LOS CARBONEROS ECOCIDAS INSISTEN

¡Qué bárbaros!
Tal parece que las autoridades federales encargadas de velar por la protección de los ecosistemas en nuestro estado les tiembla la mano. ¡Qué manera de sacarle al bulto! ¡Parece que no tenemos autoridades que apliquen la ley sin dudas ni temores!
¿Cómo es posible que aún reconociendo las mismas autoridades federales su propia y absoluta incapacidad para controlar la tala, legal e ilegal, estén pensando si otorgan o no los codiciados permisos?
¿Cómo es posible que aún sabiendo las dificultades, casi insalvables, de orden natural, técnico y agroecológico planteen un programa de ¡reforestación! para compensar a la agredida y frágil naturaleza, y reponer lo que los ecocidas han saqueado? Las pocas especies que han “reforestado” en la entidad son solamente casuarinas, árboles de Neem, palo de arco y una variedad de palma ¡con riego! ahora se les ocurre que van a reforestar el monte.
Quiero que me diga este sabio representante de la Comisión Nacional Forestal, cómo van a reforestar este monte desértico Sudcaliforniano con especies como las que sacrifican los ecocidas. Han de tener una metodología marciana para garantizar que su programa de reforestación tendrá éxito. Por si no se ha dado cuenta, aquí no hay agua que garantice un prendimiento mínimo de las especies que, supongo, pretenden “reforestar” en pleno monte. En la cuenca de Las Pocitas no hay una gota de agua disponible salvo la que estacionalmente se puede captar, de la cual no hay certeza, y que cuando está disponible corre hacia el mar a gran velocidad. Las Pocitas es, probablemente, la cuenca más seca del estado. ¿En qué estarán pensando?
Lo que están haciendo los carbones ecocidas y las autoridades federales, no es una tala inmoderada, legal o ilegal, sino un saqueo sistemático y depredador de los ya escasísimos árboles “maderables” que se les han escapado porque no los han visto en el monte o ya les quedan muy lejos.
Si se quiere, es muy simple resolver el problema de la producción legal e ilegal de carbón, lo que pasa es que no han querido hacerlo. Señores, simplemente hay que aplicar la ley. En ésta media península no existe ninguna posibilidad de sacar carbón mas que por tres vías: por avión que es inviable para el caso; una salida por tierra hacia el norte; y por barco dos puertos. En todas ellas existe vigilancia extrema. El carbón no se puede esconder, no es droga. Si un kilo de carbón logra salir del estado o venderse localmente, es con la complicidad de las autoridades federales. No hay otra explicación. Nada han hecho por detener el ecocidio. Esta es la gran oportunidad de las nuevas autoridades estatales para detener, de una vez y para siempre, la depredación causada por los ecocidas y sus tapaderas federales. ¡Ya basta! ¡Ni un kilo más! ¡Ni un árbol más! Con un ecocida que detengan y procesen por este delito sería suficiente para terminar con el problema. Jamás lo han hecho y por lo que muestran, no lo van a hacer.
Si todos estos inconvenientes existen, si son reales, entonces porqué dan permisos para explotar un recurso depredado, que no pueden ni siquiera controlar ni cuantificar, y está visto, que si no existe una aplicación de la ley, los ecocidas no tendrán freno para seguir produciendo carbón. El reino de la impunidad.
Los permisos los prestan y los alquilan. Es verdaderamente increíble que las autoridades federales estén dudando si otorgan permisos e impunidad a los ecocidas. Saben, con toda certeza, que lo único que están haciendo los carboneros es depredar, desde hace años, abusivamente, y con la complicidad de las autoridades federales, la zona norte del municipio de La Paz y el sur del municipio de Comondú.
En el futuro, cuando usted quiera ver un mezquite o un uña de gato o un árbol de palo fierro, tendrá que recurrir a las fotografías porque ya no van a dejar vivo ninguno.
Vea usted, ilustrado lector, lo que las autoridades federales están planteando como solución a este gravísimo problema ambiental: pretenden formar una empresa comercializadora (¡!) para “organizar” mejor a los ecocidas y “controlar” la producción de carbón. Una vez concretada ésta lúcida y genial idea ya podrán revisar, fácilmente, que lo autorizado en los permisos concuerde con lo que se acopia y vende, y si eso no ocurre, sabrán que se está sobreexplotando el recurso. Brillantísimos ¿no le parece, agudo lector? ¿Y luego qué? Pues luego ya no existirá nada que organizar, controlar, o comercializar, porque habrán arrasado con todo, en vista de que las autoridades federales no saben, no quieren, ni mucho menos pueden, imponer el orden mediante el ejercicio de las atribuciones que les otorgan las leyes en la materia. Parece inminente la depredación total.
Reconocen las autoridades federales que la tala inmoderada que existe hoy, ha existido siempre, y no se ha podido detener porque no han tenido voluntad ni capacidad para hacerlo. Yo diría que lo que no han tenido es otra cosa. Alguien tiene que decirles a los ecocidas ¡hasta aquí!
Resulta que PROFEPA, CONAFOR y SEMARNAT según declararon en este mismo medio, van a integrar una comisión para “valorar” mediante verificaciones en campo la “conveniencia de liberar” los permisos en “las zonas donde se afecte en menor grado la cubierta vegetal” (¡!). Pero aquí no existe el “menor grado” simplemente el recurso ya no soporta mas la acción ecocida y para nuestra desgracia estamos en manos de estas “autoridades”. Además reconocen, abiertamente, que sí se afecta la escasa y frágil cubierta vegetal. Ya verán cuando hagan sus “profundos” estudios del monte, si los hacen bien, que la escasa disponibilidad de maderas, realmente muertas, es, apenas, suficiente para usarla como combustible doméstico en las zonas rurales. No hay para más, y menos para ¡industrializar carbón! Insisto, lo que usan los ecocidas para producir carbón son árboles vivos. Entiéndanlo. Yo los vi, lo probamos en su momento y tengo las fotos.
Entre 1987 y 1991 los carboneros hicieron crecer los ingresos por su actividad a una tasa de crecimiento anual del 27% obteniendo en el ultimo año de la serie un total de 806,347 pesos. Hubo años, como en 1990, en que el valor de la producción de carbón superó el millón de pesos, de aquellos. En el caso de las maderas “muertas”, crecieron a una tasa del 54% anual en el mismo periodo.
En cuanto al volumen de producción de carbón, observamos que la tasa media decreció entre 1987 y 1991 un promedio de 16% anual produciéndose 6,719 metros cúbicos en rollo después de haber alcanzado en 1987 un poco más de 13,500 metros cúbicos en rollo. Estos datos son de los que se tuvo registro y faltaría sumarles lo que corresponde a la tala ilegal que es otro tanto más, por lo bajo.
Ahora hay que preguntar a los ilustrados expertos forestales, quienes tienen datos actualizados, a cuántos árboles equivalen estos metros cúbicos en rollo y se van a dar cuenta del tamaño de la tragedia, de la devastación, y de que es casi nada, lo que resta vivo por lo escaso de las poblaciones “maderables” que existen en las zonas donde se ha explotado el monte. La depredación no se ha detenido, al contrario, el deterioro del ecosistema ha sido permanente, desde hace años; y como es previsible, con algunos altibajos ha ido en constante decadencia porque fueron acabando con todo lo que tiene ramas.
Lo más patético del asunto, es que las propias autoridades federales reconocen que, en alguna ocasión, les llevaron a los carboneros programas temporales de mano de obra para que dejaran de producir carbón. ¿Y sabe usted que ocurrió, incrédulo lector? Pues que los ecocidas no solamente se embolsaron los bien ganados salarios de los programas sino que, además, ¡continuaron produciendo ilegalmente carbón! Ninguna autoridad hizo nada por detenerlos. De ésta experiencia se deriva una primera solución: hagan una lista de quienes viven de producir carbón y entréguenles un subsidio por la cantidad que obtienen por la venta del producto. Nos costará menos porque no son muchos y les pagan centavos. La segunda solución es que una vez aprobado el subsidio las autoridades federales actúen haciendo uso de sus facultades legales para implantar el orden y la legalidad y detener la depredación.
Lo que están planeando hacer es criminal: las autoridades federales van a legitimar a los ecocidas para terminar lo más rápido posible con cualquier cosa viva que parezca un árbol.
Uno de mis dos lectores, preocupado por ésta situación en la zona de Las Pocitas, me dice en un correo electrónico “Hay una persona que al parecer vive en las pocitas, de nombre Jesús González, que es quien solicita los permisos a SEMARNAT, quien es el que reúne a los carboneros que los hace pasar como victimas y pobres, aduciendo que este es el único medio que tienen para sobrevivir. Este señor al parecer es dueño de dos tractores D6 y de unos predios pero los tiene a nombre de uno de los carboneros.” Me parece que primero habría que investigar imputaciones como ésta antes de “liberar” permisos a los mismos negociantes, ecocidas y depredadores de siempre, quienes al parecer operan en contubernio con las autoridades federales. También nos aclara el remitente que “no todos los pobladores de Las Pocitas viven del carbón, algunos tienen ganado, otros siembras, y aun así pueden mantener a su familia sin talar a los árboles” ¿Dónde está un diagnóstico actualizado sobre el carbón? No existe. Ante este trágico ecocidio, parece que solamente la superior autoridad del gobernador Agundez podría terminar con la devastación de los ecosistemas en el estado. Es más, haciendo uso de mi derecho de petición, yo le exijo de manera respetuosa, intervenir de manera inmediata para detener a ecocidas y autoridades federales implicadas en la depredación de Sudcalifornia. Narciso Agundez sólo necesita instruir a su Secretario de Desarrollo e indicarle que, a partir de hoy, el negocio del carbón se acabó en éste estado. Solo eso. Si el gobernador se compromete, éste negro negocio de la rapiña se acaba porque se acaba. Nadie más podrá detenerlos.