Lo volvieron a hacer.
Lo hicieron con Lydia Cacho quien denunció a pederastas y pornógrafos que operaron al amparo del gober precioso y al cobijo una red de autoridades protectoras que se dedican a este lucrativo negocio. La recompensa es mucho más que las supuestas botellas de coñac, cualquier cosa que esto signifique.
No voy a abundar en los detalles de este caso típico de abuso de autoridad y protectores de pederastas porque éstos han sido públicos desde hace tiempo y quien los conoce resulta asqueado hasta el vómito. Hoy el asco que siento supera el que me produjeron los detalles enfermizos de las aventuras de quienes abusan de niñas y niños por simple “placer”, impunes gracias a sus protectores poderosos.
Ahora la vergüenza recayó solamente seis “defensores de la legalidad”, entre ellos dos mujeres: Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y Sergio Valls.
Los otros cuatro fueron consistentes con lo que muchos esperábamos de la Corte.
Hubo algunos ingenuos que llegamos a pensar que los vividores de la Corte serían, por fin, la tabla de salvación de la legalidad en este país, que podrían cambiar y defendernos. Nos equivocamos rotundamente. Algunos de estos vividores fueron consistentes pero el resto no podrá cambiar. El mal está en su ADN. Están criados y cebados en un estercolero pletórico de complicidades y blindados en contra de las demandas de los molestos ciudadanos. Únicamente responden a sus propios intereses mezquinos, conservadores, misóginos (incluidas las dos señoras que asisten a la Corte), tolerantes y sórdidos.
¿En manos de quién estamos los mexicanos? ¿A qué o a quién se pueden atener los hombres y mujeres de bien, esforzados, de buena fe, cuando denuncian con pruebas y reclaman justicia?
Lo que nos dijeron los “impartidores de justicia” a los mexicanos, en cadena nacional, fue que el sistema de justicia existente hay que echarlo al bote de la basura y enterrarlo, comenzando por quienes dicen estar a cargo de esta tarea pero a la hora buena resultan blandengues y leguleyos. Una de las señales ominosas que nos enviaron tiene el significado de que cada quien se defienda como pueda, que cada quien se haga justicia por su propia cuenta y riesgo porque no hay quien nos defienda. O callar por miedo, porque denunciar y exigir justicia puede ser peligroso.
El mensaje que enviaron los vividores de la Corte es pavoroso para todos los mexicanos. Nos dijeron que podemos ser vejados, violados, torturados, maltratados y sometidos por las autoridades confabuladas y en complicidad con el crimen organizado, siempre y cuando estos abusos “no sean graves”. La inmensa mayoría de los que han tenido que ver con aquellos que procuran justicia y con quienes la administran, dan testimonio de los abusos, maltratos, torturas y vejaciones producto de la ilegalidad impune bajo la cual operan las autoridades de todos los niveles de gobierno, en más de una ocasión. También nos dijeron los vivillos, claro y fuerte, que hay que acostumbrarse a ser vejados y a respetar a los abusadores de niños y niñas.
Algo está mal en esta Corte. Algo no funciona bien. Los intereses que defienden no son los de la justicia y menos los de la gente común como usted y como yo.
Qué pena, que gran tragedia. Pobres mexicanos que padecemos a este conjunto de vividores que ya nos demostraron una vez más, por si había dudas, que no sirven más que para cobrar sus insólitos y desvergonzados emolumentos y privilegios.
La mayoría de estos cortesanos parásitos a quienes mantenemos, a costa de la indigencia de millones de compatriotas miserables, no tienen la estatura moral que hace falta para comprometerse con las mejores causas de este país, en una época en la que se requiere de hombres y mujeres valerosos que luchen por las mejores causas de la verdad y la justicia, esas grandes ausentes en nuestra sociedad.
A los vividores les pusieron una rolita para que pegaran un gran palo de vuelta entera y contentos se batieron en el lodo de su propia ineptitud, de su rancio conservadurismo e intereses. ¿No les dará pena? ¿No sentirán lástima de sí mismos cuando sus hijos, parejas o amigos los interrogan sobre el tema de Lydia Cacho y los pederastas y la pornografía, al enterarse de cómo votaron, mejor dicho, de cómo se exhibieron en la Corte?
Nos han demostrado que nada los apena, porque están forrados de su propio cinismo.
¿Qué les hizo falta para darnos, y darse a sí mismos, una lección ética y recuperar la confianza ahora totalmente perdida entre las montañas de sus prerrogativas?
El olor repugnante que emana la Corte de los vividores volvió a inundar a la República con su nauseabunda fetidez. Ad náuseam para que me entiendan.
Hemos quedado inermes.
A la señora Lydia Cacho y a las otras decenas de víctimas, y a nosotros con ellas, les queda recurrir a los organismos internacionales de justicia y derechos humanos, ante quienes, seguramente, presentarán las denuncias correspondientes.
Mientras, atribulado lector, haga caso del mensaje enviado por los inservibles vividores de la Corte y búsquese una pistola o de perdida una resortera para que se defienda, porque con esta Corte no vamos ni a la esquina.
11 diciembre 2007
06 diciembre 2007
¿GOBERNADOR INMUNE O IMPUNE?
Esta columna no fue publicada en el periódico por causas que desconozco.
Hace unos días, me enteré, como todos, de una noticia inusitada en el medio político local: el Gobernador del Estado fue denunciado ante el Congreso Local por violaciones recurrentes al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley suprema en este país. Por cierto, apenas reformado de manera polémica pero clara y contundente, en el marco de los cambios constitucionales relacionados con asuntos electorales, especialmente, en lo concerniente a la prohibición para los tres órdenes de gobierno de realizar propaganda que promueva la imagen de cualquier servidor público en la que se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que evidencien su promoción personal.En esta demanda los denunciantes exigieron que el Jefe del Poder Ejecutivo fuera sometido a juicio político.
En el supuesto, que conste, es una hipótesis, de que el juicio político solicitado se lleve a cabo y culminara con éxito en una resolución condenatoria contra el gobernante acusado, ello implicaría castigar al actual gobernador del estado con la única sanción prevista en la Constitución Federal y Local para este tipo de actos: la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. ¿A poco sí? Pues sí, al menos eso es lo que dicen.
¿O sea que, en donde florece la justicia pronta y expedita, existe el riesgo de que nos quedemos sin gobernador? En la madre. Qué susto. Que meio.
Calma, calma, que nadie se apanique. Cero manifestaciones de desagravio, todavía.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les da a los gobernadores de los estados inmunidad casi absoluta, ¿o será impunidad?, y sólo pueden ser juzgados por delitos federales y por violaciones graves a esa misma Ley Suprema. La Norma Federal establece en el artículo 110 que “Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político… por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales…”. Gulp. Tranquilos todos, porque el mismo artículo señalado termina reculando en la parte final del párrafo al señalar ” …pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”. ¡Uffffff¡ Sin embargo, la denuncia fue presentada ante el Congreso Local y no en la Cámara de Diputados.
Aquí es donde todo se convierte en un mal chiste al estilo de la Suprema Corte.
Pero supongamos que se hubiera presentado ante la Cámara de Diputados.
¿Entonces, bajo nuestro supuesto, qué van a hacer los próceres diputados locales una vez que reciban la resolución declarativa condenatoria, en contra del gobernador?
Pues nada, excepto darle el uso que mejor les convenga al papel en que va escrita la tal demanda.
Y le voy a tratar de explicar porqué, jurisperito lector, cuando menos hasta donde el seso me alcance. Les aclaro a mis dos lectores que este es un punto de vista sobre el tema y estoy seguro de que habrá más, y seguramente, mejor documentados que estos garabatos que ahora escribo.
Vea usted, justiciero lector, el artículo 158 de la Constitución Local no señala específicamente al Gobernador del Estado como uno de los servidores públicos que pueda ser sujeto a juicio político. Sí incluye, en cambio, a diputados, magistrados, secretarios, presidentes municipales, síndicos y regidores, directores, y otros muchos servidores públicos, y hasta los delegados municipales. Pero no aparece por ningún lado el Gobernador del Estado.
¡Ufffff¡ ¡Qué salvada!
Y en lo que se refiere al procesamiento penal de los servidores públicos que establece el artículo 159 de la Constitución Local, solamente se aplica a los servidores públicos señalados en el artículo 158 ya citado en donde no figura el gobernador del estado. Cualquiera supondría que el Gobernador es un servidor público, suena lógico y consistente por la función que desempeña. Así lo reconocen ambas Constituciones, la Federal y la Estatal, al señalar ésta última en el artículo 156 que es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal; y en su primer párrafo indica que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial y a los funcionarios y empleados. Insisto, no se menciona específicamente al Gobernador del Estado. Por los argumentos ya citados estamos obligados a suponer que el Gobernador sí es un servidor público pero la Constitución local no lo incluye en la lista de quienes pueden ser sujetos a juicio político.
El camino a seguir sería presentar la denuncia ante la Cámara de Diputados quien procedería a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. De ahí, el Senado de la República emitiría una resolución puramente declarativa, la cual se comunicará al Congreso Local para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda, según reza la Constitución Federal.
¿Y que es lo que corresponde? Nada porque según la Constitución Local y la Ley de Responsabilidades vigente en nuestro estado maravilla, el Gobernador no se encuentra entre los servidores públicos citados en el artículo 158 a quienes puede someterse a juicio político. Todo se convertiría en una especie de condena moral. Y tan tan.
Este hecho es una omisión grave en la Constitución Local y no creo que sea accidental o producto de la ignorancia. Recuerde usted el viejo refrán “el que hace la ley hace la trampa” que se cumple fatalmente en la legislación estatal. Pero en vez de ocuparse de estos asuntos nimios, y en calidad de mientras, nuestros próceres diputados locales continúan atareados en asuntos de enorme trascendencia, como pedirle a la Secretaría de la Función Pública que revisen la correcta construcción de ¡toda la obra pública del estado! sólo porque se cayó la cimbra de un puente. Para Rypley.
Lo bueno es que ya se van.
12 octubre 2007
LOS EFÍMEROS DE LA UABCS
Pues ya tenemos nuevo Rector interino.
Caminata, mensajes, abrazos, prohombres felices, parabienes y sindicatos ganones porque les dieron todo lo que estaba en disputa.
Juego nuevo, baraja nueva. Nuevos talladores. Vaya que hay que hay materia para tallar.
En la euforia de la fiesta que todos celebramos, parece que se nos olvidó un pequeño detalle: el nuevo Rector, tendrá esa condición exclusivamente durante 180 días a partir de su designación. Nada más.
En las repetidísimas y abundantes declaraciones del nuevo funcionario se puede apreciar que, independientemente de su aparente buena fe y entusiasmo desbordante, ya tiene proyectos para la universidad, no solamente para los próximos seis meses sino para los próximos veinticinco años. Ojalá que pronto lo alcance la cordura.
Qué bueno que tenga esa visión, pero quiero decirle al Rector interino, con todo respeto, que no agarre monte como dicen los rancheros. Su función es de transición. Su trabajo es temporal y solamente durará 180 días en el cargo. No más. Tiene un trabajo específico que está definido en las reformas aprobadas a Ley Orgánica. No más.
Claro, a menos que ya alguien tenga pensado que el interino de hoy sea él próximo Rector de la UABCS, pero lamentablemente para unos y afortunadamente para otros, eso no será posible porque en las reformas aprobadas a Ley Orgánica no existe la reelección. Simplemente no se puede. El Rector de cuatro años será elegido por los universitarios “mediante voto universal, secreto y ponderado”, no será designado por el gobernador Agúndez. Quien ahora mismo sea Rector no podrá volver a serlo jamás según al artículo 13 de la reforma aprobada: “…durará en su cargo hasta cuatro años y no podrá ser reelecto para un periodo inmediato o futuro, asimismo, no podrá volver a ocupar dicho cargo como provisional, interino o sustituto”. Esas son las nuevas reglas del juego, así que a este Rector le abrieron la puerta seis meses y se la cerraron, al mismo tiempo, por los próximos cuatro años y toda la eternidad.
Este hecho convierte al Rector interino, a quien no tengo el gusto de conocer mas que por la prensa, el radio o la televisión, en un peón de sacrificio, pero que tendrá en sus manos la trascendental misión de quitarle las arrugas al conjunto de fuerzas que luchan dentro y fuera de la UABCS para dotar a la institución de un piso mínimo de orden, sensatez y estructuras nuevas que prevé la reforma.
Es más si lograra abatir la hueva inmensa que inunda a maestros, investigadores y autoridades ya sería un gran logro porque son los maestros y sus autoridades quienes pueden convertir a la universidad en una institución de a de veras, respetable. Son estos dos actores quienes han llevado a la universidad a ser lo que hoy es: casi nada. No son los padres de familia ni los alumnos, ni el gobierno del estado ni el federal. Los responsables están adentro.
De todas formas el nuevo Rector ya alcanzó un lugar en la historia, haga lo que haga, y podría concluir sus funciones de mejor manera si realmente se dedica a trabajar preparando el terreno para que la elección del Rector, dentro de seis meses, se lleve a cabo sin contratiempos mayores, en un ambiente democrático y limpio. Es todo. Nadie le pide más. Con que haga bien lo que la propia Ley Orgánica le manda es más que suficiente. Sobra.
Entiendo el ánimo festivo y el gusto que todos los sectores tienen por el término del conflicto. Pero de ahí a plantear que se van a certificar todas las carreras, que se va a evaluar a la UABCS con base en no sé que indicadores y otras complejas tareas que requieren de estabilidad, largo plazo y del concurso de todos los universitarios, es un sueño guajiro. Son buenos deseos producidos por la sorpresa del nombramiento y la calentura del término del conflicto. Es evidente que para llevar a cabo los colosales planes del Rector interino se requiere de mucho más tiempo que el determinado por la Ley al nuevo funcionario designado.
Los indicadores de calidad y eficiencia nadie los va a mejorar en seis meses. ¿Con qué? ¿De dónde? ¿Con quién? Se requieren cuando menos 25 años de trabajo constante para que esta universidad pinte en los primeros lugares del país. O tal vez más.
El Rector interino nombrado por el gobernador Agúndez tendrá 180 días, improrrogables, para convocar a elecciones y elegir al Rector que será votado por los universitarios en 165 días, y contando. Y tan tan. Adiós.
La estructura que está armando el Rector interino será efímera e inútil porque el artículo sexto de la reforma, que dispone cesar en sus funciones a todas las autoridades de la Universidad, entrará en vigor “una vez que sea electo el nuevo Rector”, y no ahora, porque así lo manda el artículo quinto, y solamente cuando asuma sus funciones el Rector elegido entrará en vigencia el artículo sexto en donde se establece claramente que “los funcionarios cesarán de inmediato en sus funciones”. Por esta razón, se tendrá que armar, otra vez, el Consejo General Universitario, la Junta Consultiva, la Junta Hacendaria, designar a los nuevos Jefes de Departamento y… lo que venga. De manera que los funcionarios ahora designados serán tan efímeros e interinos como el propio Rector.
Ojalá y alguien explique lo que está pasando.
Y también, a partir de ahora, la UABCS se tendrá que sujetar a lo que dispone el artículo 22 de la reforma que obliga a los universitarios a ceñirse a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Estabilidad, orden, transparencia y responsabilidades supervisadas de trabajadores y académicos, esa es la tarea inmediata y fatal. Por lo pronto, con eso bastará. Y es mucho si lo hace bien.
Caminata, mensajes, abrazos, prohombres felices, parabienes y sindicatos ganones porque les dieron todo lo que estaba en disputa.
Juego nuevo, baraja nueva. Nuevos talladores. Vaya que hay que hay materia para tallar.
En la euforia de la fiesta que todos celebramos, parece que se nos olvidó un pequeño detalle: el nuevo Rector, tendrá esa condición exclusivamente durante 180 días a partir de su designación. Nada más.
En las repetidísimas y abundantes declaraciones del nuevo funcionario se puede apreciar que, independientemente de su aparente buena fe y entusiasmo desbordante, ya tiene proyectos para la universidad, no solamente para los próximos seis meses sino para los próximos veinticinco años. Ojalá que pronto lo alcance la cordura.
Qué bueno que tenga esa visión, pero quiero decirle al Rector interino, con todo respeto, que no agarre monte como dicen los rancheros. Su función es de transición. Su trabajo es temporal y solamente durará 180 días en el cargo. No más. Tiene un trabajo específico que está definido en las reformas aprobadas a Ley Orgánica. No más.
Claro, a menos que ya alguien tenga pensado que el interino de hoy sea él próximo Rector de la UABCS, pero lamentablemente para unos y afortunadamente para otros, eso no será posible porque en las reformas aprobadas a Ley Orgánica no existe la reelección. Simplemente no se puede. El Rector de cuatro años será elegido por los universitarios “mediante voto universal, secreto y ponderado”, no será designado por el gobernador Agúndez. Quien ahora mismo sea Rector no podrá volver a serlo jamás según al artículo 13 de la reforma aprobada: “…durará en su cargo hasta cuatro años y no podrá ser reelecto para un periodo inmediato o futuro, asimismo, no podrá volver a ocupar dicho cargo como provisional, interino o sustituto”. Esas son las nuevas reglas del juego, así que a este Rector le abrieron la puerta seis meses y se la cerraron, al mismo tiempo, por los próximos cuatro años y toda la eternidad.
Este hecho convierte al Rector interino, a quien no tengo el gusto de conocer mas que por la prensa, el radio o la televisión, en un peón de sacrificio, pero que tendrá en sus manos la trascendental misión de quitarle las arrugas al conjunto de fuerzas que luchan dentro y fuera de la UABCS para dotar a la institución de un piso mínimo de orden, sensatez y estructuras nuevas que prevé la reforma.
Es más si lograra abatir la hueva inmensa que inunda a maestros, investigadores y autoridades ya sería un gran logro porque son los maestros y sus autoridades quienes pueden convertir a la universidad en una institución de a de veras, respetable. Son estos dos actores quienes han llevado a la universidad a ser lo que hoy es: casi nada. No son los padres de familia ni los alumnos, ni el gobierno del estado ni el federal. Los responsables están adentro.
De todas formas el nuevo Rector ya alcanzó un lugar en la historia, haga lo que haga, y podría concluir sus funciones de mejor manera si realmente se dedica a trabajar preparando el terreno para que la elección del Rector, dentro de seis meses, se lleve a cabo sin contratiempos mayores, en un ambiente democrático y limpio. Es todo. Nadie le pide más. Con que haga bien lo que la propia Ley Orgánica le manda es más que suficiente. Sobra.
Entiendo el ánimo festivo y el gusto que todos los sectores tienen por el término del conflicto. Pero de ahí a plantear que se van a certificar todas las carreras, que se va a evaluar a la UABCS con base en no sé que indicadores y otras complejas tareas que requieren de estabilidad, largo plazo y del concurso de todos los universitarios, es un sueño guajiro. Son buenos deseos producidos por la sorpresa del nombramiento y la calentura del término del conflicto. Es evidente que para llevar a cabo los colosales planes del Rector interino se requiere de mucho más tiempo que el determinado por la Ley al nuevo funcionario designado.
Los indicadores de calidad y eficiencia nadie los va a mejorar en seis meses. ¿Con qué? ¿De dónde? ¿Con quién? Se requieren cuando menos 25 años de trabajo constante para que esta universidad pinte en los primeros lugares del país. O tal vez más.
El Rector interino nombrado por el gobernador Agúndez tendrá 180 días, improrrogables, para convocar a elecciones y elegir al Rector que será votado por los universitarios en 165 días, y contando. Y tan tan. Adiós.
La estructura que está armando el Rector interino será efímera e inútil porque el artículo sexto de la reforma, que dispone cesar en sus funciones a todas las autoridades de la Universidad, entrará en vigor “una vez que sea electo el nuevo Rector”, y no ahora, porque así lo manda el artículo quinto, y solamente cuando asuma sus funciones el Rector elegido entrará en vigencia el artículo sexto en donde se establece claramente que “los funcionarios cesarán de inmediato en sus funciones”. Por esta razón, se tendrá que armar, otra vez, el Consejo General Universitario, la Junta Consultiva, la Junta Hacendaria, designar a los nuevos Jefes de Departamento y… lo que venga. De manera que los funcionarios ahora designados serán tan efímeros e interinos como el propio Rector.
Ojalá y alguien explique lo que está pasando.
Y también, a partir de ahora, la UABCS se tendrá que sujetar a lo que dispone el artículo 22 de la reforma que obliga a los universitarios a ceñirse a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Estabilidad, orden, transparencia y responsabilidades supervisadas de trabajadores y académicos, esa es la tarea inmediata y fatal. Por lo pronto, con eso bastará. Y es mucho si lo hace bien.
05 octubre 2007
REQUIEM PARA UN RECTOR
Se va, se va, se va y… se fue.
Al señor Fidel Velásquez le pasó lo que al señor Pámanes: permaneció mucho tiempo en la dirigencia obrera sin darse cuenta de que en realidad ya no estaba; de hecho, cuando se murió, hacía tiempo que el país sabía que había fallecido cinco o seis años antes. Igual sucedió con este rector autoritario, incapaz y falto de transparencia, defensor a ultranza de impunidades propias y ajenas, que pasó a la historia negra de la Universidad como un pelele impuesto por Vale, que terminó como un rector que rompió el record de huelgas y que llevó a la UABCS a la ignominia de ocupar el ultimo o penúltimo lugar entre las universidades publicas nacionales, para revelarse, finalmente, como un rector absolutamente incompetente y mediocre para el cumplimiento de esa honrosísima función que le regalaron.
Para bien o para mal los diputados nos representan a todos los sudcalifornianos en el Congreso, por lo menos a quienes votamos, y estos próceres, gracias a una serie de milagrosas circunstancias, aprobaron la nueva Ley Orgánica de la UABCS. Excelente.
¿Por qué ahora sí tomaron la decisión de aprobarla? ¿En qué preciso instante la mayoría de los diputados mutaron cuando el único que estaba de acuerdo con el nuevo ordenamiento era el diputado Martínez Mora? ¿A quien le cargaremos los aciertos, los muertos y el tremendo golazo? Sin ninguna duda a éste último, a quien mantuvieron predicando en el desierto durante poco más de dos años.
Hoy he decidido iluminar a los sudcalifornianos con la cegadora luz del conocimiento.
La tragicomedia universitaria tuvo el desenlace conocido por todos, porque alguien juzgó los hechos en forma acertada, definitiva y contundente, en el momento justo en este tipo de escenarios. Ese juicio tiene que ver más con la identificación del momento preciso en el cual se debe de tomar una decisión eficaz, es un solo instante, irrepetible, y es indispensable distinguir el tiempo exacto en que los elementos se alinean dentro del caos al que llegó el conflicto. La identificación de los tiempos políticos idóneos es una virtud notable que solamente tienen algunos políticos para identificar la circunstancia exacta en que las ganancias sociales son máximas y las pérdidas despreciables. Pero solamente uno puede decidir. La gloria o el infierno en una sola jugada. Parece una jugada de pizarrón, pero no lo es. ¿Quién fue?
Narciso Agúndez dijo ¡ya basta! Pero lo hizo en el momento justo.
Y bastó, porque todos los diputados mutaron, perdón, quise decir votaron, alineaditos, con 18 votos a favor de un total de 18 asistentes a la sesión, y no precisamente porque estuvieran convencidos de pronto sobre las bondades de la nueva Ley Orgánica de la UABCS. La situación en la Universidad llegó a un punto de no retorno en el que todos los participantes en el conflicto se quedaron sin interlocutor, hablando solos y chiflando en la loma, cada quien montado en su macho, rotos los lazos de comunicación entre un fantasma que sostenía ser el rector y los dos sindicatos de trabajadores de la institución que lo desconocieron más la Junta y el gobierno del estado. ¿Y tú… quién eres, le dijeron al hoy ex rector? Y adiós al rector si es que alguna vez hubo uno. Baraja nueva para disputar un gran botín autónomo que al parecer, dependerá ahora sí, solamente de la mayoría de los universitarios.
No hace mucho tiempo el propio gobernador Agúndez les llamo la atención a sus colegas de partido en el Congreso, y al resto de sus integrantes, para que tomaran en cuenta las “propuestas” que de manera preocupada y responsable harían el ahora ex rector y sus corifeos. Sí jefe, le dijeron los tribunos. Fue evidente que esos fingidos deseos de los mafiosos de rectoría de hacer aportaciones geniales e inteligentes, únicas y enriquecedoras de la propuesta de Ley Orgánica jamás las quisieron presentar, jamás aportaron nada que no fuera saliva y obstáculos, simplemente porque no les dio la gana. Los miembros de esta pequeña pandilla se quisieron comer solos el pastelote. Les fallaron los tiempos. Pensaron, y aún lo piensan, que esa universidad de juguete en que han convertido a la UABCS era nomás de ellos y solamente su mafia podría meterle la mano a su antojo como lo han hecho desde hace 10 años.
El gobernador Agúndez dirá: ¿Yoooo? No señor, les juro que yo no fui, soy profundamente respetuoso de la autonomía de la universidad. ¿Pues que, no se fijaron? Fueron los señores diputados quienes en una histórica y responsable votación lograron ponerse de acuerdo y decidieron terminar con 30 años de legislación universitaria obsoleta y mafiosa Ellos fueron quienes levantaron el dedo para votar, yo no fui, ¡se los juro! Es más, ni siquiera me encontraba en el estado porque andaba en la ciudad de México junto con medio gabinete, gestionando, sin descanso, con lluvia y con granizo y malpasándome, recursos e inversiones para nuestro estado. Alguien solidario le murmurará al oído “ya no le siga mi gober porque se va a terminar la caja de Kleenex”.
Desgraciadamente esta genial jugada universitaria no le será adjudicada al gobernador Agúndez, al menos no en público, porque sería aceptar una intromisión en asuntos de la universidad y hay que guardar las formas.
Fue una carambola de varias bandas, en donde los ahora consecuentes diputados también les pasaron por encima a un conjunto de autoridades incompetentes que la posteridad conocerá como las viudas de Vale.
Deberíamos aprovechar ahora que el gobernador Agúndez se encuentra en la ciudad de México para que le proponga a Juan Ramón de la Fuente, todavía rector de la UNAM, que cuando termine su periodo nos pudiera venir a asesorar cómo hacer una universidad de excelencia.
Finalmente, también, salieron ganando otros dos olvidados sectores que en este desmadre parece que a nadie le importan: los estudiantes y los padres de familia. Sí, aunque usted no lo crea, existen y los han tenido comiendo basura por dos lustros.
Al señor Fidel Velásquez le pasó lo que al señor Pámanes: permaneció mucho tiempo en la dirigencia obrera sin darse cuenta de que en realidad ya no estaba; de hecho, cuando se murió, hacía tiempo que el país sabía que había fallecido cinco o seis años antes. Igual sucedió con este rector autoritario, incapaz y falto de transparencia, defensor a ultranza de impunidades propias y ajenas, que pasó a la historia negra de la Universidad como un pelele impuesto por Vale, que terminó como un rector que rompió el record de huelgas y que llevó a la UABCS a la ignominia de ocupar el ultimo o penúltimo lugar entre las universidades publicas nacionales, para revelarse, finalmente, como un rector absolutamente incompetente y mediocre para el cumplimiento de esa honrosísima función que le regalaron.
Para bien o para mal los diputados nos representan a todos los sudcalifornianos en el Congreso, por lo menos a quienes votamos, y estos próceres, gracias a una serie de milagrosas circunstancias, aprobaron la nueva Ley Orgánica de la UABCS. Excelente.
¿Por qué ahora sí tomaron la decisión de aprobarla? ¿En qué preciso instante la mayoría de los diputados mutaron cuando el único que estaba de acuerdo con el nuevo ordenamiento era el diputado Martínez Mora? ¿A quien le cargaremos los aciertos, los muertos y el tremendo golazo? Sin ninguna duda a éste último, a quien mantuvieron predicando en el desierto durante poco más de dos años.
Hoy he decidido iluminar a los sudcalifornianos con la cegadora luz del conocimiento.
La tragicomedia universitaria tuvo el desenlace conocido por todos, porque alguien juzgó los hechos en forma acertada, definitiva y contundente, en el momento justo en este tipo de escenarios. Ese juicio tiene que ver más con la identificación del momento preciso en el cual se debe de tomar una decisión eficaz, es un solo instante, irrepetible, y es indispensable distinguir el tiempo exacto en que los elementos se alinean dentro del caos al que llegó el conflicto. La identificación de los tiempos políticos idóneos es una virtud notable que solamente tienen algunos políticos para identificar la circunstancia exacta en que las ganancias sociales son máximas y las pérdidas despreciables. Pero solamente uno puede decidir. La gloria o el infierno en una sola jugada. Parece una jugada de pizarrón, pero no lo es. ¿Quién fue?
Narciso Agúndez dijo ¡ya basta! Pero lo hizo en el momento justo.
Y bastó, porque todos los diputados mutaron, perdón, quise decir votaron, alineaditos, con 18 votos a favor de un total de 18 asistentes a la sesión, y no precisamente porque estuvieran convencidos de pronto sobre las bondades de la nueva Ley Orgánica de la UABCS. La situación en la Universidad llegó a un punto de no retorno en el que todos los participantes en el conflicto se quedaron sin interlocutor, hablando solos y chiflando en la loma, cada quien montado en su macho, rotos los lazos de comunicación entre un fantasma que sostenía ser el rector y los dos sindicatos de trabajadores de la institución que lo desconocieron más la Junta y el gobierno del estado. ¿Y tú… quién eres, le dijeron al hoy ex rector? Y adiós al rector si es que alguna vez hubo uno. Baraja nueva para disputar un gran botín autónomo que al parecer, dependerá ahora sí, solamente de la mayoría de los universitarios.
No hace mucho tiempo el propio gobernador Agúndez les llamo la atención a sus colegas de partido en el Congreso, y al resto de sus integrantes, para que tomaran en cuenta las “propuestas” que de manera preocupada y responsable harían el ahora ex rector y sus corifeos. Sí jefe, le dijeron los tribunos. Fue evidente que esos fingidos deseos de los mafiosos de rectoría de hacer aportaciones geniales e inteligentes, únicas y enriquecedoras de la propuesta de Ley Orgánica jamás las quisieron presentar, jamás aportaron nada que no fuera saliva y obstáculos, simplemente porque no les dio la gana. Los miembros de esta pequeña pandilla se quisieron comer solos el pastelote. Les fallaron los tiempos. Pensaron, y aún lo piensan, que esa universidad de juguete en que han convertido a la UABCS era nomás de ellos y solamente su mafia podría meterle la mano a su antojo como lo han hecho desde hace 10 años.
El gobernador Agúndez dirá: ¿Yoooo? No señor, les juro que yo no fui, soy profundamente respetuoso de la autonomía de la universidad. ¿Pues que, no se fijaron? Fueron los señores diputados quienes en una histórica y responsable votación lograron ponerse de acuerdo y decidieron terminar con 30 años de legislación universitaria obsoleta y mafiosa Ellos fueron quienes levantaron el dedo para votar, yo no fui, ¡se los juro! Es más, ni siquiera me encontraba en el estado porque andaba en la ciudad de México junto con medio gabinete, gestionando, sin descanso, con lluvia y con granizo y malpasándome, recursos e inversiones para nuestro estado. Alguien solidario le murmurará al oído “ya no le siga mi gober porque se va a terminar la caja de Kleenex”.
Desgraciadamente esta genial jugada universitaria no le será adjudicada al gobernador Agúndez, al menos no en público, porque sería aceptar una intromisión en asuntos de la universidad y hay que guardar las formas.
Fue una carambola de varias bandas, en donde los ahora consecuentes diputados también les pasaron por encima a un conjunto de autoridades incompetentes que la posteridad conocerá como las viudas de Vale.
Deberíamos aprovechar ahora que el gobernador Agúndez se encuentra en la ciudad de México para que le proponga a Juan Ramón de la Fuente, todavía rector de la UNAM, que cuando termine su periodo nos pudiera venir a asesorar cómo hacer una universidad de excelencia.
Finalmente, también, salieron ganando otros dos olvidados sectores que en este desmadre parece que a nadie le importan: los estudiantes y los padres de familia. Sí, aunque usted no lo crea, existen y los han tenido comiendo basura por dos lustros.
14 septiembre 2007
CHIAPAS, CLXXXIII ANIVERSARIO DE LA ADHESIÓN DEL ESTADO A LA FEDERACIÓN
Un día como hoy, 14 de septiembre, fue declarado día de fiesta nacional por el entonces Presidente de la República, General Abelardo L. Rodríguez, en un decreto expedido el 22 de diciembre de 1933, con el fin de conmemorar la federación de Chiapas a México, transcurrieron 109 años después de aquel histórico suceso.
La celebración de este aniversario contiene todos los elementos para ser un acto festivo de singular relevancia histórica porque son escasos los estados que libremente deciden unirse a otros por su propia elección.
Celebramos un cumpleaños muy importante que debemos recordar para siempre.
El hecho histórico que ahora conmemoramos tiene, desde luego, una alta significación política. Ponderemos, pues, la decisión de los chiapanecos porque resolvieron una parte importante de su destino: pertenecer al conjunto de estados federados que hoy es México.
Con ese acto soberano, los chiapanecos de ayer nos enriquecieron, y contribuyeron a hacer más grande esta patria mexicana nuestra, de todos.
Porque conviene subrayarlo, para no ser injustos por olvidos involuntarios o aviesos, es legítimo insistir en que los propios chiapanecos fueron quienes decidieron a principios del siglo 19 ser mexicanos de pleno derecho, lo que sea que esto haya significado en esa época. Lo decidieron así el 14 de septiembre de 1824 y dejaron constancia de su decisión en el documento que llamaron “Acta del Pronunciamiento Solemne de Federación del Estado Libre de Chiapas”.
Solamente los seres libres pueden decidir y los chiapanecos lo hicieron.
El dilema de su destino y pertenencia fue resuelto por los chiapanecos en una histórica votación plebiscitaria que arrojó los siguientes resultados: 96,829 chiapanecos se decidieron por la federación de Chiapas a México; 60,400 por la anexión a Guatemala; y 15,724 se declararon neutrales.
Eran los tiempos ya muy lejanos en que los mismísimos presidentes de la república y los gobernadores dirigían personalmente sus batallas por la patria y también las personales.
Eran los tiempos del imperio fallido de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santa Anna gobernador de Veracruz, y de Guadalupe Victoria primer presidente mexicano designado en 1824. Eran los tiempos de Nicolás bravo, de Vicente Guerrero, y de tantos héroes más que ayudaron a construir con su sangre, y el fuego apasionante de sus ideas, la nación mexicana. Todos actuando en un México que apenas nacía a la independencia, cuando la disputa de fondo por la nación se daba entre centralistas y federalistas.
Los chiapanecos decidieron unirse a la federación de los Estados Unidos Mexicanos. Se unificó formalmente lo que la geografía y la historia ya habían unido desde tiempos remotos.
Los chiapanecos se federaron.
Porque deben saber ustedes que el verbo federar sí existe y significa “unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios”.
Tomar este tipo de decisiones, en cualquier tiempo, debe ser muy difícil, pero concede a quienes la asumen un hondo sentido de pertenencia, tal vez mayor si lo comparamos con quienes solamente nacieron en ese territorio sin decidir previamente pertenecer a él.
Y es más trascendente este hecho histórico porque los chiapanecos de entonces bien pudieron haber decidido convertirse en un estado independiente de tamaño medio parecido, más o menos, al promedio de superficie que hoy ocupal algunos países de Centroamérica.
Pero también tuvieron en sus manos la decisión de anexarse a Guatemala y no lo hicieron.
Por eso celebramos que en aquellos lejanos tiempos, hace 183 años, los chiapanecos de entonces hubieran decidido federarse a México.
No hubo grandes batallas ni guerras de conquista para ganar el territorio chiapaneco.
En ese tiempo, no hubo exterminio de pueblos indígenas ni de mestizos ni criollos, tampoco hubo ambición de oros y tesoros para apropiarse del territorio chiapaneco.
No se derramó sangre de ningún mexicano ni de ningún chiapaneco de entonces por la codicia de apropiarnos de un espacio habitado, patrimonio de etnias y pletórico de riquezas naturales.
En Chiapas, después de 183 años, existen 12 de las etnias mexicanas reconocidas, entre las que se encuentran los pueblos Tseltal, Tsotsil, Ch´ol, Tojol-ab´al, Zoque, Chuj, Kanjobal, Mam, Jacalteco, Mochó, Cakchiquel y Lacandón o Maya Caribe.
Si recordamos que Don Miguel Hidalgo y Costilla decretó la abolición de la esclavitud en 1810, que suprimió los tributos pagados por los indígenas a la corona y restituyó las tierras usurpadas a los indios por los hacendados, tendremos la certeza de que los habitantes indígenas originales de esa gran región no fueron consultados, ni mucho menos, participaron en la decisión de formar parte de México porque su condición de indios, casi esclavos, en aquellos lejanos tiempos, los marginó de la toma de las grandes decisiones en el estado, a pesar de que estos pueblos fueron los dueños oroginales de ese vasto territorio y nativos naturales del dilatado espacio que hoy ocupa el estado de Chiapas.
Aún antes de que existieran las fronteras, estos pueblos indígenas ya habitaban y explotaban la región, conviviendo con otras culturas que abarcaban desde los confines del imperio Azteca y Tolteca hasta la zona Olmeca del Golfo de México pasando por las regiones mayas de Yucatán y Guatemala. Todavía quedan restos maravillosos del esplendor de sus culturas.
Al paso de la historia y a la luz de indicadores recientes de bienestar y de desarrollo humano, habrá que preguntarnos hoy, si aquéllos frailes promotores de la unión y los notables mestizos y criollos que participaron en la federación del estado de Chiapas a México en 1824, decidieron correctamente.
Pensemos bien, objetivamente, ¿qué han recibido los chiapanecos a cambio de pertenecer a la federación de los Estados Unidos Mexicanos, a la que decidieron incorporarse por su propia convicción?
En esta polémica cada quien tendrá un punto de vista.
Apuntemos solo algunos datos.
En el Índice de Desarrollo Humano que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, Chiapas está en el fondo del desarrollo nacional: ocupa el lugar número 32, el último sitio entre las 32 entidades federativas que forman hoy los Estados Unidos Mexicanos asociados en una federación.
Chiapas no es un estado pobre, nunca lo ha sido.
Al contrario, es y continua siendo, un estado olvidado por los políticos nacionales y locales aún cuando dispone de un potencial extraordinario de riquezas materiales, naturales y de capital humano.
Chiapas es ahora mismo el octavo estado más grande del país. Sin embargo, uno de sus indicadores básicos en materia de educación primaria en español, revela que ocupan la última posición tanto en primaria como en secundaria comparado con el resto de los estados del país; mientras que el nivel de conocimientos en matemáticas de primaria ocupan el lugar numero 30 y en secundaria ascienden al lugar numero 19, entre los 32 estados del país.
La grata sorpresa que nos dieron las evaluaciones educativas recientes es que en Chiapas se encuentra la mejor escuela primaria del país, la que obtuvo los mejores resultados entre 76,428 escuelas primarias. ¿Cómo fue que lograron esta hazaña con sólo dos maestros para impartir la primaria completa a un puñado de alumnos indígenas y en una escuela escondida en plena selva chiapaneca, en medio de la nada?
Dato insólito para la reflexión de los maestros.
Los chiapanecos han logrado alcanzar un honrosísimo segundo lugar como uno de los estados menos corruptos del país. Desde el 2001 han avanzado de manera sistemática para lograr este envidiable segundo lugar nacional (16º ,6 º y 2º).
También destaca su extraordinaria posición en el Índice de Transparencia Fiscal y Administrativa en donde han ocupado el primer lugar durante los últimos tres años, destacando como el estado con mayor transparencia fiscal y administrativa en relación con el resto de las entidades del país.
Estos avances no son cosa menor, pero no son suficientes para mejorar los niveles de vida de los chiapanecos.
Chiapas es un estado abundante y generoso en recursos humanos y productivos los cuales pueden apuntalar y garantizar su desarrollo. Y en contraste, es un estado habitado por gente que ronda, desde siempre, los peores niveles de bienestar y pobreza en el país.
Cuatro estados del sur y sureste mexicano comparten los más bajos niveles de desarrollo humano. Sin embargo, es Chiapas el estado que ocupa el último lugar.
El 30% del agua superficial de todo México se concentra en Chiapas. También generan alrededor del 54% de la energía hidroeléctrica del país. Aportan el 21% de la producción nacional de petróleo crudo y el 47% de la producción nacional de gas natural.
El estado de Chiapas aporta solamente el 1.7% del producto interno bruto nacional.
Entre las muchas contribuciones chiapanecas a lo mexicano destacan: sus 12 etnias reconocidas, el instrumento de maderas preciosas cuyos ejecutantes son capaces de producir melodías sorprendentes; la formación de la Brigada de Chiapas que luchó y ganó en la batalla de Puebla.
En su territorio construyeron las imponentes presas de Malpaso y Chicoasén. Son los dueños del Cañón del Sumidero y de la Reserva de Montes Azules, primera en su tipo, ubicada en la selva lacandona.
Los chiapanecos nos legaron, también, al poeta Jaime Sabines y a la voz fogosa de Amparo Montes; y también a don Belisario Domínguez; su suelo cobijó a Rosario Castellanos y a Fray Bartolomé de las Casas.
Y ahora mismo abriga, también, al Subcomandante Marcos.
En su suelo residen los sorprendentes murales de Bonampak que son, hoy por hoy, una de las más acabadas aportaciones indígenas a la cultura universal.
Chiapas también cuenta con la mayor cantidad de áreas protegidas del país (37) lo que representa una quinta parte de su territorio (20%) y están distribuidas en las diversas regiones (9) en que se han dividido sus 118 municipios: el Centro, los Altos, la región Fronteriza, la Frailesca, el Norte, la Selva, la Sierra, el Soconusco y el Istmo-Costa.
Ante la realidad actual de Chiapas y el historial de pobreza y explotación ancestral de los pueblos indios originales y recientes, quienes nunca fueron beneficiarios del aprovechamiento de sus grandes riquezas naturales, surgió el 1 de enero de 1994 un movimiento reivindicador de las causas indígenas chiapanecas. Y así, sin más, le declararon la guerra al estado mexicano. Nadie esperaba esta aparición, sorprendente e intempestiva, de una fuerza beligerante indígena, potente y generalizada en una buena parte del estado de Chiapas.
El súbito movimiento indigenista chiapaneco y su declaración de guerra, tuvieron efectos directos y colaterales de amplio espectro. La primera consecuencia fue de gran beneficio porque pusieron el foco de atención en los pueblos indios chiapanecos y nacionales, propiciando la inversión y el desarrollo en la entidad; y tuvieron otro efecto adicional: causaron una gran alarma en todo el país, que sumada a otros factores negativos estructurales y circunstanciales, produjeron una profunda crisis económica de la cual no nos hemos recuperado del todo.
El movimiento indígena chiapaneco se aglutinó en un conglomerado que llamaron Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y buscaba, por medio de las armas, el desarrollo de los pueblos indios chiapanecos. Pero también buscaban que se atendiera su justo y ancestral reclamo de libertad, justicia, desarrollo y autonomía, para los más pobres y los más explotados.
El movimiento indígena chiapaneco cumple ya, este año, 13 de existencia pacífica. Aunque en realidad nunca hubo ninguna guerra en Chiapas, sí se generó un gran movimiento social nacional que reclamó la atención de todo los mexicanos.
Y ahí está.
También, en ultima instancia, la convulsión social originada en Chiapas perseguía aquello que Octavio Paz llamó “la reconciliación final con nuestros orígenes”.
El movimiento social indígena continúa desarrollándose hasta la fecha, pero hace tiempo que ya no transita por los cauces de la guerra fraticida entre mexicanos, sino por otros caminos que conducen más hacia la concordia y a la atención urgente de los problemas que aquejan a los pueblos indios chiapanecos.
Frente a esta panorámica del estado de Chiapas comparto la opinión del historiador Enrique Krauze cuando señala que “con la sublevación de Chiapas uno siente que la historia se le viene encima. La historia como sinónimo de atrasos terribles, ancestrales, de mentalidades antiguas, y hasta de mitos arraigados en el pueblo. Chiapas encarna toda esa historia latente, irresuelta y viva“.
La historia aún se está escribiendo.
Esos son hoy, 14 de septiembre de 2007, algunos claroscuros del estado de Chiapas, quien un día como hoy pero de 1824, hace 183 años, se federaron a la nación mexicana.
Fue un instante glorioso que hoy nos convoca para conmemorar la vigencia de esta unión.
Felicidades, pues, a los chiapanecos.
Y felicidades a México.
La celebración de este aniversario contiene todos los elementos para ser un acto festivo de singular relevancia histórica porque son escasos los estados que libremente deciden unirse a otros por su propia elección.
Celebramos un cumpleaños muy importante que debemos recordar para siempre.
El hecho histórico que ahora conmemoramos tiene, desde luego, una alta significación política. Ponderemos, pues, la decisión de los chiapanecos porque resolvieron una parte importante de su destino: pertenecer al conjunto de estados federados que hoy es México.
Con ese acto soberano, los chiapanecos de ayer nos enriquecieron, y contribuyeron a hacer más grande esta patria mexicana nuestra, de todos.
Porque conviene subrayarlo, para no ser injustos por olvidos involuntarios o aviesos, es legítimo insistir en que los propios chiapanecos fueron quienes decidieron a principios del siglo 19 ser mexicanos de pleno derecho, lo que sea que esto haya significado en esa época. Lo decidieron así el 14 de septiembre de 1824 y dejaron constancia de su decisión en el documento que llamaron “Acta del Pronunciamiento Solemne de Federación del Estado Libre de Chiapas”.
Solamente los seres libres pueden decidir y los chiapanecos lo hicieron.
El dilema de su destino y pertenencia fue resuelto por los chiapanecos en una histórica votación plebiscitaria que arrojó los siguientes resultados: 96,829 chiapanecos se decidieron por la federación de Chiapas a México; 60,400 por la anexión a Guatemala; y 15,724 se declararon neutrales.
Eran los tiempos ya muy lejanos en que los mismísimos presidentes de la república y los gobernadores dirigían personalmente sus batallas por la patria y también las personales.
Eran los tiempos del imperio fallido de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santa Anna gobernador de Veracruz, y de Guadalupe Victoria primer presidente mexicano designado en 1824. Eran los tiempos de Nicolás bravo, de Vicente Guerrero, y de tantos héroes más que ayudaron a construir con su sangre, y el fuego apasionante de sus ideas, la nación mexicana. Todos actuando en un México que apenas nacía a la independencia, cuando la disputa de fondo por la nación se daba entre centralistas y federalistas.
Los chiapanecos decidieron unirse a la federación de los Estados Unidos Mexicanos. Se unificó formalmente lo que la geografía y la historia ya habían unido desde tiempos remotos.
Los chiapanecos se federaron.
Porque deben saber ustedes que el verbo federar sí existe y significa “unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios”.
Tomar este tipo de decisiones, en cualquier tiempo, debe ser muy difícil, pero concede a quienes la asumen un hondo sentido de pertenencia, tal vez mayor si lo comparamos con quienes solamente nacieron en ese territorio sin decidir previamente pertenecer a él.
Y es más trascendente este hecho histórico porque los chiapanecos de entonces bien pudieron haber decidido convertirse en un estado independiente de tamaño medio parecido, más o menos, al promedio de superficie que hoy ocupal algunos países de Centroamérica.
Pero también tuvieron en sus manos la decisión de anexarse a Guatemala y no lo hicieron.
Por eso celebramos que en aquellos lejanos tiempos, hace 183 años, los chiapanecos de entonces hubieran decidido federarse a México.
No hubo grandes batallas ni guerras de conquista para ganar el territorio chiapaneco.
En ese tiempo, no hubo exterminio de pueblos indígenas ni de mestizos ni criollos, tampoco hubo ambición de oros y tesoros para apropiarse del territorio chiapaneco.
No se derramó sangre de ningún mexicano ni de ningún chiapaneco de entonces por la codicia de apropiarnos de un espacio habitado, patrimonio de etnias y pletórico de riquezas naturales.
En Chiapas, después de 183 años, existen 12 de las etnias mexicanas reconocidas, entre las que se encuentran los pueblos Tseltal, Tsotsil, Ch´ol, Tojol-ab´al, Zoque, Chuj, Kanjobal, Mam, Jacalteco, Mochó, Cakchiquel y Lacandón o Maya Caribe.
Si recordamos que Don Miguel Hidalgo y Costilla decretó la abolición de la esclavitud en 1810, que suprimió los tributos pagados por los indígenas a la corona y restituyó las tierras usurpadas a los indios por los hacendados, tendremos la certeza de que los habitantes indígenas originales de esa gran región no fueron consultados, ni mucho menos, participaron en la decisión de formar parte de México porque su condición de indios, casi esclavos, en aquellos lejanos tiempos, los marginó de la toma de las grandes decisiones en el estado, a pesar de que estos pueblos fueron los dueños oroginales de ese vasto territorio y nativos naturales del dilatado espacio que hoy ocupa el estado de Chiapas.
Aún antes de que existieran las fronteras, estos pueblos indígenas ya habitaban y explotaban la región, conviviendo con otras culturas que abarcaban desde los confines del imperio Azteca y Tolteca hasta la zona Olmeca del Golfo de México pasando por las regiones mayas de Yucatán y Guatemala. Todavía quedan restos maravillosos del esplendor de sus culturas.
Al paso de la historia y a la luz de indicadores recientes de bienestar y de desarrollo humano, habrá que preguntarnos hoy, si aquéllos frailes promotores de la unión y los notables mestizos y criollos que participaron en la federación del estado de Chiapas a México en 1824, decidieron correctamente.
Pensemos bien, objetivamente, ¿qué han recibido los chiapanecos a cambio de pertenecer a la federación de los Estados Unidos Mexicanos, a la que decidieron incorporarse por su propia convicción?
En esta polémica cada quien tendrá un punto de vista.
Apuntemos solo algunos datos.
En el Índice de Desarrollo Humano que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, Chiapas está en el fondo del desarrollo nacional: ocupa el lugar número 32, el último sitio entre las 32 entidades federativas que forman hoy los Estados Unidos Mexicanos asociados en una federación.
Chiapas no es un estado pobre, nunca lo ha sido.
Al contrario, es y continua siendo, un estado olvidado por los políticos nacionales y locales aún cuando dispone de un potencial extraordinario de riquezas materiales, naturales y de capital humano.
Chiapas es ahora mismo el octavo estado más grande del país. Sin embargo, uno de sus indicadores básicos en materia de educación primaria en español, revela que ocupan la última posición tanto en primaria como en secundaria comparado con el resto de los estados del país; mientras que el nivel de conocimientos en matemáticas de primaria ocupan el lugar numero 30 y en secundaria ascienden al lugar numero 19, entre los 32 estados del país.
La grata sorpresa que nos dieron las evaluaciones educativas recientes es que en Chiapas se encuentra la mejor escuela primaria del país, la que obtuvo los mejores resultados entre 76,428 escuelas primarias. ¿Cómo fue que lograron esta hazaña con sólo dos maestros para impartir la primaria completa a un puñado de alumnos indígenas y en una escuela escondida en plena selva chiapaneca, en medio de la nada?
Dato insólito para la reflexión de los maestros.
Los chiapanecos han logrado alcanzar un honrosísimo segundo lugar como uno de los estados menos corruptos del país. Desde el 2001 han avanzado de manera sistemática para lograr este envidiable segundo lugar nacional (16º ,6 º y 2º).
También destaca su extraordinaria posición en el Índice de Transparencia Fiscal y Administrativa en donde han ocupado el primer lugar durante los últimos tres años, destacando como el estado con mayor transparencia fiscal y administrativa en relación con el resto de las entidades del país.
Estos avances no son cosa menor, pero no son suficientes para mejorar los niveles de vida de los chiapanecos.
Chiapas es un estado abundante y generoso en recursos humanos y productivos los cuales pueden apuntalar y garantizar su desarrollo. Y en contraste, es un estado habitado por gente que ronda, desde siempre, los peores niveles de bienestar y pobreza en el país.
Cuatro estados del sur y sureste mexicano comparten los más bajos niveles de desarrollo humano. Sin embargo, es Chiapas el estado que ocupa el último lugar.
El 30% del agua superficial de todo México se concentra en Chiapas. También generan alrededor del 54% de la energía hidroeléctrica del país. Aportan el 21% de la producción nacional de petróleo crudo y el 47% de la producción nacional de gas natural.
El estado de Chiapas aporta solamente el 1.7% del producto interno bruto nacional.
Entre las muchas contribuciones chiapanecas a lo mexicano destacan: sus 12 etnias reconocidas, el instrumento de maderas preciosas cuyos ejecutantes son capaces de producir melodías sorprendentes; la formación de la Brigada de Chiapas que luchó y ganó en la batalla de Puebla.
En su territorio construyeron las imponentes presas de Malpaso y Chicoasén. Son los dueños del Cañón del Sumidero y de la Reserva de Montes Azules, primera en su tipo, ubicada en la selva lacandona.
Los chiapanecos nos legaron, también, al poeta Jaime Sabines y a la voz fogosa de Amparo Montes; y también a don Belisario Domínguez; su suelo cobijó a Rosario Castellanos y a Fray Bartolomé de las Casas.
Y ahora mismo abriga, también, al Subcomandante Marcos.
En su suelo residen los sorprendentes murales de Bonampak que son, hoy por hoy, una de las más acabadas aportaciones indígenas a la cultura universal.
Chiapas también cuenta con la mayor cantidad de áreas protegidas del país (37) lo que representa una quinta parte de su territorio (20%) y están distribuidas en las diversas regiones (9) en que se han dividido sus 118 municipios: el Centro, los Altos, la región Fronteriza, la Frailesca, el Norte, la Selva, la Sierra, el Soconusco y el Istmo-Costa.
Ante la realidad actual de Chiapas y el historial de pobreza y explotación ancestral de los pueblos indios originales y recientes, quienes nunca fueron beneficiarios del aprovechamiento de sus grandes riquezas naturales, surgió el 1 de enero de 1994 un movimiento reivindicador de las causas indígenas chiapanecas. Y así, sin más, le declararon la guerra al estado mexicano. Nadie esperaba esta aparición, sorprendente e intempestiva, de una fuerza beligerante indígena, potente y generalizada en una buena parte del estado de Chiapas.
El súbito movimiento indigenista chiapaneco y su declaración de guerra, tuvieron efectos directos y colaterales de amplio espectro. La primera consecuencia fue de gran beneficio porque pusieron el foco de atención en los pueblos indios chiapanecos y nacionales, propiciando la inversión y el desarrollo en la entidad; y tuvieron otro efecto adicional: causaron una gran alarma en todo el país, que sumada a otros factores negativos estructurales y circunstanciales, produjeron una profunda crisis económica de la cual no nos hemos recuperado del todo.
El movimiento indígena chiapaneco se aglutinó en un conglomerado que llamaron Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y buscaba, por medio de las armas, el desarrollo de los pueblos indios chiapanecos. Pero también buscaban que se atendiera su justo y ancestral reclamo de libertad, justicia, desarrollo y autonomía, para los más pobres y los más explotados.
El movimiento indígena chiapaneco cumple ya, este año, 13 de existencia pacífica. Aunque en realidad nunca hubo ninguna guerra en Chiapas, sí se generó un gran movimiento social nacional que reclamó la atención de todo los mexicanos.
Y ahí está.
También, en ultima instancia, la convulsión social originada en Chiapas perseguía aquello que Octavio Paz llamó “la reconciliación final con nuestros orígenes”.
El movimiento social indígena continúa desarrollándose hasta la fecha, pero hace tiempo que ya no transita por los cauces de la guerra fraticida entre mexicanos, sino por otros caminos que conducen más hacia la concordia y a la atención urgente de los problemas que aquejan a los pueblos indios chiapanecos.
Frente a esta panorámica del estado de Chiapas comparto la opinión del historiador Enrique Krauze cuando señala que “con la sublevación de Chiapas uno siente que la historia se le viene encima. La historia como sinónimo de atrasos terribles, ancestrales, de mentalidades antiguas, y hasta de mitos arraigados en el pueblo. Chiapas encarna toda esa historia latente, irresuelta y viva“.
La historia aún se está escribiendo.
Esos son hoy, 14 de septiembre de 2007, algunos claroscuros del estado de Chiapas, quien un día como hoy pero de 1824, hace 183 años, se federaron a la nación mexicana.
Fue un instante glorioso que hoy nos convoca para conmemorar la vigencia de esta unión.
Felicidades, pues, a los chiapanecos.
Y felicidades a México.
28 julio 2007
LAS VACACIONES CORTAS
Esta columna no se publicó en El Sudcaliforniano
Hay trabajadores municipales que realmente merecen vacacionar, lo reconozco, pero son los menos, apenas unos cuantos, lo cual es una verdadera desgracia para el Ayuntamiento. Hay áreas donde a unos pocos se les carga el trabajo y apenas pueden desahogar sus pendientes durante dos o tres jornadas de trabajo. Pero hay muchos más que no han hecho nada por merecer unos días de descanso, simplemente porque no tienen nada de qué descansar. El descanso implica, primero, diría Perogrullo, cansarse, y se supone que trabajando a favor del Ayuntamiento, o más allá, a favor de los paceños.
Me referiré a éstos últimos, a los que se esfuerzan por cansarse pero no lo logran, porque no se dedican a desempeñar ninguna tarea productiva. Ahí los verá usted, estacionados como si fueran parte del edificio, convidados de piedra, destinando el tiempo, a sus actividades personales o simplemente a la chacota a pesar de que usted y yo les pagamos religiosamente cada quincena por hacer algo productivo. Es verdad que algunos realmente se cansan de no hacer nada, quedan agotados al final de la jornada. Y se van a descansar pero ahora a su casa y lo peor de todo es que realmente piensan que merecen el descanso.
Existe una camada de empleados, dizque trabajadores del Ayuntamiento, cuyas únicas labores son llegar a checar, si es que tienen algún control de asistencia; también se esfuerzan por saludar a sus compañeros todos los días en largas charlas que llegan a durar hasta una hora o dos; se dan tiempo para desayunar convirtiendo su escritorio en una mesa de fonda, apestando todo su entorno y el de los demás con frutas, tortas o cualquier otra fritanga; también dentro de su horario de trabajo van al banco, o a recoger su ropa en la planchaduría, al Chat, al Internet, a los correos electrónicos, a los mandados de la casa y se dedican a cualquier otra cosa personal menos a darle un poco de su tiempo al municipio que puntualmente les paga por un tiempo que debería ser socialmente productivo. Usted, esforzada trabajadora o trabajador del municipio, seguramente conoce a varios de estos especimenes, analícelos, y saque la cuenta de cuánto tiempo trabajan realmente durante las siete horas, ni siquiera las ocho que marca la Ley, que con un gran esfuerzo les logra pagar el municipio. Algunos no dan golpe en todo el día.
Estos coyotes disfrutan de sus vacaciones largas porque a eso se dedican durante sus jornadas de trabajo todo el año. Pero como tienen logros laborales, no importa si son sindicalizados o de confianza, pues también disfrutarán de sus vacaciones cortas ya que éstas solamente durarán 10 o 15 días dependiendo de su antigüedad. Son trabajadores privilegiados que disfrutan de dos periodos de vacaciones: uno largo en el que supuestamente trabajan y otro corto, en donde ya no “trabajan”, se liberan de ir a la oficina o a su lugar de trabajo.
Imagínese usted que un buen día el Alcalde se levantara con la espada desenvainada, enfurecido, abrumado por las presiones cotidianas y decide que por las escasas disponibilidades financieras que existen en el Ayuntamiento, debido, por ejemplo, a los requerimientos de pago del ISSSTE y decenas más de compromisos, hay que hacer un recorte de personal y se va a su casa el 30% de los trabajadores, mas o menos mil empleados de los tres mil que son actualmente. Todos debidamente liquidados conforme a la Ley, sin abusos, pagando lo que realmente les corresponde.
¿Qué cree usted que pasaría con las actividades y servicios del municipio?
No se esfuerce, distinguido lector, yo se lo voy a decir, no pasaría nada.
De verdad, absolutamente nada.
Claro que las autoridades enfrentarían la furibunda reacción de los “trabajadores” quienes defenderían “sus” plazas, porque son de ellos, de su propiedad, no se le olvide, laborista lector, que incluso las pueden heredar a sus descendientes. También escucharíamos las consignas clásicas que se suelen gritar en estos casos de las cuales enumero solamente tres: el gobierno está en contra de los trabajadores, nos quieren quitar nuestra fuente de trabajo y nos iremos a la huelga para defender nuestros derechos adquiridos.
¿Cuánto le costarían estas liquidaciones a las finanzas del Ayuntamiento?
Por ahora nadie lo sabe pero ya lo están calculando, están haciendo ejercicios para ver si se puede y de qué tamaño será el boquete. Pero serán varios millones, no muchos porque los sueldos del personal general no es muy alto, pero costará dinero y tendrá, desde luego, un costo político que si no es convenientemente manejado puede convertirse en una migraña.
¿Aparecerán en la lista de los liquidados los parientes de autoridades municipales pasadas y actuales? Yo apuesto a que no pero usted, lector, tiene la última palabra. Para llevar a cabo una medida de este tipo se requieren varias cosas: Claridad política, habilidad para operar esta medida, huevos, muchos huevos, y tal vez si no es en esta administración, ovarios, muchos ovarios y dinero.
Pero no se apaniquen, que nadie se preocupe porque nada de esto sucederá, solamente les conté otro cuento chino producto de la calentura laboral. Además, dudo mucho que un perredista se decida por una política de este tipo porque siempre “defienden las fuentes de trabajo” aunque estos trabajos no le sirvan a la comunidad porque solo benefician al suertudo “trabajador”.
Hay trabajadores municipales que realmente merecen vacacionar, lo reconozco, pero son los menos, apenas unos cuantos, lo cual es una verdadera desgracia para el Ayuntamiento. Hay áreas donde a unos pocos se les carga el trabajo y apenas pueden desahogar sus pendientes durante dos o tres jornadas de trabajo. Pero hay muchos más que no han hecho nada por merecer unos días de descanso, simplemente porque no tienen nada de qué descansar. El descanso implica, primero, diría Perogrullo, cansarse, y se supone que trabajando a favor del Ayuntamiento, o más allá, a favor de los paceños.
Me referiré a éstos últimos, a los que se esfuerzan por cansarse pero no lo logran, porque no se dedican a desempeñar ninguna tarea productiva. Ahí los verá usted, estacionados como si fueran parte del edificio, convidados de piedra, destinando el tiempo, a sus actividades personales o simplemente a la chacota a pesar de que usted y yo les pagamos religiosamente cada quincena por hacer algo productivo. Es verdad que algunos realmente se cansan de no hacer nada, quedan agotados al final de la jornada. Y se van a descansar pero ahora a su casa y lo peor de todo es que realmente piensan que merecen el descanso.
Existe una camada de empleados, dizque trabajadores del Ayuntamiento, cuyas únicas labores son llegar a checar, si es que tienen algún control de asistencia; también se esfuerzan por saludar a sus compañeros todos los días en largas charlas que llegan a durar hasta una hora o dos; se dan tiempo para desayunar convirtiendo su escritorio en una mesa de fonda, apestando todo su entorno y el de los demás con frutas, tortas o cualquier otra fritanga; también dentro de su horario de trabajo van al banco, o a recoger su ropa en la planchaduría, al Chat, al Internet, a los correos electrónicos, a los mandados de la casa y se dedican a cualquier otra cosa personal menos a darle un poco de su tiempo al municipio que puntualmente les paga por un tiempo que debería ser socialmente productivo. Usted, esforzada trabajadora o trabajador del municipio, seguramente conoce a varios de estos especimenes, analícelos, y saque la cuenta de cuánto tiempo trabajan realmente durante las siete horas, ni siquiera las ocho que marca la Ley, que con un gran esfuerzo les logra pagar el municipio. Algunos no dan golpe en todo el día.
Estos coyotes disfrutan de sus vacaciones largas porque a eso se dedican durante sus jornadas de trabajo todo el año. Pero como tienen logros laborales, no importa si son sindicalizados o de confianza, pues también disfrutarán de sus vacaciones cortas ya que éstas solamente durarán 10 o 15 días dependiendo de su antigüedad. Son trabajadores privilegiados que disfrutan de dos periodos de vacaciones: uno largo en el que supuestamente trabajan y otro corto, en donde ya no “trabajan”, se liberan de ir a la oficina o a su lugar de trabajo.
Imagínese usted que un buen día el Alcalde se levantara con la espada desenvainada, enfurecido, abrumado por las presiones cotidianas y decide que por las escasas disponibilidades financieras que existen en el Ayuntamiento, debido, por ejemplo, a los requerimientos de pago del ISSSTE y decenas más de compromisos, hay que hacer un recorte de personal y se va a su casa el 30% de los trabajadores, mas o menos mil empleados de los tres mil que son actualmente. Todos debidamente liquidados conforme a la Ley, sin abusos, pagando lo que realmente les corresponde.
¿Qué cree usted que pasaría con las actividades y servicios del municipio?
No se esfuerce, distinguido lector, yo se lo voy a decir, no pasaría nada.
De verdad, absolutamente nada.
Claro que las autoridades enfrentarían la furibunda reacción de los “trabajadores” quienes defenderían “sus” plazas, porque son de ellos, de su propiedad, no se le olvide, laborista lector, que incluso las pueden heredar a sus descendientes. También escucharíamos las consignas clásicas que se suelen gritar en estos casos de las cuales enumero solamente tres: el gobierno está en contra de los trabajadores, nos quieren quitar nuestra fuente de trabajo y nos iremos a la huelga para defender nuestros derechos adquiridos.
¿Cuánto le costarían estas liquidaciones a las finanzas del Ayuntamiento?
Por ahora nadie lo sabe pero ya lo están calculando, están haciendo ejercicios para ver si se puede y de qué tamaño será el boquete. Pero serán varios millones, no muchos porque los sueldos del personal general no es muy alto, pero costará dinero y tendrá, desde luego, un costo político que si no es convenientemente manejado puede convertirse en una migraña.
¿Aparecerán en la lista de los liquidados los parientes de autoridades municipales pasadas y actuales? Yo apuesto a que no pero usted, lector, tiene la última palabra. Para llevar a cabo una medida de este tipo se requieren varias cosas: Claridad política, habilidad para operar esta medida, huevos, muchos huevos, y tal vez si no es en esta administración, ovarios, muchos ovarios y dinero.
Pero no se apaniquen, que nadie se preocupe porque nada de esto sucederá, solamente les conté otro cuento chino producto de la calentura laboral. Además, dudo mucho que un perredista se decida por una política de este tipo porque siempre “defienden las fuentes de trabajo” aunque estos trabajos no le sirvan a la comunidad porque solo benefician al suertudo “trabajador”.
26 junio 2007
EL QUE SE MUERA PRIMERO PIERDE
¡Qué bárbaros! Ahora sí se pasaron en el Issste.
Desde la semana pasada se encuentran representando una comedia de humor negro titulada Abatimiento del Rezago Quirúrgico que resulta insultante para la mayoría de los derechohabientes. La Delegada Estatal de la institución habla de alrededor de 140 personas que tienen un rezago de meses, y algunos, años, en la programación de sus cirugías. Dicen que ahora sí, que de verdad sí están preocupados por la salud de todos los estoicos enfermos que esperan turno para una miserable operación. Al Issste le pasó lo mismo que aquel zopenco que estaba entrenando a su caballo para no comer y reaccionó con sorpresa y espantado cuando el pobre animal se le murió.
Pues les tengo una noticia a estos diligentes empleados del Issste, a sus jefes y al propio Presidente Calderón quien ya los urgió a que se apliquen de inmediato a invertir lo que ya se tiene autorizado a partir de la nueva ley del Issste. La buena nueva que les daré, también con humor negro para no desentonar de su comedia, es que les va a bajar considerablemente esta chamba extraordinaria que están planeando. Los rezagados quirúrgicos que están buscando afanosamente por la prensa y por el radio, se encuentran ya a buen resguardo en los panteones de Los Sanjuanes o en el Jardines del Recuerdo.
Su enfermedad no les permitió resistir los prolongados meses de espera y, con mucha pena por dejar en evidencia al Issste, se tuvieron que morir. Algunos irónicos con sentido del humor le dejaron una carta a la Delegada pidiéndole una disculpa ya que no pudieron esperar más su ansiada cirugía. Usté perdone, le dijeron.
Hubo algunos enfermos suertudos que con sus exiguos ahorros o financiado por parientes o bancos, encontraron la forma de operarse en algún hospital particular o inclusive en el Salvatierra con los mismos médicos cirujanos que trabajan en el Issste, porque ya ve usted que un doctor tiene cuatro o cinco chambas.
Estos respetables médicos, enfermeras y empleados, todos esforzados trabajadores del Issste, contagiados súbitamente por el virus de la responsabilidad y del trabajo, dicen que ahora sí se ocuparán de resolver los problemas de los derechohabientes, lo harán en sábados y domingos, noches y días, sin descanso, con frío y con calor y en horarios especiales con la finalidad de abatir el rezago y atender como se debe, ¡ya!, a los interminables enfermos que aún se encuentran en una larga fila en espera de cirugías pendientes de acuerdo a sus listas. Conste, ellos no van a buscarlos a sus casas, ni establecen contacto directo con los rezagados. No. El que no lea la prensa que se muera. Ni modo. Los que se enteren oyendo el radio o leyendo algún periódico, deben ir como un rebaño obediente al llamado de estos esforzados trabajadores para formarse nuevamente en las filas de las clínicas para que les den una nueva fecha y, ahora sí, con la esperanza cierta de que ya se pueden operar.
Y yo me pregunto ¿porqué estos esforzados médicos, enfermeras y personal todo del Issste no hicieron este programa antes de que los rezagados se murieran?
Pues eso sí quién sabe. Sólo ellos y sus autoridades lo sabrán. Aquí es donde entra la política deliberada del estado para demoler a una institución y con ello crear un entorno favorable para permitir la aprobación de una ley ruinosa para los trabajadores.
A los que ya no podrán rescatar, ni siquiera en presentación de esqueletos desvencijados, son aquellos que decidieron convertirse en ceniza para siempre en el viejo horno crematorio del Ayuntamiento que se encuentra en el Panteón Jardines del Recuerdo. Por cierto, pronto habrá uno nuevecito que no requiere de 12 o 15 horas para reducir a ceniza a los amantes del fuego eterno que así lo decidan, el nuevo equipo nos dejará en calidad de polvillo en una hora.
La mala noticia dentro de esta terrible comedia montada por el Issste, es que no habrá operaciones para todos los enfermos de la fila porque solamente serán cuatro especialidades las que entrarán al programa. Me acuerdo de dos que mencionaron: otorrino y oftalmo, así lo dijo el médico que escuche en una entrevista de radio. Y si como habló opera, que Dios nos agarre confesados. Todos los demás enfermitos ya se pueden ir muriendo aunque sea de la risa por esta comedia ramplona, o de plano, morirse de a de veras porque, con la pena, no será posible atenderlos a pesar de la “gran disposición y compromiso” que tienen, de pronto, los empleados del Issste.
Otra parte destacada de esta farsa es que cuando usted va a registrarse, en caso de que lo pueda hacer por su propio pie, para que ahora sí, por fin lo operen, simplemente le dan una nueva fecha. Seguramente le dirán que ya no será una espera de 18 meses para la cirugía sino de solamente tres meses. Y si su enfermedad, paciente lector, no está incluida dentro de las cuatro especialidades, entonces tenga paciencia, ¡sí señor!, no se raje, un poco más de la que ya tuvo, y siga formado calladito en la línea hasta que el destino lo alcance, cualquiera que sea.
De verdad que estos esforzados trabajadores del Issste no tienen vergüenza.
Ante el creciente descontento de los burócratas en todo el país por la nueva ley, las autoridades del Issste tiene que hacer algo de impacto, según ellos, para detener en alguna medida el alto grado de deterioro que tiene el nuevo ordenamiento en el ánimo de los trabajadores porque cada vez conocen más el tamaño del golpe que les asestaron.
Desde la semana pasada se encuentran representando una comedia de humor negro titulada Abatimiento del Rezago Quirúrgico que resulta insultante para la mayoría de los derechohabientes. La Delegada Estatal de la institución habla de alrededor de 140 personas que tienen un rezago de meses, y algunos, años, en la programación de sus cirugías. Dicen que ahora sí, que de verdad sí están preocupados por la salud de todos los estoicos enfermos que esperan turno para una miserable operación. Al Issste le pasó lo mismo que aquel zopenco que estaba entrenando a su caballo para no comer y reaccionó con sorpresa y espantado cuando el pobre animal se le murió.
Pues les tengo una noticia a estos diligentes empleados del Issste, a sus jefes y al propio Presidente Calderón quien ya los urgió a que se apliquen de inmediato a invertir lo que ya se tiene autorizado a partir de la nueva ley del Issste. La buena nueva que les daré, también con humor negro para no desentonar de su comedia, es que les va a bajar considerablemente esta chamba extraordinaria que están planeando. Los rezagados quirúrgicos que están buscando afanosamente por la prensa y por el radio, se encuentran ya a buen resguardo en los panteones de Los Sanjuanes o en el Jardines del Recuerdo.
Su enfermedad no les permitió resistir los prolongados meses de espera y, con mucha pena por dejar en evidencia al Issste, se tuvieron que morir. Algunos irónicos con sentido del humor le dejaron una carta a la Delegada pidiéndole una disculpa ya que no pudieron esperar más su ansiada cirugía. Usté perdone, le dijeron.
Hubo algunos enfermos suertudos que con sus exiguos ahorros o financiado por parientes o bancos, encontraron la forma de operarse en algún hospital particular o inclusive en el Salvatierra con los mismos médicos cirujanos que trabajan en el Issste, porque ya ve usted que un doctor tiene cuatro o cinco chambas.
Estos respetables médicos, enfermeras y empleados, todos esforzados trabajadores del Issste, contagiados súbitamente por el virus de la responsabilidad y del trabajo, dicen que ahora sí se ocuparán de resolver los problemas de los derechohabientes, lo harán en sábados y domingos, noches y días, sin descanso, con frío y con calor y en horarios especiales con la finalidad de abatir el rezago y atender como se debe, ¡ya!, a los interminables enfermos que aún se encuentran en una larga fila en espera de cirugías pendientes de acuerdo a sus listas. Conste, ellos no van a buscarlos a sus casas, ni establecen contacto directo con los rezagados. No. El que no lea la prensa que se muera. Ni modo. Los que se enteren oyendo el radio o leyendo algún periódico, deben ir como un rebaño obediente al llamado de estos esforzados trabajadores para formarse nuevamente en las filas de las clínicas para que les den una nueva fecha y, ahora sí, con la esperanza cierta de que ya se pueden operar.
Y yo me pregunto ¿porqué estos esforzados médicos, enfermeras y personal todo del Issste no hicieron este programa antes de que los rezagados se murieran?
Pues eso sí quién sabe. Sólo ellos y sus autoridades lo sabrán. Aquí es donde entra la política deliberada del estado para demoler a una institución y con ello crear un entorno favorable para permitir la aprobación de una ley ruinosa para los trabajadores.
A los que ya no podrán rescatar, ni siquiera en presentación de esqueletos desvencijados, son aquellos que decidieron convertirse en ceniza para siempre en el viejo horno crematorio del Ayuntamiento que se encuentra en el Panteón Jardines del Recuerdo. Por cierto, pronto habrá uno nuevecito que no requiere de 12 o 15 horas para reducir a ceniza a los amantes del fuego eterno que así lo decidan, el nuevo equipo nos dejará en calidad de polvillo en una hora.
La mala noticia dentro de esta terrible comedia montada por el Issste, es que no habrá operaciones para todos los enfermos de la fila porque solamente serán cuatro especialidades las que entrarán al programa. Me acuerdo de dos que mencionaron: otorrino y oftalmo, así lo dijo el médico que escuche en una entrevista de radio. Y si como habló opera, que Dios nos agarre confesados. Todos los demás enfermitos ya se pueden ir muriendo aunque sea de la risa por esta comedia ramplona, o de plano, morirse de a de veras porque, con la pena, no será posible atenderlos a pesar de la “gran disposición y compromiso” que tienen, de pronto, los empleados del Issste.
Otra parte destacada de esta farsa es que cuando usted va a registrarse, en caso de que lo pueda hacer por su propio pie, para que ahora sí, por fin lo operen, simplemente le dan una nueva fecha. Seguramente le dirán que ya no será una espera de 18 meses para la cirugía sino de solamente tres meses. Y si su enfermedad, paciente lector, no está incluida dentro de las cuatro especialidades, entonces tenga paciencia, ¡sí señor!, no se raje, un poco más de la que ya tuvo, y siga formado calladito en la línea hasta que el destino lo alcance, cualquiera que sea.
De verdad que estos esforzados trabajadores del Issste no tienen vergüenza.
Ante el creciente descontento de los burócratas en todo el país por la nueva ley, las autoridades del Issste tiene que hacer algo de impacto, según ellos, para detener en alguna medida el alto grado de deterioro que tiene el nuevo ordenamiento en el ánimo de los trabajadores porque cada vez conocen más el tamaño del golpe que les asestaron.
01 junio 2007
EL SUSSS
Habrá que revisar con detenimiento el Artículo 205 de la nueva Ley del Issste el cual aplicado en sus términos hará que les tiemblen las canillitas a Narciso Agúndez y a Víctor Castro, y un poco menos, tal vez, al resto de los Alcaldes. La parte sustancial de este artículo dice “…A tal efecto, a los Trabajadores incorporados les será aplicable el Sueldo Básico calculándose sus años de cotización a partir de la celebración del convenio, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente.
En los convenios de incorporación que incluyan reconocimiento de antigüedad deberán pagarse o garantizarse previamente las Reservas que resulten de los estudios actuariales para el puntual cumplimiento de los seguros, prestaciones y servicios que señala esta Ley y realizarse las Aportaciones necesarias a las Cuentas Individuales de los Trabajadores incorporados para que su saldo sea equivalente a la antigüedad que se les pretenda reconocer. Igualmente, en los casos de sustitución de régimen de seguridad social, las Reservas constituidas deberán transferirse en favor del Instituto en la forma y términos en que se convenga”.
Así pues habrá convenios con y sin reconocimiento de antigüedad.
Cuando no hay reconocimiento de antigüedad, es claro que serán los casos de los trabajadores que inician sus contratos con alguna dependencia o entidad.
Pero en el caso de aquellos trabajadores a los que sí debería reconocérseles su antigüedad la cosa se complica sobremanera porque para firmar el convenio primero se tendrá que pagar (con dinero en efectivo) o garantizarse (con cargo a las participaciones federales) las reservas necesarias para constituir el respaldo pensionario.
También habrá que revisar lo que se indica en el Transitorio trigésimo séptimo que a la letra dice: “El Instituto y los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, así como sus Dependencias y Entidades, deberán adecuar los convenios que hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a los términos previstos en el presente ordenamiento, en un plazo que no excederá del día treinta de junio de dos mil ocho. Los convenios de incorporación parcial al régimen obligatorio celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley, podrán renovarse como convenios parciales, con la obligación de ajustarse al régimen de esta Ley. En los casos en que no se cumpla con lo previsto en los párrafos anteriores, y que los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, y sus Dependencias y Entidades no pudieren convenir la garantía incondicional del pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo, los convenios de incorporación se deberán rescindir dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto en el primer párrafo de este artículo”.
Tal vez sea la hora de que el gobierno del estado y los cinco ayuntamientos tomen medidas verdaderamente de fondo, definitivas, como las que aquí esbozaré pero que resumo en una sola frase: Adiós al Issste porque puede ser que nos salga más caro el caldo que las albóndigas.
1. Fundar nuestro propio Sistema Universal de Seguridad Social Sudcaliforniano (el SUSSS) que incluya los seguros básicos además de las prestaciones y servicios acordes a los que establece la nueva Ley del Issste. O menos o más, ya se verá.
2. Iniciar de inmediato los estudios actuariales para evaluar los costos para el gobierno del estado y los municipales, porque apenas habrá tiempo de hacerlo y, desde luego, determinar cuánto les costará a los trabajadores. El SUSSS daría origen a una ley estatal basada en los consensos más amplios, donde intervengan no solamente las cúpulas de los trabajadores. El criterio básico será “todos ponen” para crear un sistema de seguridad social autosuficiente, sano en su operación. Y rentable.
3. El SUSSS deberá estar más o menos alineado con los dos grandes sistemas de pensiones que hoy existen: el IMSS y el ISSSTE.
4. Garantizar a los trabajadores el reconocimiento de su antigüedad el cual puede ser mediante bonos de pensión semejantes a los de la nueva Ley del Issste. De esta forma no existe un desembolso inmediato de recursos sino solamente obligaciones de papel que se harán efectivas en el momento que le convenga al trabajador.
5. O simplemente adoptar el sistema de reparto si fuera conveniente.
6. Crear una Afore pública propia del estado que administre las cuentas individuales de los trabajadores y que redistribuya las utilidades obtenidas entre los cuenta habientes, después de la constitución de reservas y gastos de operación. Una de las más grandes ventajas de este fondo pensionario, multimillonario en el largo plazo es algo invaluable: es inagotable, y le proporcionará al estado el ahorro suficiente, que hoy no tiene ni tendrá, para realizar inversiones de larga maduración como carreteras, hospitales o viviendas. Las Afores son un negocio rentable, pues que lo sea para los trabajadores y no para los banqueros.
7. Incluir en el SUSSS un sistema de pensiones contributivas y no contributivas con equidad de género para hacer extensiva la justicia social a todos los trabajadores sudcalifornianos.
8. Hacer una propuesta de compra de los yonques, que parecen hospitales, actualmente propiedad del Issste en el estado y pagar lo que arroje el avalúo. Remodelarlos. Comprar el puro cascarón sin los actuales empleados porque ya no tienen remedio, solamente sería rescatable el 10% de los mismos, así que más vale que se vayan todos y si fuera conveniente se recontrataría a los que sirvan, previa evaluación.
En uno o dos meses podríamos tener estimaciones consistentes de los costos y un diseño inteligente, básico, del SUSSS. Claro, siempre y cuando nuestro eficiente y eficaz Nabor García Aguirre, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, se aplique, previa bendición de Narciso Agúndez y los cinco alcaldes, y después de que todos juntos acaben de tragar camote al leer esta propuesta.
Aquí es donde se acaba el discurso y no alcanza la saliva.
En los convenios de incorporación que incluyan reconocimiento de antigüedad deberán pagarse o garantizarse previamente las Reservas que resulten de los estudios actuariales para el puntual cumplimiento de los seguros, prestaciones y servicios que señala esta Ley y realizarse las Aportaciones necesarias a las Cuentas Individuales de los Trabajadores incorporados para que su saldo sea equivalente a la antigüedad que se les pretenda reconocer. Igualmente, en los casos de sustitución de régimen de seguridad social, las Reservas constituidas deberán transferirse en favor del Instituto en la forma y términos en que se convenga”.
Así pues habrá convenios con y sin reconocimiento de antigüedad.
Cuando no hay reconocimiento de antigüedad, es claro que serán los casos de los trabajadores que inician sus contratos con alguna dependencia o entidad.
Pero en el caso de aquellos trabajadores a los que sí debería reconocérseles su antigüedad la cosa se complica sobremanera porque para firmar el convenio primero se tendrá que pagar (con dinero en efectivo) o garantizarse (con cargo a las participaciones federales) las reservas necesarias para constituir el respaldo pensionario.
También habrá que revisar lo que se indica en el Transitorio trigésimo séptimo que a la letra dice: “El Instituto y los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, así como sus Dependencias y Entidades, deberán adecuar los convenios que hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a los términos previstos en el presente ordenamiento, en un plazo que no excederá del día treinta de junio de dos mil ocho. Los convenios de incorporación parcial al régimen obligatorio celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley, podrán renovarse como convenios parciales, con la obligación de ajustarse al régimen de esta Ley. En los casos en que no se cumpla con lo previsto en los párrafos anteriores, y que los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, y sus Dependencias y Entidades no pudieren convenir la garantía incondicional del pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo, los convenios de incorporación se deberán rescindir dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto en el primer párrafo de este artículo”.
Tal vez sea la hora de que el gobierno del estado y los cinco ayuntamientos tomen medidas verdaderamente de fondo, definitivas, como las que aquí esbozaré pero que resumo en una sola frase: Adiós al Issste porque puede ser que nos salga más caro el caldo que las albóndigas.
1. Fundar nuestro propio Sistema Universal de Seguridad Social Sudcaliforniano (el SUSSS) que incluya los seguros básicos además de las prestaciones y servicios acordes a los que establece la nueva Ley del Issste. O menos o más, ya se verá.
2. Iniciar de inmediato los estudios actuariales para evaluar los costos para el gobierno del estado y los municipales, porque apenas habrá tiempo de hacerlo y, desde luego, determinar cuánto les costará a los trabajadores. El SUSSS daría origen a una ley estatal basada en los consensos más amplios, donde intervengan no solamente las cúpulas de los trabajadores. El criterio básico será “todos ponen” para crear un sistema de seguridad social autosuficiente, sano en su operación. Y rentable.
3. El SUSSS deberá estar más o menos alineado con los dos grandes sistemas de pensiones que hoy existen: el IMSS y el ISSSTE.
4. Garantizar a los trabajadores el reconocimiento de su antigüedad el cual puede ser mediante bonos de pensión semejantes a los de la nueva Ley del Issste. De esta forma no existe un desembolso inmediato de recursos sino solamente obligaciones de papel que se harán efectivas en el momento que le convenga al trabajador.
5. O simplemente adoptar el sistema de reparto si fuera conveniente.
6. Crear una Afore pública propia del estado que administre las cuentas individuales de los trabajadores y que redistribuya las utilidades obtenidas entre los cuenta habientes, después de la constitución de reservas y gastos de operación. Una de las más grandes ventajas de este fondo pensionario, multimillonario en el largo plazo es algo invaluable: es inagotable, y le proporcionará al estado el ahorro suficiente, que hoy no tiene ni tendrá, para realizar inversiones de larga maduración como carreteras, hospitales o viviendas. Las Afores son un negocio rentable, pues que lo sea para los trabajadores y no para los banqueros.
7. Incluir en el SUSSS un sistema de pensiones contributivas y no contributivas con equidad de género para hacer extensiva la justicia social a todos los trabajadores sudcalifornianos.
8. Hacer una propuesta de compra de los yonques, que parecen hospitales, actualmente propiedad del Issste en el estado y pagar lo que arroje el avalúo. Remodelarlos. Comprar el puro cascarón sin los actuales empleados porque ya no tienen remedio, solamente sería rescatable el 10% de los mismos, así que más vale que se vayan todos y si fuera conveniente se recontrataría a los que sirvan, previa evaluación.
En uno o dos meses podríamos tener estimaciones consistentes de los costos y un diseño inteligente, básico, del SUSSS. Claro, siempre y cuando nuestro eficiente y eficaz Nabor García Aguirre, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, se aplique, previa bendición de Narciso Agúndez y los cinco alcaldes, y después de que todos juntos acaben de tragar camote al leer esta propuesta.
Aquí es donde se acaba el discurso y no alcanza la saliva.
24 mayo 2007
EL SUELDO BÁSICO DEL ISSSTE, LOS SINDICATOS, LOS TRABAJADORES Y SUS PATRONES
Veamos qué pasa con otro de los beneficiarios de la nueva Ley: el gobierno federal. De manera clara intervienen dos instancias, y aparece un concepto definido como Dependencias y Entidades, las que vendrían a ser en realidad los patrones directos, y en lo que es propiamente el gobierno federal en su condición de estado, en donde ambos sectores son partícipes complementarios a las cuotas del trabajador y son las que más aportan en este juego de “todos ponen”. Algunos piensan que el gobierno federal se sacó la lotería, afirmación parcialmente cierta. En realidad tampoco le saldrá tan barato, al menos no todavía, tendremos que ver lo que ocurre en el largo plazo, pero lo que sí es seguro es que no tendrá costo cero. Es apenas un respiro. Existe la certeza de que en el largo plazo, el costo de la reforma será sustancialmente menor al valor actual presente del adeudo pensionario sin reforma, pero no de cero pesos y esto equivaldrá a algunos puntos del PIB, tal vez varios. Recuerde usted que al gobierno federal asumirá la responsabilidad de continuar el pago de las pensiones en curso, es decir, de todos los burócratas que ya están jubilados, además del pago de una cuota solidaria permanente para los trabajadores actuales, llamada Cuota Social, y otras significativas aportaciones. Esta acción desembocará de inmediato en una liberación evidente del presupuesto del Issste al separar pensiones y servicios para los burócratas. Es claro también que el gobierno federal pagará estas pensiones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y eso quiere decir, desprendido lector, que usted y el resto de los generosos mexicanos que pagamos impuestos seremos quienes solidariamente costearemos una parte de estas pensiones hasta que los extrabajadores y sus beneficiarios con derecho, fallezcan. Vamos a complicarnos la vida un poco con algunos números. El presidente Calderón estima el costo de la reforma a la Ley del Issste en 9 billones de pesos. El secretario Castrens estima el costo de la misma reforma en 2 billones de pesos. La misma SHCP estima en otros comunicados que el costo andará por los 25 mil millones de pesos, si así fuera sería muy barata; también sostienen que para el 2011 ya no tendrá costo para el gobierno y eso es una gran mentira. Y yo no le creo nada a ninguno de los dos declarantes porque cifras tan dispares solamente significan una cosa: nadie sabe el costo real de la reforma. Le doy un ultimo dato, juicioso lector, el costo actual de las pensiones de los burócratas es de alrededor de 50 mil millones de pesos anuales.
Otro concepto interesante incluido en la nueva Ley pero que no se ha aplicado, consiste en lo que llaman ahorro solidario en donde por cada peso que ponga el trabajador el gobierno federal aportará 3.25 pesos con un tope de hasta el 6.05% del sueldo básico del trabajador. Por cierto este concepto de Sueldo Básico es otra fuente de confusión en la nueva Ley porque lo definen así: “Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado”, es decir, el sueldo básico puede ser cualquier cosa. Pero más adelante intentan definirlo en la nueva Ley, sin éxito, en los transitorios: “TRIGÉSIMO QUINTO. El cálculo del Sueldo Básico señalado en esta Ley, en ningún caso podrá dar por resultado una cantidad menor al Sueldo Básico establecido en la Ley que se abroga para el cálculo de las Cuotas y Aportaciones al Instituto”. Aumenta la confusión. Entonces nos obligan a recurrir a lo que decía la Ley del Issste anterior y sólo de esta manera llegamos a descubrir, al fin, a qué carajos se refieren la Ley vigente cuando menciona sueldo básico: [Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo. Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña. ''Sobresueldo'' es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios]. Después de entender a plenitud lo que es el sueldo básico los trabajadores comenzarán a entender el tamaño de su tragedia.
La cruda realidad para los trabajadores, el estado y el municipio, es que ninguno de los tres ha pagado al Issste, nunca, sus aportaciones completas, es decir, aquellas que deberían ser calculadas con base en el salario integrado incluyendo la suma del sueldo ordinario, el sobresueldo y la compensación, sino que lo hacen, tramposamente, sobre una cantidad mucho menor al sueldo real que reciben los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador gana 7 mil pesos al mes, entonces su patrón, es decir las autoridades gubernamentales del estado y los ayuntamientos, deciden cotizar al Issste sobre una base salarial de 1,500 pesos, y lo condenan a realizar aportaciones miserables, ahora en su flamante cuenta individual, con las que nunca tendrá acceso a una pensión decorosa, ya no digamos equivalente a lo que gana actualmente. Así, quien afirme que la cuenta individual les dará a los trabajadores una pensión inclusive superior al sueldo actual que gana están sosteniendo una mentira monumental y yo la he escuchado nada menos que en boca del Director del Issste. En este ejemplo, el trabajador será forzado a pensionarse con la pensión mínima garantizada equivalente a dos salarios mínimos, jamás lo hará con una cantidad cercana a su sueldo real. Yo no lo inventé basta entrar a la calculadora que tienen en la página Web del Issste para saber que con ese salario base de cotización solamente tendrá derecho a recibir la fantástica suma de 730 pesos mensuales de pensión, y ese es el pasaporte a la pensión mínima garantizada. Con esta medida los gobiernos estatales y municipales se ahorran unos pesos pero pasan a perjudicar al comodino trabajador. En el caso de nuestro estado maravilla, si ocurriera el milagro de que las autoridades cotizaran sobre el salario real de los trabajadores quebraría de inmediato. No hay recursos suficientes, al menos, no para los trabajadores. Por eso el castigado es siempre el empleado, nunca su patrón que es el gobierno estatal o municipal.
A pesar de la importancia de este dato, por su significado en términos presupuestales y sociales, nadie lo menciona porque no vaya a ser que los trabajadores comiencen a preguntar y luego se alebresten, les surjan malas ideas y exijan lo que en derecho les corresponde.
Las autoridades son las que definen, unilateral e ilegalmente, con cuánto salario inscriben a los trabajadores en el Issste y éstos aguantan vara porque también pagarán menos. El gobernador, los presidentes municipales, las autoridades del Issste y el gobierno federal saben que este procedimiento era ilegal según la Ley del Issste anterior y también es ilegal con la Ley actual. En estricto sentido es un atraco al trabajador, le están robando su futuro. Esto lo saben los líderes sindicales y en años no han hecho nada. La realidad es que en el futuro tampoco moverán un dedo a favor de sus agremiados, los verborreicos líderes no están ahí para la defensa de los trabajadores. Pero hace ya tiempo que no engañan a nadie.
Otro concepto interesante incluido en la nueva Ley pero que no se ha aplicado, consiste en lo que llaman ahorro solidario en donde por cada peso que ponga el trabajador el gobierno federal aportará 3.25 pesos con un tope de hasta el 6.05% del sueldo básico del trabajador. Por cierto este concepto de Sueldo Básico es otra fuente de confusión en la nueva Ley porque lo definen así: “Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado”, es decir, el sueldo básico puede ser cualquier cosa. Pero más adelante intentan definirlo en la nueva Ley, sin éxito, en los transitorios: “TRIGÉSIMO QUINTO. El cálculo del Sueldo Básico señalado en esta Ley, en ningún caso podrá dar por resultado una cantidad menor al Sueldo Básico establecido en la Ley que se abroga para el cálculo de las Cuotas y Aportaciones al Instituto”. Aumenta la confusión. Entonces nos obligan a recurrir a lo que decía la Ley del Issste anterior y sólo de esta manera llegamos a descubrir, al fin, a qué carajos se refieren la Ley vigente cuando menciona sueldo básico: [Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo. Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña. ''Sobresueldo'' es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios]. Después de entender a plenitud lo que es el sueldo básico los trabajadores comenzarán a entender el tamaño de su tragedia.
La cruda realidad para los trabajadores, el estado y el municipio, es que ninguno de los tres ha pagado al Issste, nunca, sus aportaciones completas, es decir, aquellas que deberían ser calculadas con base en el salario integrado incluyendo la suma del sueldo ordinario, el sobresueldo y la compensación, sino que lo hacen, tramposamente, sobre una cantidad mucho menor al sueldo real que reciben los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador gana 7 mil pesos al mes, entonces su patrón, es decir las autoridades gubernamentales del estado y los ayuntamientos, deciden cotizar al Issste sobre una base salarial de 1,500 pesos, y lo condenan a realizar aportaciones miserables, ahora en su flamante cuenta individual, con las que nunca tendrá acceso a una pensión decorosa, ya no digamos equivalente a lo que gana actualmente. Así, quien afirme que la cuenta individual les dará a los trabajadores una pensión inclusive superior al sueldo actual que gana están sosteniendo una mentira monumental y yo la he escuchado nada menos que en boca del Director del Issste. En este ejemplo, el trabajador será forzado a pensionarse con la pensión mínima garantizada equivalente a dos salarios mínimos, jamás lo hará con una cantidad cercana a su sueldo real. Yo no lo inventé basta entrar a la calculadora que tienen en la página Web del Issste para saber que con ese salario base de cotización solamente tendrá derecho a recibir la fantástica suma de 730 pesos mensuales de pensión, y ese es el pasaporte a la pensión mínima garantizada. Con esta medida los gobiernos estatales y municipales se ahorran unos pesos pero pasan a perjudicar al comodino trabajador. En el caso de nuestro estado maravilla, si ocurriera el milagro de que las autoridades cotizaran sobre el salario real de los trabajadores quebraría de inmediato. No hay recursos suficientes, al menos, no para los trabajadores. Por eso el castigado es siempre el empleado, nunca su patrón que es el gobierno estatal o municipal.
A pesar de la importancia de este dato, por su significado en términos presupuestales y sociales, nadie lo menciona porque no vaya a ser que los trabajadores comiencen a preguntar y luego se alebresten, les surjan malas ideas y exijan lo que en derecho les corresponde.
Las autoridades son las que definen, unilateral e ilegalmente, con cuánto salario inscriben a los trabajadores en el Issste y éstos aguantan vara porque también pagarán menos. El gobernador, los presidentes municipales, las autoridades del Issste y el gobierno federal saben que este procedimiento era ilegal según la Ley del Issste anterior y también es ilegal con la Ley actual. En estricto sentido es un atraco al trabajador, le están robando su futuro. Esto lo saben los líderes sindicales y en años no han hecho nada. La realidad es que en el futuro tampoco moverán un dedo a favor de sus agremiados, los verborreicos líderes no están ahí para la defensa de los trabajadores. Pero hace ya tiempo que no engañan a nadie.
19 mayo 2007
LA NUEVA LEY DEL ISSSTE
La Ley ha estado cobijada por el fantasma de Alí Baba y los cuarenta rapaces que representan la profesora y el otro líder de los burócratas, ambos líderes de las organizaciones burocráticas más importantes del país. La pérfida imagen de este par de pilluelos y su negro historial de bribonadas han contaminado la Ley porque, se dice, a mi juicio sin fundamento, que se darán un atracón de varios miles de millones de pesos al disponer estos golfillos del dinero acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores en las que se depositarán sus fondos pensionarios, de vivienda, cuota solidaria del gobierno federal y el ahorro voluntario de aquellos que así lo decidan. Es razonable esta duda por el historial de los próceres sindicales. Si a estos antecedentes le sumamos la participación del propio Pensioniste y de las Afores privadas en el cobro desmedido de comisiones la cosa se enreda y crece la desconfianza. Así no habría dinero que alcance para recibir una pensión decorosa.
Las razones esgrimidas para cambiar la Ley son variadas: que ya no nos morimos a los 62 sino a los 78 años y más, que el Issste se encuentra en quiebra casi total, que no hay médicos ni medicinas, que ya no operan a nadie, que el nivel de equipamiento es tan obsoleto que da vergüenza, que el porcentaje del Producto Interno Bruto (o sea el valor de todos los bienes y servicios que producimos los mexicanos en un año) requerido para hacer frente a las obligaciones actuales y futuras contraídas por el estado con los adultos mayores eran insostenibles, que antes había 25 empleados activos por cada jubilado y hoy son solamente cuatro. Y un factor adicional, esencial para explicar la reforma: los costos de salud de los pensionados serán cada vez mayores, hoy lo son, porque a los viejos de la tercera edad los atacan en mayor medida las enfermedades crónicas y degenerativas, y su tratamiento es sumamente largo y costoso. Todo es cierto. Pero también hay afirmaciones que son medias verdades, depende de quién las juzgue y de los anteojos que se ponga para analizar el problema.
El hecho real, trascendental, es que con la reforma a la Ley del Issste ya quedan más o menos alineados los dos más grandes sistemas de seguridad social en México, el IMSS con 48 millones de mexicanos derechohabientes y 14 millones de cotizantes al mes de enero de 2007, y el del Issste con 2.3 millones de cotizantes y 10 millones de beneficiarios. Más 10.6 millones amparados por el programa IMSS oportunidades; y súmele unos 16 millones de personas inscritas en el Seguro Popular al término del 2006. En total son alrededor de 85 millones de personas quienes ya cuentan con algún sistema de seguridad social. Es claro que solamente es el inicio de la conformación futura del previsible y aún lejano Sistema Nacional de Pensiones que se concretará algún día. Esa fue la razón para hacerlo, a la manera de Jack: parte por parte, no había condiciones para hacerlo de otra manera, entre otros motivos por la gran variedad de sistemas de pensiones que existen en el país, su alto costo y complejidad. Los actores políticos no permitirían que se hiciera de otra forma, además de que una reforma integral implica un trabajo enorme y había que ir alineando poco a poco los sistemas de pensiones empezando con los más grandes. Esta gran reforma del Issste ya apunta hacia una evolución integral que debe llegar inclusive a modificar la Constitución Política del país para cambiar la absurda división que clasifica a los trabajadores en función del lugar en donde trabajen. En los tiempos actuales eso es una anomalía.
Recordemos que antes del sábado 31 de marzo de 2007, fecha de publicación de la nueva Ley del Issste en el Diario Oficial de la Federación, eran solamente dos pilares los que sostenían el sistema de seguridad social de la burocracia: los trabajadores y el gobierno federal. Ahora serán tres columnas: los mismos trabajadores, el propio gobierno federal y lo que llaman en la Ley Entidades y Dependencias. Las primeras son organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las Entidades Federativas o municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de la Ley. Y las segundas, son las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las Entidades Federativas y municipios que se incorporen al régimen de la Ley. A final de cuentas, las Entidades y Dependencias obtienen sus recursos de los impuestos. Este no es un cambio menor o cosmético.
Las 21 prestaciones y servicios actuales no desaparecen en la nueva Ley del Issste, como han dicho algunos interesadamente o desinformados, sino que se reagrupan en cuatro seguros: I. De salud, que comprende: a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación física y mental; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De invalidez y vida. Alineación perfecta con el IMSS.
Los trabajadores tendrán que tomar una decisión entre el 1º de enero de 2008 y el día último de junio, es decir, dispondrán formalmente de seis meses para optar, y su elección será “definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse”, según sentencia de la nueva Ley. Decidirán si se quedan en el limbo de la Ley anterior o se van al nuevo paraíso de las cuentas individuales. Pero si los trabajadores no eligen ninguna de las dos opciones permanecerán en el filo de la navaja porque la Ley no define, hasta ahora, qué hacer con ellos, solamente indica en una críptica sentencia: “Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los Trabajadores que no manifiesten su elección”. ¿Usted le entendió? Yo tampoco. Más bien suena como a una amenaza porque estas disposiciones “motivan un serio cuestionamiento respecto de la constitucionalidad del esquema de opción planteado, porque pareciera la aplicación indebidamente retroactiva de la nueva legislación a los trabajadores que actualmente cotizan en el régimen pensionario de los burócratas”, según afirma el Senador Tomás Torres Mercado en su propuesta de modificaciones a la Ley, ahora vigente, ante varias inconsistencia que ya identificaron en el nuevo ordenamiento. Habrá que esperar.
Las razones esgrimidas para cambiar la Ley son variadas: que ya no nos morimos a los 62 sino a los 78 años y más, que el Issste se encuentra en quiebra casi total, que no hay médicos ni medicinas, que ya no operan a nadie, que el nivel de equipamiento es tan obsoleto que da vergüenza, que el porcentaje del Producto Interno Bruto (o sea el valor de todos los bienes y servicios que producimos los mexicanos en un año) requerido para hacer frente a las obligaciones actuales y futuras contraídas por el estado con los adultos mayores eran insostenibles, que antes había 25 empleados activos por cada jubilado y hoy son solamente cuatro. Y un factor adicional, esencial para explicar la reforma: los costos de salud de los pensionados serán cada vez mayores, hoy lo son, porque a los viejos de la tercera edad los atacan en mayor medida las enfermedades crónicas y degenerativas, y su tratamiento es sumamente largo y costoso. Todo es cierto. Pero también hay afirmaciones que son medias verdades, depende de quién las juzgue y de los anteojos que se ponga para analizar el problema.
El hecho real, trascendental, es que con la reforma a la Ley del Issste ya quedan más o menos alineados los dos más grandes sistemas de seguridad social en México, el IMSS con 48 millones de mexicanos derechohabientes y 14 millones de cotizantes al mes de enero de 2007, y el del Issste con 2.3 millones de cotizantes y 10 millones de beneficiarios. Más 10.6 millones amparados por el programa IMSS oportunidades; y súmele unos 16 millones de personas inscritas en el Seguro Popular al término del 2006. En total son alrededor de 85 millones de personas quienes ya cuentan con algún sistema de seguridad social. Es claro que solamente es el inicio de la conformación futura del previsible y aún lejano Sistema Nacional de Pensiones que se concretará algún día. Esa fue la razón para hacerlo, a la manera de Jack: parte por parte, no había condiciones para hacerlo de otra manera, entre otros motivos por la gran variedad de sistemas de pensiones que existen en el país, su alto costo y complejidad. Los actores políticos no permitirían que se hiciera de otra forma, además de que una reforma integral implica un trabajo enorme y había que ir alineando poco a poco los sistemas de pensiones empezando con los más grandes. Esta gran reforma del Issste ya apunta hacia una evolución integral que debe llegar inclusive a modificar la Constitución Política del país para cambiar la absurda división que clasifica a los trabajadores en función del lugar en donde trabajen. En los tiempos actuales eso es una anomalía.
Recordemos que antes del sábado 31 de marzo de 2007, fecha de publicación de la nueva Ley del Issste en el Diario Oficial de la Federación, eran solamente dos pilares los que sostenían el sistema de seguridad social de la burocracia: los trabajadores y el gobierno federal. Ahora serán tres columnas: los mismos trabajadores, el propio gobierno federal y lo que llaman en la Ley Entidades y Dependencias. Las primeras son organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las Entidades Federativas o municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de la Ley. Y las segundas, son las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las Entidades Federativas y municipios que se incorporen al régimen de la Ley. A final de cuentas, las Entidades y Dependencias obtienen sus recursos de los impuestos. Este no es un cambio menor o cosmético.
Las 21 prestaciones y servicios actuales no desaparecen en la nueva Ley del Issste, como han dicho algunos interesadamente o desinformados, sino que se reagrupan en cuatro seguros: I. De salud, que comprende: a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación física y mental; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De invalidez y vida. Alineación perfecta con el IMSS.
Los trabajadores tendrán que tomar una decisión entre el 1º de enero de 2008 y el día último de junio, es decir, dispondrán formalmente de seis meses para optar, y su elección será “definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse”, según sentencia de la nueva Ley. Decidirán si se quedan en el limbo de la Ley anterior o se van al nuevo paraíso de las cuentas individuales. Pero si los trabajadores no eligen ninguna de las dos opciones permanecerán en el filo de la navaja porque la Ley no define, hasta ahora, qué hacer con ellos, solamente indica en una críptica sentencia: “Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los Trabajadores que no manifiesten su elección”. ¿Usted le entendió? Yo tampoco. Más bien suena como a una amenaza porque estas disposiciones “motivan un serio cuestionamiento respecto de la constitucionalidad del esquema de opción planteado, porque pareciera la aplicación indebidamente retroactiva de la nueva legislación a los trabajadores que actualmente cotizan en el régimen pensionario de los burócratas”, según afirma el Senador Tomás Torres Mercado en su propuesta de modificaciones a la Ley, ahora vigente, ante varias inconsistencia que ya identificaron en el nuevo ordenamiento. Habrá que esperar.
07 mayo 2007
ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO. EL II INFORME PACEÑO
Los paceños tenemos la memoria flaca. Nuestros recuerdos del pasado reciente se encuentran atrofiados. Y francamente no sé porqué me vienen a la mente algunas emblemáticas canciones de Paquita la del Barrio cuando comparo esta administración municipal de La Paz con otras de infausta nostalgia.
Los paceños estuvimos sumidos en un destino miserable al que ya casi nos tenían acostumbrados: a las penurias, a la pobreza intelectual, a la depredación administrativa como sistema de gobierno, a la falta de transparencia, a la desaparición de archivos, a la falta de registros contables sistemáticos y al orden en la finanzas públicas, a que no rindieran cuentas de sus actos, en suma, no merecíamos a esos políticos metidos a administradores para medrar, ni a mafias y pandillas políticas tribales.
Los paceños, postizos y naturales, somos parcos para el recuerdo. Somos adoradores de lo inmediato. Es una forma de ser, y tal vez, sea un mecanismo de autodefensa de la sociedad contra los malos políticos y frente a los desastres.
En el pasado reciente fuimos administrados por equipos cimentados en la complicidad y la corrupción para conducir el saqueo indiscriminado. Y recurrimos al olvido, como si no quisiéramos acordarnos o para intentar salir de una tormentosa pesadilla. Cada una de aquellas administraciones hacía lo imposible por superar a la anterior en sus niveles de pillaje y tragedia. Por eso, tal vez, nos cobijamos en el olvido y la indiferencia para hundirnos en un síndrome de inconsciencia y de incompetencia colectiva.
Se nos olvida también, que los políticos conocen a la perfección nuestra patológica vocación por la desmemoria, aún hoy la usan, juegan y jugarán siempre a su favor con el olvido de la gente.
Se nos olvidó que hoy, por segundo año consecutivo, cobran puntualmente su salario todos los empleados del Ayuntamiento y si hubiera algún infrecuente retraso, de apenas unos días, éste nunca ha afectado a los empleados de base; no hay demoras de cinco y ocho quincenas para cobrar su sueldo, ni vergonzosos rechazos en las ventanillas de los bancos. También se nos olvidó que los proveedores de bienes y servicios que surten al Ayuntamiento ahora sí están cobrando sus facturas con oportunidad dentro de los usos y costumbres que privan en el sistema comercial; hasta hoy no han recibido como pago cientos de cheques de hule. No hace mucho, vimos a decenas de pequeñas empresas quebradas por ese sistema de pago de 30, 60 y 90 vueltas al abismo y acabaron empujándolas al despeñadero. Eso también se nos olvidó.
Olvidamos que las administraciones municipales de los últimos diez años dejaron a las finanzas del Ayuntamiento de La Paz en la más espantosa ruina, se heredaban uno a otro una institución completamente quebrada por su pésima y depredadora gestión.
Se nos olvida que hoy existe información relevante del Ayuntamiento, al alcance de todos y sometida al escrutinio público. Que el presupuesto municipal se encuentra a la disposición de cualquiera en Internet. Que las cuentas públicas pueden ser consultadas por quien lo desee porque se publican en la página Web del Ayuntamiento.
También olvidamos que ahora existe un programa consistente de auditorias a las dependencias y entidades municipales. Hay vigilancia y control. Olvidamos también que se aplica, y funciona, un programa coherente y realista de austeridad para todos. Hay orden en el ejercicio de los escasos fondos captados por el Ayuntamiento.
Sumidos en la inmediatez, olvidamos rápidamente las filas interminables e indignas de cientos de menesterosos, más fingidos que reales, formados en las oficinas de aquellos presidentes municipales esperando su turno para recibir migajas o limosnas a cargo del erario sin ninguna justificación ni vergüenza.
Todo eso y mucho más dejamos en el olvido.
Hace muchos años que los paceños no escuchábamos a un alcalde informando logros consistentes, modestos avances y equilibrios financieros razonables, rindiendo cuentas y sometiéndose al escrutinio público informado. Parecen logros simples pero esa simpleza requirió de voluntad, principios, honestidad y compromiso. No hay quejas interminables sobre los servicios que otorga el Ayuntamiento y cuando las hay de peso, debemos buscar las razones de fondo en otros tiempos y no en el actual porque ninguno de aquellos bandoleros trabajó para el futuro. Se nos olvidó que hoy existe un sistema responsable de atención a quejas y denuncias ciudadanas, que no hay una sola queja formal sin atender.
El olvido y la indiferencia nos hacen injustos, nos vuelven ingratos y no permiten reconocer las diferencias, los modos, las formas, los progresos moderados pero constantes obtenidos con la participación de la comunidad. En el pasado informe de Víctor Castro atestiguamos, asombrados, y por primera vez en lustros, que no habíamos caminado para atrás. Desapareció la reversa.
Es una tragedia pensar que este XII Ayuntamiento paceño nació de la nada, sin historia ni principio, tal cual, cargado de miserias de toda índole, de problemas aparentemente insuperables porque así nos dijeron que era y así lo atestiguamos durante años. Y nos llevaron a pensar que así fue siempre el ayuntamiento: quebrado y en ruinas, polvoso y sin esperanza, carente de fondos para el pago de lo más indispensable, y lo más grave, lograron convencernos que esa era su naturaleza. Aceptamos con resignación un destino fatal. Estuvimos condenados a padecer por siempre la subadministración y el cinismo. Jodidos pero contentos abrazados al olvido.
Ahora mismo vemos que este fenómeno comenzó a morir, y espero que sea para siempre.
Por eso es importante no perder la memoria. Debemos tener presente quién es quién en la historia de las torpezas municipales, y también debemos saber, con claridad, a quién cargarle los aciertos cuando los hay, sin regateos ni egoísmos. No basta decirlo una vez, hay que repetirlo para exorcizar a los demonios del olvido y recuperar la memoria colectiva.
Hay quien reclama, debo suponer que de buena fe, la ausencia de cifras y datos en el informe, a la manera de aquellos larguísimos y aburridos discursos, en los que después de la danza de los millones y las mentiras descomunales nos vencían por cansancio y se atenían siempre a la amnesia y la indiferencia de los paceños. Ahora mismo el que quiera datos y cifras precisos, puede recurrir al apéndice estadístico que contiene el mismo informe. Pero no es válido recurrir al olvido como método de análisis o reclamar datos y cifras que, por una economía premeditada del acto mismo, ya no era posible sostener porque se convertía en un suplicio para aturdir a los invitados. Por cierto, así fue diseñado y decidido por el mismo Alcalde.
Algunos pensaron que en el acto mismo obtendrían información de fondo y datos duros para sus análisis, y en parte se equivocaron, esa información no esta contenida solamente en el informe que leyó el Alcalde, pero sí la encontrarán en el texto ampliado y en el anexo estadístico completo publicado en Internet el mismo día del informe.
Hoy tuvimos un evento más político, más reflexivo, más serio, más de reconocimiento a la comunidad toda: trabajadores, empresarios, sociedad civil, organizaciones ciudadanas y Cabildo. Más corto, sin espacio para el fastidio. Todo el informe duró alrededor de una hora y media. Sin listas ni acarreos, y estuvo presente quien quiso asistir.
Uno puede estar de acuerdo o no con el formato del informe. Eso es otra cosa. Lo que no va a desaparecer nunca es el acto político. Es parte del ritual indispensable que requieren de tiempo en tiempo la sociedad y el político, y forma parte de la pedagogía de lo público. Para bien o para mal. Para engañar o decir la verdad. Y también es probable, aunque muy discutible porque depende de estilos personales, que no se hayan mencionado asuntos públicos importantes para algunos, enfoques, ideas, énfasis, análisis y definiciones. No hubo triunfalismo y se destacaron puntualmente los problemas y retos que aún padecemos. Y tampoco hubo mentiras. Y como no hay informe perfecto, habrá tiempo para la crítica constructiva y las propuestas informadas. Ah, y Narciso Agúndez se comprometió públicamente a ayudar, para resolver en definitiva, las carencias en el abastecimiento de agua en la capital. Ya veremos.
Por estas y muchas otras razones que ya no caben aquí, quiero decirle al Alcalde de La Paz, a Víctor Castro Cosío, que lo felicito por su II informe y por su chamba comprometida. Sin regateos ni mezquindades porque los logros de los servidores públicos merecen un reconocimiento público.
Los paceños estuvimos sumidos en un destino miserable al que ya casi nos tenían acostumbrados: a las penurias, a la pobreza intelectual, a la depredación administrativa como sistema de gobierno, a la falta de transparencia, a la desaparición de archivos, a la falta de registros contables sistemáticos y al orden en la finanzas públicas, a que no rindieran cuentas de sus actos, en suma, no merecíamos a esos políticos metidos a administradores para medrar, ni a mafias y pandillas políticas tribales.
Los paceños, postizos y naturales, somos parcos para el recuerdo. Somos adoradores de lo inmediato. Es una forma de ser, y tal vez, sea un mecanismo de autodefensa de la sociedad contra los malos políticos y frente a los desastres.
En el pasado reciente fuimos administrados por equipos cimentados en la complicidad y la corrupción para conducir el saqueo indiscriminado. Y recurrimos al olvido, como si no quisiéramos acordarnos o para intentar salir de una tormentosa pesadilla. Cada una de aquellas administraciones hacía lo imposible por superar a la anterior en sus niveles de pillaje y tragedia. Por eso, tal vez, nos cobijamos en el olvido y la indiferencia para hundirnos en un síndrome de inconsciencia y de incompetencia colectiva.
Se nos olvida también, que los políticos conocen a la perfección nuestra patológica vocación por la desmemoria, aún hoy la usan, juegan y jugarán siempre a su favor con el olvido de la gente.
Se nos olvidó que hoy, por segundo año consecutivo, cobran puntualmente su salario todos los empleados del Ayuntamiento y si hubiera algún infrecuente retraso, de apenas unos días, éste nunca ha afectado a los empleados de base; no hay demoras de cinco y ocho quincenas para cobrar su sueldo, ni vergonzosos rechazos en las ventanillas de los bancos. También se nos olvidó que los proveedores de bienes y servicios que surten al Ayuntamiento ahora sí están cobrando sus facturas con oportunidad dentro de los usos y costumbres que privan en el sistema comercial; hasta hoy no han recibido como pago cientos de cheques de hule. No hace mucho, vimos a decenas de pequeñas empresas quebradas por ese sistema de pago de 30, 60 y 90 vueltas al abismo y acabaron empujándolas al despeñadero. Eso también se nos olvidó.
Olvidamos que las administraciones municipales de los últimos diez años dejaron a las finanzas del Ayuntamiento de La Paz en la más espantosa ruina, se heredaban uno a otro una institución completamente quebrada por su pésima y depredadora gestión.
Se nos olvida que hoy existe información relevante del Ayuntamiento, al alcance de todos y sometida al escrutinio público. Que el presupuesto municipal se encuentra a la disposición de cualquiera en Internet. Que las cuentas públicas pueden ser consultadas por quien lo desee porque se publican en la página Web del Ayuntamiento.
También olvidamos que ahora existe un programa consistente de auditorias a las dependencias y entidades municipales. Hay vigilancia y control. Olvidamos también que se aplica, y funciona, un programa coherente y realista de austeridad para todos. Hay orden en el ejercicio de los escasos fondos captados por el Ayuntamiento.
Sumidos en la inmediatez, olvidamos rápidamente las filas interminables e indignas de cientos de menesterosos, más fingidos que reales, formados en las oficinas de aquellos presidentes municipales esperando su turno para recibir migajas o limosnas a cargo del erario sin ninguna justificación ni vergüenza.
Todo eso y mucho más dejamos en el olvido.
Hace muchos años que los paceños no escuchábamos a un alcalde informando logros consistentes, modestos avances y equilibrios financieros razonables, rindiendo cuentas y sometiéndose al escrutinio público informado. Parecen logros simples pero esa simpleza requirió de voluntad, principios, honestidad y compromiso. No hay quejas interminables sobre los servicios que otorga el Ayuntamiento y cuando las hay de peso, debemos buscar las razones de fondo en otros tiempos y no en el actual porque ninguno de aquellos bandoleros trabajó para el futuro. Se nos olvidó que hoy existe un sistema responsable de atención a quejas y denuncias ciudadanas, que no hay una sola queja formal sin atender.
El olvido y la indiferencia nos hacen injustos, nos vuelven ingratos y no permiten reconocer las diferencias, los modos, las formas, los progresos moderados pero constantes obtenidos con la participación de la comunidad. En el pasado informe de Víctor Castro atestiguamos, asombrados, y por primera vez en lustros, que no habíamos caminado para atrás. Desapareció la reversa.
Es una tragedia pensar que este XII Ayuntamiento paceño nació de la nada, sin historia ni principio, tal cual, cargado de miserias de toda índole, de problemas aparentemente insuperables porque así nos dijeron que era y así lo atestiguamos durante años. Y nos llevaron a pensar que así fue siempre el ayuntamiento: quebrado y en ruinas, polvoso y sin esperanza, carente de fondos para el pago de lo más indispensable, y lo más grave, lograron convencernos que esa era su naturaleza. Aceptamos con resignación un destino fatal. Estuvimos condenados a padecer por siempre la subadministración y el cinismo. Jodidos pero contentos abrazados al olvido.
Ahora mismo vemos que este fenómeno comenzó a morir, y espero que sea para siempre.
Por eso es importante no perder la memoria. Debemos tener presente quién es quién en la historia de las torpezas municipales, y también debemos saber, con claridad, a quién cargarle los aciertos cuando los hay, sin regateos ni egoísmos. No basta decirlo una vez, hay que repetirlo para exorcizar a los demonios del olvido y recuperar la memoria colectiva.
Hay quien reclama, debo suponer que de buena fe, la ausencia de cifras y datos en el informe, a la manera de aquellos larguísimos y aburridos discursos, en los que después de la danza de los millones y las mentiras descomunales nos vencían por cansancio y se atenían siempre a la amnesia y la indiferencia de los paceños. Ahora mismo el que quiera datos y cifras precisos, puede recurrir al apéndice estadístico que contiene el mismo informe. Pero no es válido recurrir al olvido como método de análisis o reclamar datos y cifras que, por una economía premeditada del acto mismo, ya no era posible sostener porque se convertía en un suplicio para aturdir a los invitados. Por cierto, así fue diseñado y decidido por el mismo Alcalde.
Algunos pensaron que en el acto mismo obtendrían información de fondo y datos duros para sus análisis, y en parte se equivocaron, esa información no esta contenida solamente en el informe que leyó el Alcalde, pero sí la encontrarán en el texto ampliado y en el anexo estadístico completo publicado en Internet el mismo día del informe.
Hoy tuvimos un evento más político, más reflexivo, más serio, más de reconocimiento a la comunidad toda: trabajadores, empresarios, sociedad civil, organizaciones ciudadanas y Cabildo. Más corto, sin espacio para el fastidio. Todo el informe duró alrededor de una hora y media. Sin listas ni acarreos, y estuvo presente quien quiso asistir.
Uno puede estar de acuerdo o no con el formato del informe. Eso es otra cosa. Lo que no va a desaparecer nunca es el acto político. Es parte del ritual indispensable que requieren de tiempo en tiempo la sociedad y el político, y forma parte de la pedagogía de lo público. Para bien o para mal. Para engañar o decir la verdad. Y también es probable, aunque muy discutible porque depende de estilos personales, que no se hayan mencionado asuntos públicos importantes para algunos, enfoques, ideas, énfasis, análisis y definiciones. No hubo triunfalismo y se destacaron puntualmente los problemas y retos que aún padecemos. Y tampoco hubo mentiras. Y como no hay informe perfecto, habrá tiempo para la crítica constructiva y las propuestas informadas. Ah, y Narciso Agúndez se comprometió públicamente a ayudar, para resolver en definitiva, las carencias en el abastecimiento de agua en la capital. Ya veremos.
Por estas y muchas otras razones que ya no caben aquí, quiero decirle al Alcalde de La Paz, a Víctor Castro Cosío, que lo felicito por su II informe y por su chamba comprometida. Sin regateos ni mezquindades porque los logros de los servidores públicos merecen un reconocimiento público.
04 mayo 2007
LA LEY DEL EMBUDISSSTE. AHORRO SOCIAL UTILIDADES PRIVADAS
La nueva Ley del Issste habría que analizarla con la metodología que utilizan los detectives cuando investigan un crimen. Me explico. La pregunta básica que habría que responder sería: ¿a quién o a quienes beneficia? Y de ahí hacia delante veremos cuál de las partes que intervienen en el proceso obtiene mayores ventajas.
Tengamos todos en cuenta que no hay leyes perfectas, porque a menudo se nos olvida y nos ponemos chiquiones cuando no las obtenemos, sin pensar que, en ocasiones, no existen condiciones para la perfección legislativa por la cantidad de intereses que entran en juego y porque para tener buenas leyes se requiere que todos los actores políticos se encuentren en sintonía. Si vemos con objetividad el significado de haber logrado la nueva Ley del Issste debemos concluir que es casi un milagro, solamente hubo consenso en lo básico y a jalones. Pero la sacaron.
Para la aprobación de la nueva Ley del Issste hubo datos duros que convencieron a los actores políticos, y se consideraron suficientes para aprobar la reforma: cambios impresionantes en la estructura demográfica, la quiebra del issste, la falta de atención médica y hospitalaria, los retrasos de meses en las consultas, el deterioro general de los servicios, la carencia de doctores, medicinas y especialistas, obsolescencia tecnológica, costos pensionarios que acabarían devorándose no sólo al Issste sino a todo el país, y cien cosas más todas ellas aberrantes y de alto impacto negativo que justificaron esta reforma de gran calado. Las razones expuestas llevaron a los derechohabientes del Issste a un deterioro sistemático de la calidad de vida impactando a una franja poblacional de alrededor de 10 millones de personas y conducirían a las finanzas públicas directo a la ruina.
Lo que no se ha dicho, es que hubo una decisión deliberada del nefasto régimen federal anterior por llevar a la quiebra no solamente a esta institución sino a muchas otras más con el avieso propósito de promover y sustentar sus reformas privatizadoras como la que hoy analizamos.
La discusión de fondo sobre la reforma, se dio entre los que deseaban un sistema de reparto, solidario, consistente en una gran bolsa de dinero presupuestal a cargo del gobierno federal y con aportaciones de los propios trabajadores de donde saldría y sale el pago para las pensiones. La posición contraria sostiene que este esquema no es viable, es paternalista, propiciador del evidente saqueo y pésimamente administrado, y desemboca, fatalmente, en la ruina de las finanzas públicas.
La propuesta contraria, la que ganó, le entrega al trabajador la responsabilidad absoluta, y especialmente el riesgo, en el manejo de sus cuotas y aportaciones mediante una cuenta individual, a su nombre, que nadie más, juran, podrá volver a saquear, en donde se prevé la participación solidaria del gobierno federal para hacer crecer este ahorro personal aportando un porcentaje bajo la figura de la Cuota Social a los ahorros voluntarios realizados por el trabajador. Solamente preguntémonos ¿qué pasa si los ahorros no rinden lo suficiente? Pues es culpa del trabajador porque no ahorró lo suficiente. Serán los trabajadores del gobierno quienes tendrán toda la carga. Quienes manejan los recursos de los trabajadores, Afores privadas o públicas, tampoco serán culpables de las afectaciones al patrimonio ahorrado de los trabajadores porque, hasta ahora, nadie las ha señalado como responsables de que se engullan el 25% de los fondos pensionarios mediante el cobro de diversas comisiones. Así que será el trabajador el único que corra con los riesgos del manejo de su patrimonio.
La fuente de inspiración de la reforma mexicana nos viene de Chile: es básicamente el sistema de cuentas individuales, un gran invento chileno exportado a más de 35 países. Su creación se dio en el contexto de la dictadura pinochetista en donde todo se podía hacer porque los actores políticos estaban alineados. Se dio, si usted quiere, a la fuerza, porque la oposición chilena no existía para fines prácticos (en realidad fue casi exterminada). A la hora de medir los resultados de las cuentas individuales entregadas a las administradoras chilenas de los fondos de pensiones (AFP) observamos que estos dependen fundamentalmente del tipo de balcón en que nos situemos para mirarlos. En el país andino, objetivamente los trabajadores no han alcanzado los resultados esperados a pesar de que con sus ahorros han obtenido rendimientos netos constantes positivos en un promedio del 10% anual durante más de 20 años en los fondos depositados en sus cuentas individuales y solamente les alcanza para jubilarse con una pensión apenas equivalente al 70-75% del salario que estaban ganando cuando se retiraron porque el patrimonio no dio para más. En México el rendimiento promedio neto histórico de los fondos que administran las Afores fue de 3.23%. Allá, en Chile, esto ocurrió por varias razones y una de ellas, tal vez la principal, fue el cobro excesivo de comisiones por parte de las Afores que alcanzó alrededor del 25% del patrimonio de los trabajadores y afectó en consecuencia sus rendimientos; también influyeron los bajos salarios y la carencia de empleos permanentes que les permitieran a los trabajadores chilenos cotizar de manera constante durante 30 años. Pues exactamente lo mismo ocurrirá en México en tanto no se regule el cobro de comisiones para que las Afores no se coman los ahorros del trabajador. En la Cámara de Senadores ya fue aprobada a fines de marzo la iniciativa que contiene el proyecto de decreto que adiciona y reforma varios artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro la cual, entre otras cosas, impone, desde la Ley misma, que las Afores cobren por sus servicios un porcentaje sobre el saldo y no sobre los flujos o sobre ambos conceptos, ni por la administración de los fondos, con esa disposición los trabajadores podrán saber de manera sencilla, cuál es el Rendimiento Neto logrado por su Afore y cuánto se llevan las Afores, sean públicas o privadas. Así dice el punto específico aprobado por la Cámara de Senadores “Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas”.
Entre 1997 y 2006 las Afores en México tuvieron utilidades superiores a los 95 mil millones de pesos y no se necesita ser muy abusado para saber de dónde salieron esas utilidades: de las inversiones realizadas con los ahorros de las cuentas individuales de los trabajadores y fueron a parar a las Administradoras de los Fondos para el Retiro, y en última instancia, a los bancos extranjeros y nacionales. Sobre todo si tomamos en cuenta que los fondos acumulados por los ahorros de los trabajadores en sus cuentas individuales son hoy una fortuna inmensa, al cierre de febrero de 2007 acumulaban una bolsa de 1,052,073.9 millones de pesos, es decir, poco más de un billón de pesos, o dicho de otra manera, poco más de un millón de millones. Esto quiere decir que las Afores tuvieron utilidades equivalentes al 14% a los ahorros de los trabajadores y eso es muchísimo dinero aquí y en China. Los bancos, dueños de las Afores, jamás soñaron que en este paraíso mexicano donde tienen solamente el 20 de sus activos mundiales obtendrían el 80% de sus utilidades consolidadas.
De manera que tienen razón quienes sostienen que la chatarra que es hoy el Issste no se privatizará. A nadie le importa quedarse con ese sistema de salud. Es un yonque. Lo que interesaba, y lo lograron, es la administración de los fondos multimillonarios de pensiones. Comparado con lo que estos significan, todo lo demás vale madre.
Tengamos todos en cuenta que no hay leyes perfectas, porque a menudo se nos olvida y nos ponemos chiquiones cuando no las obtenemos, sin pensar que, en ocasiones, no existen condiciones para la perfección legislativa por la cantidad de intereses que entran en juego y porque para tener buenas leyes se requiere que todos los actores políticos se encuentren en sintonía. Si vemos con objetividad el significado de haber logrado la nueva Ley del Issste debemos concluir que es casi un milagro, solamente hubo consenso en lo básico y a jalones. Pero la sacaron.
Para la aprobación de la nueva Ley del Issste hubo datos duros que convencieron a los actores políticos, y se consideraron suficientes para aprobar la reforma: cambios impresionantes en la estructura demográfica, la quiebra del issste, la falta de atención médica y hospitalaria, los retrasos de meses en las consultas, el deterioro general de los servicios, la carencia de doctores, medicinas y especialistas, obsolescencia tecnológica, costos pensionarios que acabarían devorándose no sólo al Issste sino a todo el país, y cien cosas más todas ellas aberrantes y de alto impacto negativo que justificaron esta reforma de gran calado. Las razones expuestas llevaron a los derechohabientes del Issste a un deterioro sistemático de la calidad de vida impactando a una franja poblacional de alrededor de 10 millones de personas y conducirían a las finanzas públicas directo a la ruina.
Lo que no se ha dicho, es que hubo una decisión deliberada del nefasto régimen federal anterior por llevar a la quiebra no solamente a esta institución sino a muchas otras más con el avieso propósito de promover y sustentar sus reformas privatizadoras como la que hoy analizamos.
La discusión de fondo sobre la reforma, se dio entre los que deseaban un sistema de reparto, solidario, consistente en una gran bolsa de dinero presupuestal a cargo del gobierno federal y con aportaciones de los propios trabajadores de donde saldría y sale el pago para las pensiones. La posición contraria sostiene que este esquema no es viable, es paternalista, propiciador del evidente saqueo y pésimamente administrado, y desemboca, fatalmente, en la ruina de las finanzas públicas.
La propuesta contraria, la que ganó, le entrega al trabajador la responsabilidad absoluta, y especialmente el riesgo, en el manejo de sus cuotas y aportaciones mediante una cuenta individual, a su nombre, que nadie más, juran, podrá volver a saquear, en donde se prevé la participación solidaria del gobierno federal para hacer crecer este ahorro personal aportando un porcentaje bajo la figura de la Cuota Social a los ahorros voluntarios realizados por el trabajador. Solamente preguntémonos ¿qué pasa si los ahorros no rinden lo suficiente? Pues es culpa del trabajador porque no ahorró lo suficiente. Serán los trabajadores del gobierno quienes tendrán toda la carga. Quienes manejan los recursos de los trabajadores, Afores privadas o públicas, tampoco serán culpables de las afectaciones al patrimonio ahorrado de los trabajadores porque, hasta ahora, nadie las ha señalado como responsables de que se engullan el 25% de los fondos pensionarios mediante el cobro de diversas comisiones. Así que será el trabajador el único que corra con los riesgos del manejo de su patrimonio.
La fuente de inspiración de la reforma mexicana nos viene de Chile: es básicamente el sistema de cuentas individuales, un gran invento chileno exportado a más de 35 países. Su creación se dio en el contexto de la dictadura pinochetista en donde todo se podía hacer porque los actores políticos estaban alineados. Se dio, si usted quiere, a la fuerza, porque la oposición chilena no existía para fines prácticos (en realidad fue casi exterminada). A la hora de medir los resultados de las cuentas individuales entregadas a las administradoras chilenas de los fondos de pensiones (AFP) observamos que estos dependen fundamentalmente del tipo de balcón en que nos situemos para mirarlos. En el país andino, objetivamente los trabajadores no han alcanzado los resultados esperados a pesar de que con sus ahorros han obtenido rendimientos netos constantes positivos en un promedio del 10% anual durante más de 20 años en los fondos depositados en sus cuentas individuales y solamente les alcanza para jubilarse con una pensión apenas equivalente al 70-75% del salario que estaban ganando cuando se retiraron porque el patrimonio no dio para más. En México el rendimiento promedio neto histórico de los fondos que administran las Afores fue de 3.23%. Allá, en Chile, esto ocurrió por varias razones y una de ellas, tal vez la principal, fue el cobro excesivo de comisiones por parte de las Afores que alcanzó alrededor del 25% del patrimonio de los trabajadores y afectó en consecuencia sus rendimientos; también influyeron los bajos salarios y la carencia de empleos permanentes que les permitieran a los trabajadores chilenos cotizar de manera constante durante 30 años. Pues exactamente lo mismo ocurrirá en México en tanto no se regule el cobro de comisiones para que las Afores no se coman los ahorros del trabajador. En la Cámara de Senadores ya fue aprobada a fines de marzo la iniciativa que contiene el proyecto de decreto que adiciona y reforma varios artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro la cual, entre otras cosas, impone, desde la Ley misma, que las Afores cobren por sus servicios un porcentaje sobre el saldo y no sobre los flujos o sobre ambos conceptos, ni por la administración de los fondos, con esa disposición los trabajadores podrán saber de manera sencilla, cuál es el Rendimiento Neto logrado por su Afore y cuánto se llevan las Afores, sean públicas o privadas. Así dice el punto específico aprobado por la Cámara de Senadores “Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas”.
Entre 1997 y 2006 las Afores en México tuvieron utilidades superiores a los 95 mil millones de pesos y no se necesita ser muy abusado para saber de dónde salieron esas utilidades: de las inversiones realizadas con los ahorros de las cuentas individuales de los trabajadores y fueron a parar a las Administradoras de los Fondos para el Retiro, y en última instancia, a los bancos extranjeros y nacionales. Sobre todo si tomamos en cuenta que los fondos acumulados por los ahorros de los trabajadores en sus cuentas individuales son hoy una fortuna inmensa, al cierre de febrero de 2007 acumulaban una bolsa de 1,052,073.9 millones de pesos, es decir, poco más de un billón de pesos, o dicho de otra manera, poco más de un millón de millones. Esto quiere decir que las Afores tuvieron utilidades equivalentes al 14% a los ahorros de los trabajadores y eso es muchísimo dinero aquí y en China. Los bancos, dueños de las Afores, jamás soñaron que en este paraíso mexicano donde tienen solamente el 20 de sus activos mundiales obtendrían el 80% de sus utilidades consolidadas.
De manera que tienen razón quienes sostienen que la chatarra que es hoy el Issste no se privatizará. A nadie le importa quedarse con ese sistema de salud. Es un yonque. Lo que interesaba, y lo lograron, es la administración de los fondos multimillonarios de pensiones. Comparado con lo que estos significan, todo lo demás vale madre.
25 abril 2007
EL ISSSTE Y EL CHAMUCO
Al gobierno del Estado y a los cinco Ayuntamientos de Baja California Sur se les apareció el Chamuco justo en el momento que la nueva Ley del Issste entró en vigor. Y no lo han querido ver. Por lo pronto han guardado un prudente silencio pensando, tal vez, que con un poquito de tiempo saldrán del problema.
Por eso ni siquiera han leído la Ley. Esperan que sus sollozos, bien dosificados y en el momento oportuno, ablanden los corazones enhielados de las autoridades gordillistas del Issste o de la Secretaría de Hacienda o del Presidente Calderón.
El caso es que se acabó la guasanga y el desmadre de años. De manera que Narciso Agúndez, Víctor Castro y el resto de los alcaldes tendrán que recoger las varas, imponer orden en la casa porque no hay espacio para discutir si ellos son los culpables o no. Ahora hay que pagar todo y hacerlo a tiempo. En lo que se tendrán que ocupar el gobierno del estado y los municipios de aquí al mes de junio de 2008 es en definir con qué van a pagar, si a duras penas pueden liquidar una nómina que engorda fatalmente cada mes. Con las nuevas disposiciones se pretende reordenar el sistema de pago y afiliaciones al Issste de los gobiernos de estados y municipios que al amparo de convenios previos se incorporaron a este régimen de seguridad social.
Es precisamente en el Artículo 22 de la Ley del Issste en donde se aclaran las reglas y la cosa se pone dura, durísima:“Cuando las Dependencias y Entidades sujetas a los regímenes de esta Ley no enteren las Cuotas, Aportaciones y Descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, tratándose del seguro de retiro , cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas Cuotas, Aportaciones y Descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación”.
La Ley también identifica por nombre a los responsables de errores y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran. Los oficiales mayores, administrativos y financieros ahora deberán de ponerse las pilas porque hasta el bote los pueden meter o cesarlos u obligarlos a que paguen los estropicios que cometan por sus descuidos o mala leche.
En caso de que el gobierno del estado o alguno de sus municipios no paguen o lo hagan mal y existan diferencias a favor del Instituto, éste simplemente le solicitará a la Tesorería de la Federación, el pago de los adeudos vencidos con cargo al presupuesto de los deudores. La Tesorería, previa comprobación del adeudo, le pagará directamente al Issste lo que se le deba, en un plazo de cinco días. Ni para donde hacerse. El cargo se podrá aplicar directamente a las participaciones y transferencias federales programadas. Además, no se condonarán adeudos por concepto de cuotas, aportaciones, descuentos, actualizaciones y recargos. Para que no quepa ninguna duda, y ya encarrerados, sostienen que “si las participaciones federales afectadas no fueren suficientes para cubrir el adeudo, el Instituto deberá requerir a las Entidades Federativas y municipios morosos y ejercer las vías legales procedentes para hacer efectivos los adeudos. En este caso, el Instituto hará públicos los adeudos en el periódico de mayor circulación en la localidad y en un periódico de circulación nacional”. Y rematan cerrando la pinza mortal otorgándole a la Secretaría de Hacienda la facultad de vigilar que los enteros de cuotas y aportaciones se realicen en tiempo y forma.
La cereza del pastel viene en el Artículo 25 en donde ya no se deja ninguna duda: a quienes no cumplan, primero los exhibirán haciendo público el monto de sus adeudos y si estos continúan durante un periodo de doce meses consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses entonces el Issste podrá suspender parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo. ¿Cómo van a cumplir esta amenaza? Simplemente con una notificación por escrito al titular del ejecutivo del estado o a los presidentes municipales con sesenta días de anticipación. Y afirman que el moroso asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en la Ley.
Las autoridades del gobierno local y de los ayuntamientos ¿tendrán cabal conciencia del significado que tiene esta Ley para sus respectivos erarios? ¿Sacarán dinero del zapato? ¿Habrán siquiera leído la Ley? ¿La habrán estudiado? ¿Tendrán un plan B?
El gobierno estatal y los ayuntamientos del estado maravilla no pueden esconder la cabeza porque ya no hay lugar seguro en donde hacerlo. Deben enfrentar el problema con inteligencia y agarrados de la manita de los trabajadores porque es con ellos la gran deuda, con ellos se tienen las cargas financieras principales por cuotas que siempre les descontaron de la nómina pero que nunca le entregaron al Issste. Nadie sabe donde quedaron estos recursos y tal vez sea lo que menos importa. El caso es que a más tardar el 31 de julio de 2007 el Issste está obligado por la nueva Ley a publicar cuál es el estado de los adeudos, según sus cuentas, a cargo de quién están y ahí aparecerá la cruda realidad de nuestra historia de morosidad estatal y municipal y el tamaño de la pedrada que recibiremos. El Issste otorgará facilidades para que estados y municipios morosos paguen, y hará algunos descuentos hasta del 80% si se firma un convenio de reconocimiento de adeudos antes de junio del 2008.
La firma del convenio de reconocimiento de adeudos, lleva implícita la cláusula de garantía incondicional del pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo, es decir, los estados y municipios deberán estar de acuerdo en que si no pagan los compromisos con sus trabajadores y el Issste, aceptarán en el convenio que se les descuenten estos adeudos de sus presupuestos y participaciones federales. En caso de que el estado maravilla y sus autoridades no acepten adecuar el convenio existente, entonces los convenios anteriores de incorporación se deberán rescindir dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto, el día último de junio de 2008. Parece mucho tiempo pero no lo es, sobre todo si tomamos en cuenta que habrá movimientos de equipos y personal experto hacia campañas y la misma actividad política contaminará las negociaciones porque nadie se atreverá a comprometerse a firmar un convenio de tal naturaleza en tiempos electorales. No olvidemos a los trabajadores que son los grandes afectados porque también votan. Son muchos y pueden ser la diferencia.
Mi estimación personal del costo implícito de la Ley del Issste para el estado maravilla asciende, más o menos, a 2,500 millones de pesos, equivalentes al 43% del presupuesto anual autorizado por el Congreso para este ejercicio fiscal, sin considerar otros adeudos a cargo del estado y municipios. Y es una cifra conservadora.
Por eso ni siquiera han leído la Ley. Esperan que sus sollozos, bien dosificados y en el momento oportuno, ablanden los corazones enhielados de las autoridades gordillistas del Issste o de la Secretaría de Hacienda o del Presidente Calderón.
El caso es que se acabó la guasanga y el desmadre de años. De manera que Narciso Agúndez, Víctor Castro y el resto de los alcaldes tendrán que recoger las varas, imponer orden en la casa porque no hay espacio para discutir si ellos son los culpables o no. Ahora hay que pagar todo y hacerlo a tiempo. En lo que se tendrán que ocupar el gobierno del estado y los municipios de aquí al mes de junio de 2008 es en definir con qué van a pagar, si a duras penas pueden liquidar una nómina que engorda fatalmente cada mes. Con las nuevas disposiciones se pretende reordenar el sistema de pago y afiliaciones al Issste de los gobiernos de estados y municipios que al amparo de convenios previos se incorporaron a este régimen de seguridad social.
Es precisamente en el Artículo 22 de la Ley del Issste en donde se aclaran las reglas y la cosa se pone dura, durísima:“Cuando las Dependencias y Entidades sujetas a los regímenes de esta Ley no enteren las Cuotas, Aportaciones y Descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, tratándose del seguro de retiro , cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas Cuotas, Aportaciones y Descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación”.
La Ley también identifica por nombre a los responsables de errores y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran. Los oficiales mayores, administrativos y financieros ahora deberán de ponerse las pilas porque hasta el bote los pueden meter o cesarlos u obligarlos a que paguen los estropicios que cometan por sus descuidos o mala leche.
En caso de que el gobierno del estado o alguno de sus municipios no paguen o lo hagan mal y existan diferencias a favor del Instituto, éste simplemente le solicitará a la Tesorería de la Federación, el pago de los adeudos vencidos con cargo al presupuesto de los deudores. La Tesorería, previa comprobación del adeudo, le pagará directamente al Issste lo que se le deba, en un plazo de cinco días. Ni para donde hacerse. El cargo se podrá aplicar directamente a las participaciones y transferencias federales programadas. Además, no se condonarán adeudos por concepto de cuotas, aportaciones, descuentos, actualizaciones y recargos. Para que no quepa ninguna duda, y ya encarrerados, sostienen que “si las participaciones federales afectadas no fueren suficientes para cubrir el adeudo, el Instituto deberá requerir a las Entidades Federativas y municipios morosos y ejercer las vías legales procedentes para hacer efectivos los adeudos. En este caso, el Instituto hará públicos los adeudos en el periódico de mayor circulación en la localidad y en un periódico de circulación nacional”. Y rematan cerrando la pinza mortal otorgándole a la Secretaría de Hacienda la facultad de vigilar que los enteros de cuotas y aportaciones se realicen en tiempo y forma.
La cereza del pastel viene en el Artículo 25 en donde ya no se deja ninguna duda: a quienes no cumplan, primero los exhibirán haciendo público el monto de sus adeudos y si estos continúan durante un periodo de doce meses consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses entonces el Issste podrá suspender parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo. ¿Cómo van a cumplir esta amenaza? Simplemente con una notificación por escrito al titular del ejecutivo del estado o a los presidentes municipales con sesenta días de anticipación. Y afirman que el moroso asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en la Ley.
Las autoridades del gobierno local y de los ayuntamientos ¿tendrán cabal conciencia del significado que tiene esta Ley para sus respectivos erarios? ¿Sacarán dinero del zapato? ¿Habrán siquiera leído la Ley? ¿La habrán estudiado? ¿Tendrán un plan B?
El gobierno estatal y los ayuntamientos del estado maravilla no pueden esconder la cabeza porque ya no hay lugar seguro en donde hacerlo. Deben enfrentar el problema con inteligencia y agarrados de la manita de los trabajadores porque es con ellos la gran deuda, con ellos se tienen las cargas financieras principales por cuotas que siempre les descontaron de la nómina pero que nunca le entregaron al Issste. Nadie sabe donde quedaron estos recursos y tal vez sea lo que menos importa. El caso es que a más tardar el 31 de julio de 2007 el Issste está obligado por la nueva Ley a publicar cuál es el estado de los adeudos, según sus cuentas, a cargo de quién están y ahí aparecerá la cruda realidad de nuestra historia de morosidad estatal y municipal y el tamaño de la pedrada que recibiremos. El Issste otorgará facilidades para que estados y municipios morosos paguen, y hará algunos descuentos hasta del 80% si se firma un convenio de reconocimiento de adeudos antes de junio del 2008.
La firma del convenio de reconocimiento de adeudos, lleva implícita la cláusula de garantía incondicional del pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo, es decir, los estados y municipios deberán estar de acuerdo en que si no pagan los compromisos con sus trabajadores y el Issste, aceptarán en el convenio que se les descuenten estos adeudos de sus presupuestos y participaciones federales. En caso de que el estado maravilla y sus autoridades no acepten adecuar el convenio existente, entonces los convenios anteriores de incorporación se deberán rescindir dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto, el día último de junio de 2008. Parece mucho tiempo pero no lo es, sobre todo si tomamos en cuenta que habrá movimientos de equipos y personal experto hacia campañas y la misma actividad política contaminará las negociaciones porque nadie se atreverá a comprometerse a firmar un convenio de tal naturaleza en tiempos electorales. No olvidemos a los trabajadores que son los grandes afectados porque también votan. Son muchos y pueden ser la diferencia.
Mi estimación personal del costo implícito de la Ley del Issste para el estado maravilla asciende, más o menos, a 2,500 millones de pesos, equivalentes al 43% del presupuesto anual autorizado por el Congreso para este ejercicio fiscal, sin considerar otros adeudos a cargo del estado y municipios. Y es una cifra conservadora.
17 abril 2007
EL ISSSTE Y SUS MENTIRAS
La nueva Ley ya se encuentra vigente a partir del 1 de abril de 2007, según el Artículo Primero transitorio que establece su entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, cosa que ocurrió el sábado 31 de marzo de 2007. Así que hay nuevas reglas del juego para todos los trabajadores afiliados al Issste, sin importar ni respetar las múltiples ventajas laborales que establecía la Ley anterior, por cierto, muy favorables a los trabajadores, mientras duraron, porque acaban de terminar. Los trabajadores comunes no supieron ni por dónde les pasó. Ahora mismo no los saben.
El siguiente paso, después de aprobar rapidísimo y sin dolor la Ley del Issste, estará dirigido a darla a conocer y convencer primero a las propias autoridades y a los pasmados trabajadores después. Les dirán que la nueva Ley es un paraíso laboral y que los nuevos pensionados se podrán ir a vivir a Europa con la fortuna de pensión que van a obtener. Que es la salvación del país. Que ahora sí los trabajadores tendrán pensiones dignas, suficientes y remuneradoras para premiar sus esfuerzos cuando cumplan 30 años de servicios los varones y 28 las mujeres. Nada más lejano de la realidad para los actuales trabajadores de la burocracia. Y menos en el caso de los quienes ingresen a cualquier institución del gobierno federal, entidad o dependencia afiliada al Issste, ellos no tendrán opción, se les aplicará la nueva Ley y punto. Pero los que ya están, los activos actuales, tienen varios problemas encima. No quiero decir que estarán desprotegidos sino que van a perder ingresos pensionarios porque los requisitos aumentaron y les alcanzará para media cobija.
Acabaron de tajo con las ventajas históricas para los trabajadores del gobierno.
Conforme a la Ley anterior, los trabajadores que hasta el 30 de marzo de 2007 tenían derechos laborales claros y muy ventajosos para su jubilación, amanecieron con nuevas reglas y perderán, prácticamente por la fuerza, los logros sindicales a su favor contenidos en la Ley abrogada, nulificándolos casi todos. Con la nueva Ley los derechos también están claros, clarísimos, pero en contra de los trabajadores. La Ley anterior quedó abolida con la publicación de la nueva norma del Issste. Y esta acción introduce una medida inconstitucional porque la nueva Ley establece cambios que se aplicarán de manera retroactiva en perjuicio de los trabajadores actuales especialmente en sus derechos pensionarios.
Ahora el trabajador activo estará obligado a decidir entre dos sopas, a cual más de amargosas: en la primera opción podrá decidir si se queda como está, pero aceptando algunos cambios en la edad de jubilación, en los años de servicio y en los montos de sus cuotas para financiar los cuatro seguros en donde se agrupan las 21 prestaciones del Issste; la otra sopa del menú consistirá en decidir si se cambian a la nueva Afore pública llamada Pensioniste en donde será reconocida su antigüedad mediante Bonos de Pensión del Issste, y una vez ahí, o antes los que tengan una Afore, resolverán si permanecen o trasladan los fondos de su cuenta individual a una Afore privada. No hay salida.
Con estas medidas se privatizará en el corto plazo, y para beneficio de unos cuantos, sin ninguna duda, el manejo de los fondos pensionarios de los trabajadores. Vean si no, en este caso sus ahorros serán administrados, y legal e impunemente ordeñados, por una Afore privada, los seguros para sus pagos de pensiones serán realizados por una aseguradora privada. ¿De dónde sacarán que el ISSSTE no se privatiza, lo hará, y claramente en el manejo de los multimillonarios fondos de pensiones al término del plazo de 36 meses o antes cuando así lo dedica el trabajador. Esto es lo que realmente importa: los cuantiosos fondos de pensiones que al cierre de febrero de 2007 acumulaban una bolsa de 1,052,073.9 millones de pesos, es decir, poco más de un billón de pesos.
Los perjuicios son varios y los veremos uno por uno.
El primer daño patrimonial importante para quienes se pretenden jubilar pronto, consiste en que ya no tomarán en cuenta su salario del último año para definir el monto de su pensión, a menos que tengan cumplidos 30 años de servicios o más los trabajadores y 28 años o más las trabajadoras; ventaja que prevalecerá únicamente hasta el 2009. A partir del 2010 esto se terminará. Si no tienen esos años de servicio pero tienen 55 años de edad y quince años o más de cotizaciones, se les calcularásu pensión conforme al sueldo del ultimo año, siempre y cuando, el trabajador tenga una antigüedad de tres años en ese mismo puesto; pero si no cumple con este requisito, definido en la nueva Ley, el monto de su pensión se determinará con base en el promedio salarial de los tres años previos al puesto actual que ocupa sin importar la antigüedad, lo que desembocará en una pensión de migajas. El perjuicio es evidente, si un trabajador llega a una posición mejor con un salario más alto no le servirá de nada porque para el cálculo de su pensión le tomarán en cuenta el promedio salarial de los tres años del puesto anterior que tuvo, seguramente, peor salario que el actual. Su nuevo salario no servirá de nada. Vamos ni siquiera plantean usar el mismo método del IMSS, donde se utiliza como criterio de cálculo el promedio salarial de los últimos cinco años para definir el monto de la pensión a la que tiene derecho el trabajador. Prepárense las autoridades para los miles de amparos por la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la nueva Ley, y les adelanto, los van a perder todos.
El trabajador que con la Ley anterior podría jubilarse con una pensión de cinco mil pesos, ahora, con los “beneficios” la nueva Ley, alcanzará la mitad y en automático accederá a la pensión garantizada que asciende a la fabulosa cantidad de 3,034.28 pesos, entre otras razones porque los ahorros de su cuenta individual no le alcanzarán para una mejor pensión.
En otras entregas continuaremos con el análisis de la Ley del Issste. Su examen requiere de tiempo, reflexión y estudio para evitar caer en afirmaciones de loro o lugares comunes. Es imposible su análisis en una sola entrega. Por lo pronto le diré que esta nueva Ley es farragosa, complicada, vasta, compleja, simplifica unas cosas y pervierte otras; es media tramposa porque primero hace afirmaciones que suponen un beneficio y artículos o fracciones más adelante las modifica sustancialmente. Fue elaborada por verdaderos especialistas de diversas ramas, profesionales conocedores de las lagunas inmensas que tenía el Issste, taparon todos los hoyos y recovecos que por años habían abierto y construido pacientemente los líderes sindicales y sus cómplices los políticos, pero abrieron otros y se llevaron entre las patas a cientos de trabajadores. Como siempre.
También analizaremos las ventajas que tiene esta norma porque debe usted saber, pensionado lector, que algunas ha de tener. Primero veremos en una serie de entregas las deficiencias y daños que, a mi juicio, provoca la nueva Ley del Issste.
El siguiente paso, después de aprobar rapidísimo y sin dolor la Ley del Issste, estará dirigido a darla a conocer y convencer primero a las propias autoridades y a los pasmados trabajadores después. Les dirán que la nueva Ley es un paraíso laboral y que los nuevos pensionados se podrán ir a vivir a Europa con la fortuna de pensión que van a obtener. Que es la salvación del país. Que ahora sí los trabajadores tendrán pensiones dignas, suficientes y remuneradoras para premiar sus esfuerzos cuando cumplan 30 años de servicios los varones y 28 las mujeres. Nada más lejano de la realidad para los actuales trabajadores de la burocracia. Y menos en el caso de los quienes ingresen a cualquier institución del gobierno federal, entidad o dependencia afiliada al Issste, ellos no tendrán opción, se les aplicará la nueva Ley y punto. Pero los que ya están, los activos actuales, tienen varios problemas encima. No quiero decir que estarán desprotegidos sino que van a perder ingresos pensionarios porque los requisitos aumentaron y les alcanzará para media cobija.
Acabaron de tajo con las ventajas históricas para los trabajadores del gobierno.
Conforme a la Ley anterior, los trabajadores que hasta el 30 de marzo de 2007 tenían derechos laborales claros y muy ventajosos para su jubilación, amanecieron con nuevas reglas y perderán, prácticamente por la fuerza, los logros sindicales a su favor contenidos en la Ley abrogada, nulificándolos casi todos. Con la nueva Ley los derechos también están claros, clarísimos, pero en contra de los trabajadores. La Ley anterior quedó abolida con la publicación de la nueva norma del Issste. Y esta acción introduce una medida inconstitucional porque la nueva Ley establece cambios que se aplicarán de manera retroactiva en perjuicio de los trabajadores actuales especialmente en sus derechos pensionarios.
Ahora el trabajador activo estará obligado a decidir entre dos sopas, a cual más de amargosas: en la primera opción podrá decidir si se queda como está, pero aceptando algunos cambios en la edad de jubilación, en los años de servicio y en los montos de sus cuotas para financiar los cuatro seguros en donde se agrupan las 21 prestaciones del Issste; la otra sopa del menú consistirá en decidir si se cambian a la nueva Afore pública llamada Pensioniste en donde será reconocida su antigüedad mediante Bonos de Pensión del Issste, y una vez ahí, o antes los que tengan una Afore, resolverán si permanecen o trasladan los fondos de su cuenta individual a una Afore privada. No hay salida.
Con estas medidas se privatizará en el corto plazo, y para beneficio de unos cuantos, sin ninguna duda, el manejo de los fondos pensionarios de los trabajadores. Vean si no, en este caso sus ahorros serán administrados, y legal e impunemente ordeñados, por una Afore privada, los seguros para sus pagos de pensiones serán realizados por una aseguradora privada. ¿De dónde sacarán que el ISSSTE no se privatiza, lo hará, y claramente en el manejo de los multimillonarios fondos de pensiones al término del plazo de 36 meses o antes cuando así lo dedica el trabajador. Esto es lo que realmente importa: los cuantiosos fondos de pensiones que al cierre de febrero de 2007 acumulaban una bolsa de 1,052,073.9 millones de pesos, es decir, poco más de un billón de pesos.
Los perjuicios son varios y los veremos uno por uno.
El primer daño patrimonial importante para quienes se pretenden jubilar pronto, consiste en que ya no tomarán en cuenta su salario del último año para definir el monto de su pensión, a menos que tengan cumplidos 30 años de servicios o más los trabajadores y 28 años o más las trabajadoras; ventaja que prevalecerá únicamente hasta el 2009. A partir del 2010 esto se terminará. Si no tienen esos años de servicio pero tienen 55 años de edad y quince años o más de cotizaciones, se les calcularásu pensión conforme al sueldo del ultimo año, siempre y cuando, el trabajador tenga una antigüedad de tres años en ese mismo puesto; pero si no cumple con este requisito, definido en la nueva Ley, el monto de su pensión se determinará con base en el promedio salarial de los tres años previos al puesto actual que ocupa sin importar la antigüedad, lo que desembocará en una pensión de migajas. El perjuicio es evidente, si un trabajador llega a una posición mejor con un salario más alto no le servirá de nada porque para el cálculo de su pensión le tomarán en cuenta el promedio salarial de los tres años del puesto anterior que tuvo, seguramente, peor salario que el actual. Su nuevo salario no servirá de nada. Vamos ni siquiera plantean usar el mismo método del IMSS, donde se utiliza como criterio de cálculo el promedio salarial de los últimos cinco años para definir el monto de la pensión a la que tiene derecho el trabajador. Prepárense las autoridades para los miles de amparos por la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la nueva Ley, y les adelanto, los van a perder todos.
El trabajador que con la Ley anterior podría jubilarse con una pensión de cinco mil pesos, ahora, con los “beneficios” la nueva Ley, alcanzará la mitad y en automático accederá a la pensión garantizada que asciende a la fabulosa cantidad de 3,034.28 pesos, entre otras razones porque los ahorros de su cuenta individual no le alcanzarán para una mejor pensión.
En otras entregas continuaremos con el análisis de la Ley del Issste. Su examen requiere de tiempo, reflexión y estudio para evitar caer en afirmaciones de loro o lugares comunes. Es imposible su análisis en una sola entrega. Por lo pronto le diré que esta nueva Ley es farragosa, complicada, vasta, compleja, simplifica unas cosas y pervierte otras; es media tramposa porque primero hace afirmaciones que suponen un beneficio y artículos o fracciones más adelante las modifica sustancialmente. Fue elaborada por verdaderos especialistas de diversas ramas, profesionales conocedores de las lagunas inmensas que tenía el Issste, taparon todos los hoyos y recovecos que por años habían abierto y construido pacientemente los líderes sindicales y sus cómplices los políticos, pero abrieron otros y se llevaron entre las patas a cientos de trabajadores. Como siempre.
También analizaremos las ventajas que tiene esta norma porque debe usted saber, pensionado lector, que algunas ha de tener. Primero veremos en una serie de entregas las deficiencias y daños que, a mi juicio, provoca la nueva Ley del Issste.
22 febrero 2007
LA PAZ, UNA CIUDAD DE PRIMERA
Lamento frustrar sus altas expectativas turísticas, esperanzado lector, pero el título de esta columna obedece a un viejo chiste. El chascarrillo estaba destinado a aquellas ciudades que en su afán de ser “modernas” comenzaron a invadir las calles con semáforos, topes y altos sin ton ni son, por toda la ciudad, entonces, algún ingenioso que nunca falta, sacó la frase que le da el nombre a la columna. “Esta ya es una ciudad de primera… porque nadie alcanza a meter la segunda”. Aceleradamente La Paz se convierte, cada vez más, en una ciudad “de primera” de la que no escaparán ni los carros automáticos. Las ciudades “de primera”, las reales, tratan de acortar los tiempos de trayecto y de aumentar las velocidades crucero para hacer más fluido el tráfico.
Pero a los paceños nos atacó desde hace un tiempo la fiebre de los altos simples, de los cuatro altos, de los topes y ya se inventaron las gruesas riatas de muelle para colocar topes temporales. Para acabarla de amolar, si a algún dadivoso empresario le da por apoyar a la ciudad lo primero que se le ocurre es donar un semáforo. Los términos “topelandia” y “topetown” son cada vez más frecuentes en las conversaciones de toda índole. Y en el colmo de la tontería hay topes y bordos al por mayor hasta en el estacionamiento del mismísimo Teatro de la Ciudad. De veras, que se pasan.
Los despavoridos ciudadanos de La Paz aquellos que ondean la bandera de “nativos y con arraigo” y muchos postizos, ven con preocupación que a pesar de bordos, topes y semáforos, los niveles de velocidad aumentan por toda la ciudad, en especial, cuando ven pasar un vehículo a 60 km/h, y piensan que va a la velocidad de la luz; y lo primero que hacen es quejarse ante las autoridades de Tránsito, con el Profe Víctor Castro, en el radio, y solicitan, exigen, por cientos, que se instale una barda (tope) o ya de perdida un cuatro altos porque los semáforos son muy caros. Como si no fueran suficientes los cientos de vados que construye el SAPA después de arreglar algún drenaje colapsado o cuando tapa las miles de fugas de agua potable que ocurren por toda la ciudad; no hay elección, imposible escaparse: o construyen un bordo cuando repavimentan o nos heredan un vado, el caso es que nunca le atinan, y aunque se esfuercen, nos han demostrado que jamás dejarán parejo el pavimento. Son muy diligentes para romper las calles y reparar las fugas pero a la hora de dejar las calles como estaban, o tal vez hasta mejor, algo les sucede y no lo hacen bien. Las razones son un misterio: porque no saben, no se les da, no quieren, no les importa, o sencillamente son indolentes en el cumplimiento de su trabajo. A estos esforzados trabajadores nadie les enseñó cómo pavimentar bien, con un mínimo de calidad, como la gente, con la técnica que se requiere para hacer las cosas bien. Los he observado aplanando carpeta caliente ¡¡ con los pies¡¡ En 20 años no les he visto un solo trabajo bien hecho y estoy seguro que usted tampoco, vigilante lector.
Los polis no tienen otra opción que medir la velocidad “a ojo”, ellos sabrán con precisión absoluta si va usted a 60, 80 o a 120 km/h, con sólo verlo, y nos detienen porque, según el chip medidor que traen en el cerebro, excedimos la velocidad permitida. Ni hablar de los radares. Los letreros que fijan la velocidad máxima de circulación en las calles de La Paz, se quedaron pasmados, como parte del paisaje citadino, en velocidades de 1980 cuando andábamos a 15 o a 20 km/h por las interminables calles de tierra. He visto un solo letrero por la Forjadores que dice “velocidad máxima 30 km”, en cambio en el malecón paceño permiten 40 km/h, con esas velocidades quieren convertirnos en un pueblo bicicletero. Hoy eso ya no es posible aunque traten de detener los vehículos en cada esquina. Polis les van a faltar.
Un indicio del desarrollo, nos guste o no, es el incremento de vehículos y de la velocidad de circulación pero este síntoma no va acompañado por un cambio en la mentalidad de los funcionarios, o más bien de los “técnicos”, que se encargan de fijar y vigilar los límites de velocidad, ni en el chip de los polis. Y la consecuencia es clara, no hay un señalamiento en toda la ciudad que respeten los automovilistas; así hay altos totales que no lo son tanto, y cuatro altos en los que nadie se detiene por completo o nomás tantito, ni siquiera los polis con su radar cerebral hacen alto total en los cruceros con disco, ellos son los primeros en infringir el Reglamento de Tránsito que están obligados a cumplir. Otros señalamientos ni se ven o no existen.
Es entonces que entran en acción nuestros “expertos en tráfico” y en automático piensan que debe bajarse la velocidad, a como dé lugar. Asumen que todo tiene que ver con la “gran velocidad” a la que circulamos por las calles de ciudad. Jamás pensarán en hacerla más fluida para acortar los tiempos de traslado sino en cómo detener mejor a los automovilistas. Aún existiendo señales, los policías no alcanzan a explicarse porqué los tercos automovilistas no se detienen y aprenden a ir más despacio (a velocidad de bípedos). En el colmo de la tontería hay vialidades principales que, en varios tramos, cuentan ya con un estúpido e inexplicable disco de alto o un tope en cada anodina esquina. O ambos.
Esa es la inequívoca señal de que ya entraron en acción los expertos en tráfico chollero. ¿Sabe usted cuántos especialistas de esos tenemos en Tránsito? Decenas. Pero ninguno de verdad. Las ciudades modernas han logrado resolver sus grandes problemas de tráfico mediante el uso de tecnología apropiada cuando se aplica por gente capaz, especializada y responsable. Según me informan solamente existen cuatro expertos en esta materia en el estado y no trabajan en Tránsito.
¿Sabe usted cómo definen nuestros expertos cholleros si un lugar debe o no tener un cuatro altos o un tope? Bueno, primero por algo muy relacionado con las mejores técnicas de tráfico: la presión vecinal. ¿El argumento principal? “Es que pasan muy rápido”. En otros casos determinan cuántos accidentes han ocurrido en ese lugar sin importar a qué se debieron aunque siempre asumen que fueron por exceso de velocidad y siempre el conductor es el culpable; después, cuentan los vehículos que circulan por la zona y supongo que si pasan de determinada cantidad establecida en un manual de la SCT pues deciden poner un obstáculo para que no vayan tan aprisa, según el librito y su criterio bicicletero, y así, como autómatas, deciden que un alto o varios impedirán la ocurrencia de accidentes. Determinan también que los flujos en ambos sentidos sean equilibrados pero no crea usted que cuentan los vehículos con un aparato, no, los cuenta una persona, uno a uno, durante las horas pico en lapsos de 15 minutos varios días o uno solo.
Un altísimo porcentaje de los 220 accidentes mensuales, en promedio, que ocurren en la ciudad, es atribuido por los otros expertos, los “peritos” cholleros, al exceso de velocidad cuando no necesariamente es la causa primera que provoca los accidentes. Los accidentes de tránsito son producidos por impericia y falta de concentración; en ambos casos el catalizador puede ser el alcohol y la estupidez. Así el conductor puede ser un pazguato para manejar y tener o provocar un accidente. El orden en el tráfico de las ciudades se confunde frecuentemente con el hecho de poner obstáculos para impedir que los autos circulen a mayor velocidad, suponen que de esa forma se impedirán los accidentes si todos circulamos a velocidad de bicicleta.
En las recientes “Jornadas sobre Tráfico Urbano”, organizadas por la Asociación de Sistemas de Transporte Inteligente ITS España y la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (Aimpe) insistieron en que “la falta de recursos humanos incide de forma directa en los problemas que genera el tráfico, ya que la mayoría de éstos -60 por ciento- procede de una planificación deficiente que podría mejorarse de forma sustantiva si aumentase la contratación de ingenieros especialistas en tráfico urbano. El resto de los problemas procede, en un 30 por ciento por una ordenación del tráfico inconveniente y el diez por ciento por una regulación semafórica inadecuada”. Estos profesionales de verdad no evidencian el problema de la velocidad “excesiva” como una de las causas principales de accidentes en las ciudades.
Pero ¿cuántos son “muchos” vehículos como para poner un cuatro altos? Este es el secreto mejor guardado en las computadoras de nuestros técnicos cholleros. También supongo que investigan si ha habido “muchos” accidentes o “pocos”. Nadie sabe si los 97 muertos por año son “muchos” o “pocos”. Pero ¿cuántos son “muchos” accidentes, 10 al mes o 50? Todas las ciudades tienen un porcentaje irreducible de accidentes, digamos normales, para sus niveles de tráfico, tamaño y número de automóviles. Estos expertos nunca piensan en que los pésimos diseños en la circulación o una señalización deplorable son una de las causas principales de los accidentes. Tampoco piensan que circulamos por calles que son verdaderos deslizaderos cuando frenamos, debido a un pequeño detalle que nadie toma en cuenta: la arena y tierra que contiene el pavimento provoca que la distancia de frenado total sea mucho más larga que en un pavimento limpio, se pierde fricción. ¿Quién y cómo resolverán este problema? El diseño de la circulación actual es básicamente el mismo que hace 20 años y es fundamental estudiar, diseñar y planear la circulación. El diseño de las vialidades de La Paz es de “pueblote” que funciona a la buena de Dios. Los pocos semáforos que existen en la ciudad no están sincronizados, nunca lo han estado, y como dijo Don Teofilito…
¿Hay algún ingeniero especialista en tráfico? No.
¿Hay un solo ingeniero especialista en transporte urbano o vialidades? Menos. ¿Lo habrá algún día? No.
Continuemos pues con el 5° lugar en lesionados por accidentes en el país, 526 cada año y contando. ¿Y dónde están los criminalistas que se forman cada año? Seguramente trabajando en algún supermercado, sus lugares los ocupan varios trabajadores carentes de formación profesional que escalaron posiciones burocráticas hasta convertirse en “peritos expertos”. Esa es la regla.
Pero a los paceños nos atacó desde hace un tiempo la fiebre de los altos simples, de los cuatro altos, de los topes y ya se inventaron las gruesas riatas de muelle para colocar topes temporales. Para acabarla de amolar, si a algún dadivoso empresario le da por apoyar a la ciudad lo primero que se le ocurre es donar un semáforo. Los términos “topelandia” y “topetown” son cada vez más frecuentes en las conversaciones de toda índole. Y en el colmo de la tontería hay topes y bordos al por mayor hasta en el estacionamiento del mismísimo Teatro de la Ciudad. De veras, que se pasan.
Los despavoridos ciudadanos de La Paz aquellos que ondean la bandera de “nativos y con arraigo” y muchos postizos, ven con preocupación que a pesar de bordos, topes y semáforos, los niveles de velocidad aumentan por toda la ciudad, en especial, cuando ven pasar un vehículo a 60 km/h, y piensan que va a la velocidad de la luz; y lo primero que hacen es quejarse ante las autoridades de Tránsito, con el Profe Víctor Castro, en el radio, y solicitan, exigen, por cientos, que se instale una barda (tope) o ya de perdida un cuatro altos porque los semáforos son muy caros. Como si no fueran suficientes los cientos de vados que construye el SAPA después de arreglar algún drenaje colapsado o cuando tapa las miles de fugas de agua potable que ocurren por toda la ciudad; no hay elección, imposible escaparse: o construyen un bordo cuando repavimentan o nos heredan un vado, el caso es que nunca le atinan, y aunque se esfuercen, nos han demostrado que jamás dejarán parejo el pavimento. Son muy diligentes para romper las calles y reparar las fugas pero a la hora de dejar las calles como estaban, o tal vez hasta mejor, algo les sucede y no lo hacen bien. Las razones son un misterio: porque no saben, no se les da, no quieren, no les importa, o sencillamente son indolentes en el cumplimiento de su trabajo. A estos esforzados trabajadores nadie les enseñó cómo pavimentar bien, con un mínimo de calidad, como la gente, con la técnica que se requiere para hacer las cosas bien. Los he observado aplanando carpeta caliente ¡¡ con los pies¡¡ En 20 años no les he visto un solo trabajo bien hecho y estoy seguro que usted tampoco, vigilante lector.
Los polis no tienen otra opción que medir la velocidad “a ojo”, ellos sabrán con precisión absoluta si va usted a 60, 80 o a 120 km/h, con sólo verlo, y nos detienen porque, según el chip medidor que traen en el cerebro, excedimos la velocidad permitida. Ni hablar de los radares. Los letreros que fijan la velocidad máxima de circulación en las calles de La Paz, se quedaron pasmados, como parte del paisaje citadino, en velocidades de 1980 cuando andábamos a 15 o a 20 km/h por las interminables calles de tierra. He visto un solo letrero por la Forjadores que dice “velocidad máxima 30 km”, en cambio en el malecón paceño permiten 40 km/h, con esas velocidades quieren convertirnos en un pueblo bicicletero. Hoy eso ya no es posible aunque traten de detener los vehículos en cada esquina. Polis les van a faltar.
Un indicio del desarrollo, nos guste o no, es el incremento de vehículos y de la velocidad de circulación pero este síntoma no va acompañado por un cambio en la mentalidad de los funcionarios, o más bien de los “técnicos”, que se encargan de fijar y vigilar los límites de velocidad, ni en el chip de los polis. Y la consecuencia es clara, no hay un señalamiento en toda la ciudad que respeten los automovilistas; así hay altos totales que no lo son tanto, y cuatro altos en los que nadie se detiene por completo o nomás tantito, ni siquiera los polis con su radar cerebral hacen alto total en los cruceros con disco, ellos son los primeros en infringir el Reglamento de Tránsito que están obligados a cumplir. Otros señalamientos ni se ven o no existen.
Es entonces que entran en acción nuestros “expertos en tráfico” y en automático piensan que debe bajarse la velocidad, a como dé lugar. Asumen que todo tiene que ver con la “gran velocidad” a la que circulamos por las calles de ciudad. Jamás pensarán en hacerla más fluida para acortar los tiempos de traslado sino en cómo detener mejor a los automovilistas. Aún existiendo señales, los policías no alcanzan a explicarse porqué los tercos automovilistas no se detienen y aprenden a ir más despacio (a velocidad de bípedos). En el colmo de la tontería hay vialidades principales que, en varios tramos, cuentan ya con un estúpido e inexplicable disco de alto o un tope en cada anodina esquina. O ambos.
Esa es la inequívoca señal de que ya entraron en acción los expertos en tráfico chollero. ¿Sabe usted cuántos especialistas de esos tenemos en Tránsito? Decenas. Pero ninguno de verdad. Las ciudades modernas han logrado resolver sus grandes problemas de tráfico mediante el uso de tecnología apropiada cuando se aplica por gente capaz, especializada y responsable. Según me informan solamente existen cuatro expertos en esta materia en el estado y no trabajan en Tránsito.
¿Sabe usted cómo definen nuestros expertos cholleros si un lugar debe o no tener un cuatro altos o un tope? Bueno, primero por algo muy relacionado con las mejores técnicas de tráfico: la presión vecinal. ¿El argumento principal? “Es que pasan muy rápido”. En otros casos determinan cuántos accidentes han ocurrido en ese lugar sin importar a qué se debieron aunque siempre asumen que fueron por exceso de velocidad y siempre el conductor es el culpable; después, cuentan los vehículos que circulan por la zona y supongo que si pasan de determinada cantidad establecida en un manual de la SCT pues deciden poner un obstáculo para que no vayan tan aprisa, según el librito y su criterio bicicletero, y así, como autómatas, deciden que un alto o varios impedirán la ocurrencia de accidentes. Determinan también que los flujos en ambos sentidos sean equilibrados pero no crea usted que cuentan los vehículos con un aparato, no, los cuenta una persona, uno a uno, durante las horas pico en lapsos de 15 minutos varios días o uno solo.
Un altísimo porcentaje de los 220 accidentes mensuales, en promedio, que ocurren en la ciudad, es atribuido por los otros expertos, los “peritos” cholleros, al exceso de velocidad cuando no necesariamente es la causa primera que provoca los accidentes. Los accidentes de tránsito son producidos por impericia y falta de concentración; en ambos casos el catalizador puede ser el alcohol y la estupidez. Así el conductor puede ser un pazguato para manejar y tener o provocar un accidente. El orden en el tráfico de las ciudades se confunde frecuentemente con el hecho de poner obstáculos para impedir que los autos circulen a mayor velocidad, suponen que de esa forma se impedirán los accidentes si todos circulamos a velocidad de bicicleta.
En las recientes “Jornadas sobre Tráfico Urbano”, organizadas por la Asociación de Sistemas de Transporte Inteligente ITS España y la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (Aimpe) insistieron en que “la falta de recursos humanos incide de forma directa en los problemas que genera el tráfico, ya que la mayoría de éstos -60 por ciento- procede de una planificación deficiente que podría mejorarse de forma sustantiva si aumentase la contratación de ingenieros especialistas en tráfico urbano. El resto de los problemas procede, en un 30 por ciento por una ordenación del tráfico inconveniente y el diez por ciento por una regulación semafórica inadecuada”. Estos profesionales de verdad no evidencian el problema de la velocidad “excesiva” como una de las causas principales de accidentes en las ciudades.
Pero ¿cuántos son “muchos” vehículos como para poner un cuatro altos? Este es el secreto mejor guardado en las computadoras de nuestros técnicos cholleros. También supongo que investigan si ha habido “muchos” accidentes o “pocos”. Nadie sabe si los 97 muertos por año son “muchos” o “pocos”. Pero ¿cuántos son “muchos” accidentes, 10 al mes o 50? Todas las ciudades tienen un porcentaje irreducible de accidentes, digamos normales, para sus niveles de tráfico, tamaño y número de automóviles. Estos expertos nunca piensan en que los pésimos diseños en la circulación o una señalización deplorable son una de las causas principales de los accidentes. Tampoco piensan que circulamos por calles que son verdaderos deslizaderos cuando frenamos, debido a un pequeño detalle que nadie toma en cuenta: la arena y tierra que contiene el pavimento provoca que la distancia de frenado total sea mucho más larga que en un pavimento limpio, se pierde fricción. ¿Quién y cómo resolverán este problema? El diseño de la circulación actual es básicamente el mismo que hace 20 años y es fundamental estudiar, diseñar y planear la circulación. El diseño de las vialidades de La Paz es de “pueblote” que funciona a la buena de Dios. Los pocos semáforos que existen en la ciudad no están sincronizados, nunca lo han estado, y como dijo Don Teofilito…
¿Hay algún ingeniero especialista en tráfico? No.
¿Hay un solo ingeniero especialista en transporte urbano o vialidades? Menos. ¿Lo habrá algún día? No.
Continuemos pues con el 5° lugar en lesionados por accidentes en el país, 526 cada año y contando. ¿Y dónde están los criminalistas que se forman cada año? Seguramente trabajando en algún supermercado, sus lugares los ocupan varios trabajadores carentes de formación profesional que escalaron posiciones burocráticas hasta convertirse en “peritos expertos”. Esa es la regla.
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