LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA ¿MAL ENDÉMICO?

Es tan fácil como tener un teléfono celular y ganas de joder al prójimo. También se requiere estar dotados del cinismo necesario y conocimiento del desastroso e improductivo sistema de justicia que padecemos todos los mexicanos. Otra característica forzosa para cometer éste tipo de delitos, es la necesidad de obtener dinero fácil pero sin cometer el despropósito de realizar un trabajo común. Que trabajen los bueyes.
Con estos elementos una persona o banda puede realizar llamadas para extorsionar a alguno de los miles de ciudadanos ingenuos y confiados que encuentran a su disposición en el directorio telefónico, en un anuncio del periódico, en falsas encuestas e información proporcionada por ex empleados de empresas para el envío de dinero en México y Estados Unidos. Con una llamada al azar a un número de cualquier domicilio del país, estos perros se dedican a enredar las emociones del incauto al poner en juego amenazas que significan riesgos para él o para su familia. Las llamadas pueden provenir de cualquier lugar de la república. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y todas las autoridades federales y estatales involucradas, que son muchas (AFI, PFP, SSF, SSPDF, CNDH), reconocen que más del 90% de las llamadas provienen de los centros penitenciarios del Distrito Federal, Jalisco y el estado de México, porque los reclusos burlan las restricciones para el uso de teléfonos fijos y celulares. Pero aquí en La Paz ya sucedió y hay reclusos procesados dentro del CERESO por este delito, de manera que no estamos a salvo. La CNDH sostiene que esta actividad delincuencial es resultado simplemente del ocio y la falta de actividades productivas de los internos en los penales. Es el deporte de moda entre los reclusos.
Los niveles de riesgo están aumentando por la impunidad prevaleciente. Los estafadores operan de varias formas: 1) Un supuesto comandante le notifica que su familiar tuvo un accidente y requiere que le manden dinero urgentemente; 2) Un asesino contratado para matarlo le pide que duplique la cifra que le pagaron y le perdonará la vida; 3) Un comandante le notifica que tiene detenido a uno de sus familiares y le piden dinero para liberarlo; 4) Un secuestrador le comunica que tienen a uno de sus familiares y le da detalles personales y familiares para que les crea y le pide dinero; 5) Le llama un supuesto agente aduanal indicándole que su pariente fue detenido en el aeropuerto por trafico de armas o droga, dinero no declarado o exceso de equipaje y le piden dinero para liberarlo. Agréguele las modalidades que usted guste. Y digamos que si todo sale “bien” acabamos regalándoles entre 500 y 3,000 pesos mediante una orden de pago que pueden cobrar en cualquier parte de la republica con solo presentarse a una sucursal bancaria previamente seleccionada. Las amenazas nunca se cumplen pero sí lo ponen a temblar por su seguridad o la de sus familiares en supuesto riesgo.
El asunto de las extorsiones telefónicas ha llegado a tal grado que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se ha solicitado la intervención de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que ayude en las investigaciones sobre estos delitos de extorsión cometidos mediante el uso de teléfonos celulares. También le ha solicitado que cuando los órganos de procuración de justicia pidan información a empresas operadoras de dicho servicio se proporcionen los datos para contribuir a detener el ascenso de estos delitos en el país. Algunos de estos cínicos delincuentes confiesan al narrar su delito “Vi en estas llamadas (de extorsión) la forma de mantener a mi familia, nunca lo utilicé para nada malo". ¡Hágame usted el refabrón favor!
Según informaciones de la Policía Ministerial las denuncias se han incrementado de manera alarmante. Está de moda extorsionar a quienes se dejen. Y el numero de delitos crece exponencialmente año con año. La impunidad los cobija por la complicidad o por omisión de autoridades de todo tipo. Éstos delincuentes sólo deben tener a la mano un teléfono celular y uno o varios cómplices fuera del penal. Y a cobrar.
Ninguna de nuestras lerdas autoridades habían querido instalar los dispositivos que cancelan o bloquean las señales emitidas por un teléfono celular o satelital para impedir las llamadas ilegales que se efectúan desde los penales para realizar, entre otras cosas, la extorsión. Solo se requiere un bloqueador de alcance limitado que abarque la superficie que comprende la geografía del penal sin dañar el paso de las señales que se originen fuera de estos recintos. Dicen que ya pronto lo harán pero así llevamos varios años y cientos de delitos impunes. Apenas ahora en el mes de julio, la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) a través de sus titulares, anunciaron que se llevaron a cabo las primeras pruebas técnicas para bloquear llamadas de teléfono celular en los penales, asesorados por la AFI y por la SSPF. Con un espectrómetro se logró comprobar que la señal de celulares en la zona de la prueba era nula y utilizaron para el ensayo todo tipo de tecnologías que operan en México. "Fue todo un éxito", dijeron, y van a continuar con los experimentos en otras zonas del Reclusorio Norte. Cuando terminen, tomarán la decisión de instalar el equipo y entonces vendrán los procesos de autorización de recursos, si es que sus campañas les dejan algo, selección de proveedor, licitación, compra y demás. Se pretende instalar los bloqueadores, primero, en todos los penales del D.F. con lo que acabarían de golpe con el 90% de este tipo de delitos. Y como siempre, previsores, oportunos y eficaces, nos indican las autoridades que “probablemente” para fin de año ya se tengan instalados. De veras que no les corre la sangre por el cerebro. El caso es que a fines de julio no hay nada, no han actuado. Si tantita vergüenza y responsabilidad tuvieran ya estarían los bloqueadores instalados y funcionando pero no, están enajenados en sus sueños de opio del 2006, por servirse del poder y no por servir a la sociedad. ¿Qué le parece ésta típica pachorra de las autoridades, extorsionado lector? Informaron también que están en pláticas con Teléfonos de México para establecer los mecanismos adecuados para el control de llamadas desde las 600 casetas instaladas en los 11 reclusorios del D.F. porque la red pública también es utilizada para realizar chantajes y extorsiones por supuestos o reales secuestros y amenazas. Y proponen algo interesante pero tal vez ineficaz: que cuando se haga la llamada desde algún reclusorio a su casa, usted reciba primero una grabación indicando que esa llamada procede de tal reclusorio. ¿Qué estamos haciendo al respecto en BCS? Pues nada por supuesto, al menos que usted, estafado lector, y yo sepamos. ¿Ya tenemos bloqueadores de celulares en los Ceresos del estado? Lo dudo.
Según la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la comisión de estos delitos ha ido incrementándose en el país en los años recientes, ya que de tener un promedio mensual de 61 averiguaciones previas por este motivo en 2004 y ahora estamos en 78 y siguen subiendo por lo que se estima que llegaremos al cierre de 2005 a más de 1,200. Y estas son las denuncias que se reciben, y de las cuales existe una averiguación previa. Pero pensemos en que la intransigente estadística nos dice que el 75% de los delitos que se cometen en el país no son denunciados por lo que en éste como en otros delitos cometidos reina la impunidad. En cuanto a la extorsión específica por secuestros sin víctimas, estos han aumentado de sólo ocho casos en el 2001 hasta las 170 llamadas en el 2004. En el rubro específico de extorsiones telefónicas, en los siete meses de 2005 van 3,917 que les han producido a los delincuentes 1.8 millones de dólares de los 78 millones de dólares que exigieron en un principio, y como no les ha pasado nada a los delincuentes porque los cobijan la autoridades pues éstos perros siguen dedicados a este productivo “negocio”. En el 2002 se registraron “sólo” 75 quejas, y por efecto de la descomunal impunidad que impera subieron como la espuma: en 2003 fueron 1,160, cifra negra que subió en 2004 a 1,170. Las autoridades están rebasadas. No hay control y van a seguir creciendo. Mientras los responsables siguen haciendo pruebas todos estamos en riesgo de ser extorsionados por su inactividad e incompetencia.
Aunque le digan desalmado y macana, no pague por que “liberen” o “ayuden” a uno de sus familiares que nunca fue secuestrado ni accidentado ni nada. Primero investigue y luego actúe avisando a la policía. Así que, ingenuos dos lectores, póngase vivos. Actúen con inteligencia y frialdad cuando se vean envueltos en este tipo de delitos y no pasen a formar parte de la estadística negra. Si en la Procuraduría del estado no lo atienden llame a este teléfono de la Policía Federal Preventiva 01 800 440 36 90.