y lo que se puede mejorar en forma muy sencilla. Se supone que la quitaron para reconstruirla pero no lo hicieron totalmente según se ve al revisarla.
Un análisis crítico de la página me deja la impresión de que no hubo un único responsable o coordinador, no solamente del diseño y armado, sino de revisar que lo enviado por las dependencias tuviera un contenido mínimo de información, calidad, coherencia y consistencia; parece que nadie revisó el contenido que presentaron diversas áreas participantes porque hay errores graves. Falta integralidad y articular la totalidad de las ligas y páginas de manera congruente revisando sus contenidos críticamente para presentar una página de contenido y calidad uniformes. Una persona o un equipo debería haberse hecho cargo de estas revisiones. Vamos a ver algunos casos concretos.
El escudo de armas del estado se sustituye en el ángulo superior izquierdo por un sol con una media península y una especie de cuernos dobles que salen de la nada, nadie sabe qué es eso. Tal vez queremos emular al señor que inventó el águila mocha, lo que francamente no está como para copiarse. Y aparecen varias fotos del gobernador en la misma página ¿no sería suficiente con una? Mejor pongan una grandota y ya. O pónganlas todas en una galería de fotos para quien quiera tener esa referencia. Además, debe evitarse que en cada página aparezca una foto del gobernador, no es necesario, de verdad, no es indispensable. No confundir la página oficial del estado con la página de Narciso. No hay un Sudcaliforniano que no lo conozca.
La liga al sitio de la API es excelente. Su contenido es vasto en información y muy bien armado, además de atractivo en su presentación. No menos interesante y bien pensada es la liga a “turismo”, contiene vasta información relevante para cualquier turista medio y la liga al directorio de servicios es estupendo, en verdad un acierto.
La liga al archivo histórico Pablo L. Martínez nos lleva a un buen sitio, excelente, aún como está. No permite acceder a ningún documento del acervo, ni siquiera como ejemplo; aparecen ligas a paginas en blanco, no hay fotos ni nada, únicamente permite el acceso a catálogos como el de la mapoteca, pero solo al catalogo. Puede mejorar y es indispensable que mejore. Pero aún así es un muy buen sitio.
La liga que nos lleva al lugar donde aparecen las fotografías de los supuestos forajidos mas buscados es un esfuerzo destacable y puede ser útil para que los ciudadanos colaboren con las autoridades.
La ruta de las misiones y la liga a las Islas son, tal vez, lo mejor de la pagina oficial, tienen muy buenas fotos y un fácil y atractivo acceso. Buena dinámica y buenos textos. Excelente.
En el sitio del DIF, por ejemplo, en el albergue de asistencia social no hay nada de información. Puro rollo. Faltan números, costos, requisitos de acceso, etc. Estadística por año de atendidos en el 2004 o desde que inició. Igual en el caso del programa de los niños de la calle; no hay datos que dimensionen el problema en BCS, si es que existe. Es puro rollito. Señalan el problema en dos renglones y los retos en otros tantos. Faltan números, acciones realizadas costos, personal, sueldos, etc. Me extraña de Margarita porque tiene la gracia de hacer bien las cosas.
En protección civil no vienen, por ejemplo, en plena temporada de huracanes, los lugares que funcionan como albergues en el estado ni su ubicación a pesar de que ya se conocen de antemano. No hay marco jurídico. Los requisitos para acceder a los beneficios son poco claros, ¿Quién va a presentar el estudio socioeconómico? ¿El afectado o una entidad oficial? ¿Quién presenta el parte de la contingencia sufrida, ¿El damnificado? ¿Como lo haría? ¿Donde están los formatos y bajo que esquema se hace? Este debería ser uno de los sitios mejor presentados y no es así.
La liga al Fondo para el Desarrollo Social de Baja California Sur (FOSDEBCS) es un verdadero galimatías en donde se funde el pasado que no fue y el presente que comienza pero que no existe. Aparece como un “macrofondo”, pero ésta cosa no existe. No han actualizado la página a partir de la creación del FOSDEBCS. Esta bien la historia pero es irrelevante consignar la crónica del porqué no se pudo integrar un “macrofondo”, eso es novela, pero de las fallidas, a nadie le interesa lo que no existe. Manejan el concepto de macrofondo en el fideicomiso FONDESA pero no sé con que propósito porque, insisto, no hay tal, incluso comentan que este fideicomiso fue transferido al “macrofondo”. Para que dejar esa crónica de desatinos que, por cierto, no sé a quien se le ocurrió lo del famoso y fallido macrofondo, pero lo sospecho. Entre paréntesis, en su tiempo, se les dijo que la constitución de ésta entelequia no se podía hacer pero insistieron en un absurdo. Mejor quiten eso porque solo se queman. El patrimonio de los fideicomisos esta presentado con cifras a 2003 y deben tenerlas cuando menos al primer semestre de 2005 porque además existen. En este sitio solamente usaron el cascarón de lo que tenían del FIMID y dejaron varias cosas y huellas que hoy no tienen sentido. ¿Qué güeva no? El directorio de funcionarios aparece como si correspondiera al fantasmagórico “macrofondo”. Faltan fideicomisos muy importantes como el de seguridad publica, el fofae y varios más. O mejor, ¿no creen que vale la pena crear una liga exclusiva a todos los fideicomisos que tiene el gobierno del estado? Son varios y muy importantes y deben contener información relevante y actualizada.
¿Ah también rentan suites en el FOSDEBCS?
El Programa de Seguridad Pública que presentan, no está articulado con nada ni con nadie, es solo para la Secretaría de Seguridad Pública, como si el concepto de procuración de justicia tuviera que ver exclusivamente con ésta Secretaría. No está sustentado en un diagnóstico serio del que se deriven las acciones. Esta hecho con base en los conceptos y definiciones de los anodinos manuales de autoayuda, que están bien para las empresas, no para entidades públicas, en los que integran su misión en la vida, sus visiones soñadoras, y otras tonterías por el estilo. Que les quede claro de una buena vez a todos los planificadores que usan este tipo de conceptos de manual en las tareas de gobierno: la misión y la visión en las tareas del estado, y en general de gobierno, que son entidades públicas, son las leyes y reglamentos y que constituyen el marco legal al que están sujetos. No hay más que eso, y no es permisible tener visiones ni misiones distintas a las que definen la legalidad y el estado de derecho. Así que por piedad ya no se dejen influir por este tipo de vaciladas cuando hagan programas de gobierno queriendo dar una impresión de modernidad mal entendida. El Programa es una mezcolanza entre visión, objetivos y metas que no son tales. Los cuadros estadísticos que incluyen no bajan bien en la página, se enciman y no se separan las columnas; para una correcta lectura, hay que estar adivinando entre los números absolutos y relativos. ¿Como es posible que metan en el programa las funciones del Secretario de Seguridad Pública? Ahí sí, de plano, no se midieron, a menos que se tratara de rellenar con algo de texto. Las metas sexenales no lo son porque no se cuantifican. Luego aparece un ovni que llaman indicadores estratégicos pero nadie sabe de qué o con respecto a qué. Los indicadores de eficacia son interesantes y deberían formar parte del diagnóstico y aún integrar mas datos recientes de éste tipo. El programa es bastante pobre conceptualmente. Lástima. Si no saben hacerlo, contraten su elaboración.
En la página de la contraloría no viene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que es su materia, solo el Reglamento Interior. No hay lista de sancionados ni fondos recuperados ni lo que está en litigio. Es decir, de su resorte principal no hay nada. Ni los resultados obtenidos en un histórico. En quejas no viene tampoco nada, aparecen los espacios en blanco ¿de qué se trata? El sitio deben mejorarlo sustancialmente.
Las fotos del día son oportunas al igual que los boletines de prensa. Se nota aplicación y responsabilidad en quienes realizan esta tarea. La liga a “estado” contiene información suficiente aún cuando es muy breve, y en algunos casos, con un texto casi telegráfico; sólo hay que ampliarla y mejorarla con información ya existente.
El “informito” de 100 días está bien, ya cumplió su función, pero ya pasaron casi seis meses. Los formatos de presentación son paupérrimos y burocráticos, lo entiendo por la premura para su presentación. Pero ya échenlos fuera. En todo caso, si así lo quieren, pueden dejar la información de avances, pero adecuando sus formatos y actualizando los datos con lo que se vaya desarrollando y quitar lo que no se haya hecho, lo que se pretende hacer o los resultados que veremos más adelante. Incluir solamente lo realizado pero con un poco más de información.
¿Porqué están publicando programas cada quien por su cuenta si todavía no se encuentra terminado ni articulado el Plan Estatal de Desarrollo? Los programas específicos parecerán chipotes del estatal y ni que decir de los municipales, porque nadie los integró en un todo articulado y coherente. Cada quien hará su numerito como si el resto no existiera o no fueran necesarias las acciones de varias dependencias y órdenes de gobierno para articular políticas públicas consistentes.Estimo que los adelantados, quienes publicaron ya sus programas sexenales antes de vencer el plazo, deberían haber esperado, cuando menos, a una revisión inicial de consistencia y contenidos por parte de los planificadores que integrarán la información para el Plan Estatal.
Un análisis crítico de la página me deja la impresión de que no hubo un único responsable o coordinador, no solamente del diseño y armado, sino de revisar que lo enviado por las dependencias tuviera un contenido mínimo de información, calidad, coherencia y consistencia; parece que nadie revisó el contenido que presentaron diversas áreas participantes porque hay errores graves. Falta integralidad y articular la totalidad de las ligas y páginas de manera congruente revisando sus contenidos críticamente para presentar una página de contenido y calidad uniformes. Una persona o un equipo debería haberse hecho cargo de estas revisiones. Vamos a ver algunos casos concretos.
El escudo de armas del estado se sustituye en el ángulo superior izquierdo por un sol con una media península y una especie de cuernos dobles que salen de la nada, nadie sabe qué es eso. Tal vez queremos emular al señor que inventó el águila mocha, lo que francamente no está como para copiarse. Y aparecen varias fotos del gobernador en la misma página ¿no sería suficiente con una? Mejor pongan una grandota y ya. O pónganlas todas en una galería de fotos para quien quiera tener esa referencia. Además, debe evitarse que en cada página aparezca una foto del gobernador, no es necesario, de verdad, no es indispensable. No confundir la página oficial del estado con la página de Narciso. No hay un Sudcaliforniano que no lo conozca.
La liga al sitio de la API es excelente. Su contenido es vasto en información y muy bien armado, además de atractivo en su presentación. No menos interesante y bien pensada es la liga a “turismo”, contiene vasta información relevante para cualquier turista medio y la liga al directorio de servicios es estupendo, en verdad un acierto.
La liga al archivo histórico Pablo L. Martínez nos lleva a un buen sitio, excelente, aún como está. No permite acceder a ningún documento del acervo, ni siquiera como ejemplo; aparecen ligas a paginas en blanco, no hay fotos ni nada, únicamente permite el acceso a catálogos como el de la mapoteca, pero solo al catalogo. Puede mejorar y es indispensable que mejore. Pero aún así es un muy buen sitio.
La liga que nos lleva al lugar donde aparecen las fotografías de los supuestos forajidos mas buscados es un esfuerzo destacable y puede ser útil para que los ciudadanos colaboren con las autoridades.
La ruta de las misiones y la liga a las Islas son, tal vez, lo mejor de la pagina oficial, tienen muy buenas fotos y un fácil y atractivo acceso. Buena dinámica y buenos textos. Excelente.
En el sitio del DIF, por ejemplo, en el albergue de asistencia social no hay nada de información. Puro rollo. Faltan números, costos, requisitos de acceso, etc. Estadística por año de atendidos en el 2004 o desde que inició. Igual en el caso del programa de los niños de la calle; no hay datos que dimensionen el problema en BCS, si es que existe. Es puro rollito. Señalan el problema en dos renglones y los retos en otros tantos. Faltan números, acciones realizadas costos, personal, sueldos, etc. Me extraña de Margarita porque tiene la gracia de hacer bien las cosas.
En protección civil no vienen, por ejemplo, en plena temporada de huracanes, los lugares que funcionan como albergues en el estado ni su ubicación a pesar de que ya se conocen de antemano. No hay marco jurídico. Los requisitos para acceder a los beneficios son poco claros, ¿Quién va a presentar el estudio socioeconómico? ¿El afectado o una entidad oficial? ¿Quién presenta el parte de la contingencia sufrida, ¿El damnificado? ¿Como lo haría? ¿Donde están los formatos y bajo que esquema se hace? Este debería ser uno de los sitios mejor presentados y no es así.
La liga al Fondo para el Desarrollo Social de Baja California Sur (FOSDEBCS) es un verdadero galimatías en donde se funde el pasado que no fue y el presente que comienza pero que no existe. Aparece como un “macrofondo”, pero ésta cosa no existe. No han actualizado la página a partir de la creación del FOSDEBCS. Esta bien la historia pero es irrelevante consignar la crónica del porqué no se pudo integrar un “macrofondo”, eso es novela, pero de las fallidas, a nadie le interesa lo que no existe. Manejan el concepto de macrofondo en el fideicomiso FONDESA pero no sé con que propósito porque, insisto, no hay tal, incluso comentan que este fideicomiso fue transferido al “macrofondo”. Para que dejar esa crónica de desatinos que, por cierto, no sé a quien se le ocurrió lo del famoso y fallido macrofondo, pero lo sospecho. Entre paréntesis, en su tiempo, se les dijo que la constitución de ésta entelequia no se podía hacer pero insistieron en un absurdo. Mejor quiten eso porque solo se queman. El patrimonio de los fideicomisos esta presentado con cifras a 2003 y deben tenerlas cuando menos al primer semestre de 2005 porque además existen. En este sitio solamente usaron el cascarón de lo que tenían del FIMID y dejaron varias cosas y huellas que hoy no tienen sentido. ¿Qué güeva no? El directorio de funcionarios aparece como si correspondiera al fantasmagórico “macrofondo”. Faltan fideicomisos muy importantes como el de seguridad publica, el fofae y varios más. O mejor, ¿no creen que vale la pena crear una liga exclusiva a todos los fideicomisos que tiene el gobierno del estado? Son varios y muy importantes y deben contener información relevante y actualizada.
¿Ah también rentan suites en el FOSDEBCS?
El Programa de Seguridad Pública que presentan, no está articulado con nada ni con nadie, es solo para la Secretaría de Seguridad Pública, como si el concepto de procuración de justicia tuviera que ver exclusivamente con ésta Secretaría. No está sustentado en un diagnóstico serio del que se deriven las acciones. Esta hecho con base en los conceptos y definiciones de los anodinos manuales de autoayuda, que están bien para las empresas, no para entidades públicas, en los que integran su misión en la vida, sus visiones soñadoras, y otras tonterías por el estilo. Que les quede claro de una buena vez a todos los planificadores que usan este tipo de conceptos de manual en las tareas de gobierno: la misión y la visión en las tareas del estado, y en general de gobierno, que son entidades públicas, son las leyes y reglamentos y que constituyen el marco legal al que están sujetos. No hay más que eso, y no es permisible tener visiones ni misiones distintas a las que definen la legalidad y el estado de derecho. Así que por piedad ya no se dejen influir por este tipo de vaciladas cuando hagan programas de gobierno queriendo dar una impresión de modernidad mal entendida. El Programa es una mezcolanza entre visión, objetivos y metas que no son tales. Los cuadros estadísticos que incluyen no bajan bien en la página, se enciman y no se separan las columnas; para una correcta lectura, hay que estar adivinando entre los números absolutos y relativos. ¿Como es posible que metan en el programa las funciones del Secretario de Seguridad Pública? Ahí sí, de plano, no se midieron, a menos que se tratara de rellenar con algo de texto. Las metas sexenales no lo son porque no se cuantifican. Luego aparece un ovni que llaman indicadores estratégicos pero nadie sabe de qué o con respecto a qué. Los indicadores de eficacia son interesantes y deberían formar parte del diagnóstico y aún integrar mas datos recientes de éste tipo. El programa es bastante pobre conceptualmente. Lástima. Si no saben hacerlo, contraten su elaboración.
En la página de la contraloría no viene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que es su materia, solo el Reglamento Interior. No hay lista de sancionados ni fondos recuperados ni lo que está en litigio. Es decir, de su resorte principal no hay nada. Ni los resultados obtenidos en un histórico. En quejas no viene tampoco nada, aparecen los espacios en blanco ¿de qué se trata? El sitio deben mejorarlo sustancialmente.
Las fotos del día son oportunas al igual que los boletines de prensa. Se nota aplicación y responsabilidad en quienes realizan esta tarea. La liga a “estado” contiene información suficiente aún cuando es muy breve, y en algunos casos, con un texto casi telegráfico; sólo hay que ampliarla y mejorarla con información ya existente.
El “informito” de 100 días está bien, ya cumplió su función, pero ya pasaron casi seis meses. Los formatos de presentación son paupérrimos y burocráticos, lo entiendo por la premura para su presentación. Pero ya échenlos fuera. En todo caso, si así lo quieren, pueden dejar la información de avances, pero adecuando sus formatos y actualizando los datos con lo que se vaya desarrollando y quitar lo que no se haya hecho, lo que se pretende hacer o los resultados que veremos más adelante. Incluir solamente lo realizado pero con un poco más de información.
¿Porqué están publicando programas cada quien por su cuenta si todavía no se encuentra terminado ni articulado el Plan Estatal de Desarrollo? Los programas específicos parecerán chipotes del estatal y ni que decir de los municipales, porque nadie los integró en un todo articulado y coherente. Cada quien hará su numerito como si el resto no existiera o no fueran necesarias las acciones de varias dependencias y órdenes de gobierno para articular políticas públicas consistentes.Estimo que los adelantados, quienes publicaron ya sus programas sexenales antes de vencer el plazo, deberían haber esperado, cuando menos, a una revisión inicial de consistencia y contenidos por parte de los planificadores que integrarán la información para el Plan Estatal.
23 septiembre 2005
A PEQUEÑAS FECHORÍAS IMPUNES SIGUEN LAS GRANDES
Cada vez que quiero sentirme bien por vivir en BCS, veo con deleite, casi orgásmico, los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001 y 2003, en la cual, aparecemos en primerísimo lugar en la más reciente. Y de verdad que me causa una satisfacción inmensa. Reconozco que este sentimiento puede ser medio estúpido y cursi y tal vez hasta patético dirían algunos. Pero en realidad lo disfruto, es más, ya copie el reporte de la encuesta además del que me enviaron de Transparencia. En una de esas hasta lo pongo en un cuadrito en la sala de mi casa. Poco provecho le han sacado a este valioso dato en el gobierno del estado. Lástima ¿Qué les costará ponerlo en su pagina web?
Le pedí a Transparencia Mexicana recientemente, que me proporcionaran la información disponible para usted, incorruptible lector, sobre la Encuesta del 2004 y me informaron que no existe porque no se hace anualmente, es bianual, de manera que solamente disponemos, por lo pronto, de las que se levantaron en el 2001 y en el 2003. Eso sí, me informaron puntual, oportuna y muy atentamente, cosa que desde aquí les agradezco. En este 2005 se llevará a cabo la nueva encuesta y podremos hacer comparaciones una vez conocidos los resultados por ahí de octubre o noviembre.
En el 2001 tuvimos un buen lugar, honroso también, agregaría, porque ocupamos el segundo y Colima se llevo las glorias del primer lugar.
La Encuesta se realiza obteniendo información sobre 38 servicios públicos en las 32 entidades del país.
Aún con el destacado lugar que ocupamos, cuando menos hasta que se realice la nueva encuesta, todavía existe corrupción en nuestro estado, pero es considerablemente menor a la que se registra, por ejemplo, en el estado de Puebla (el más corrupto de México) o en el Distrito Federal que es un grado menos corrupto que el más corrupto de México, porque ocupa el lugar numero 31, está al borde del precipicio, casi en el fondo del estercolero. El hecho importante, y que no hay que perder de vista, es el dato valioso de que no hemos desaparecido totalmente los fenómenos de corrupción en el estado, aún están presentes estos actos en nuestra vida cotidiana aunque cada vez en menor medida.
Conservar un buen lugar en el futuro tampoco será sencillo, porque, vea usted lo que les ocurrió a varios estados del país entre 2001 y 2003: Chihuahua pasó del lugar 5 al 15, Baja California pasó del lugar 8 al 17, Guanajuato se fue del lugar 9 al 25, San Luis Potosí estaba en el lugar 7 y se desbarrancó al 27. La honestidad sin principios es muy frágil y volátil. Pero hubo otros estados que sí hicieron su tarea como debe ser, y comenzaron a atacar este cáncer, como Quintana Roo que estaba en el lugar 10 y pasó al 2; Hidalgo dio un buen brinco y pasó del lugar 15 al 4; Chiapas del 16 al 6 y Michoacán con menos espectacularidad pasó del lugar 27 al 9.
Lo importante a destacar, es que si no cuidamos este bien público en beneficio de todos, porque perderlo costará no solamente dinero, podemos quedar en evidencia, primero, ante nosotros mismos, y luego, ante la opinión pública nacional e internacional como corruptos de media tabla o si somos descuidados, desbarrancarnos a los lugares más bajos de la clasificación. Además, lo trágico del asunto, es que siempre son los hogares más pobres los que acaban pagando más por la corrupción en relación con sus ingresos: el 29.5% para los que ganan el mínimo según calcula Transparencia. Si no nos preocupamos por conservar el lugar de privilegio que tenemos, y bajamos posiciones, las que sean, las primeras responsables serán las autoridades del estado porque de ellas depende. De nadie más. No tienen para donde hacerse. Así que tienen un buen reto y tarea para salvaguardar lo que ya conseguimos y atacar con dureza y constancia lo que nos falta.
Nuestras áreas de mejoramiento, en donde el índice mide el total de actos corruptos por cada cien trámites realizados, son éstas: Pasar sus cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo con 25 puntos; estacionar el automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de ellos con 27.9 puntos (lavacoches y franeleros); evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón o sacar su automóvil del corralón con 28.6 puntos; y evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito en donde sacamos la más negra calificación 34.5 puntos. Éste ultimo es el más grave, significa que en 34 ocasiones de cada 100 existe mordida, y vemos que el Sr. Rufo y presidentes municipales tienen mucho que hacer con sus policías. Si logramos atacar con éxito estos tres conceptos, tengamos la certeza, honesto lector, que nos conservaremos durante dos años más en el primer lugar, hasta el 2007. Sin embargo, hay calificaciones menores en otros trámites, que nos señalan la existencia persistente de actos de corrupción que será más difícil disminuir porque son de menor puntaje, pero no es imposible. Contribuiremos en la parte que nos toca, denunciando públicamente dos hechos que son aparentemente mínimos si usted quiere, pero existen y molestan, a reserva de facilitarle más adelante información sobre atracadores escudados en las altas esferas una vez que comprobemos los datos que tenemos. Primero en Policía y Tránsito municipal de La Paz, en fotolicencias, ahí existen unas tres o cuatro ratitas que llevan años, lustros medrando, pidiendo 10 pesos por nada, a todos aquellos cumplidos ciudadanos que van a sacar su licencia o a renovarla. No hay recibo oficial, y si usted no acepta, entonces le piden que lleve una foto; ésta es una novedad, porque antes no le pedían foto, nomás los 10 pesos y como nadie va a gastar 30 pesos en fotos, cualquiera acaba dando lo que le piden para terminar con la monserga antes de que estos burócratas inventen más “requisitos”. El caso es que estos pequeños roedores concibieron un pretexto administrativo que raya en la estupidez para ejercitar la mordida por goteo. ¿No le parece, avezado lector, un pretexto idiota, que le pidan una foto cuando tienen la que le toman para la licencia que expiden y permanece registrada en su propio sistema sólo por embolsarse 10 míseros pesillos por víctima? Si usted pide un recibo oficial, gruñen que sí se lo darán, pero a la mera hora, no le dan ni las gracias por los 10 pesos. Este fenómeno tiene años, y me consta que son cuando menos tres porque acabo de renovar la de un familiar. Saque usted la cuenta: deben ser 120,000 licencias sólo en La Paz porque esa cantidad de vehículos existe, y entonces ya no suena tan malo el negocito. Multiplíquele. En éste trámite, según la Encuesta, cuatro veces de cada cien se pide mordida y estoy seguro de que no se considero el hecho relatado, porque en Fotolicencias la mordida es 100 veces de cada 100 licencias tramitadas. Después de todo ¿quién se va a quejar porque le estafen 10 miserables pesos si ya tiene, orgulloso y contento, su nueva licencia? Con esa ventaja operan.
En el proceso de revista vehicular en La Paz, usted podrá “arreglar” que su chatarra continúe circulando por la módica cantidad de 30 pesillos por carro. Hasta donde me informan, ellos no piden mordida pero si alguien se las ofrece no hacen gestos y se la embolsan, estos arreglos los hace personal de la misma dependencia. Nadie hará ruido si por 30 pesos de mordida le garantizan que usted podrá circular con su humeante y desvencijada chatarra sin luces, sin defensas, sin cofre y hasta sin parabrisas durante todo un año. Para que haya corrupción se necesitan dos, y cuando uno dice basta o simplemente dice ¡no!, entonces se acaba el negocio de inmediato. Y es la autoridad la que debe decir no, es quien tiene la obligación por ley.
Recordemos, que la impunidad multiplica los hechos de corrupción, así sea pequeña o grande, y sólo es cosa de tiempo para que se convierta en un monstruo inmanejable. Hay que actuar de inmediato porque algunos trámites pueden estar limpios todavía, hasta donde me consta, y alguien debe evitar que se contaminen los demás porque... suele pasar. Cuando suceden estas pequeñas raterías, y prevalece la impunidad, tenga usted la certeza casi absoluta, de que el resto de los tramites se contaminará de inmediato, puesto que los empleados observan que sí se puede porque nadie les dice nada. Y asumen que se vale porque suponen que los jefes están metidos en el ajo. Inclusive piensan que sus mismo jefes promueven éstos productivos negocios.Segundo caso, la céntrica calle de Arreola, en pleno corazón de la zona dorada, área de bancos, tiendas, paseos, bares y cafeterías, y son también, terrenos exclusivos de franeleros y lavacoches. Ahí se dan pequeñas raterías desvalijando vehículos, lo hicieron con un carro compacto nuevo arrancándole dos vistas laterales y rayando la pintura. ¿Quién va a denunciar un robo de este tipo que vale 300 o 400 pesos y perder todo un día o dos en el Ministerio Público, si sabe, además, que no van a hacer absolutamente nada? Pues nadie. Acuérdese, lector, que se denuncian solamente el 40% de los delitos que se cometen en el estado. ¿Porqué no se podrán levantar éste tipo de denuncias por teléfono? Y uno dice, pues ni modo, ya me jodieron y ni a quien echarle la culpa, porque no vi al raterillo. Así que decidimos reponer las vistas comprándolas. Y al ir a la agencia correspondiente para adquirir las originales, en la platica con el empleado, me indico ¡sorpresa! que le resultaba muy curioso el hecho, porque exactamente en ese lugar, habían ocurrido, cuando menos, otros cinco casos iguales, y lo sabía porque los clientes afectados se lo habían comentado al ir a comprar las mismas vistas que también les robaron en ese sitio. Con toda certeza ninguno de los afectados denunció el hecho ¿Para qué?
Le pedí a Transparencia Mexicana recientemente, que me proporcionaran la información disponible para usted, incorruptible lector, sobre la Encuesta del 2004 y me informaron que no existe porque no se hace anualmente, es bianual, de manera que solamente disponemos, por lo pronto, de las que se levantaron en el 2001 y en el 2003. Eso sí, me informaron puntual, oportuna y muy atentamente, cosa que desde aquí les agradezco. En este 2005 se llevará a cabo la nueva encuesta y podremos hacer comparaciones una vez conocidos los resultados por ahí de octubre o noviembre.
En el 2001 tuvimos un buen lugar, honroso también, agregaría, porque ocupamos el segundo y Colima se llevo las glorias del primer lugar.
La Encuesta se realiza obteniendo información sobre 38 servicios públicos en las 32 entidades del país.
Aún con el destacado lugar que ocupamos, cuando menos hasta que se realice la nueva encuesta, todavía existe corrupción en nuestro estado, pero es considerablemente menor a la que se registra, por ejemplo, en el estado de Puebla (el más corrupto de México) o en el Distrito Federal que es un grado menos corrupto que el más corrupto de México, porque ocupa el lugar numero 31, está al borde del precipicio, casi en el fondo del estercolero. El hecho importante, y que no hay que perder de vista, es el dato valioso de que no hemos desaparecido totalmente los fenómenos de corrupción en el estado, aún están presentes estos actos en nuestra vida cotidiana aunque cada vez en menor medida.
Conservar un buen lugar en el futuro tampoco será sencillo, porque, vea usted lo que les ocurrió a varios estados del país entre 2001 y 2003: Chihuahua pasó del lugar 5 al 15, Baja California pasó del lugar 8 al 17, Guanajuato se fue del lugar 9 al 25, San Luis Potosí estaba en el lugar 7 y se desbarrancó al 27. La honestidad sin principios es muy frágil y volátil. Pero hubo otros estados que sí hicieron su tarea como debe ser, y comenzaron a atacar este cáncer, como Quintana Roo que estaba en el lugar 10 y pasó al 2; Hidalgo dio un buen brinco y pasó del lugar 15 al 4; Chiapas del 16 al 6 y Michoacán con menos espectacularidad pasó del lugar 27 al 9.
Lo importante a destacar, es que si no cuidamos este bien público en beneficio de todos, porque perderlo costará no solamente dinero, podemos quedar en evidencia, primero, ante nosotros mismos, y luego, ante la opinión pública nacional e internacional como corruptos de media tabla o si somos descuidados, desbarrancarnos a los lugares más bajos de la clasificación. Además, lo trágico del asunto, es que siempre son los hogares más pobres los que acaban pagando más por la corrupción en relación con sus ingresos: el 29.5% para los que ganan el mínimo según calcula Transparencia. Si no nos preocupamos por conservar el lugar de privilegio que tenemos, y bajamos posiciones, las que sean, las primeras responsables serán las autoridades del estado porque de ellas depende. De nadie más. No tienen para donde hacerse. Así que tienen un buen reto y tarea para salvaguardar lo que ya conseguimos y atacar con dureza y constancia lo que nos falta.
Nuestras áreas de mejoramiento, en donde el índice mide el total de actos corruptos por cada cien trámites realizados, son éstas: Pasar sus cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo con 25 puntos; estacionar el automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de ellos con 27.9 puntos (lavacoches y franeleros); evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón o sacar su automóvil del corralón con 28.6 puntos; y evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito en donde sacamos la más negra calificación 34.5 puntos. Éste ultimo es el más grave, significa que en 34 ocasiones de cada 100 existe mordida, y vemos que el Sr. Rufo y presidentes municipales tienen mucho que hacer con sus policías. Si logramos atacar con éxito estos tres conceptos, tengamos la certeza, honesto lector, que nos conservaremos durante dos años más en el primer lugar, hasta el 2007. Sin embargo, hay calificaciones menores en otros trámites, que nos señalan la existencia persistente de actos de corrupción que será más difícil disminuir porque son de menor puntaje, pero no es imposible. Contribuiremos en la parte que nos toca, denunciando públicamente dos hechos que son aparentemente mínimos si usted quiere, pero existen y molestan, a reserva de facilitarle más adelante información sobre atracadores escudados en las altas esferas una vez que comprobemos los datos que tenemos. Primero en Policía y Tránsito municipal de La Paz, en fotolicencias, ahí existen unas tres o cuatro ratitas que llevan años, lustros medrando, pidiendo 10 pesos por nada, a todos aquellos cumplidos ciudadanos que van a sacar su licencia o a renovarla. No hay recibo oficial, y si usted no acepta, entonces le piden que lleve una foto; ésta es una novedad, porque antes no le pedían foto, nomás los 10 pesos y como nadie va a gastar 30 pesos en fotos, cualquiera acaba dando lo que le piden para terminar con la monserga antes de que estos burócratas inventen más “requisitos”. El caso es que estos pequeños roedores concibieron un pretexto administrativo que raya en la estupidez para ejercitar la mordida por goteo. ¿No le parece, avezado lector, un pretexto idiota, que le pidan una foto cuando tienen la que le toman para la licencia que expiden y permanece registrada en su propio sistema sólo por embolsarse 10 míseros pesillos por víctima? Si usted pide un recibo oficial, gruñen que sí se lo darán, pero a la mera hora, no le dan ni las gracias por los 10 pesos. Este fenómeno tiene años, y me consta que son cuando menos tres porque acabo de renovar la de un familiar. Saque usted la cuenta: deben ser 120,000 licencias sólo en La Paz porque esa cantidad de vehículos existe, y entonces ya no suena tan malo el negocito. Multiplíquele. En éste trámite, según la Encuesta, cuatro veces de cada cien se pide mordida y estoy seguro de que no se considero el hecho relatado, porque en Fotolicencias la mordida es 100 veces de cada 100 licencias tramitadas. Después de todo ¿quién se va a quejar porque le estafen 10 miserables pesos si ya tiene, orgulloso y contento, su nueva licencia? Con esa ventaja operan.
En el proceso de revista vehicular en La Paz, usted podrá “arreglar” que su chatarra continúe circulando por la módica cantidad de 30 pesillos por carro. Hasta donde me informan, ellos no piden mordida pero si alguien se las ofrece no hacen gestos y se la embolsan, estos arreglos los hace personal de la misma dependencia. Nadie hará ruido si por 30 pesos de mordida le garantizan que usted podrá circular con su humeante y desvencijada chatarra sin luces, sin defensas, sin cofre y hasta sin parabrisas durante todo un año. Para que haya corrupción se necesitan dos, y cuando uno dice basta o simplemente dice ¡no!, entonces se acaba el negocio de inmediato. Y es la autoridad la que debe decir no, es quien tiene la obligación por ley.
Recordemos, que la impunidad multiplica los hechos de corrupción, así sea pequeña o grande, y sólo es cosa de tiempo para que se convierta en un monstruo inmanejable. Hay que actuar de inmediato porque algunos trámites pueden estar limpios todavía, hasta donde me consta, y alguien debe evitar que se contaminen los demás porque... suele pasar. Cuando suceden estas pequeñas raterías, y prevalece la impunidad, tenga usted la certeza casi absoluta, de que el resto de los tramites se contaminará de inmediato, puesto que los empleados observan que sí se puede porque nadie les dice nada. Y asumen que se vale porque suponen que los jefes están metidos en el ajo. Inclusive piensan que sus mismo jefes promueven éstos productivos negocios.Segundo caso, la céntrica calle de Arreola, en pleno corazón de la zona dorada, área de bancos, tiendas, paseos, bares y cafeterías, y son también, terrenos exclusivos de franeleros y lavacoches. Ahí se dan pequeñas raterías desvalijando vehículos, lo hicieron con un carro compacto nuevo arrancándole dos vistas laterales y rayando la pintura. ¿Quién va a denunciar un robo de este tipo que vale 300 o 400 pesos y perder todo un día o dos en el Ministerio Público, si sabe, además, que no van a hacer absolutamente nada? Pues nadie. Acuérdese, lector, que se denuncian solamente el 40% de los delitos que se cometen en el estado. ¿Porqué no se podrán levantar éste tipo de denuncias por teléfono? Y uno dice, pues ni modo, ya me jodieron y ni a quien echarle la culpa, porque no vi al raterillo. Así que decidimos reponer las vistas comprándolas. Y al ir a la agencia correspondiente para adquirir las originales, en la platica con el empleado, me indico ¡sorpresa! que le resultaba muy curioso el hecho, porque exactamente en ese lugar, habían ocurrido, cuando menos, otros cinco casos iguales, y lo sabía porque los clientes afectados se lo habían comentado al ir a comprar las mismas vistas que también les robaron en ese sitio. Con toda certeza ninguno de los afectados denunció el hecho ¿Para qué?
20 septiembre 2005
LOS CARBONEROS ECOCIDAS INSISTEN
¡Qué bárbaros!
Tal parece que las autoridades federales encargadas de velar por la protección de los ecosistemas en nuestro estado les tiembla la mano. ¡Qué manera de sacarle al bulto! ¡Parece que no tenemos autoridades que apliquen la ley sin dudas ni temores!
¿Cómo es posible que aún reconociendo las mismas autoridades federales su propia y absoluta incapacidad para controlar la tala, legal e ilegal, estén pensando si otorgan o no los codiciados permisos?
¿Cómo es posible que aún sabiendo las dificultades, casi insalvables, de orden natural, técnico y agroecológico planteen un programa de ¡reforestación! para compensar a la agredida y frágil naturaleza, y reponer lo que los ecocidas han saqueado? Las pocas especies que han “reforestado” en la entidad son solamente casuarinas, árboles de Neem, palo de arco y una variedad de palma ¡con riego! ahora se les ocurre que van a reforestar el monte.
Quiero que me diga este sabio representante de la Comisión Nacional Forestal, cómo van a reforestar este monte desértico Sudcaliforniano con especies como las que sacrifican los ecocidas. Han de tener una metodología marciana para garantizar que su programa de reforestación tendrá éxito. Por si no se ha dado cuenta, aquí no hay agua que garantice un prendimiento mínimo de las especies que, supongo, pretenden “reforestar” en pleno monte. En la cuenca de Las Pocitas no hay una gota de agua disponible salvo la que estacionalmente se puede captar, de la cual no hay certeza, y que cuando está disponible corre hacia el mar a gran velocidad. Las Pocitas es, probablemente, la cuenca más seca del estado. ¿En qué estarán pensando?
Lo que están haciendo los carbones ecocidas y las autoridades federales, no es una tala inmoderada, legal o ilegal, sino un saqueo sistemático y depredador de los ya escasísimos árboles “maderables” que se les han escapado porque no los han visto en el monte o ya les quedan muy lejos.
Si se quiere, es muy simple resolver el problema de la producción legal e ilegal de carbón, lo que pasa es que no han querido hacerlo. Señores, simplemente hay que aplicar la ley. En ésta media península no existe ninguna posibilidad de sacar carbón mas que por tres vías: por avión que es inviable para el caso; una salida por tierra hacia el norte; y por barco dos puertos. En todas ellas existe vigilancia extrema. El carbón no se puede esconder, no es droga. Si un kilo de carbón logra salir del estado o venderse localmente, es con la complicidad de las autoridades federales. No hay otra explicación. Nada han hecho por detener el ecocidio. Esta es la gran oportunidad de las nuevas autoridades estatales para detener, de una vez y para siempre, la depredación causada por los ecocidas y sus tapaderas federales. ¡Ya basta! ¡Ni un kilo más! ¡Ni un árbol más! Con un ecocida que detengan y procesen por este delito sería suficiente para terminar con el problema. Jamás lo han hecho y por lo que muestran, no lo van a hacer.
Si todos estos inconvenientes existen, si son reales, entonces porqué dan permisos para explotar un recurso depredado, que no pueden ni siquiera controlar ni cuantificar, y está visto, que si no existe una aplicación de la ley, los ecocidas no tendrán freno para seguir produciendo carbón. El reino de la impunidad.
Los permisos los prestan y los alquilan. Es verdaderamente increíble que las autoridades federales estén dudando si otorgan permisos e impunidad a los ecocidas. Saben, con toda certeza, que lo único que están haciendo los carboneros es depredar, desde hace años, abusivamente, y con la complicidad de las autoridades federales, la zona norte del municipio de La Paz y el sur del municipio de Comondú.
En el futuro, cuando usted quiera ver un mezquite o un uña de gato o un árbol de palo fierro, tendrá que recurrir a las fotografías porque ya no van a dejar vivo ninguno.
Vea usted, ilustrado lector, lo que las autoridades federales están planteando como solución a este gravísimo problema ambiental: pretenden formar una empresa comercializadora (¡!) para “organizar” mejor a los ecocidas y “controlar” la producción de carbón. Una vez concretada ésta lúcida y genial idea ya podrán revisar, fácilmente, que lo autorizado en los permisos concuerde con lo que se acopia y vende, y si eso no ocurre, sabrán que se está sobreexplotando el recurso. Brillantísimos ¿no le parece, agudo lector? ¿Y luego qué? Pues luego ya no existirá nada que organizar, controlar, o comercializar, porque habrán arrasado con todo, en vista de que las autoridades federales no saben, no quieren, ni mucho menos pueden, imponer el orden mediante el ejercicio de las atribuciones que les otorgan las leyes en la materia. Parece inminente la depredación total.
Reconocen las autoridades federales que la tala inmoderada que existe hoy, ha existido siempre, y no se ha podido detener porque no han tenido voluntad ni capacidad para hacerlo. Yo diría que lo que no han tenido es otra cosa. Alguien tiene que decirles a los ecocidas ¡hasta aquí!
Resulta que PROFEPA, CONAFOR y SEMARNAT según declararon en este mismo medio, van a integrar una comisión para “valorar” mediante verificaciones en campo la “conveniencia de liberar” los permisos en “las zonas donde se afecte en menor grado la cubierta vegetal” (¡!). Pero aquí no existe el “menor grado” simplemente el recurso ya no soporta mas la acción ecocida y para nuestra desgracia estamos en manos de estas “autoridades”. Además reconocen, abiertamente, que sí se afecta la escasa y frágil cubierta vegetal. Ya verán cuando hagan sus “profundos” estudios del monte, si los hacen bien, que la escasa disponibilidad de maderas, realmente muertas, es, apenas, suficiente para usarla como combustible doméstico en las zonas rurales. No hay para más, y menos para ¡industrializar carbón! Insisto, lo que usan los ecocidas para producir carbón son árboles vivos. Entiéndanlo. Yo los vi, lo probamos en su momento y tengo las fotos.
Entre 1987 y 1991 los carboneros hicieron crecer los ingresos por su actividad a una tasa de crecimiento anual del 27% obteniendo en el ultimo año de la serie un total de 806,347 pesos. Hubo años, como en 1990, en que el valor de la producción de carbón superó el millón de pesos, de aquellos. En el caso de las maderas “muertas”, crecieron a una tasa del 54% anual en el mismo periodo.
En cuanto al volumen de producción de carbón, observamos que la tasa media decreció entre 1987 y 1991 un promedio de 16% anual produciéndose 6,719 metros cúbicos en rollo después de haber alcanzado en 1987 un poco más de 13,500 metros cúbicos en rollo. Estos datos son de los que se tuvo registro y faltaría sumarles lo que corresponde a la tala ilegal que es otro tanto más, por lo bajo.
Ahora hay que preguntar a los ilustrados expertos forestales, quienes tienen datos actualizados, a cuántos árboles equivalen estos metros cúbicos en rollo y se van a dar cuenta del tamaño de la tragedia, de la devastación, y de que es casi nada, lo que resta vivo por lo escaso de las poblaciones “maderables” que existen en las zonas donde se ha explotado el monte. La depredación no se ha detenido, al contrario, el deterioro del ecosistema ha sido permanente, desde hace años; y como es previsible, con algunos altibajos ha ido en constante decadencia porque fueron acabando con todo lo que tiene ramas.
Lo más patético del asunto, es que las propias autoridades federales reconocen que, en alguna ocasión, les llevaron a los carboneros programas temporales de mano de obra para que dejaran de producir carbón. ¿Y sabe usted que ocurrió, incrédulo lector? Pues que los ecocidas no solamente se embolsaron los bien ganados salarios de los programas sino que, además, ¡continuaron produciendo ilegalmente carbón! Ninguna autoridad hizo nada por detenerlos. De ésta experiencia se deriva una primera solución: hagan una lista de quienes viven de producir carbón y entréguenles un subsidio por la cantidad que obtienen por la venta del producto. Nos costará menos porque no son muchos y les pagan centavos. La segunda solución es que una vez aprobado el subsidio las autoridades federales actúen haciendo uso de sus facultades legales para implantar el orden y la legalidad y detener la depredación.
Lo que están planeando hacer es criminal: las autoridades federales van a legitimar a los ecocidas para terminar lo más rápido posible con cualquier cosa viva que parezca un árbol.
Uno de mis dos lectores, preocupado por ésta situación en la zona de Las Pocitas, me dice en un correo electrónico “Hay una persona que al parecer vive en las pocitas, de nombre Jesús González, que es quien solicita los permisos a SEMARNAT, quien es el que reúne a los carboneros que los hace pasar como victimas y pobres, aduciendo que este es el único medio que tienen para sobrevivir. Este señor al parecer es dueño de dos tractores D6 y de unos predios pero los tiene a nombre de uno de los carboneros.” Me parece que primero habría que investigar imputaciones como ésta antes de “liberar” permisos a los mismos negociantes, ecocidas y depredadores de siempre, quienes al parecer operan en contubernio con las autoridades federales. También nos aclara el remitente que “no todos los pobladores de Las Pocitas viven del carbón, algunos tienen ganado, otros siembras, y aun así pueden mantener a su familia sin talar a los árboles” ¿Dónde está un diagnóstico actualizado sobre el carbón? No existe. Ante este trágico ecocidio, parece que solamente la superior autoridad del gobernador Agundez podría terminar con la devastación de los ecosistemas en el estado. Es más, haciendo uso de mi derecho de petición, yo le exijo de manera respetuosa, intervenir de manera inmediata para detener a ecocidas y autoridades federales implicadas en la depredación de Sudcalifornia. Narciso Agundez sólo necesita instruir a su Secretario de Desarrollo e indicarle que, a partir de hoy, el negocio del carbón se acabó en éste estado. Solo eso. Si el gobernador se compromete, éste negro negocio de la rapiña se acaba porque se acaba. Nadie más podrá detenerlos.
Tal parece que las autoridades federales encargadas de velar por la protección de los ecosistemas en nuestro estado les tiembla la mano. ¡Qué manera de sacarle al bulto! ¡Parece que no tenemos autoridades que apliquen la ley sin dudas ni temores!
¿Cómo es posible que aún reconociendo las mismas autoridades federales su propia y absoluta incapacidad para controlar la tala, legal e ilegal, estén pensando si otorgan o no los codiciados permisos?
¿Cómo es posible que aún sabiendo las dificultades, casi insalvables, de orden natural, técnico y agroecológico planteen un programa de ¡reforestación! para compensar a la agredida y frágil naturaleza, y reponer lo que los ecocidas han saqueado? Las pocas especies que han “reforestado” en la entidad son solamente casuarinas, árboles de Neem, palo de arco y una variedad de palma ¡con riego! ahora se les ocurre que van a reforestar el monte.
Quiero que me diga este sabio representante de la Comisión Nacional Forestal, cómo van a reforestar este monte desértico Sudcaliforniano con especies como las que sacrifican los ecocidas. Han de tener una metodología marciana para garantizar que su programa de reforestación tendrá éxito. Por si no se ha dado cuenta, aquí no hay agua que garantice un prendimiento mínimo de las especies que, supongo, pretenden “reforestar” en pleno monte. En la cuenca de Las Pocitas no hay una gota de agua disponible salvo la que estacionalmente se puede captar, de la cual no hay certeza, y que cuando está disponible corre hacia el mar a gran velocidad. Las Pocitas es, probablemente, la cuenca más seca del estado. ¿En qué estarán pensando?
Lo que están haciendo los carbones ecocidas y las autoridades federales, no es una tala inmoderada, legal o ilegal, sino un saqueo sistemático y depredador de los ya escasísimos árboles “maderables” que se les han escapado porque no los han visto en el monte o ya les quedan muy lejos.
Si se quiere, es muy simple resolver el problema de la producción legal e ilegal de carbón, lo que pasa es que no han querido hacerlo. Señores, simplemente hay que aplicar la ley. En ésta media península no existe ninguna posibilidad de sacar carbón mas que por tres vías: por avión que es inviable para el caso; una salida por tierra hacia el norte; y por barco dos puertos. En todas ellas existe vigilancia extrema. El carbón no se puede esconder, no es droga. Si un kilo de carbón logra salir del estado o venderse localmente, es con la complicidad de las autoridades federales. No hay otra explicación. Nada han hecho por detener el ecocidio. Esta es la gran oportunidad de las nuevas autoridades estatales para detener, de una vez y para siempre, la depredación causada por los ecocidas y sus tapaderas federales. ¡Ya basta! ¡Ni un kilo más! ¡Ni un árbol más! Con un ecocida que detengan y procesen por este delito sería suficiente para terminar con el problema. Jamás lo han hecho y por lo que muestran, no lo van a hacer.
Si todos estos inconvenientes existen, si son reales, entonces porqué dan permisos para explotar un recurso depredado, que no pueden ni siquiera controlar ni cuantificar, y está visto, que si no existe una aplicación de la ley, los ecocidas no tendrán freno para seguir produciendo carbón. El reino de la impunidad.
Los permisos los prestan y los alquilan. Es verdaderamente increíble que las autoridades federales estén dudando si otorgan permisos e impunidad a los ecocidas. Saben, con toda certeza, que lo único que están haciendo los carboneros es depredar, desde hace años, abusivamente, y con la complicidad de las autoridades federales, la zona norte del municipio de La Paz y el sur del municipio de Comondú.
En el futuro, cuando usted quiera ver un mezquite o un uña de gato o un árbol de palo fierro, tendrá que recurrir a las fotografías porque ya no van a dejar vivo ninguno.
Vea usted, ilustrado lector, lo que las autoridades federales están planteando como solución a este gravísimo problema ambiental: pretenden formar una empresa comercializadora (¡!) para “organizar” mejor a los ecocidas y “controlar” la producción de carbón. Una vez concretada ésta lúcida y genial idea ya podrán revisar, fácilmente, que lo autorizado en los permisos concuerde con lo que se acopia y vende, y si eso no ocurre, sabrán que se está sobreexplotando el recurso. Brillantísimos ¿no le parece, agudo lector? ¿Y luego qué? Pues luego ya no existirá nada que organizar, controlar, o comercializar, porque habrán arrasado con todo, en vista de que las autoridades federales no saben, no quieren, ni mucho menos pueden, imponer el orden mediante el ejercicio de las atribuciones que les otorgan las leyes en la materia. Parece inminente la depredación total.
Reconocen las autoridades federales que la tala inmoderada que existe hoy, ha existido siempre, y no se ha podido detener porque no han tenido voluntad ni capacidad para hacerlo. Yo diría que lo que no han tenido es otra cosa. Alguien tiene que decirles a los ecocidas ¡hasta aquí!
Resulta que PROFEPA, CONAFOR y SEMARNAT según declararon en este mismo medio, van a integrar una comisión para “valorar” mediante verificaciones en campo la “conveniencia de liberar” los permisos en “las zonas donde se afecte en menor grado la cubierta vegetal” (¡!). Pero aquí no existe el “menor grado” simplemente el recurso ya no soporta mas la acción ecocida y para nuestra desgracia estamos en manos de estas “autoridades”. Además reconocen, abiertamente, que sí se afecta la escasa y frágil cubierta vegetal. Ya verán cuando hagan sus “profundos” estudios del monte, si los hacen bien, que la escasa disponibilidad de maderas, realmente muertas, es, apenas, suficiente para usarla como combustible doméstico en las zonas rurales. No hay para más, y menos para ¡industrializar carbón! Insisto, lo que usan los ecocidas para producir carbón son árboles vivos. Entiéndanlo. Yo los vi, lo probamos en su momento y tengo las fotos.
Entre 1987 y 1991 los carboneros hicieron crecer los ingresos por su actividad a una tasa de crecimiento anual del 27% obteniendo en el ultimo año de la serie un total de 806,347 pesos. Hubo años, como en 1990, en que el valor de la producción de carbón superó el millón de pesos, de aquellos. En el caso de las maderas “muertas”, crecieron a una tasa del 54% anual en el mismo periodo.
En cuanto al volumen de producción de carbón, observamos que la tasa media decreció entre 1987 y 1991 un promedio de 16% anual produciéndose 6,719 metros cúbicos en rollo después de haber alcanzado en 1987 un poco más de 13,500 metros cúbicos en rollo. Estos datos son de los que se tuvo registro y faltaría sumarles lo que corresponde a la tala ilegal que es otro tanto más, por lo bajo.
Ahora hay que preguntar a los ilustrados expertos forestales, quienes tienen datos actualizados, a cuántos árboles equivalen estos metros cúbicos en rollo y se van a dar cuenta del tamaño de la tragedia, de la devastación, y de que es casi nada, lo que resta vivo por lo escaso de las poblaciones “maderables” que existen en las zonas donde se ha explotado el monte. La depredación no se ha detenido, al contrario, el deterioro del ecosistema ha sido permanente, desde hace años; y como es previsible, con algunos altibajos ha ido en constante decadencia porque fueron acabando con todo lo que tiene ramas.
Lo más patético del asunto, es que las propias autoridades federales reconocen que, en alguna ocasión, les llevaron a los carboneros programas temporales de mano de obra para que dejaran de producir carbón. ¿Y sabe usted que ocurrió, incrédulo lector? Pues que los ecocidas no solamente se embolsaron los bien ganados salarios de los programas sino que, además, ¡continuaron produciendo ilegalmente carbón! Ninguna autoridad hizo nada por detenerlos. De ésta experiencia se deriva una primera solución: hagan una lista de quienes viven de producir carbón y entréguenles un subsidio por la cantidad que obtienen por la venta del producto. Nos costará menos porque no son muchos y les pagan centavos. La segunda solución es que una vez aprobado el subsidio las autoridades federales actúen haciendo uso de sus facultades legales para implantar el orden y la legalidad y detener la depredación.
Lo que están planeando hacer es criminal: las autoridades federales van a legitimar a los ecocidas para terminar lo más rápido posible con cualquier cosa viva que parezca un árbol.
Uno de mis dos lectores, preocupado por ésta situación en la zona de Las Pocitas, me dice en un correo electrónico “Hay una persona que al parecer vive en las pocitas, de nombre Jesús González, que es quien solicita los permisos a SEMARNAT, quien es el que reúne a los carboneros que los hace pasar como victimas y pobres, aduciendo que este es el único medio que tienen para sobrevivir. Este señor al parecer es dueño de dos tractores D6 y de unos predios pero los tiene a nombre de uno de los carboneros.” Me parece que primero habría que investigar imputaciones como ésta antes de “liberar” permisos a los mismos negociantes, ecocidas y depredadores de siempre, quienes al parecer operan en contubernio con las autoridades federales. También nos aclara el remitente que “no todos los pobladores de Las Pocitas viven del carbón, algunos tienen ganado, otros siembras, y aun así pueden mantener a su familia sin talar a los árboles” ¿Dónde está un diagnóstico actualizado sobre el carbón? No existe. Ante este trágico ecocidio, parece que solamente la superior autoridad del gobernador Agundez podría terminar con la devastación de los ecosistemas en el estado. Es más, haciendo uso de mi derecho de petición, yo le exijo de manera respetuosa, intervenir de manera inmediata para detener a ecocidas y autoridades federales implicadas en la depredación de Sudcalifornia. Narciso Agundez sólo necesita instruir a su Secretario de Desarrollo e indicarle que, a partir de hoy, el negocio del carbón se acabó en éste estado. Solo eso. Si el gobernador se compromete, éste negro negocio de la rapiña se acaba porque se acaba. Nadie más podrá detenerlos.
18 septiembre 2005
LOS DESPOJOS DEL SAPA
De milagro tenemos agua en nuestras casas, después del papelón que hicieron los depredadores de las anteriores administraciones que “dirigieron” el organismo operador.
Asistí recientemente a una reunión de trabajo en el Cabildo de La Paz a donde concurrió como invitado el actual Director del Sapa. El propósito de la reunión era conocer la situación que guarda hoy esta empresa que nos provee de agua a todos los que vivimos en el municipio de La Paz. Y bueno, las cosas estaban y están todavía para llorar aunque ya mejorando. Y también para que cualquier buena acción que hagan las actuales autoridades se note y tenga efectos benéficos inmediatos en la población. O sea, no podría estar peor de lo que ya está. Todos los datos que citamos fueron vertidos por el Director y algunos miembros del Cabildo.
Las nuevas autoridades recibieron un organismo muerto, apenas respirando. De ahí que una de las conclusiones iniciales que se derivó de la reunión de trabajo fue en el sentido de que recibieron el Sapa completamente arruinado. Recibieron un zombi que “funcionaba” por obra y gracia del espíritu santo por la inacción de funcionarios rapaces e incapaces y con una ignorancia monumental en el tema del agua. El diagnóstico inicial es que no había diagnóstico, nadie conoce con certeza los signos vitales del organismo más importante y estratégico del Ayuntamiento.
El hecho grave, gravísimo, es que no existe, hasta hoy, un análisis completo, integral, que nos dé una fotografía clara del Sapa, de ahí que los recién llegados, no recibieran mas que problemas por todos los frentes: sin saber cuánta agua se extrae y cuánta se entrega, sin mediciones confiables, operación fuera de control, pozos sin funcionar, administración pésima, situación financiera desastrosa y una rechoncha nómina de mantenidos improductivos que haría quebrar a cualquier empresa. Por esta razón, se encuentra en proceso la licitación para la realizar un estudio denominado “Plan Maestro” con el cual se pretende, ahora sí, conocer la situación real del Sistema en su conjunto, integralmente, porque no existen soportes para la toma de decisiones en ningún sentido. A tal grado que, por ejemplo, ni siquiera se sabe cuánta agua se pierde, se extrae, se entrega y factura. La convocatoria para licitar el estudio saldrá a la luz pública en unas semanas. Con el estudio se tendrán bases técnicas y científicas para conocer la situación que guarda el Sistema en la condición operativa de los pozos, la parte electromecánica, eficiencias, la recarga del acuífero, las finanzas del organismo y el control contable, necesidades reales de personal, diseño para mejorar el sistema de cobro y bajar los índices de morosidad, fugas por tuberías deficientes, niveles de potabilización del agua, determinación de la cantidad extraída y medición correcta de la que se entrega.
Se pretende tener elementos de juicio para la planeación de las actividades del Sapa para los próximos 25 años.
El peligro de mayor relevancia hoy, es el agotamiento del acuífero de la cuenca de La Paz, el cual, se encuentra en su fase terminal de explotación, urge llegar cuando menos al equilibrio. No hay una gota adicional de líquido para el abasto de la ciudad. Así de plano. La extracción sigue siendo superior a la recarga.
Otra consecuencia de la ya larga sobreexplotación es que la calidad del agua se ha deteriorado.
Y por si lo anterior no fuera suficientemente grave, el organismo ¡no tiene personalidad jurídica! definida. Existe un vacío jurídico entre el Decreto que crea al Sapa y la nueva Ley de Aguas. Por ello habría que revisar bajo que figura jurídica y validez de la misma, ha participado en eventos que requieren una determinación precisa de la personalidad con la que interviene el Sapa en actos legales tales como la firma del contrato de crédito que están por ejercer con diversas fuentes de financiamiento, y cuestionar también, la legal existencia de la institución y su representatividad. Simplemente no existe.
Como ya no hay más agua disponible en fuentes tradicionales, según su Gerente, concluye que urge iniciar el proceso para desalar agua de mar como la única fuente alterna de agua potable que tenemos en La Paz. Indicó el responsable que “no hay otro remedio”.
Nuestra insistente petición de que nombraran a alguien que supiera de agua, tubos, bombas y administración fue cumplida porque el Gerente recién nombrado conoce el sistema y es un técnico en la materia. Ya veremos en unos meses más qué tan bueno es realmente. Esto habla bien no solo del nuevo responsable, sino de quien lo nombró, el Presidente Municipal, quien según hemos observado, tiene la sensibilidad necesaria para entrarle a los problemas y resolverlos. Da la impresión de que no es blandengue. Lo que ha dicho y hecho ha sido consistente, esperemos que así continúe. El logro más destacable que tiene este funcionario es el ordenamiento financiero del Ayuntamiento. Y no es un logro menor en tan poco tiempo.
En cuanto este servidor público estaba intentando apenas sentarse en la silla municipal, comenzó a ver como llegaban montones interminables de recibos de pago que le presentaron personajes y los lideres de diversas colonias para que los firmara y condonarles a sus “amigos o agremiados” el pago del agua. A todos estos zopilotes vividores los mandó al carajo, de manera comedida y firme, pero al carajo. Ojalá entiendan. Por eso los ingresos del Sapa se han incrementado alrededor de un millón y medio de pesos al mes. Al inicio de ésta administración el Sistema se encontraba ahogado en deudas de manera que éstos incrementos en los ingresos únicamente sirvieron para quitar presiones de tesorería y no se destinaron en su totalidad a la operación. Entre los adeudos importantes, todavía están vivos los de CFE con quien se definió un nuevo convenio de pago porque ya estaban a punto de corte del suministro de energía eléctrica. Quedan pendientes deudas del organismo pero ya son manejables. A la fecha de la reunión solamente se tienían cuatro pozos fuera de operación.
Parte de los absurdos y errores técnicos cometidos por la administración anterior, fueron corregidos sobre la marcha, ya que habían decidido, por ejemplo, instalar bombas sumergibles en los pozos, lo que era un desatino técnico por las características arenosas del subsuelo y ya se corrigió con bombas de superficie tradicionales. Vea usted, acuoso lector, lo que ocurrió en el pasado según lo que afirma el nuevo Gerente “No existió soporte, ni razonamiento técnico, ni fundamento alguno para la realización de las obras del drenaje del centro de la ciudad ni para la instalación del drenaje del poblado El Centenario. Estas obras se hicieron a sentimiento” y lo dijo decentemente porque en realidad debió haber dicho “a lo pendejo” ni más ni menos. Esta afirmación sería suficiente para llamar a cuentas a los vividores anteriores.
Al fin escuchamos algo consistente relacionado con la planta de tratamiento. Ya se tienen aprobados los fondos para rehabilitarla. Se pretende realizar un tratamiento mediano para dejar el agua con un grado de inocuidad para poder descargarla en la bahía. No se mencionó en qué situación quedaría la entrega de agua para riego a los ejidos aledaños a la planta. Aquí valdría la pena explorar otras alternativas menos costosas en el tratamiento del agua y en su operación y costos, antes de comprometer recursos en una solución técnica que no esta, todavía, cien por ciento sustentada técnicamente, porque existen otras opciones viables que deben explorarse para tomar una correcta decisión. Que no los presione la vista del inerme elefante blanco.
El 70% de los usuarios son de cuota fija y pagan lo mínimo el mes, gasten lo que gasten de agua, porque no se tiene un eficiente sistema de medición ni de cobro. Sólo se mide la entrega del agua en el 40% de las tomas. Faltan medidores cuya compra ya fue autorizada recientemente por la Junta de Gobierno del Sapa; también decidieron cancelar, por el momento, la apertura de calles en el centro de La Paz y continuar con el drenaje de El Centenario en tanto se dispone del Plan Maestro para ordenar en definitiva el funcionamiento del Sapa.
Más de 31 millones de pesos en descuentos indebidos otorgó la administración anterior, sin fundamento. Deberíamos cobrárselos. Sostiene el Gerente que le van a entrar a resolver el negocio del reparto de agua en pipas por unos cuantos, que se ha convertido en una actividad de tipo patrimonial en terrenos del Sapa y con el agua del organismo, señalando que de este productivo negocio poco sabe la opinión pública.
El Presidente Municipal reconoció con pena que no existe un servicio eficiente para abastecer de agua potable a la población, y sobre las finanzas del Sapa indicó que “por convicción personal no habrá caja chica ni grande para su uso indiscriminado por las autoridades”. Sostuvo que es indispensable que se aplique la Ley “inclusive a mis amigos, no importa que se pierda la amistad”. Y causó abolladuras por todos lados, indicando que “hubo en el pasado una cultura de abuso del poder”, ¡Ay ca...! También afirmó que de lo que se trata es de manifestar “capacidad para llevar a cabo una administración eficiente con lo cual debemos estar comprometidos”. Al final de su intervención señaló “con los principios no cedo”. Pues no suena mal. ¿No le parece? En fin, tendremos posibilidades de observar lo que suceda próximamente. Ojalá y no haya mutaciones de ninguna especie.
Se ejerce más de un millón de pesos mensuales que en realidad no se devengan en su totalidad, es decir, son privilegios inmerecidos como horas extras y otras linduras que han “ganado” decenas de trabajadores como un “logro sindical” a costillas de la empresa.
No existen manuales de operación ni reglamentos para regular la operación del Sapa. En la administración anterior el Contralor se había comprometido a hacerlos pero no hizo nada.
Con los recibos en la mano, uno de los regidores demostró posibles casos de doble facturación y fraude que las autoridades se comprometieron a investigar para dimensionar el problema y tener datos más precisos de su real existencia para tratar de corregirlo de inmediato.Quedaron sin respuesta preguntas importantes como: ¿Cuál es el avance en la disminución del personal sobrante en el Sapa? ¿Habrá auditoria a la anterior administración? ¿Llamarán a cuentas a los “administradores” anteriores o habrá perdón, olvido y premio?
Asistí recientemente a una reunión de trabajo en el Cabildo de La Paz a donde concurrió como invitado el actual Director del Sapa. El propósito de la reunión era conocer la situación que guarda hoy esta empresa que nos provee de agua a todos los que vivimos en el municipio de La Paz. Y bueno, las cosas estaban y están todavía para llorar aunque ya mejorando. Y también para que cualquier buena acción que hagan las actuales autoridades se note y tenga efectos benéficos inmediatos en la población. O sea, no podría estar peor de lo que ya está. Todos los datos que citamos fueron vertidos por el Director y algunos miembros del Cabildo.
Las nuevas autoridades recibieron un organismo muerto, apenas respirando. De ahí que una de las conclusiones iniciales que se derivó de la reunión de trabajo fue en el sentido de que recibieron el Sapa completamente arruinado. Recibieron un zombi que “funcionaba” por obra y gracia del espíritu santo por la inacción de funcionarios rapaces e incapaces y con una ignorancia monumental en el tema del agua. El diagnóstico inicial es que no había diagnóstico, nadie conoce con certeza los signos vitales del organismo más importante y estratégico del Ayuntamiento.
El hecho grave, gravísimo, es que no existe, hasta hoy, un análisis completo, integral, que nos dé una fotografía clara del Sapa, de ahí que los recién llegados, no recibieran mas que problemas por todos los frentes: sin saber cuánta agua se extrae y cuánta se entrega, sin mediciones confiables, operación fuera de control, pozos sin funcionar, administración pésima, situación financiera desastrosa y una rechoncha nómina de mantenidos improductivos que haría quebrar a cualquier empresa. Por esta razón, se encuentra en proceso la licitación para la realizar un estudio denominado “Plan Maestro” con el cual se pretende, ahora sí, conocer la situación real del Sistema en su conjunto, integralmente, porque no existen soportes para la toma de decisiones en ningún sentido. A tal grado que, por ejemplo, ni siquiera se sabe cuánta agua se pierde, se extrae, se entrega y factura. La convocatoria para licitar el estudio saldrá a la luz pública en unas semanas. Con el estudio se tendrán bases técnicas y científicas para conocer la situación que guarda el Sistema en la condición operativa de los pozos, la parte electromecánica, eficiencias, la recarga del acuífero, las finanzas del organismo y el control contable, necesidades reales de personal, diseño para mejorar el sistema de cobro y bajar los índices de morosidad, fugas por tuberías deficientes, niveles de potabilización del agua, determinación de la cantidad extraída y medición correcta de la que se entrega.
Se pretende tener elementos de juicio para la planeación de las actividades del Sapa para los próximos 25 años.
El peligro de mayor relevancia hoy, es el agotamiento del acuífero de la cuenca de La Paz, el cual, se encuentra en su fase terminal de explotación, urge llegar cuando menos al equilibrio. No hay una gota adicional de líquido para el abasto de la ciudad. Así de plano. La extracción sigue siendo superior a la recarga.
Otra consecuencia de la ya larga sobreexplotación es que la calidad del agua se ha deteriorado.
Y por si lo anterior no fuera suficientemente grave, el organismo ¡no tiene personalidad jurídica! definida. Existe un vacío jurídico entre el Decreto que crea al Sapa y la nueva Ley de Aguas. Por ello habría que revisar bajo que figura jurídica y validez de la misma, ha participado en eventos que requieren una determinación precisa de la personalidad con la que interviene el Sapa en actos legales tales como la firma del contrato de crédito que están por ejercer con diversas fuentes de financiamiento, y cuestionar también, la legal existencia de la institución y su representatividad. Simplemente no existe.
Como ya no hay más agua disponible en fuentes tradicionales, según su Gerente, concluye que urge iniciar el proceso para desalar agua de mar como la única fuente alterna de agua potable que tenemos en La Paz. Indicó el responsable que “no hay otro remedio”.
Nuestra insistente petición de que nombraran a alguien que supiera de agua, tubos, bombas y administración fue cumplida porque el Gerente recién nombrado conoce el sistema y es un técnico en la materia. Ya veremos en unos meses más qué tan bueno es realmente. Esto habla bien no solo del nuevo responsable, sino de quien lo nombró, el Presidente Municipal, quien según hemos observado, tiene la sensibilidad necesaria para entrarle a los problemas y resolverlos. Da la impresión de que no es blandengue. Lo que ha dicho y hecho ha sido consistente, esperemos que así continúe. El logro más destacable que tiene este funcionario es el ordenamiento financiero del Ayuntamiento. Y no es un logro menor en tan poco tiempo.
En cuanto este servidor público estaba intentando apenas sentarse en la silla municipal, comenzó a ver como llegaban montones interminables de recibos de pago que le presentaron personajes y los lideres de diversas colonias para que los firmara y condonarles a sus “amigos o agremiados” el pago del agua. A todos estos zopilotes vividores los mandó al carajo, de manera comedida y firme, pero al carajo. Ojalá entiendan. Por eso los ingresos del Sapa se han incrementado alrededor de un millón y medio de pesos al mes. Al inicio de ésta administración el Sistema se encontraba ahogado en deudas de manera que éstos incrementos en los ingresos únicamente sirvieron para quitar presiones de tesorería y no se destinaron en su totalidad a la operación. Entre los adeudos importantes, todavía están vivos los de CFE con quien se definió un nuevo convenio de pago porque ya estaban a punto de corte del suministro de energía eléctrica. Quedan pendientes deudas del organismo pero ya son manejables. A la fecha de la reunión solamente se tienían cuatro pozos fuera de operación.
Parte de los absurdos y errores técnicos cometidos por la administración anterior, fueron corregidos sobre la marcha, ya que habían decidido, por ejemplo, instalar bombas sumergibles en los pozos, lo que era un desatino técnico por las características arenosas del subsuelo y ya se corrigió con bombas de superficie tradicionales. Vea usted, acuoso lector, lo que ocurrió en el pasado según lo que afirma el nuevo Gerente “No existió soporte, ni razonamiento técnico, ni fundamento alguno para la realización de las obras del drenaje del centro de la ciudad ni para la instalación del drenaje del poblado El Centenario. Estas obras se hicieron a sentimiento” y lo dijo decentemente porque en realidad debió haber dicho “a lo pendejo” ni más ni menos. Esta afirmación sería suficiente para llamar a cuentas a los vividores anteriores.
Al fin escuchamos algo consistente relacionado con la planta de tratamiento. Ya se tienen aprobados los fondos para rehabilitarla. Se pretende realizar un tratamiento mediano para dejar el agua con un grado de inocuidad para poder descargarla en la bahía. No se mencionó en qué situación quedaría la entrega de agua para riego a los ejidos aledaños a la planta. Aquí valdría la pena explorar otras alternativas menos costosas en el tratamiento del agua y en su operación y costos, antes de comprometer recursos en una solución técnica que no esta, todavía, cien por ciento sustentada técnicamente, porque existen otras opciones viables que deben explorarse para tomar una correcta decisión. Que no los presione la vista del inerme elefante blanco.
El 70% de los usuarios son de cuota fija y pagan lo mínimo el mes, gasten lo que gasten de agua, porque no se tiene un eficiente sistema de medición ni de cobro. Sólo se mide la entrega del agua en el 40% de las tomas. Faltan medidores cuya compra ya fue autorizada recientemente por la Junta de Gobierno del Sapa; también decidieron cancelar, por el momento, la apertura de calles en el centro de La Paz y continuar con el drenaje de El Centenario en tanto se dispone del Plan Maestro para ordenar en definitiva el funcionamiento del Sapa.
Más de 31 millones de pesos en descuentos indebidos otorgó la administración anterior, sin fundamento. Deberíamos cobrárselos. Sostiene el Gerente que le van a entrar a resolver el negocio del reparto de agua en pipas por unos cuantos, que se ha convertido en una actividad de tipo patrimonial en terrenos del Sapa y con el agua del organismo, señalando que de este productivo negocio poco sabe la opinión pública.
El Presidente Municipal reconoció con pena que no existe un servicio eficiente para abastecer de agua potable a la población, y sobre las finanzas del Sapa indicó que “por convicción personal no habrá caja chica ni grande para su uso indiscriminado por las autoridades”. Sostuvo que es indispensable que se aplique la Ley “inclusive a mis amigos, no importa que se pierda la amistad”. Y causó abolladuras por todos lados, indicando que “hubo en el pasado una cultura de abuso del poder”, ¡Ay ca...! También afirmó que de lo que se trata es de manifestar “capacidad para llevar a cabo una administración eficiente con lo cual debemos estar comprometidos”. Al final de su intervención señaló “con los principios no cedo”. Pues no suena mal. ¿No le parece? En fin, tendremos posibilidades de observar lo que suceda próximamente. Ojalá y no haya mutaciones de ninguna especie.
Se ejerce más de un millón de pesos mensuales que en realidad no se devengan en su totalidad, es decir, son privilegios inmerecidos como horas extras y otras linduras que han “ganado” decenas de trabajadores como un “logro sindical” a costillas de la empresa.
No existen manuales de operación ni reglamentos para regular la operación del Sapa. En la administración anterior el Contralor se había comprometido a hacerlos pero no hizo nada.
Con los recibos en la mano, uno de los regidores demostró posibles casos de doble facturación y fraude que las autoridades se comprometieron a investigar para dimensionar el problema y tener datos más precisos de su real existencia para tratar de corregirlo de inmediato.Quedaron sin respuesta preguntas importantes como: ¿Cuál es el avance en la disminución del personal sobrante en el Sapa? ¿Habrá auditoria a la anterior administración? ¿Llamarán a cuentas a los “administradores” anteriores o habrá perdón, olvido y premio?
14 septiembre 2005
DONDE APRIETAN NO CHORREA
En mi casa tenía una gotera en la llave de paso, precisamente donde se encuentra el medidor, y escapaban varios litros de agua por día. Duró dos años. Un buen día me decidí a terminar con el problema, tomé unas pinzas y una perica, apreté la tuerca e inmediatamente paró de gotear y no se escapó más agua. Ni una gota. Hasta la fecha.
De verdad que da risa lo que sucede en nuestro estado. Leo en la prensa toda, las quejas amargas de los ciudadanos cuando les levantan infracciones en cualquiera de los municipios o cuando les piden que paguen lo que deben del predial o de lo que sea. El estado de derecho en BCS sufre una mutación y se convierte en el “espérame tantito”.
Más en La Paz y en Comondú.
La Ley, las normas y el estado de derecho a conveniencia de cada quien, al gusto y conveniencia de los sectores: automovilistas, padres de familia, ambulantes, dueños de terrenos, onapafas, barzones, organizaciones de toda laya, y de hecho, todos los ciudadanos.
¿Ha visto usted, legalista lector, la cantidad de autos que circulan sin placas en el estado cuyos dueños son, entre otros impunes, policías? Por ahí deberían empezar.
Pero en cuanto las autoridades “deciden” que, ahora sí, se aplicará la Ley, todo mundo comienza a gritar improperios y acusaciones en contra de la policía, primero, y después en contra de las autoridades del Ayuntamiento. Y los asustan con estos epítetos: “Terroristas fiscales, inconscientes, prepotentes, amargosos, son unos perros, detengan a los verdaderos criminales, desgraciados, no tienen tacto, son groseros, nomás exigen pero no hacen nada...” es infinito el conjunto de reclamaciones de los ciudadanos en cuanto se les aplica la justicia. No importa que en efecto hayan cometido una infracción al circular sin una, o de plano, sin las dos placas de su chatarra. O sin luces en buen estado. O sin revista. O sin tenencia. O echando toneladas de humo por el escape. O sin parabrisas.
“¡Cómo es posible que me quieran infraccionar en esta temporada no ven que estoy muy gastado!”, gritan.
“Espérenme tantito, hasta que me equilibre en mis gastos”, dicen los quejumbrosos.
“¡Que no se dan cuenta de que se van a iniciar las clases y estoy muy gastado!”, aúllan. Pero, mi buen, ¿qué te pasó en los ocho meses que ya han transcurrido del año? ¿Y en todo el año pasado tampoco tuviste con que pagar? ¿Y el antepasado? ¿Y hace tres años? El cuento de nunca acabar... porque nadie lo quiere acabar.
El costo político es alto para los medrosos.
Hace cuando menos 25 años que escucho la misma cantaleta de los que deben cobrar y de los que deben pagar. Siempre es lo mismo. Todos los años. Es el hastío. Autoridades que no actúan pero que se la pasan mariqueando todo el año porque no les alcanza para nada la miseria que logran recaudar de los poquísimos ciudadanos que pagan todo, y a tiempo.
Y el caso es que ya han transcurrido ocho meses del 2005 y sólo el 40% de los automovilistas ha pagado la tenencia y la revista, el resto navegan ondeando la bandera del “espérenme tantito”. Eso sin contar las tenencias y revistas que no han pagado de varios años anteriores. Olvidémonos del predial en donde son menos los que pagan, y éstos casos, son verdaderamente vergonzosos por el tiempo de mora.
¿Y la autoridad? Bueno ellos son siempre conscientes de los problemas económicos de los ciudadanos y responden con un “criterio social” cuando hay que cobrar lo que todo mundo debe pagar, así que deciden “esperar” a que termine su mandato para no meterse en líos y el que viene atrás que arree. La miseria permanente por la demora perpetua.
Es de risa loca el argumento que esgrimen los ciudadanos morosos cuando las autoridades aspiran una bocanada de valentía porque ya no tienen para la nómina y comienzan a cobrar. Tres periodicazos del poderoso Sudcaliforniano son suficientes para detenerlos porque eso les puede abollar el capelo y sus aspiraciones políticas. Siempre es lo mismo, desde hace años. Por eso las montañas de recibos de agua que condonaban. Por eso las prorrogas interminables hasta que se termina el año, y el trienio y el sexenio y el decenio. Y al siguiente periodo... lo mismo, una calca perfecta de la ineficiencia, el desorden y la anarquía. Y nadie acaba pagando nada porque todo es un desbarajuste. Los que pagan, ven que los morosos tienen beneficios por no cumplir, y que éstos, en vez de requerimientos de cobro, embargos y demandas, reciben súplicas de las autoridades para que pasen a pagar, “por favorcito”, lo que otros cumplidos ya pagaron puntualmente. Y si no puede pagar, les dice la autoridad, “no se preocupe le hacemos un convenio para pagar lo que consiga, cuando pueda y cuando quiera”, porque las autoridades “siempre seremos muy solidarias con los problemas económicos de la ciudadanía”. ¡Zas!
Y si falla en cumplir el convenio le harán otro y otro... y los que le hagan falta.
Le voy a dar un ejemplo de autoridades que no son blandengues y que al fin se decidieron a aplicar la Ley. Desde luego no es en nuestro estado maravilla, sino en Chihuahua. Allá se iniciaron las notificaciones para el pago de predial a morosos mayores y ante la falta de respuesta, comenzaron a embargar propiedades y autos de los morosos. Los carros embargados permanecieron menos de cuatro horas en el corralón porque los negligentes fueron a pagar sus deudas de inmediato. En chinga. Ante el posible embargo de electrodomésticos inservibles que algún vivaz moroso les propuso por pago, porque así lo hacían las anteriores autoridades, el aguerrido Tesorero les dijo "No somos el destilichadero de nadie" y se fueron sobre los bienes de valor: los terrenos y automóviles. “Ahora se buscan bienes que realmente garanticen el pago de la deuda", aseguró. Ya sé qué me contestará usted, adelantado lector: ¡corrieron al Tesorero! Pues no, asómbrese, porque ahí está todavía, cobre y cobre, y los ciudadanos pague y pague, acuérdese que esto sucedió en Chihuahua, no en nuestro estado maravilla.
Hasta hoy no he sabido de una autoridad que tenga mala imagen o que lo hayan desaforado porque aplica la ley y sujete su actuación al marco legal que juró cumplir y hacer cumplir cuando asumieron sus cargos. Sí me parece, en cambio, que en estos tiempos les afecta, y mucho, hacer lo contrario: ser blandengues y violadores de la ley que juraron obedecer y que no cumplan por omisos o cómplices o simplemente por irresponsables. Y por sus agendas ocultas para satisfacer sus ambiciones de poder. Me pregunto ¿alguien se quejará, legítimamente, si le detienen su carro porque no trae documentos y circula cometiendo cinco infracciones simultaneas (sin luz, sin defensas, sin cofre, sin licencia vigente, sin revista, sin tenencia, sin parabrisas, sin placas, sin tarjeta y echando más humo que una locomotora del viejo oeste)? ¿O porque le embarguen un terreno por no pagar el predial desde hace ¡quince años!? ¿Quién y con qué validez moral podrá acusar a las autoridades porque actúan, porque cumplen a cabalidad con su mandato, porque cumplen con la Ley? Sólo un loco.
En todo el país prevalece también una cultura del “no pago” del impuesto predial, y el primero que incumple es el gobierno federal, su mal ejemplo cunde, es un modelo de comportamiento nacional, acusa el director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, Alejandro Torres. ¿Usted cree que aquí los federales de todo tipo paguen el predial? Apuesto que ninguno. Al menos sé de un caso en el que no se ha pagado en 12 años. ¿Usted cree, cumplido lector, que no tienen presupuesto para realizar esos pagos? Pues sí, en realidad sí tienen presupuestado este tipo de compromisos. Lo que pasa es que simplemente unos se resisten a pagar, o asómbrese de nuevo lector, ¡nadie les ha cobrado nunca! Eso es todo. Así de fácil. ¿O alguien les habrá cobrado alguna vez? Si revisan sus archivos se van a llevar una gorda sorpresa.
¿Sabe usted cuánto puede representar en ingresos para los Ayuntamientos el cobro a propiedades federales? Yo no lo sé con certeza, pero le aseguro que es muchísimo dinero al año.
¡Ya chole!, quien no pague que la pague. Que se atenga a las consecuencias legales, todo mundo las conocemos, los que pagan y los que no. Y las autoridades a ejercer ya su función que para eso los contratamos. El primer año los odiaremos, el segundo les reconoceremos y el tercero los amaremos, esa es la receta. Y si no hacen nada, pues entonces que dejen de quejarse, porque de oír sus gimoteos estamos hasta la madre. Lo que queremos es que hagan algo. Ya.
De verdad que da risa lo que sucede en nuestro estado. Leo en la prensa toda, las quejas amargas de los ciudadanos cuando les levantan infracciones en cualquiera de los municipios o cuando les piden que paguen lo que deben del predial o de lo que sea. El estado de derecho en BCS sufre una mutación y se convierte en el “espérame tantito”.
Más en La Paz y en Comondú.
La Ley, las normas y el estado de derecho a conveniencia de cada quien, al gusto y conveniencia de los sectores: automovilistas, padres de familia, ambulantes, dueños de terrenos, onapafas, barzones, organizaciones de toda laya, y de hecho, todos los ciudadanos.
¿Ha visto usted, legalista lector, la cantidad de autos que circulan sin placas en el estado cuyos dueños son, entre otros impunes, policías? Por ahí deberían empezar.
Pero en cuanto las autoridades “deciden” que, ahora sí, se aplicará la Ley, todo mundo comienza a gritar improperios y acusaciones en contra de la policía, primero, y después en contra de las autoridades del Ayuntamiento. Y los asustan con estos epítetos: “Terroristas fiscales, inconscientes, prepotentes, amargosos, son unos perros, detengan a los verdaderos criminales, desgraciados, no tienen tacto, son groseros, nomás exigen pero no hacen nada...” es infinito el conjunto de reclamaciones de los ciudadanos en cuanto se les aplica la justicia. No importa que en efecto hayan cometido una infracción al circular sin una, o de plano, sin las dos placas de su chatarra. O sin luces en buen estado. O sin revista. O sin tenencia. O echando toneladas de humo por el escape. O sin parabrisas.
“¡Cómo es posible que me quieran infraccionar en esta temporada no ven que estoy muy gastado!”, gritan.
“Espérenme tantito, hasta que me equilibre en mis gastos”, dicen los quejumbrosos.
“¡Que no se dan cuenta de que se van a iniciar las clases y estoy muy gastado!”, aúllan. Pero, mi buen, ¿qué te pasó en los ocho meses que ya han transcurrido del año? ¿Y en todo el año pasado tampoco tuviste con que pagar? ¿Y el antepasado? ¿Y hace tres años? El cuento de nunca acabar... porque nadie lo quiere acabar.
El costo político es alto para los medrosos.
Hace cuando menos 25 años que escucho la misma cantaleta de los que deben cobrar y de los que deben pagar. Siempre es lo mismo. Todos los años. Es el hastío. Autoridades que no actúan pero que se la pasan mariqueando todo el año porque no les alcanza para nada la miseria que logran recaudar de los poquísimos ciudadanos que pagan todo, y a tiempo.
Y el caso es que ya han transcurrido ocho meses del 2005 y sólo el 40% de los automovilistas ha pagado la tenencia y la revista, el resto navegan ondeando la bandera del “espérenme tantito”. Eso sin contar las tenencias y revistas que no han pagado de varios años anteriores. Olvidémonos del predial en donde son menos los que pagan, y éstos casos, son verdaderamente vergonzosos por el tiempo de mora.
¿Y la autoridad? Bueno ellos son siempre conscientes de los problemas económicos de los ciudadanos y responden con un “criterio social” cuando hay que cobrar lo que todo mundo debe pagar, así que deciden “esperar” a que termine su mandato para no meterse en líos y el que viene atrás que arree. La miseria permanente por la demora perpetua.
Es de risa loca el argumento que esgrimen los ciudadanos morosos cuando las autoridades aspiran una bocanada de valentía porque ya no tienen para la nómina y comienzan a cobrar. Tres periodicazos del poderoso Sudcaliforniano son suficientes para detenerlos porque eso les puede abollar el capelo y sus aspiraciones políticas. Siempre es lo mismo, desde hace años. Por eso las montañas de recibos de agua que condonaban. Por eso las prorrogas interminables hasta que se termina el año, y el trienio y el sexenio y el decenio. Y al siguiente periodo... lo mismo, una calca perfecta de la ineficiencia, el desorden y la anarquía. Y nadie acaba pagando nada porque todo es un desbarajuste. Los que pagan, ven que los morosos tienen beneficios por no cumplir, y que éstos, en vez de requerimientos de cobro, embargos y demandas, reciben súplicas de las autoridades para que pasen a pagar, “por favorcito”, lo que otros cumplidos ya pagaron puntualmente. Y si no puede pagar, les dice la autoridad, “no se preocupe le hacemos un convenio para pagar lo que consiga, cuando pueda y cuando quiera”, porque las autoridades “siempre seremos muy solidarias con los problemas económicos de la ciudadanía”. ¡Zas!
Y si falla en cumplir el convenio le harán otro y otro... y los que le hagan falta.
Le voy a dar un ejemplo de autoridades que no son blandengues y que al fin se decidieron a aplicar la Ley. Desde luego no es en nuestro estado maravilla, sino en Chihuahua. Allá se iniciaron las notificaciones para el pago de predial a morosos mayores y ante la falta de respuesta, comenzaron a embargar propiedades y autos de los morosos. Los carros embargados permanecieron menos de cuatro horas en el corralón porque los negligentes fueron a pagar sus deudas de inmediato. En chinga. Ante el posible embargo de electrodomésticos inservibles que algún vivaz moroso les propuso por pago, porque así lo hacían las anteriores autoridades, el aguerrido Tesorero les dijo "No somos el destilichadero de nadie" y se fueron sobre los bienes de valor: los terrenos y automóviles. “Ahora se buscan bienes que realmente garanticen el pago de la deuda", aseguró. Ya sé qué me contestará usted, adelantado lector: ¡corrieron al Tesorero! Pues no, asómbrese, porque ahí está todavía, cobre y cobre, y los ciudadanos pague y pague, acuérdese que esto sucedió en Chihuahua, no en nuestro estado maravilla.
Hasta hoy no he sabido de una autoridad que tenga mala imagen o que lo hayan desaforado porque aplica la ley y sujete su actuación al marco legal que juró cumplir y hacer cumplir cuando asumieron sus cargos. Sí me parece, en cambio, que en estos tiempos les afecta, y mucho, hacer lo contrario: ser blandengues y violadores de la ley que juraron obedecer y que no cumplan por omisos o cómplices o simplemente por irresponsables. Y por sus agendas ocultas para satisfacer sus ambiciones de poder. Me pregunto ¿alguien se quejará, legítimamente, si le detienen su carro porque no trae documentos y circula cometiendo cinco infracciones simultaneas (sin luz, sin defensas, sin cofre, sin licencia vigente, sin revista, sin tenencia, sin parabrisas, sin placas, sin tarjeta y echando más humo que una locomotora del viejo oeste)? ¿O porque le embarguen un terreno por no pagar el predial desde hace ¡quince años!? ¿Quién y con qué validez moral podrá acusar a las autoridades porque actúan, porque cumplen a cabalidad con su mandato, porque cumplen con la Ley? Sólo un loco.
En todo el país prevalece también una cultura del “no pago” del impuesto predial, y el primero que incumple es el gobierno federal, su mal ejemplo cunde, es un modelo de comportamiento nacional, acusa el director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, Alejandro Torres. ¿Usted cree que aquí los federales de todo tipo paguen el predial? Apuesto que ninguno. Al menos sé de un caso en el que no se ha pagado en 12 años. ¿Usted cree, cumplido lector, que no tienen presupuesto para realizar esos pagos? Pues sí, en realidad sí tienen presupuestado este tipo de compromisos. Lo que pasa es que simplemente unos se resisten a pagar, o asómbrese de nuevo lector, ¡nadie les ha cobrado nunca! Eso es todo. Así de fácil. ¿O alguien les habrá cobrado alguna vez? Si revisan sus archivos se van a llevar una gorda sorpresa.
¿Sabe usted cuánto puede representar en ingresos para los Ayuntamientos el cobro a propiedades federales? Yo no lo sé con certeza, pero le aseguro que es muchísimo dinero al año.
¡Ya chole!, quien no pague que la pague. Que se atenga a las consecuencias legales, todo mundo las conocemos, los que pagan y los que no. Y las autoridades a ejercer ya su función que para eso los contratamos. El primer año los odiaremos, el segundo les reconoceremos y el tercero los amaremos, esa es la receta. Y si no hacen nada, pues entonces que dejen de quejarse, porque de oír sus gimoteos estamos hasta la madre. Lo que queremos es que hagan algo. Ya.
10 septiembre 2005
DEFENSA PROPIA VS INCOMPETENCIA AJENA
¡Cuidado lector! Ahora hasta por defenderse y tratar con éxito de proteger a su familia lo meterán a la cárcel. Estamos jodidos. Los ciudadanos estamos inermes, indefensos. Qué podemos esperar si nos encontramos arrinconados por un ministerio público ineficaz, incompetente y corrupto y un poder judicial al que no ha llegado el asunto que expondremos pero que cojea de la misma pata.
Pero en nuestro estado, ¿Qué hace un Procurador que no procura nada?
Es indignante conocer los datos contenidos en una nota periodística publicada el jueves 4 de agosto anterior en éste diario sobre el caso del señor Ricardo Enrique Treveran Cruz, preso en Los Cabos por defenderse de asalto y extorsión ¡en su casa! Y es acusado y preso por ejercer su pleno derecho a la defensa propia.
Vamos a usar un supuesto que nos permita entender mejor este asunto y de acuerdo a lo que se desprende de la lectura de la nota. Haga usted de cuenta, defensivo lector, que a su casa se meten dos rufianes, uno de ellos ex judicial, o sea ya graduado y malandrín, y el otro, un recién licenciado con título de maestría egresado de uno de los reclusorios del Distrito Federal, bien armados, para extorsionarlo mientras mantienen bajo amenaza a su familia; lo obligan a llevarlos a su banco para sacarle dinero, para robarlo; lo regresan de nuevo a su casa bajo amenaza con armas de fuego y teniendo todavía como rehenes a los miembros de su familia. En un descuido, usted logra desarmar a uno de los pillos, y con su propia arma, durante la pelea lo mata y además logra herir al otro. Después, usted mismo llama a la policía e informa de lo sucedido.
Aquí es donde el Sr. Kafka entra en acción.
De entrada y sin mayor averiguación, a usted ¡se lo llevan preso!, para empezar. A uno de los criminales, al muerto, se lo llevan al panteón; y al otro, a un hospital para curarle sus heridas al pobrecito hampón. Y luego, a éste último, ya sano, curado y bien atendido, en el colmo de la desvergüenza ¡¡lo sueltan, lo dejan libre!! Sí, apanicado lector, lo dejan libre como un pájaro, al maloso sobreviviente, al extorsionador, al ladrón, al asaltante, mientras a usted lo meten a la cárcel en donde lleva nueve meses pudriéndose y tratando inútilmente de defenderse, otra vez, pero ahora de las autoridades que procuran justicia. Pero encerrado, desde la cárcel, aunque con la ventaja de que su familia ya no se encuentra en peligro.
¡Carajo! esto no es posible, aunque sean las tierras del Sr. Kafka. Que poca ... ¿Cuántos casos de los 15,000 rezagados que reconocía tener la Procuraduría serán iguales a éste? ¿Y cuántos otros ya procesados y sentenciados se encuentran en la misma situación gracias a un corrupto, ineficiente e indolente ministerio publico? Y luego se quejan de los señalamientos de organismos internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y el desarrollo, y en especial, con los resultados obtenidos en el reciente Índice de Desarrollo Humano del PNUD, en el cual Baja California Sur ocupa el vergonzoso lugar ¡numero 30! entre los 32 estados del país debido a la porquería de sistema legal y de justicia que padecemos. Pues con estos procuradores, ministerios públicos, jueces y policías “investigadores” deberíamos ocupar el ultimo lugar.
He sabido de casos en otros estados del país, en los cuales, la persona que se defiende de algún agresor armado, cuando mata a su raptor o asaltante en defensa propia, no pisa la cárcel. Sí lo detienen, claro, pero sólo para investigar el hecho no para castigarlo por defenderse. En calidad de mientras lo dejan libre “bajo las reservas de ley” como dicen los abogados. ¿Qué les pasa en la Procuraduría? ¿De qué se trata? ¿En nueve meses no han podido resolver este caso? ¿Qué ocultan? ¿Qué quieren?
Encima de lo anterior, el ministerio público y sus muchachos, en un afán digno de encomio por “investigar” todo lo sucedido, a conciencia, fueron a “catear” la casa del detenido y aprovecharon, al fin que ya estaban ahí, para robarse lo que pudieron, como casi siempre lo hacen en estos casos. Se les pegan los objetos de valor durante la “investigación”. Esto no puede ser, ya no puede ser más. ¿No habrá alguien que ponga orden en este chiquero?
Pero ahí no acabó todo, sino que además, le confiscaron su casa, una camioneta, una motocicleta, y varias pertenencias más, según nos dicen en la nota. Ya nomás falta que al detenido lo orine un perro pero como en el Cereso no hay caninos, pues lo harán seguramente los otros presos o los custodios.
Y para acabarla de amolar, si es que todavía se puede martirizar más a alguien, se vinieron los cambios de agentes del ministerio público en el estado, y ya se imagina usted, justiciero lector, lo que esto significa en términos de impartición de “justicia pronta y expedita”: toda la investigación y la tortura comenzarán de nuevo, desde cero, para todos aquellos infelices que se encuentren en las garras del estrenado y eficiente personal. Sospecho que “la integración del expediente” les llevará cuando menos otros nueve meses. Eso si se apuran.
Vea usted porqué se lo digo, indignado lector, “en el 2004 se presentaron 30,316, denuncias de las cuales 28,723 se integraron en averiguaciones previas y solamente se iniciaron 11,800; de esas mismas 7,583 se encuentran en trámite...”, nos informa la Secretaria de Seguridad Publica en el estado. En los últimos nueve años la eficacia (averiguaciones previas iniciadas contra consignadas) de nuestro aparato de procuración de justicia paso del ridículo 13% en 1997 al no menos ridículo ¡18%! en el 2004, ¡un índice de impunidad del 82%! Así que este hombre preso por actuar en defensa propia estará condenado, no por lo que hubiera hecho si es que hizo algo, sino por el inservible aparato de justicia que tenemos en BCS. Un dato más para no abrumarlo, invisible lector, las sentencias absolutorias entre 1997 y 2004 se han incrementado en un 75% lo que refleja la ínfima calidad de la actuación de los ministerios públicos en el estado; esto quiere decir que en el expediente, que es la investigación que envían al poder judicial, no se acreditan los delitos supuestamente cometidos, aunque haya culpables. Y en órdenes de aprehensión la efectividad es del 49% en el mismo plazo, lo cual quiere decir que más de la mitad no se han cumplido, por lo tanto el 51% es el índice de impunidad en BCS, son malhechores que ya delinquieron y se encuentran libres, impunes, sin castigo. Sólo pueden detener a la mitad. Pero asómbrese lector, en los avances de los 100 días de gobierno en el rubro de procuración de justicia, nos informan que tienen una efectividad ¡del 98.1%! en cuanto a las averiguaciones previas resueltas. Si chucha, si cuando entraron las nuevas autoridades tenían cerros de pendientes. Alguien está mintiendo o manipulando las cifras, que para el caso es lo mismo.
Otros estados del país avanzan en la aceptación de los juicios orales pero en BCS seguimos durmiendo la mona, solazándonos en el autoelogio.
Si no fuera verdad lo que aduce el detenido, a quien por cierto no conozco, entonces la Procuraduría está obligada a explicarle a la opinión publica los elementos legales con que cuenta para mantener más de nueve meses en prisión a una persona que actuó en defensa propia, y que según su dicho, lo ha probado sobre toda duda razonable. Deben explicar también con argumentos consistentes las razones legales por las que dejaron libre al otro hampón asaltante, porque lo primero que pensamos los mortales conocedores de la impartición de “justicia pronta y expedita” es: cuánto o qué les dieron.
Y por supuesto, si las nuevas autoridades, comenzando por el Procurador, tienen un poco de dignidad y vergüenza profesional, deben castigar a todos los involucrados que contribuyeron a montar esta barbaridad, por corruptos e ineficientes, en caso de que el detenido tenga la razón legal, como parece.
¡Transparencia señores! Eficacia y rendición de cuentas es el nuevo juego ciudadano. Y en este aspecto, vale la pena recordarlo, ocupamos también uno de los últimos lugares junto con Querétaro, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. ¿De dónde sacarán esa vacilada de que somos el estado perfecto y en la que insisten cada vez que abren la boca?
Aún estamos esperando la gran reforma del sistema de procuración de justicia en BCS.
Nos la deben a todos los ciudadanos. ¡Cómo hacer entender a la Procuraduría y al Poder Judicial que no estamos tan bien como lo pregonan! Hay que dejar de usar tramposamente algunos índices y no tirarse a la milonga y al elogio tramposo. No engañen más a la gente. No lo merece.
Pero en nuestro estado, ¿Qué hace un Procurador que no procura nada?
Es indignante conocer los datos contenidos en una nota periodística publicada el jueves 4 de agosto anterior en éste diario sobre el caso del señor Ricardo Enrique Treveran Cruz, preso en Los Cabos por defenderse de asalto y extorsión ¡en su casa! Y es acusado y preso por ejercer su pleno derecho a la defensa propia.
Vamos a usar un supuesto que nos permita entender mejor este asunto y de acuerdo a lo que se desprende de la lectura de la nota. Haga usted de cuenta, defensivo lector, que a su casa se meten dos rufianes, uno de ellos ex judicial, o sea ya graduado y malandrín, y el otro, un recién licenciado con título de maestría egresado de uno de los reclusorios del Distrito Federal, bien armados, para extorsionarlo mientras mantienen bajo amenaza a su familia; lo obligan a llevarlos a su banco para sacarle dinero, para robarlo; lo regresan de nuevo a su casa bajo amenaza con armas de fuego y teniendo todavía como rehenes a los miembros de su familia. En un descuido, usted logra desarmar a uno de los pillos, y con su propia arma, durante la pelea lo mata y además logra herir al otro. Después, usted mismo llama a la policía e informa de lo sucedido.
Aquí es donde el Sr. Kafka entra en acción.
De entrada y sin mayor averiguación, a usted ¡se lo llevan preso!, para empezar. A uno de los criminales, al muerto, se lo llevan al panteón; y al otro, a un hospital para curarle sus heridas al pobrecito hampón. Y luego, a éste último, ya sano, curado y bien atendido, en el colmo de la desvergüenza ¡¡lo sueltan, lo dejan libre!! Sí, apanicado lector, lo dejan libre como un pájaro, al maloso sobreviviente, al extorsionador, al ladrón, al asaltante, mientras a usted lo meten a la cárcel en donde lleva nueve meses pudriéndose y tratando inútilmente de defenderse, otra vez, pero ahora de las autoridades que procuran justicia. Pero encerrado, desde la cárcel, aunque con la ventaja de que su familia ya no se encuentra en peligro.
¡Carajo! esto no es posible, aunque sean las tierras del Sr. Kafka. Que poca ... ¿Cuántos casos de los 15,000 rezagados que reconocía tener la Procuraduría serán iguales a éste? ¿Y cuántos otros ya procesados y sentenciados se encuentran en la misma situación gracias a un corrupto, ineficiente e indolente ministerio publico? Y luego se quejan de los señalamientos de organismos internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y el desarrollo, y en especial, con los resultados obtenidos en el reciente Índice de Desarrollo Humano del PNUD, en el cual Baja California Sur ocupa el vergonzoso lugar ¡numero 30! entre los 32 estados del país debido a la porquería de sistema legal y de justicia que padecemos. Pues con estos procuradores, ministerios públicos, jueces y policías “investigadores” deberíamos ocupar el ultimo lugar.
He sabido de casos en otros estados del país, en los cuales, la persona que se defiende de algún agresor armado, cuando mata a su raptor o asaltante en defensa propia, no pisa la cárcel. Sí lo detienen, claro, pero sólo para investigar el hecho no para castigarlo por defenderse. En calidad de mientras lo dejan libre “bajo las reservas de ley” como dicen los abogados. ¿Qué les pasa en la Procuraduría? ¿De qué se trata? ¿En nueve meses no han podido resolver este caso? ¿Qué ocultan? ¿Qué quieren?
Encima de lo anterior, el ministerio público y sus muchachos, en un afán digno de encomio por “investigar” todo lo sucedido, a conciencia, fueron a “catear” la casa del detenido y aprovecharon, al fin que ya estaban ahí, para robarse lo que pudieron, como casi siempre lo hacen en estos casos. Se les pegan los objetos de valor durante la “investigación”. Esto no puede ser, ya no puede ser más. ¿No habrá alguien que ponga orden en este chiquero?
Pero ahí no acabó todo, sino que además, le confiscaron su casa, una camioneta, una motocicleta, y varias pertenencias más, según nos dicen en la nota. Ya nomás falta que al detenido lo orine un perro pero como en el Cereso no hay caninos, pues lo harán seguramente los otros presos o los custodios.
Y para acabarla de amolar, si es que todavía se puede martirizar más a alguien, se vinieron los cambios de agentes del ministerio público en el estado, y ya se imagina usted, justiciero lector, lo que esto significa en términos de impartición de “justicia pronta y expedita”: toda la investigación y la tortura comenzarán de nuevo, desde cero, para todos aquellos infelices que se encuentren en las garras del estrenado y eficiente personal. Sospecho que “la integración del expediente” les llevará cuando menos otros nueve meses. Eso si se apuran.
Vea usted porqué se lo digo, indignado lector, “en el 2004 se presentaron 30,316, denuncias de las cuales 28,723 se integraron en averiguaciones previas y solamente se iniciaron 11,800; de esas mismas 7,583 se encuentran en trámite...”, nos informa la Secretaria de Seguridad Publica en el estado. En los últimos nueve años la eficacia (averiguaciones previas iniciadas contra consignadas) de nuestro aparato de procuración de justicia paso del ridículo 13% en 1997 al no menos ridículo ¡18%! en el 2004, ¡un índice de impunidad del 82%! Así que este hombre preso por actuar en defensa propia estará condenado, no por lo que hubiera hecho si es que hizo algo, sino por el inservible aparato de justicia que tenemos en BCS. Un dato más para no abrumarlo, invisible lector, las sentencias absolutorias entre 1997 y 2004 se han incrementado en un 75% lo que refleja la ínfima calidad de la actuación de los ministerios públicos en el estado; esto quiere decir que en el expediente, que es la investigación que envían al poder judicial, no se acreditan los delitos supuestamente cometidos, aunque haya culpables. Y en órdenes de aprehensión la efectividad es del 49% en el mismo plazo, lo cual quiere decir que más de la mitad no se han cumplido, por lo tanto el 51% es el índice de impunidad en BCS, son malhechores que ya delinquieron y se encuentran libres, impunes, sin castigo. Sólo pueden detener a la mitad. Pero asómbrese lector, en los avances de los 100 días de gobierno en el rubro de procuración de justicia, nos informan que tienen una efectividad ¡del 98.1%! en cuanto a las averiguaciones previas resueltas. Si chucha, si cuando entraron las nuevas autoridades tenían cerros de pendientes. Alguien está mintiendo o manipulando las cifras, que para el caso es lo mismo.
Otros estados del país avanzan en la aceptación de los juicios orales pero en BCS seguimos durmiendo la mona, solazándonos en el autoelogio.
Si no fuera verdad lo que aduce el detenido, a quien por cierto no conozco, entonces la Procuraduría está obligada a explicarle a la opinión publica los elementos legales con que cuenta para mantener más de nueve meses en prisión a una persona que actuó en defensa propia, y que según su dicho, lo ha probado sobre toda duda razonable. Deben explicar también con argumentos consistentes las razones legales por las que dejaron libre al otro hampón asaltante, porque lo primero que pensamos los mortales conocedores de la impartición de “justicia pronta y expedita” es: cuánto o qué les dieron.
Y por supuesto, si las nuevas autoridades, comenzando por el Procurador, tienen un poco de dignidad y vergüenza profesional, deben castigar a todos los involucrados que contribuyeron a montar esta barbaridad, por corruptos e ineficientes, en caso de que el detenido tenga la razón legal, como parece.
¡Transparencia señores! Eficacia y rendición de cuentas es el nuevo juego ciudadano. Y en este aspecto, vale la pena recordarlo, ocupamos también uno de los últimos lugares junto con Querétaro, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. ¿De dónde sacarán esa vacilada de que somos el estado perfecto y en la que insisten cada vez que abren la boca?
Aún estamos esperando la gran reforma del sistema de procuración de justicia en BCS.
Nos la deben a todos los ciudadanos. ¡Cómo hacer entender a la Procuraduría y al Poder Judicial que no estamos tan bien como lo pregonan! Hay que dejar de usar tramposamente algunos índices y no tirarse a la milonga y al elogio tramposo. No engañen más a la gente. No lo merece.
01 septiembre 2005
BCS GRANDES CARENCIAS GOBERNANTES MANIROTOS
Usted qué prefiere, desarrollado lector, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sin ninguna duda nuestros gobernantes prefieren siempre el que está medio lleno porque les permite construir y manipular una serie de justificaciones para explicar las grandes carencias del país. Pero, dígame, no se molestaría usted, sediento lector, si después de caminar media hora en el verano por la Sierra de la Giganta llega a su casa y descubre que quien le está sirviendo el agua en su vaso, se guardó la jarra quedándose con más de la mitad de la que debería servirle, es decir, que pudo llenarle el vaso si hubiera querido y no lo hizo dejándolo sediento e insolado. Yo sí me encabritaría y mucho. Además habiendo muy poca agua para darle y usted con una sed incontenible. ¿Le daría por ahorcar al que le sirve el agua de la jarra? ¿O simplemente agacharía la cabeza y tomaría la cantidad que le dieran?
Pues, piense usted en esto, ufano lector. En Baja California Sur hemos gastado en infraestructura de todo tipo un 75% más de la que realmente tenemos construida. ¿Qué le parece está afirmación? ¿Le satisface? ¿Lo deja perplejo? Pues esta aseveración es válida para los últimos 30 años, desde 1973 hasta 2003, prácticamente desde que somos estado libre y soberano. Esto quiere decir que si las cosas se hubieran hecho como Dios manda, hoy tendríamos totalmente resueltos nuestros problemas de infraestructura básica en todo el estado que incluye entre otros conceptos importantes: urbanización, escuelas, electrificación, hospitales, carreteras de todo tipo, puentes, puertos, telefonía, de irrigación, agua potable y alcantarillado y muchos otros conceptos más. Pero también como país, por lo que se ha gastado y lo que realmente hemos construido, tendríamos resuelta la extracción de petróleo y gas natural, por ejemplo,. No habría una sola calle sin pavimentar en la ciudad de La Paz y en ninguna ciudad del estado. Hubiéramos resuelto ya, al 100%, la cobertura y los múltiples problemas que hoy nos aquejan en bienes públicos como la salud, vivienda y educación y el agua, cuando menos.
En promedio cada uno de los estados del país deberían tener cuando menos el doble de la infraestructura que actualmente tienen de acuerdo a lo que han gastado. ¿No le parece que esto es una tragedia nacional?
Y usted, acucioso lector, se preguntará: si lo que hemos gastado en el curso de los años vale menos de lo que se gastó ¿dónde esta el dinero?. Puesto de otra manera, si toda la infraestructura construida en el estado en los últimos 30 años valiera, por ejemplo, 100 pesos ¿dónde están los 75 que faltan y que según los datos disponibles fueron gastados por nuestros paladines gobernantes manejadores de presupuestos? La neta pues... quién sabe. Aunque conjeturas hay muchas, sobran. El promedio nacional de desperdicio de recursos públicos anda mas o menos por el 60%. En el caso de nuestro estado maravilla, superamos el promedio nacional y nos vamos hasta el 75% de recursos desperdiciados en los últimos 30 años. Dineros gastados que fueron a dar a un gran hoyo negro y desaparecieron.
La palomilla camelaba que algo andaba mal pero no sabía de cierto qué tan mal estaban las cosas. Ahora ya lo sabemos con alguna certeza: hemos tirado al bote de la basura, o al bolsillo de nuestros próceres, una cantidad colosal de dinero. Nos dice la empresa consultora que realizó el estudio, que “existe la percepción más o menos generalizada de que en México, los gobiernos municipales, estatales y federal gastan más de lo que realmente dejan al final de sus gestiones, en términos de puentes, escuelas, carreteras, tendido eléctrico...” Afortunadamente esto ya se midió y se ha cuantificado con el respaldo de una metodología consistente e interesante. Los estudiosos investigadores sostienen que “El argumento central de este estudio es que las diferencias entre infraestructura existente y gasto público ejercido representan recursos que se han perdido en fraudes, malversación de fondos, despilfarro o mala administración, es decir, existe un problema importante de corrupción”.
Aquel gobernante Sudcaliforniano que sostiene haber construido durante su administración obras por un valor de 10 mil millones de pesos, en realidad debería haber construido y entregado infraestructura a la sociedad por un valor de 17 mil 500 millones de pesos que fue lo que realmente se gastó o pagó, como usted quiera. Esté índice, mide la diferencia entre “lo que se construyó” y lo “que se gastó” y le da sustento a la afirmación empírica de todos los ciudadanos cuando afirman que todos los gobiernos gastan más de lo que realmente hacen, para decirlo con suavidad.
Baja California Sur está considerado como uno de los estados con un alto desperdicio de recursos.
El dato numérico simple es importante, porque nos da órdenes de magnitud del derroche. Pero trasladando la cifra a diversos tipos de infraestructura los datos de los faltantes impresionan a cualquiera, hasta al más cínico. Tal vez ya hubiéramos llegado al primer mundo. Mire usted, para nuestro estado maravilla no tengo traducido el dato en infraestructura porque no viene desagregado en el estudio. Lo que sí le puede decir es que ocupamos el lugar numero 26 entre 32 estados, seis estados impiden que nos vayamos hasta la cola. Pero vienen otros ejemplos que nos darán una clara idea del monumental atraco, derroche o desperdicio que hemos sufrido todos los mexicanos.
El estado mejor evaluado en el estudio es Michoacán, sin embargo, el factor obtenido nos indica que, aparte de la infraestructura que ya tiene, debería existir ésta otra adicional porque se gastó el dinero equivalente en ella: 6.41 hospitales, 128.7 unidades de consulta médica, 7.45 camas y 6.10 consultorios por cada 100,000 habitantes;1,533 escuelas de educación básica y 25 escuelas de educación media; 120,344 viviendas con energía eléctrica, 112,144 viviendas con suministro de agua potable y 94,231 viviendas con servicio de drenaje. Sin embargo, esta infraestructura no existe, se esfumó, a pesar de que se gasto el dinero correspondiente.
Vea usted otro caso, dispendioso lector, es Jalisco, que en el estudio resultó la segunda entidad mejor evaluada del país. Aparte de lo que ya tienen como infraestructura, a los jaliscienses les deben: 14.7 hospitales y 327 unidades de consulta médica, 30.6 camas y 15.29 consultorios por cada 100,000 habitantes; 3,345 escuelas de educación básica y 73.19 escuelas de educación superior; 441,201 viviendas con energía eléctrica, 420,385 viviendas con agua potable y 415,408 con drenaje. ¿Dónde están?
El caso más patético es el del Distrito Federal. Es la entidad peor evaluada de los 32 estados de la república. Y vea usted lo deberían tener los defeños, adicional a lo que ya tienen, si en realidad se hubiera gastado el presupuesto con tino y honradez: 631 hospitales más, 4,049 unidades de consulta médica más y 1,093 camas más; 517 consultorios por cada 100,000 habitantes, más de lo que en realidad tienen. En educación: 27,645 escuelas de educación básica y 1,558 escuelas de educación media más de lo que ahora tienen. Y en materia de vivienda “debería tener cubierta la demanda por los servicios de drenaje, agua entubada y energía eléctrica, además de tener capacidad instalada de más de 500% de cada uno de los servicios. En otras palabras: dado el gasto que se ha hecho debería tener 12,126,639 hogares extras con energía eléctrica, 11, 931,638 hogares con servicio de agua potable y 11, 968,201 hogares con drenaje más de lo que en realidad se cuenta”. Y tampoco los tiene. Así que imagínese, derrochador lector, como estará Sudcalifornia ocupando el lugar numero 26 en el ranking nacional. ¡Para escondernos!
A estas alturas del partido ya no sé si cambiarme de país o suicidarme. Algún desvergonzado dirá “eso sucede en todo el país para que haces tanto tango”. Ni hago ni digo, solo le informo el tamaño del desastre, del suyo, del mío y el de todos. Al leerlo, ustedes sabrán si se ríen o lloran por su desventura. O si les cuidan las manos a sus gobiernos municipales, estatales y federal. Ustedes, lectores, tienen el remedio y el trapito. No será nada fácil porque el lugar que ocupamos en otro estudio, relativo al índice de trasparencia de la información fiscal nacional 2005, estamos en el lugar numero 27, también casi a la cola, con los burros, somos de los oscuros. Y ya vimos las causas por las cuales no queremos ser transparentes, la clase política sudcaliforniana se resiste a asumir su condición de servidores públicos y a admitir su compromiso con la transparencia. Éste índice lo daremos a conocer en otra colaboración.
Los datos que le di a conocer, esperando que no sufra un ataque cardiaco por la impresión, fueron obtenidos del estudio Análisis Acumulado en la Generación de Infraestructura Pública en los Últimos 30 años elaborado por la empresa Consulting & Research, S.C. y publicados en éste 2005. Si usted, inquieto lector, quiere una copia se la envío solicitándola a mi dirección de correo. De nada. Y ya no gima del coraje, esa no es la solución. jmes_24@hotmail.com
Pues, piense usted en esto, ufano lector. En Baja California Sur hemos gastado en infraestructura de todo tipo un 75% más de la que realmente tenemos construida. ¿Qué le parece está afirmación? ¿Le satisface? ¿Lo deja perplejo? Pues esta aseveración es válida para los últimos 30 años, desde 1973 hasta 2003, prácticamente desde que somos estado libre y soberano. Esto quiere decir que si las cosas se hubieran hecho como Dios manda, hoy tendríamos totalmente resueltos nuestros problemas de infraestructura básica en todo el estado que incluye entre otros conceptos importantes: urbanización, escuelas, electrificación, hospitales, carreteras de todo tipo, puentes, puertos, telefonía, de irrigación, agua potable y alcantarillado y muchos otros conceptos más. Pero también como país, por lo que se ha gastado y lo que realmente hemos construido, tendríamos resuelta la extracción de petróleo y gas natural, por ejemplo,. No habría una sola calle sin pavimentar en la ciudad de La Paz y en ninguna ciudad del estado. Hubiéramos resuelto ya, al 100%, la cobertura y los múltiples problemas que hoy nos aquejan en bienes públicos como la salud, vivienda y educación y el agua, cuando menos.
En promedio cada uno de los estados del país deberían tener cuando menos el doble de la infraestructura que actualmente tienen de acuerdo a lo que han gastado. ¿No le parece que esto es una tragedia nacional?
Y usted, acucioso lector, se preguntará: si lo que hemos gastado en el curso de los años vale menos de lo que se gastó ¿dónde esta el dinero?. Puesto de otra manera, si toda la infraestructura construida en el estado en los últimos 30 años valiera, por ejemplo, 100 pesos ¿dónde están los 75 que faltan y que según los datos disponibles fueron gastados por nuestros paladines gobernantes manejadores de presupuestos? La neta pues... quién sabe. Aunque conjeturas hay muchas, sobran. El promedio nacional de desperdicio de recursos públicos anda mas o menos por el 60%. En el caso de nuestro estado maravilla, superamos el promedio nacional y nos vamos hasta el 75% de recursos desperdiciados en los últimos 30 años. Dineros gastados que fueron a dar a un gran hoyo negro y desaparecieron.
La palomilla camelaba que algo andaba mal pero no sabía de cierto qué tan mal estaban las cosas. Ahora ya lo sabemos con alguna certeza: hemos tirado al bote de la basura, o al bolsillo de nuestros próceres, una cantidad colosal de dinero. Nos dice la empresa consultora que realizó el estudio, que “existe la percepción más o menos generalizada de que en México, los gobiernos municipales, estatales y federal gastan más de lo que realmente dejan al final de sus gestiones, en términos de puentes, escuelas, carreteras, tendido eléctrico...” Afortunadamente esto ya se midió y se ha cuantificado con el respaldo de una metodología consistente e interesante. Los estudiosos investigadores sostienen que “El argumento central de este estudio es que las diferencias entre infraestructura existente y gasto público ejercido representan recursos que se han perdido en fraudes, malversación de fondos, despilfarro o mala administración, es decir, existe un problema importante de corrupción”.
Aquel gobernante Sudcaliforniano que sostiene haber construido durante su administración obras por un valor de 10 mil millones de pesos, en realidad debería haber construido y entregado infraestructura a la sociedad por un valor de 17 mil 500 millones de pesos que fue lo que realmente se gastó o pagó, como usted quiera. Esté índice, mide la diferencia entre “lo que se construyó” y lo “que se gastó” y le da sustento a la afirmación empírica de todos los ciudadanos cuando afirman que todos los gobiernos gastan más de lo que realmente hacen, para decirlo con suavidad.
Baja California Sur está considerado como uno de los estados con un alto desperdicio de recursos.
El dato numérico simple es importante, porque nos da órdenes de magnitud del derroche. Pero trasladando la cifra a diversos tipos de infraestructura los datos de los faltantes impresionan a cualquiera, hasta al más cínico. Tal vez ya hubiéramos llegado al primer mundo. Mire usted, para nuestro estado maravilla no tengo traducido el dato en infraestructura porque no viene desagregado en el estudio. Lo que sí le puede decir es que ocupamos el lugar numero 26 entre 32 estados, seis estados impiden que nos vayamos hasta la cola. Pero vienen otros ejemplos que nos darán una clara idea del monumental atraco, derroche o desperdicio que hemos sufrido todos los mexicanos.
El estado mejor evaluado en el estudio es Michoacán, sin embargo, el factor obtenido nos indica que, aparte de la infraestructura que ya tiene, debería existir ésta otra adicional porque se gastó el dinero equivalente en ella: 6.41 hospitales, 128.7 unidades de consulta médica, 7.45 camas y 6.10 consultorios por cada 100,000 habitantes;1,533 escuelas de educación básica y 25 escuelas de educación media; 120,344 viviendas con energía eléctrica, 112,144 viviendas con suministro de agua potable y 94,231 viviendas con servicio de drenaje. Sin embargo, esta infraestructura no existe, se esfumó, a pesar de que se gasto el dinero correspondiente.
Vea usted otro caso, dispendioso lector, es Jalisco, que en el estudio resultó la segunda entidad mejor evaluada del país. Aparte de lo que ya tienen como infraestructura, a los jaliscienses les deben: 14.7 hospitales y 327 unidades de consulta médica, 30.6 camas y 15.29 consultorios por cada 100,000 habitantes; 3,345 escuelas de educación básica y 73.19 escuelas de educación superior; 441,201 viviendas con energía eléctrica, 420,385 viviendas con agua potable y 415,408 con drenaje. ¿Dónde están?
El caso más patético es el del Distrito Federal. Es la entidad peor evaluada de los 32 estados de la república. Y vea usted lo deberían tener los defeños, adicional a lo que ya tienen, si en realidad se hubiera gastado el presupuesto con tino y honradez: 631 hospitales más, 4,049 unidades de consulta médica más y 1,093 camas más; 517 consultorios por cada 100,000 habitantes, más de lo que en realidad tienen. En educación: 27,645 escuelas de educación básica y 1,558 escuelas de educación media más de lo que ahora tienen. Y en materia de vivienda “debería tener cubierta la demanda por los servicios de drenaje, agua entubada y energía eléctrica, además de tener capacidad instalada de más de 500% de cada uno de los servicios. En otras palabras: dado el gasto que se ha hecho debería tener 12,126,639 hogares extras con energía eléctrica, 11, 931,638 hogares con servicio de agua potable y 11, 968,201 hogares con drenaje más de lo que en realidad se cuenta”. Y tampoco los tiene. Así que imagínese, derrochador lector, como estará Sudcalifornia ocupando el lugar numero 26 en el ranking nacional. ¡Para escondernos!
A estas alturas del partido ya no sé si cambiarme de país o suicidarme. Algún desvergonzado dirá “eso sucede en todo el país para que haces tanto tango”. Ni hago ni digo, solo le informo el tamaño del desastre, del suyo, del mío y el de todos. Al leerlo, ustedes sabrán si se ríen o lloran por su desventura. O si les cuidan las manos a sus gobiernos municipales, estatales y federal. Ustedes, lectores, tienen el remedio y el trapito. No será nada fácil porque el lugar que ocupamos en otro estudio, relativo al índice de trasparencia de la información fiscal nacional 2005, estamos en el lugar numero 27, también casi a la cola, con los burros, somos de los oscuros. Y ya vimos las causas por las cuales no queremos ser transparentes, la clase política sudcaliforniana se resiste a asumir su condición de servidores públicos y a admitir su compromiso con la transparencia. Éste índice lo daremos a conocer en otra colaboración.
Los datos que le di a conocer, esperando que no sufra un ataque cardiaco por la impresión, fueron obtenidos del estudio Análisis Acumulado en la Generación de Infraestructura Pública en los Últimos 30 años elaborado por la empresa Consulting & Research, S.C. y publicados en éste 2005. Si usted, inquieto lector, quiere una copia se la envío solicitándola a mi dirección de correo. De nada. Y ya no gima del coraje, esa no es la solución. jmes_24@hotmail.com
27 agosto 2005
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN BCS
Pues con la pena, invisible lector. Nadie nos quita el lugar numero 27 que ocupamos a pulso en el más reciente estudio efectuado por la empresa consultora “aregional.com” y que corresponde al 2005 de los 31 estado en los que se realizó el estudio. No se incluyó al estado de Tlaxcala porque el cambio de gobierno impidió el análisis debido a que sacaron de la red su página de Internet. No se me adelante lector, claro que deslindamos a las actuales autoridades de esta administración, faltaba más, simplemente porque todavía no entraban en funciones. Y solo esperamos que la tendencia observada en la anterior administración no se repita y ofrezcan más transparencia que “los de antes”, como diría el inventor de la democracia, ya que solamente subieron 3 miserables puntitos entre 2004 y 2005. El Índice de Transparencia en la Información Fiscal (ITIF) para este año, se determinó según la documentación requerida para la medición, y debería haberse registrado la disponibilidad pública de 496 documentos en las páginas electrónicas de las entidades federativas, de las cuales sólo el 86.1% se encontró disponible en promedio.
Para que se dé usted una idea, endeudado lector, durante toda la administración anterior nunca quisieron dar a conocer a la opinión pública el nivel de pasivos que tenía el estado, que equivale a decir, cuánto era lo que debíamos todos los sudcalifornianos; jamás se rindió un informe detallado al Congreso en los plazos en que por Ley deberían haberlo hecho a pesar de los insistentes reclamos. Esta información quedó celosamente guardada bajo siete llaves al cuidado del señor Borges con la bendición del señor Tapadera Druk.
Los chispazos que hemos visto en esta administración con respecto a la transparencia, nos indican que se podrá mejorar considerablemente nuestra posición respecto a otras entidades del país. Para ello hay que tomar en cuenta que el año entrante podemos incluso bajar en la clasificación a pesar de que se haga la tarea, porque tal vez otros estados nos superen también en esfuerzo y calidad. Existen algunas entidades pésimas en cuanto a transparencia, donde casi siempre es de noche, como las que están debajo de nosotros: la peor Oaxaca (31) en el honroso ultimo lugar de opacidad, y hacia arriba le sigue Guerrero (30), Nayarit (29) y Querétaro (28), y enseguida, nuestro estado maravilla, Sudcalifornia (27).
De 100 puntos posibles, sacamos 56.6. Ni de panzazo porque nos faltaron cuatro décimas para alcanzarlo.
Pero hubo bloques del análisis en los cuales sacamos la calificación más baja posible, es decir cero, sí lector, un rotundo cero, y fue en el bloque que mide la transparencia justamente. Este bloque es exactamente el de rendición de cuentas y considera aspectos como deuda pública, finanzas públicas y cuenta pública, entre otros.
El top ten de la transparencia en la información pública cuya calificación máxima es de 100 puntos lo ocupan: Chiapas (98) con el honroso primer lugar y gobernado por un líder “sin partido” ¿qué le parece?; en segundo sitio el perredista Michoacán (96.4); en tercero Coahuila (91.9) gobernado por el priísta “vámonos p´a delante”; el priísta San Luis Potosí (90.5) en cuarto lugar y el estado priísta de Nuevo León (90.0) en quinto. Todos con un mínimo de noventa puntos.
Dije antes que tenemos posibilidades de mejorar, porque entre otras cosas, fuimos sorprendidos gratamente por la nueva administración del gobernador Agundez cuando se dio a conocer por el actual Secretario de Finanzas a través de la prensa, a fines del mes de mayo anterior el tamaño de la deuda que tenemos en el estado al 31 de marzo de 2005. El saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado, ascendió a 1,022.3 millones de pesos; de ésta cifra, la deuda directa registrada a esa fecha fue de 654.7 millones, lo que significo el 64.0% de la deuda pública total; el resto, 367.6 millones de pesos, es decir el 36.0% corresponde a la deuda pública avalada. ¿Y quienes o a quien le sirvió de aval el gobierno del estado? Los ayuntamientos y organismos descentralizados y son los adeudos reconocidos con el ISSSTE y FOVISSSTE, y significa el 70.8% de la deuda indirecta. Además, lo dieron a conocer con un nivel de desagregación suficiente para que casi cualquier mortal común lo entendiera y quedara satisfecho. Es más, nos dieron a conocer que en el primer trimestre de 2005 hubo un desendeudamiento neto por mas o menos 12 millones de pesos. Lo curioso es que nadie se los pidió, ¡al fin fue dado a conocer el tesorito mejor guardado del sexenio anterior! ¿Porqué lo esconderían “los de antes” con tanto ahínco? Ni era para tanto y tampoco era excesivo o grave.
¿Y sabe usted, oculto lector, que pasó después de que se dio a conocer esta información antes ultrasecreta y confidencial?
¡Pues nada!, simplemente nos dimos por informados todos los ciudadanos. Resulta fácil ser transparente ¿no le parece? Ya habrá las instancias de análisis de los datos una vez que se conozca una desagregación mayor, especialmente de la deuda directa, para saber porqué la deuda, grado de apalancamiento y amortizaciones anuales, con quién, para qué, desde cuándo, con qué tasas de interés y a qué plazos. Y desde luego, debemos ser optimistas y esperar que el actual Congreso, que por cierto no ha dicho ni pío, rinda un informe detallado a los sudcalifonianos sobre la procedencia de éste nivel de endeudamiento. Sabemos que son mayoría del mismo partido gobernante, y también sabemos que uno de nuestros representantes populares es incluso familiar del anterior gobernador, es más, preside el Congreso, pero aún así, confiamos ciegamente en que rendirán un informe crítico y público que nos permita apreciar la pertinencia del nivel de endeudamiento que tenemos y lo pondrán en su página de Internet, la que por cierto, ya está disponible. Nadie está en contra de que un estado contrate deuda, yo al menos no lo veo mal, casi siempre es indispensable disponer de recursos crediticios frescos para resolver diversos inconvenientes de tesorería. El problema es el monto y destino de estos recursos porque pueden restringir el accionar de los gobiernos actuales y de los que siguen, tanto municipales como estatales. Sin embargo, tener una deuda equivalente al 22.6% del presupuesto anual 2005 no es tan grave, es manejable porque no se pretende pagarla en un solo año. Y bajo otro análisis, la deuda directa reconocida por el estado, se vuelve solamente el 14.5% del presupuesto de este año la cual supongo tampoco se tendrá que pagar en este ejercicio fiscal. Por ejemplo, para el pago de la deuda convenida con el ISSSTE y el FOVISSSTE que equivale al 70.8% de la indirecta, se tiene pactado liquidarla a 15 años bajo un diseño de pagos mensuales crecientes y desembolsando solamente los intereses en los primeros años.
Para medir el tamaño del esfuerzo, la dirección e intensidad, para alcanzar la transparencia total, y lograr un 100 de calificación, nos dicen los autores: “Es notable que en 2004, Sinaloa tenía el primer lugar, no obstante, en este ejercicio desciende al 8º lugar pese a que su calificación es mayor que la obtenida el año pasado, es decir, que el incremento en su calificación no es suficiente para estar por encima de otras entidades que mejoraron en mayor proporción su calificación. En situación similar se encuentran Nuevo León y Durango, quienes pese al aumento en su calificación, descienden tres y cinco posiciones, respectivamente”. Este escenario nos puede ocurrir.
Según los datos del estudio, tenemos que, nuevamente, el “coco” de la mayoría de los gobiernos perredistas es precisamente la transparencia lo cual a muchos, o a mí al menos, me resulta increíble y contradictorio. Habría que cambiar aquel slogan de “honestidad valiente” por el de “trasparencia siempre”. Si requiere una copia del estudio se la mando. De nada.
Para que se dé usted una idea, endeudado lector, durante toda la administración anterior nunca quisieron dar a conocer a la opinión pública el nivel de pasivos que tenía el estado, que equivale a decir, cuánto era lo que debíamos todos los sudcalifornianos; jamás se rindió un informe detallado al Congreso en los plazos en que por Ley deberían haberlo hecho a pesar de los insistentes reclamos. Esta información quedó celosamente guardada bajo siete llaves al cuidado del señor Borges con la bendición del señor Tapadera Druk.
Los chispazos que hemos visto en esta administración con respecto a la transparencia, nos indican que se podrá mejorar considerablemente nuestra posición respecto a otras entidades del país. Para ello hay que tomar en cuenta que el año entrante podemos incluso bajar en la clasificación a pesar de que se haga la tarea, porque tal vez otros estados nos superen también en esfuerzo y calidad. Existen algunas entidades pésimas en cuanto a transparencia, donde casi siempre es de noche, como las que están debajo de nosotros: la peor Oaxaca (31) en el honroso ultimo lugar de opacidad, y hacia arriba le sigue Guerrero (30), Nayarit (29) y Querétaro (28), y enseguida, nuestro estado maravilla, Sudcalifornia (27).
De 100 puntos posibles, sacamos 56.6. Ni de panzazo porque nos faltaron cuatro décimas para alcanzarlo.
Pero hubo bloques del análisis en los cuales sacamos la calificación más baja posible, es decir cero, sí lector, un rotundo cero, y fue en el bloque que mide la transparencia justamente. Este bloque es exactamente el de rendición de cuentas y considera aspectos como deuda pública, finanzas públicas y cuenta pública, entre otros.
El top ten de la transparencia en la información pública cuya calificación máxima es de 100 puntos lo ocupan: Chiapas (98) con el honroso primer lugar y gobernado por un líder “sin partido” ¿qué le parece?; en segundo sitio el perredista Michoacán (96.4); en tercero Coahuila (91.9) gobernado por el priísta “vámonos p´a delante”; el priísta San Luis Potosí (90.5) en cuarto lugar y el estado priísta de Nuevo León (90.0) en quinto. Todos con un mínimo de noventa puntos.
Dije antes que tenemos posibilidades de mejorar, porque entre otras cosas, fuimos sorprendidos gratamente por la nueva administración del gobernador Agundez cuando se dio a conocer por el actual Secretario de Finanzas a través de la prensa, a fines del mes de mayo anterior el tamaño de la deuda que tenemos en el estado al 31 de marzo de 2005. El saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado, ascendió a 1,022.3 millones de pesos; de ésta cifra, la deuda directa registrada a esa fecha fue de 654.7 millones, lo que significo el 64.0% de la deuda pública total; el resto, 367.6 millones de pesos, es decir el 36.0% corresponde a la deuda pública avalada. ¿Y quienes o a quien le sirvió de aval el gobierno del estado? Los ayuntamientos y organismos descentralizados y son los adeudos reconocidos con el ISSSTE y FOVISSSTE, y significa el 70.8% de la deuda indirecta. Además, lo dieron a conocer con un nivel de desagregación suficiente para que casi cualquier mortal común lo entendiera y quedara satisfecho. Es más, nos dieron a conocer que en el primer trimestre de 2005 hubo un desendeudamiento neto por mas o menos 12 millones de pesos. Lo curioso es que nadie se los pidió, ¡al fin fue dado a conocer el tesorito mejor guardado del sexenio anterior! ¿Porqué lo esconderían “los de antes” con tanto ahínco? Ni era para tanto y tampoco era excesivo o grave.
¿Y sabe usted, oculto lector, que pasó después de que se dio a conocer esta información antes ultrasecreta y confidencial?
¡Pues nada!, simplemente nos dimos por informados todos los ciudadanos. Resulta fácil ser transparente ¿no le parece? Ya habrá las instancias de análisis de los datos una vez que se conozca una desagregación mayor, especialmente de la deuda directa, para saber porqué la deuda, grado de apalancamiento y amortizaciones anuales, con quién, para qué, desde cuándo, con qué tasas de interés y a qué plazos. Y desde luego, debemos ser optimistas y esperar que el actual Congreso, que por cierto no ha dicho ni pío, rinda un informe detallado a los sudcalifonianos sobre la procedencia de éste nivel de endeudamiento. Sabemos que son mayoría del mismo partido gobernante, y también sabemos que uno de nuestros representantes populares es incluso familiar del anterior gobernador, es más, preside el Congreso, pero aún así, confiamos ciegamente en que rendirán un informe crítico y público que nos permita apreciar la pertinencia del nivel de endeudamiento que tenemos y lo pondrán en su página de Internet, la que por cierto, ya está disponible. Nadie está en contra de que un estado contrate deuda, yo al menos no lo veo mal, casi siempre es indispensable disponer de recursos crediticios frescos para resolver diversos inconvenientes de tesorería. El problema es el monto y destino de estos recursos porque pueden restringir el accionar de los gobiernos actuales y de los que siguen, tanto municipales como estatales. Sin embargo, tener una deuda equivalente al 22.6% del presupuesto anual 2005 no es tan grave, es manejable porque no se pretende pagarla en un solo año. Y bajo otro análisis, la deuda directa reconocida por el estado, se vuelve solamente el 14.5% del presupuesto de este año la cual supongo tampoco se tendrá que pagar en este ejercicio fiscal. Por ejemplo, para el pago de la deuda convenida con el ISSSTE y el FOVISSSTE que equivale al 70.8% de la indirecta, se tiene pactado liquidarla a 15 años bajo un diseño de pagos mensuales crecientes y desembolsando solamente los intereses en los primeros años.
Para medir el tamaño del esfuerzo, la dirección e intensidad, para alcanzar la transparencia total, y lograr un 100 de calificación, nos dicen los autores: “Es notable que en 2004, Sinaloa tenía el primer lugar, no obstante, en este ejercicio desciende al 8º lugar pese a que su calificación es mayor que la obtenida el año pasado, es decir, que el incremento en su calificación no es suficiente para estar por encima de otras entidades que mejoraron en mayor proporción su calificación. En situación similar se encuentran Nuevo León y Durango, quienes pese al aumento en su calificación, descienden tres y cinco posiciones, respectivamente”. Este escenario nos puede ocurrir.
Según los datos del estudio, tenemos que, nuevamente, el “coco” de la mayoría de los gobiernos perredistas es precisamente la transparencia lo cual a muchos, o a mí al menos, me resulta increíble y contradictorio. Habría que cambiar aquel slogan de “honestidad valiente” por el de “trasparencia siempre”. Si requiere una copia del estudio se la mando. De nada.
24 agosto 2005
LOS CARBONEROS PUROS CARBONES ECOCIDAS
Me consta. Desde hace años, en los ya lejanos noventas y desde siempre, los permisos que otorgaba la forestal de la SARH, que en aquel entonces los expedía, fueron cuestionados severamente por el área de planeación, lo que obligó al personal de ésta oficina a realizar un estudio sobre el tema que fue entregado directamente al Delegado en ese entonces y a los representantes del Gobierno del Estado con un anexo fotográfico de más de cien fotos. Ahí se demostró que dichos permisos fueron otorgados sin sustento ni fundamentos técnicos. Hay fotos testimoniales de las personas que se dedicaban a la producción de carbón donde consta que no usaban maderas muertas para producir carbón, sino que lo hacían acabando con árboles vivos, centenarios, que derribaban sin misericordia para producir unos cuantos kilos del combustible negro y obtener unos cuantos centavos. Logramos demostrar mediante un método práctico y sencillo, que la mayoría de las maderas utilizadas por estas personas para la producción de carbón provenía de árboles vivos recién cortados para realizar esta ilícita actividad. Los permisos oficiales se otorgaban para la explotación de “maderas muertas”, es decir, únicamente para hacer carbón de maderas secas, árboles o partes de ellos muertos, de los cuales, en el curso del estudio, no vimos ninguno después de recorrer ampliamente la zona en vehículos, a pie durante varios días, y sobrevolar la región en un helicóptero que nos facilitó amablemente la Armada de México para realizar el estudio. En un mar de corrupción e ignorancia y bajo el socorrido pretexto de que quienes ejercían este oficio no tenían otros ingresos y “de algo tenían que vivir”, se otorgaban los permisos a un alto costo para el medio ambiente y acabar con los escasísimos y añosos árboles existentes en un ecosistema muy frágil, que tardará años en recuperarse si es que algún día lo logra. En la zona de Las Pocitas acabaron con todos los árboles, de cualquier especie, que tuviera más de 10 centímetros de diámetro o que midiera más de dos metros de altura, y hablo de especies como Palo Fierro, Uña de Gato, Mezquites y otras variedades. Esa zona es hoy un páramo. Basta caminarla o sobrevolarla para no ver en pie un solo árbol de estas especies en kilómetros a la redonda. Todo fue quemado para obtener unos miserables centavos.
En cuanto existía alguna posibilidad de modificar esta política depredadora, los afectados, que para esa fecha ya eran un grupo de interés con “poder de grito” porque estaban organizados, sobre todo por parte de quienes controlaban a los productores y también la comercialización del carbón en el estado, entonces, inmediatamente sacaban su banderita de siempre, la que les servía de antídoto contra todo tipo de ataques a su “noble y honesto” modo de vida y que decía con letras muy grandes y estremecedoras: “!soy pobre, soy pobre! y no tengo otra cosa para vivir”. Y listo. Con este conjuro comenzaban a salir los permisos como si fueran tortillas para la producción de carbón, a pesar de que ya solo quedaban puras piedras y arena en campos antes poblados de especies características de los climas desérticos como el nuestro. Entonces, amparados en la impunidad del permiso oficial buscaban más lejos cada vez hasta no dejar nada con vida. Acabaron con todo. Nadie supervisaba.
A éstos ecocidas sólo les quedan hoy unos cuantos árboles en las jadineras de la ciudad de La Paz y alguno que otro en la zona urbana de Ciudad Constitución para que los conviertan en carbón éstos “pobres” depredadores. Es muy probable que hayan terminado hasta con los escasos árboles que les daban sombra en su propia casa.
Así era, así ha sido y parece que continuará esta política devastadora. Hay que detener esta masacre de una vez y para siempre.
Si antes no se valía hoy menos.
Es preferible que el gobierno del estado levante un censo de éstos “pobres” ecocidas y los ponga en una lista pública para otorgarles un subsidio simplemente para que no continúen depredando un ecosistema que es de todos. Que la banderita de “soy pobre” les sirva para obtener el subsidio y no para depredar los campos sudcalifornianos. Y no importa su alegato de que las tierras son de ellos, porque los efectos negativos son para todos. Saldrá más barato darles unos pesos en lugar de los centavos que reciben por kilo de carbón, que darles el permiso, la impunidad, para continuar su absurda labor.
El Gobierno del estado debe oponerse, terminantemente, a este tipo de explotaciones depredadoras y ecocidas porque no hay justificación alguna, aún cuando la entidad no tenga competencia para el otorgamiento de los permisos, lo cual es otro absurdo más, pero así es. Sin embargo, tiene los mecanismos necesarios de coordinación para oponerse a que continúen acabando con la flora de la región y consecuentemente con la fauna de manera indirecta.
Aquí es donde se requiere voluntad para generar una política pública al respecto por parte del estado. No pueden alegar falta de competencia porque están obligados de defender a los que aquí vivimos y a nuestro entorno.Es a la Secretaría de Desarrollo a quien le corresponde atender este problema para conservar lo poco que aún se pueda salvar de estas especies, si es que dejaron algo. Pero lo dudo.
En cuanto existía alguna posibilidad de modificar esta política depredadora, los afectados, que para esa fecha ya eran un grupo de interés con “poder de grito” porque estaban organizados, sobre todo por parte de quienes controlaban a los productores y también la comercialización del carbón en el estado, entonces, inmediatamente sacaban su banderita de siempre, la que les servía de antídoto contra todo tipo de ataques a su “noble y honesto” modo de vida y que decía con letras muy grandes y estremecedoras: “!soy pobre, soy pobre! y no tengo otra cosa para vivir”. Y listo. Con este conjuro comenzaban a salir los permisos como si fueran tortillas para la producción de carbón, a pesar de que ya solo quedaban puras piedras y arena en campos antes poblados de especies características de los climas desérticos como el nuestro. Entonces, amparados en la impunidad del permiso oficial buscaban más lejos cada vez hasta no dejar nada con vida. Acabaron con todo. Nadie supervisaba.
A éstos ecocidas sólo les quedan hoy unos cuantos árboles en las jadineras de la ciudad de La Paz y alguno que otro en la zona urbana de Ciudad Constitución para que los conviertan en carbón éstos “pobres” depredadores. Es muy probable que hayan terminado hasta con los escasos árboles que les daban sombra en su propia casa.
Así era, así ha sido y parece que continuará esta política devastadora. Hay que detener esta masacre de una vez y para siempre.
Si antes no se valía hoy menos.
Es preferible que el gobierno del estado levante un censo de éstos “pobres” ecocidas y los ponga en una lista pública para otorgarles un subsidio simplemente para que no continúen depredando un ecosistema que es de todos. Que la banderita de “soy pobre” les sirva para obtener el subsidio y no para depredar los campos sudcalifornianos. Y no importa su alegato de que las tierras son de ellos, porque los efectos negativos son para todos. Saldrá más barato darles unos pesos en lugar de los centavos que reciben por kilo de carbón, que darles el permiso, la impunidad, para continuar su absurda labor.
El Gobierno del estado debe oponerse, terminantemente, a este tipo de explotaciones depredadoras y ecocidas porque no hay justificación alguna, aún cuando la entidad no tenga competencia para el otorgamiento de los permisos, lo cual es otro absurdo más, pero así es. Sin embargo, tiene los mecanismos necesarios de coordinación para oponerse a que continúen acabando con la flora de la región y consecuentemente con la fauna de manera indirecta.
Aquí es donde se requiere voluntad para generar una política pública al respecto por parte del estado. No pueden alegar falta de competencia porque están obligados de defender a los que aquí vivimos y a nuestro entorno.Es a la Secretaría de Desarrollo a quien le corresponde atender este problema para conservar lo poco que aún se pueda salvar de estas especies, si es que dejaron algo. Pero lo dudo.
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