Me consta. Desde hace años, en los ya lejanos noventas y desde siempre, los permisos que otorgaba la forestal de la SARH, que en aquel entonces los expedía, fueron cuestionados severamente por el área de planeación, lo que obligó al personal de ésta oficina a realizar un estudio sobre el tema que fue entregado directamente al Delegado en ese entonces y a los representantes del Gobierno del Estado con un anexo fotográfico de más de cien fotos. Ahí se demostró que dichos permisos fueron otorgados sin sustento ni fundamentos técnicos. Hay fotos testimoniales de las personas que se dedicaban a la producción de carbón donde consta que no usaban maderas muertas para producir carbón, sino que lo hacían acabando con árboles vivos, centenarios, que derribaban sin misericordia para producir unos cuantos kilos del combustible negro y obtener unos cuantos centavos. Logramos demostrar mediante un método práctico y sencillo, que la mayoría de las maderas utilizadas por estas personas para la producción de carbón provenía de árboles vivos recién cortados para realizar esta ilícita actividad. Los permisos oficiales se otorgaban para la explotación de “maderas muertas”, es decir, únicamente para hacer carbón de maderas secas, árboles o partes de ellos muertos, de los cuales, en el curso del estudio, no vimos ninguno después de recorrer ampliamente la zona en vehículos, a pie durante varios días, y sobrevolar la región en un helicóptero que nos facilitó amablemente la Armada de México para realizar el estudio. En un mar de corrupción e ignorancia y bajo el socorrido pretexto de que quienes ejercían este oficio no tenían otros ingresos y “de algo tenían que vivir”, se otorgaban los permisos a un alto costo para el medio ambiente y acabar con los escasísimos y añosos árboles existentes en un ecosistema muy frágil, que tardará años en recuperarse si es que algún día lo logra. En la zona de Las Pocitas acabaron con todos los árboles, de cualquier especie, que tuviera más de 10 centímetros de diámetro o que midiera más de dos metros de altura, y hablo de especies como Palo Fierro, Uña de Gato, Mezquites y otras variedades. Esa zona es hoy un páramo. Basta caminarla o sobrevolarla para no ver en pie un solo árbol de estas especies en kilómetros a la redonda. Todo fue quemado para obtener unos miserables centavos.
En cuanto existía alguna posibilidad de modificar esta política depredadora, los afectados, que para esa fecha ya eran un grupo de interés con “poder de grito” porque estaban organizados, sobre todo por parte de quienes controlaban a los productores y también la comercialización del carbón en el estado, entonces, inmediatamente sacaban su banderita de siempre, la que les servía de antídoto contra todo tipo de ataques a su “noble y honesto” modo de vida y que decía con letras muy grandes y estremecedoras: “!soy pobre, soy pobre! y no tengo otra cosa para vivir”. Y listo. Con este conjuro comenzaban a salir los permisos como si fueran tortillas para la producción de carbón, a pesar de que ya solo quedaban puras piedras y arena en campos antes poblados de especies características de los climas desérticos como el nuestro. Entonces, amparados en la impunidad del permiso oficial buscaban más lejos cada vez hasta no dejar nada con vida. Acabaron con todo. Nadie supervisaba.
A éstos ecocidas sólo les quedan hoy unos cuantos árboles en las jadineras de la ciudad de La Paz y alguno que otro en la zona urbana de Ciudad Constitución para que los conviertan en carbón éstos “pobres” depredadores. Es muy probable que hayan terminado hasta con los escasos árboles que les daban sombra en su propia casa.
Así era, así ha sido y parece que continuará esta política devastadora. Hay que detener esta masacre de una vez y para siempre.
Si antes no se valía hoy menos.
Es preferible que el gobierno del estado levante un censo de éstos “pobres” ecocidas y los ponga en una lista pública para otorgarles un subsidio simplemente para que no continúen depredando un ecosistema que es de todos. Que la banderita de “soy pobre” les sirva para obtener el subsidio y no para depredar los campos sudcalifornianos. Y no importa su alegato de que las tierras son de ellos, porque los efectos negativos son para todos. Saldrá más barato darles unos pesos en lugar de los centavos que reciben por kilo de carbón, que darles el permiso, la impunidad, para continuar su absurda labor.
El Gobierno del estado debe oponerse, terminantemente, a este tipo de explotaciones depredadoras y ecocidas porque no hay justificación alguna, aún cuando la entidad no tenga competencia para el otorgamiento de los permisos, lo cual es otro absurdo más, pero así es. Sin embargo, tiene los mecanismos necesarios de coordinación para oponerse a que continúen acabando con la flora de la región y consecuentemente con la fauna de manera indirecta.
Aquí es donde se requiere voluntad para generar una política pública al respecto por parte del estado. No pueden alegar falta de competencia porque están obligados de defender a los que aquí vivimos y a nuestro entorno.Es a la Secretaría de Desarrollo a quien le corresponde atender este problema para conservar lo poco que aún se pueda salvar de estas especies, si es que dejaron algo. Pero lo dudo.
Diosa griega de la "redistribución" o del equilibrio. Su labor era castigar a aquellos que cometían crímenes y quedaban impunes, a la vez que recompensaba a los que sufrían injustamente. Bajo este nombre se publican todas las columnas que aparecieron en el periódico El Sudcaliforniano en La Paz, Baja California Sur. A partir del 7ene2017 solamente se publican comentarios y algunas columnas en este Blog.
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