LA TRANSPARENCIA EN BCS: MITOS, MITOTES Y DESFIGUROS

EL MITO
Hay un mito genial, un conjuro, una invocación, que se ha convertido en la evasiva perfecta, fue inventado por los políticos en activo y a él acuden con inusual frecuencia ayudados por sus secuaces, sus cómplices, simples seguidores o fanáticos que nunca faltan; éstos últimos van a todas porque siempre se encuentran sumidos en una total ignorancia, por la veneración perversa a sus próceres, inclinación que los mantiene en la incultura política y democrática, y son siempre lanzados como carne de cañón, son la masa de los incondicionales. Algunos osan llamarles “el pueblo”. A este pretexto perfecto, ya hemos hecho referencia en otra entrega previa a la que titulamos ¡Eureka! El concepto encierra una especie de fuero metaconstitucional y mediático con el que se arropan los patricios y es blandido por líderes y sus adictos a la menor provocación para librarse de todo mal, cierto o infundado, eso es lo que menos importa. Los fogosos discípulos del esclarecido prohombre le construyen bajo ese concepto un blindaje a modo, una coraza ilegal y arbitraria, dejando la impresión, en la mayoría de la opinión pública, que su único afán es lograr, al costo que sea, la defensa irracional de presuntos actos delincuenciales cometidos ayer y hoy, por connotados personajes políticos de la actualidad.
Se parece al fuero constitucional y no lo es, no puede serlo. Pero les funciona a las mil maravillas. Como muchos de éstos políticos están actualmente ejerciendo el poder en diversos ámbitos, piensan que todo lo pueden hacer, cualquier cosa, hasta cometer actos ilegales para esconder o destruir información que pudiera lesionar la imagen de su líder o de su grupo.
A éstos líderes y a sus secuaces nadie los podrá rozar ni con el pétalo de la transparencia para pedirles una aclaración o para que expliquen lo que hicieron durante su función pública y resuelvan dudas razonables sobre algunos aspectos de su clara, oscura o siniestra administración estatal o municipal, depende, porque de inmediato todos sus incondicionales se sienten obligados a defenderlo y a encubrir toda la información relevante.
El término rendición de cuentas no existe en el diccionario de esos perredistas que se dicen puros, menos en los recientes, y ya no se diga en el de los viejos militantes. Y por lo que hemos visto en este breve tiempo, jamás lo incorporarán a su tumbaburros con civismo y sin pena. Les salen ronchas en cuanto alguien les pide cuentas. El pacto secreto de ésta camarilla consiste en que no se toque o moleste a ningún miembro de su clan, menos al líder, so pena de castigos y porque pueden perder el control de su red de complicidades con lo que la banda podría desarticularse.
Este blindaje mítico crece en la misma proporción en la que progresa un político. Si es chollero y su desempeño es solamente local, sin enemigos a la vista y en una posición en la que no afecte intereses de ningún tipo, pues no pasa nada.
En los últimos años este ilegal blindaje ha propiciado un comportamiento vergonzoso de todos los políticos nacionales, sin excepción, y de varios personajes locales que ya se han contagiado.
La única impresión que dejan quienes así operan, es que conforman una banda, una mafia. Las bandas de ayer fueron unas y las de hoy son otras, reciclados sus miembros en muchos casos, pero no se distinguen en nada, Son más de lo mismo. Se reacomodan y restauran según sus particulares intereses y ambiciones, y continúan su oscuro pillaje aumentando o conservando sus ya amplias redes de conveniencia. Desgraciadamente, algunos de sus más conspicuos representantes siguen en el poder. Y no cambiarán. La contraparte legal, benéfica para todos, serían los equipos de trabajo, los cuales, obedecen a otros conceptos y sus fines son distintos a los de una camarilla o mafia.
EL MITOTE
Truenan los políticos locales hoy, en contra de varios regidores del Cabildo de La Paz, quienes cometieron el pecado mortal de solicitar información. Se les echaron literalmente encima un torrente de defensores. Nos relata en una nota Pedro Juárez, corresponsal de Crónica, que inclusive el Presidente Municipal se opuso a la formación de una comisión plural del Cabildo para que se investigara el asunto, y trató de derivarlo a la Comisión de Transporte. Sin embargo, es digno de celebrarse el hecho de que la autoridad municipal sí proporcionó información a quienes la pidieron. El Secretario General del Ayuntamiento les respondió a los regidores solicitantes que en las oficinas del municipio no existía un solo documento sobre el tema. Así que ya no hay la menor duda: no hay antecedentes sobre ésta venta; y remató contundente el funcionario "No se encontraron actas de Cabildo que contengan los estudios, análisis, acuerdos, dictámenes y conclusiones, relacionados con la transferencia de las concesiones y desincorporación de la paramunicipal." Más claro ni el agua.
¿Porque reniegan? Por el simple hecho de haberles solicitado información sobre una operación de compraventa del transporte público que debió haber sido perfectamente documentada, transparente y pública y autorizada por el Cabildo en 1997, creo. Dicen las autoridades actuales que no hay rastro de esa operación que en su tiempo debe haber representado varios cientos de miles de pesos. Y cuando alguien demanda información, quien sea, lo menos que se puede esperar de las autoridades responsables es que la proporcionen. Rápido, bien hecha, y con todo lo que tengan sobre el asunto para despejar dudas, malos entendidos y sobre todo sospechas. Pero cuando la propia autoridad se niega rotundamente a informar sobre hechos del pasado reciente, y se niega también, categóricamente, a aportar datos y razones sobre las modalidades bajo las cuales se vendió el Sistema de Transporte de La Paz durante la administración municipal del actual Presidente nacional del PRD, lo primero que se les ocurre a los portavoces del líder es “los datos los quieren para dañar a personajes políticos”. Cuando le preguntaron a Leonel Cota los reporteros de Crónica en la ciudad de México “¿y por qué no presenta la documentación y listo?”, el líder respondió “Voy a presentar actas de cabildo, licitaciones, periódicos de la época que dieron cuenta de los asuntos de la administración del transporte urbano…” Y remata Leonel con un críptico lenguaje para tomen nota quienes él dice lo acusan sin fundamento, y completa “que asuman su responsabilidad por hacer esos señalamientos".
Pero cualquiera se puede preguntar ¿porqué no existen documentos en el Ayuntamiento ni en el gobierno del estado ni en ningún lado? ¿Los tendrá Leonel en su casa o se los habrá dado a alguien para su resguardo? ¿O estarán en la caja fuerte del partido? Esperemos la respuesta pronto mientras se continúan cultivando y propagando los rumores por la simple falta de transparencia.
El caso es que no aparecen y si existieran simplemente no se los darán a nadie. Se los guardan. O los queman. O los desaparecen.
Con esas actitudes quieren que pensemos en el gran trabajo que están haciendo por defender la transparencia cuando lo que realmente pretenden es desvivirse por defender a su jefe.
EL DESFIGURO
¿Qué hubiera pasado si al solicitar esta información las autoridades municipales simplemente localizan y entregan el expediente de esa operación de compraventa? Pues nada. Absolutamente nada. Tan tan. ¡Claro!, si se tiene la cola limpia y corta. Pero con sus repuestas iracundas, amenazantes, sospechosas y a la defensiva a una simple petición de información, tal parece que hay mucho desaseo o pensaron que todos son desmemoriados. Y el espinoso tema llegó al Congreso para ser investigado.
¿Sabe usted quién fue el único que votó en contra del punto de acuerdo para que no se indagara este asunto en el Congreso? Pues un diputado que se dice profesor, quien si no recuerdo mal era Síndico municipal cuando se llevó a cabo la compraventa, y tenía funciones de contralor del Ayuntamiento, él es quien debería aportar los datos en cuanto los pidieron, o cuando menos, señalar dónde se encuentran los documentos comprobatorios del proceso de compraventa. No ha dicho ni pío. Tal vez porque su líder le ha dado todo, lo inventó como político y se siente obligado a pagar con su silencio.
Es tan vehemente la defensa asumida por algunos diputados y autoridades sobre la supuesta legalidad de ese acto de compraventa, en contra del más elemental sentido común, que orillan a todo mundo a pensar mal, a fabricar elucubraciones y conclusiones sin sustento para asegurar que fue un acto corrupto.
¿Será otro complot?
Defienden a su prócer con saliva, unos en silencio y otros vociferando y votando en contra de la investigación en lugar de hacerlo con documentos, legalidad y transparencia.
Hemos sostenido en anteriores entregas con datos e informaciones de terceros desinteresados que los perredistas están peleados con la transparencia. A muerte. No se les da.
Por la fiereza con que han escondido la información, seguramente piensan que un tiro de estas características tendría un efecto negativo y producirá una carambola de varias bandas o desembocará en un efecto dominó, como usted guste, porque afectará a varios miembros del Congreso y del poder ejecutivo en funciones, quienes en su tiempo, intervinieron en este oscuro episodio de nuestro pasado reciente. Si no hay nada sucio ni sospechoso, si no hay nada inmoral, ni cochupos ni corrupción. Entonces ¿por qué esconder la información? ¿Y porqué activar alarmas y las armas en contra de sus enemigos y adversarios?
¿Qué van a hacer los diputados y las autoridades del estado y municipios cuando entre en vigencia la Ley de Transparencia en el estado? ¿Van a salir con lo mismo de hoy?
Sus agendas no tienen nada que ver con la transparencia y menos que ver con los intereses legítimos de las personas comunes ni con los ciudadanos informados.
Moraleja citada por el columnista Francisco Garfias: Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
Con relación a estas “pérdidas” lamentables de documentos, el gobernador Narciso Agúndez Montaño, envió al congreso el día que entregué esta colaboración al periódico. un proyecto de decreto para reformar y adicionar el Código Penal vigente, que castigará con mayor severidad a quien abuse o haga uso indebido de sus funciones públicas o que practique el peculado. El asunto lo trataremos en otra ocasión, lo amerita.
No debo de dejar de reconocer que este es un gran paso en materia de transparencia y justicia.
Felicidades gobernador, nunca es tarde.

EL SÍNDROME DE LÓPEZ ... O DESAFUERO A LA VISTA (II FINAL)

Como están de moda los complots por todo el país, el gringo furibundo pensará que es víctima de uno por parte de todo el gobierno del estado. Y comenzará a vomitar espuma negra del coraje en pleno vuelo de regreso a su país. Primero le tumban sus cercos y obstáculos a las playas, quitándole privacidad y exclusividad; luego, lo embargan y seguramente pensará que algo mayor vendrá después porque estos mexicanos son muy buenos para las triquiñuelas legaloides, es decir, cavilará que si se queda quieto no se la va a acabar. Tal vez por eso huyó o simplemente se fue, subió a su avioneta que aterrizó en su pista particular y se marchó a su país. ¿Qué estará tramando? Además, sabemos que hay gringos desquiciados, verdaderamente trastornados, que son capaces de solicitar la intervención de su gobierno por este “ataque” y pedir que les manden unos marines para proteger sus propiedades y resguardarlo del acoso chollero, porque acordémonos que, con Bush a la cabeza, los gringos son los iluminados salvaguardas de “su” estado de derecho en cualquier lugar del mundo, incluido México.
Para desgracia de muchos, la Ley no es siempre lo justo. Se parecen pero no son iguales; incluso a veces casi se tocan, se confunden, aunque no es lo usual.
¿Y qué nos cuenta la Constitución Política del Estado?, pues que el Presidente Municipal sí es sujeto de un juicio de procedencia según el artículo 158. Además, el artículo 159 de la misma Constitución establece: “Para proceder penalmente contra los servidores públicos... por la comisión de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría de votos de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado, con las siguientes prevenciones: I.- Si la resolución del Congreso fuese negativa, se suspenderá todo el procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el acusado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues dicha resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación. II.- Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley, separándolo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función.” ¡Zas!
Y qué dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur en relación con el Procedimiento para la Declaración de Procedencia: “ARTICULO 21.- Cuando se presente requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el Ejercicio de la Acción Penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los Servidores Públicos... se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior, en materia de Juicio Político, ante el Congreso del Estado. Y nos detalla “En este caso, la Comisión Instructora (del Congreso) analizará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del Fuero Constitucional, cuya remoción se solicita. Concluido este análisis, la Comisión dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado”. ¡Zas!
Pero no se preocupe justiciero Presidente Municipal, sucede que el Presidente Fox y la PGR ya dijeron que como esta fechoría no tiene pena pues no hay ofensa, no existe delito sin pena. Así que no hay por que inquietarse, cualquier autoridad que cometa el delito de desacato le harán lo que el viento a Juárez.
Esto sin duda es un descanso, porque vea usted, legalista lector, lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1ª VI/94 al respecto “...la punibilidad aplicable por la comisión del delito que es de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años.” Y concluye señalando que "si el peticionario del amparo estima que la autoridad responsable incurrió en el incumplimiento de un acto de suspensión, debe solicitar la aplicación del artículo 206 y no el párrafo segundo del 105, ambos de la Ley de Amparo". Esto quiere decir que debe aplicarse el artículo que sanciona con cárcel e inhabilitación al funcionario que cometió el desacato.
¡Uuuufffff que salvadota! ¿no le parece, entrampado lector?
Por un pelo y nos quedamos sin un buen prospecto para gobernador en el 2011.
A pesar de los dichos envalentonados del Alcalde producto de la fiebre que padece, rayando en la ilegalidad y en la amenaza, insiste en asegurar que “si es la decisión del pueblo, de las mayorías, quienes me lo soliciten, volvería a hacer lo mismo”.
Sin embargo, hoy acuerdan lo que debieron haber negociado antes ¿porqué ahora sí y antes no?
Pero... a que no va otra vez encabezando multitudes para derribar los nuevos cercos y candados. ¿Quiere usted apostar?
Ayudaría más una batalla legal porque lo tendría cinco años en los medios, igual que al nuevo ídolo tropical de México.
Mi recomendación respetuosa para el Alcalde, si tiene la disposición de escuchar un atento y desinteresado consejo: para bajar este tipo de calenturas de muchedumbre que a tantos políticos infecta, es que se dé una vuelta por la Sierra de la Laguna y se sumerja varios minutos en las gélidas aguas que bajan de la soleada montaña. Es el único remedio, la única forma de que el alma vuelva al cuerpo y recobrar la temperatura normal para conservar la cabeza fría y no perder lo más por lo menos. De nada.
Antes de cerrar esta columna consulté en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur la “Lista del acuerdo publicado el 31 de octubre de 2005” en donde aparece un acuerdo de fecha 28 de octubre de 2005 y dice lo siguiente: “VISTO EL ESCRITO SIGNADO POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA RAMON COTA GUTIERREZ, EN ATENCION A SU CONTENIDO, DIGASELE AL PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LO QUE SOLICITA, EN VIRTUD DE QUE POR AUTO DE SIETE DE LOS CORRIENTES, UNICAMENTE FUE AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SE REQUIERE A (sic) AL APODERADO LEGAL DE LA QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS SE PRESENTE IDENTIFICADO A RATIFICAR EL DESISTIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO, EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO HACERLO SE CONTINUARA CON LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO.” En la Lista del acuerdo publicado el 3 de noviembre de 2005, aparece el acuerdo de fecha 28/10/2005 con el siguiente texto: “SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO.”
Al día 4 de noviembre de 2005, no existe referencia alguna en la Lista del Juzgado indicando que el apoderado legal de la empresa Punta Arenas hubiera ido a ratificar el desistimiento de su demanda de amparo en contra del Presidente y demás acusados. El próximo 7 de Noviembre de 2005 se cumplirán dos meses justos que delimitarán la frontera entre la agonía permanente y el Olimpo al que pocos escogidos y selectos políticos acceden.
Tal vez ratifiquen los agraviados el desistimiento en los próximos tres días, y entonces, esta columna mutará para convertirse en quimera en lugar del anuncio de una aterradora pesadilla. Ya veremos el 8 de noviembre.

EL SÍNDROME DE LÓPEZ ... O DESAFUERO A LA VISTA (I)

Lo que nos faltaba, un pata salada en alto riesgo de ser desaforado.
Veremos el espectáculo en primera fila.
Los afectados por éste síndrome aplican la idea cándida y a veces paranoica, de que solamente debe cumplirse la ley si ésta me acomoda, si no es así, pues simplemente no la acato, y ávidos de protección, se encaraman en la “sociedad civil”, en el “pueblo”, para que defiendan lo que, según el poseedor del síndrome, admite como lo justo, con razón o sin ella. A quienes lo padecen no les importa nada más, enceguecen, ni siquiera miden las consecuencias que sus actitudes provocarán. Las autoridades que lo sufren ya no usan el sistema de procuración de “justicia pronta y expedita”, tal vez porque no sirve para nada, excepto para los discursos.
Los perredistas saben bien lo que es un desafuero. Me parece que también todos los mexicanos lo conocemos, lo aprendimos a golpes mediáticos. Pero los del sol amarillo, esa izquierda gelatinosa, oscilante, tribal y a veces informe, lo vivieron en carne propia en contra de uno de sus líderes, a quien convirtieron desde foxilandia y para todo el país en “víctima del poder”, en un escenario de escándalo nacional y con todos los actores políticos y mediáticos interviniendo durante cinco años. Y todos supimos, los de dentro y los externos, qué era un desafuero y el acelerado desgaste que produce tanto en el particular que acusa a la autoridad cuando ésta viola un amparo y comete con ello un delito; a lo anterior súmele la participación de las múltiples autoridades e instancias que deben de actuar ante este hecho delictivo como el Poder Judicial pasando por el Congreso. Un incidente punible de este tipo desencadena el funcionamiento de toda la estructura del estado, de los tres poderes de la Unión. Y en el caso de un amparo es decisiva la intervención del Congreso y del Poder Judicial Federal.
En el episodio memorable del predio Punta Arenas ¿existió un amparo? Pues según los dueños del predio sí lo solicitaron, les fue concedido y se encuentra en proceso. Es el 625/2005 y está en el Juzgado II de Distrito. Es federal. Y se violó. Ante la desobediencia de la autoridad, el particular agraviado debe denunciar la violación ante el juez federal y éste una vez verificada la violación, tendrá que notificar a la Procuraduría General de la República (PGR) que hubo un delito penal, quien deberá investigar y probar el delito para determinar que, en efecto, se cometió la violación al amparo concedido. Se llama desacato y lo investiga el Agente del Ministerio Público Federal. Éste con la acusación fundada, solicita ante el Congreso local que le quiten el fuero a la autoridad o autoridades que violaron el amparo. Para ello los diputados deben instalarse en jurado de procedencia para atender y resolver la solicitud de la PGR y “juzgar” para decidir si conceden el desafuero o no evaluando las pruebas aportadas para definir si se incurrió en la violación del amparo federal otorgado por una autoridad jurisdiccional competente.
Es un mecanismo político administrativo sumamente complejo que requiere de la concurrencia de varios factores y múltiples actores políticos importantes en el nivel local y federal. Y comienza a desatarse el nudo gordiano llamado fuero constitucional del que disfrutan todas las altas autoridades del estado y federales. Ya sin el manto protector del fuero, es cuando un juez penal federal puede iniciar el proceso penal por desacato en contra de la autoridad.
La denuncia por la violación del amparo que se presenta ante la PGR, provendrá del Poder Judicial de la Federación. En este momento, el delito se persigue de oficio, ya no importa si hay o no arreglo o negociación con los particulares afectados para detener la debacle, por lo que el trámite para actuar penalmente continuaría, ya que no procede el perdón del ofendido porque el denunciante es el Poder Judicial de la Federación. ¿No sabían esto sus abogados defensores? Si esto es correcto, no sé de dónde viene el optimismo del Alcalde para asegurar que “la empresa Punta Arena de la Ventana dijo que se desistiría de toda acción judicial contra el Ayuntamiento, esperemos que así suceda, que se respeten los acuerdos...”. Con los abogados y asesores que tiene, no veo por dónde pueda salir de la bronca. Tal vez ni con los mejores.
Así que ¿cuál era la necesidad, cuál el afán de que el mismísimo Presidente Municipal encabezara una muchedumbre y violara un amparo a sabiendas?, porque, según sabemos, se lo presentaron en el momento, ya en el predio, cuando, aún así, decidió junto con otras personas, autoridades y legisladores, derribar los cercos y cortar cadenas y candados. Contra éste argumento, sostienen las autoridades del municipio que la notificación oficial fue hasta el día siguiente y por lo tanto “no sabían que había un amparo”. Hay cientos de fotos en los periódicos, evidencias en las revistas, reportajes video grabados de las televisoras, discursos, declaraciones y testimonios de varios de los participantes. Ni para donde hacerse. Ni modo de decir “yo no fui”. La cultura de la legalidad depositada en el bote de la basura.
Todo por un ataque de fiebre de muchedumbre causado por el enojo justiciero ante la presunción de una infamia cometida en contra de pacíficos vecinos por un abusivo gringo ricachón. Fue un acto políticamente sublime, orgásmico, paradigmático, envidiable, éticamente justo, digno de un político integro, cabal y decente, pero... jurídicamente ilegal cometido por una autoridad en contra de un particular a quien debió haber vencido en un juicio y no por la fuerza de la multitud. Fue el mitin perfecto, el que codician y buscan los grandes líderes, a veces toda su vida y casi siempre sin conseguirlo. La vida política en un lance, por una foto sublime para el registro de la historia: 7 de octubre de 2005. Pero también se convierte en la puerta de entrada a un túnel pantanoso y desconocido, sin más opciones que la muerte política o la gloria para siempre. En “El túnel sin final” nos dice Ismael Rojas, pequeño creador de 11 años que podemos leer en la colección Biblioteca de Pequeños Creadores: “En la iglesia de la misión hay un túnel que se supone llega hasta el panteón. Muchos valientes han seguido ese camino; jamás regresan, es como si se los tragara la tierra”. ¿Será una alegoría de éste pequeño escritor sobre nuestro aguerrido y valiente Presidente municipal? Ojalá que no. Espero que no.
De todas maneras no sirvió de mucho porque el gringo ya con la rabia encima y sus billetes verdes por delante, volvió a poner sus cercos, cadenas, perros, guardias y candados, impidiéndole de nuevo a la población el acceso a las playas. Se burló de todos los paceños incluyendo al profe justiciero.
Pero ¿algún sudcaliforniano en su sano juicio piensa que un Congreso local como el que tenemos, mayoritariamente perredista, decidirá a favor del desafuero de otro perredista? Puedo apostar, sin ninguna duda, que no lo harán.
Es probable, sólo probable, que el Presidente Municipal tenga también a su favor al Gobernador del Estado y al Poder Judicial local, no de manera abierta y comprometida, ni en público, porque además, tampoco tienen vela en este entierro de manera directa, ya que el asunto es de ámbito federal y ellos no intervinieron en el acontecimiento justiciero. Ah, y también tendría a su favor, por supuesto, a dos personajes de nuestro tiempo: a la infaltable “sociedad civil” y al mítico y mitotero “pueblo”, quienes respaldarán a su líder hasta la muerte.
Así que hoy es posible que no pase nada; pero mañana quién sabe, o dentro de tres años cuando termine el periodo constitucional, nadie lo puede asegurar.
Hay que poner a trabajar a los abogados que son los únicos que saldrán ganando con este lío. Quienes no ganarán nada son el gringo ricachón y el profe vengador de la honra y los derechos del “pueblo”. Por lo pronto, al gringo ya le cayó la justicia laboral y le embargaron la propiedad porque despidió personal sin liquidarlos conforme a la ley, pero lo puede resolver con menos de un millón; los últimos reportes indican que el gringo abordó su avioneta y huyó a su país. Y al profe, en cambio, si no hay desistimiento del agraviado, le continuarán tundiendo legalmente ya no el gringo, sino el Poder Judicial Federal hasta el fin de su mandato. Y tal vez aún después porque estos juicios son eternos.
Continuaremos en la próxima entrega.

PROCURAR JUSTICIA CON APOYOS DE SALIVA

Hoy me desayuné con la noticia de que una persona, doblemente ofendida, primero por un malandrín y luego por el sistema de “justicia pronta y expedita”, se dio el lujo de celebrar el sexto aniversario del incumplimiento de una sentencia por daño en las cosas. Llevó un pastel de tres leches a las oficinas del poder judicial y celebró, en pleno juzgado primero penal, la “justicia pronta y expedita” que nos recetan todos los días el gobernador del estado y la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia. No sé si cada una de las tres leches del festivo pastel le correspondían a cada uno de los poderes del estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por aquello de la mala leche que a cada uno le toque. Colocaron en el pastel sus respectivas seis velitas e hicieron partícipes de la celebración a todo aquel que quisiera conmemorar con un emblemático pedazo de pastel símbolo de la miserable justicia obtenida. Espléndida idea. No fui porque no me invitaron y creo que me perdí de un gran mitote. Me imagino que si todos los afectados por ese atole con el dedo que se llama “justicia pronta y expedita” se pusieran a celebrar los años de incumplimiento de las sentencias del poder judicial, de sus interminables juicios y de las investigaciones de la Procuraduría, no habría espacio para dar cabida a los oficiantes. La afectada que organizó la “fiesta” forma parte de los miles de ciudadanos profundamente ofendidos por el sistema de impartición de justicia que padecemos en Baja California Sur. Para ser precisos, nos referimos a los afectados en los 42,165 asuntos de toda laya que se encuentran en manos de jueces y magistrados. Ni más ni menos que el 8.43% de la población total del estado tiene un problema legal directo en donde hay al menos una victima y un victimario. Sin contar el sector laboral ni agrario. Este dato está en línea con el más reciente resultado para BCS de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. de la cual hablaremos en otra entrega. Si esa cifra la multiplicamos por las familias afectadas fácilmente colegimos que se tiene vinculada y sometida a tortura legal a una población cercana a los ¡¡211 mil habitantes!! ya que un problema de este tipo afecta no sólo a la persona que demanda sino a todo su entorno familiar cercano y a veces no tan próximo. Y entonces, atónito lector, nos damos cuenta de que el desvencijado sistema de justicia disponible en el estado afecta ¡¡al 42% de la población!! sudcaliforniana. Nomás. La referencia resulta pasmosa por increíble pero los datos de los juicios son del poder judicial, en voz de su Presidenta. Si no lo creen échenle cuentas.
Que a todos nos quede claro: tenemos un sistema de impartición de justicia de porquería. Por la razón que sea. Por accidente o a propósito. Usted júzguelo, amparado lector.
Hemos sostenido en anteriores colaboraciones que el actual sistema de impartición de justicia que padecemos los sudcalifornianos es verdaderamente lamentable. Y hablo del sistema en su conjunto, que incluye no solamente al Poder Judicial sino también a la Procuraduría y a la policía. Es de esta manera como debemos considerar el aparato de justicia, analizándolo como un todo, integralmente, y tratar de resolver cada una de sus partes mediante un tratamiento sistémico. No se vale atender solo una parte de ese complejo universo, porque al hacerlo así, se produce un desbalance en el resto de los elementos que contribuyen a la impartición de justicia en nuestro estado. Es decir, no es posible apoyar solamente al Poder Judicial y no hacerlo con la Procuraduría o con la policía. Es fácil entender que si mediante alguna modificación o apoyo extraordinario se terminara el rezago en la Procuraduría, buena parte de esos expedientes terminarán en el poder judicial y se acumularían ahí montañas de asuntos sin posibilidades de solución al no modificarse la otra parte. ¿Cómo van a aplicar el nuevo Código de Procedimientos Penales si no tienen estructura ni personal? No hay capacidad de respuesta porque el aparato de procuración de justicia en el estado está en la miseria, en la pobreza extrema.
Insisto en que es indispensable una reforma integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Es un asunto pendiente que no puede ser diferido por más tiempo. En primer término el gobernador Agundez debería poner a trabajar a sus asesores para que realicen un buen diagnóstico integral del sistema de impartición de justicia en el estado. Y si no pueden pues que contraten el estudio. Pero su diseño, armado y operación tardará cuando menos dos años, así que en el inter, algo deben hacer el Congreso y el gobernador Agundez para resolver el problema. La responsabilidad inicial es del ejecutivo del estado porque es quien elabora el presupuesto de egresos, y en segundo lugar del Congreso que lo evalúa y lo autoriza. Lo demás dependerá del Poder Judicial. Debe terminarse ésta inercia insultante en la que todos somos agraviados.
Pronto nos tocará ver el grado real de compromiso que tiene el gobernador Agundez con la ciudadanía en esta materia pendiente que nos afecta negativamente a todos por igual.
El proceso de análisis y autorización del presupuesto de egresos del próximo año será una espléndida oportunidad para ver si el gobernador verdaderamente tiene interés por intentar resolver este problema o si van a seguir dándonos atolito con el dedo. En lugar de mejorar la situación que tenemos empeora año con año, y éste demérito nos ha llevado, además, a ocupar el lugar numero 27 entre todos los estados del país en cuanto al Índice de Desarrollo Humano al que nos referimos el 17 de agosto de este año en otra colaboración. Ocupamos un lugar vergonzoso en el escenario nacional.
¿Cómo es posible que con el 1.45% del presupuesto de egresos del estado se pretenda resolver el gran rezago de años que existe en el poder judicial? El porcentaje equivale a 66 millones de pesos en este año. Esta cantidad es la menor para este año en la distribución que propusieron el ejecutivo anterior y el Congreso del estado, y es finalmente, la que autorizaron los diputados, porque es nada lo que modifican a pesar de tener facultades para ello. Hay oficinas administrativas de bajo o cero impacto social que, inexplicablemente, gozan de un presupuesto mayor al del poder judicial. Para Ripley.
Por los años de abandono y apatía se requiere cuando menos el doble del presupuesto actual para comenzar a salir de ese agujero negro. A reserva de contar en un futuro cercano con una profunda reforma de todo el sistema.
Usted gobernador Narciso Agundez tiene la obligación ineludible de resolver este problema en el ámbito de sus atribuciones. Si no lo hiciera, por la razón que sea, aún nos quedan los diputados quienes en uso de sus facultades podrían, si quisieran, modificar el presupuesto y dotar al poder judicial y a la procuraduría de los recursos indispensables para iniciar ya la solución del problema. Ojalá y las usaran. Ambos. Inclusive los fondos adicionales, si los hubiera, pueden ir etiquetados desde el Congreso para que no se destinen a privilegios ni beneficios indebidos.
Si el legislativo y el ejecutivo no actúan, el Poder Judicial por sí mismo no tiene posibilidades de modificar esta situación de gravísimas carencias materiales y de personal que realmente tienen, y en estas condiciones, cada día será más grave la falta de justicia para los ciudadanos de sudcalifornia. Si en realidad nuestros gobernantes quieren que tengamos “justicia pronta y expedita” como lo pregonan, pues que lo demuestren. Queremos hechos, no más saliva.
Lo menos que les pedimos a los más altos representantes de los poderes en el estado: el Gobernador, la Presidenta del Tribunal y la Presidenta del Congreso, es que se reúnan para enterarse del desastre existente en la impartición de justicia en Sudcalifornia. Sin autoelogios y sin engaños. Objetivamente. Son años de indiferencia.
Importante será evitar el riesgo de que los posibles incrementos presupuestales logrados, se destinen a aumentos de sueldo en esta primer etapa. Al menos no todo. No queremos que cunda el indigno ejemplo de los vividores de la Suprema Corte. Se requieren espacios dignos, equipo, y personal capaz y eficiente. Quedará a cargo del poder judicial la alta responsabilidad de la contratación de personal eficaz y comprometido con la legalidad, usando para ello los filtros adecuados. Que no acepten improvisados, corruptos ni vividores.
Así que pronto percibiremos el grado de compromiso del gobernador Narciso Agundez y de la Presidenta del Congreso. Ya falta muy poco. Al fin veremos, con certeza, si lo que quieren nuestros próceres políticos es que las cosas sigan de mal en peor, otorgando esa justicia de saliva que propicia divertidos festejos tragicómicos de los agraviados.
Podremos, también, tener una clara definición sobre cuáles son las prioridades de éste gobierno reflejadas en el uso que le darán a nuestros impuestos el próximo año. El próximo presupuesto será 100% agundista. ¿Y también el del Congreso actual? Resolver éste problema en particular, incidirá de manera determinante en el mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano.Pero no adelantemos vísperas, ya lo veremos.

EL CONGRESO FUERA DE LA LEY

Los diputados violaron la Constitución Política de Baja California Sur.
Pasaron por encima de la Ley de Responsabilidades.
Ninguno de los 11 involucrados reparó en el hecho de que el engendro que concibieron en camarilla fue violatorio del marco legal que nos rige.
Cuando tomaron posesión de sus cargos todos ellos dijeron muy serios y circunspectos ”Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del estado de Baja California Sur y las leyes que de ella emanen; si no lo hiciere así, que el pueblo Sudcaliforniano me lo demande” ¿Se acuerdan?
Pues señores y señoras diputados les estamos demandando su incumplimiento de las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir. No los elegimos para delinquir ni para formar pandillas. Adiós.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Negociar la ley, como siempre? ¿Formar una tribu más de impunes? ¿Sabrán estos señoras y señores diputados lo que dice el ultimo párrafo del artículo 157 de la Constitución Política del estado? Pues por si no lo saben se los voy a transcribir, dice así: “Cualquier ciudadano, mediante la presentación de elementos de prueba y bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.” Adiós.
Recientemente vimos como una pequeña mafia tribal minoritaria de 11 diputados en el Congreso se opusieron, ilegalmente, a la designación de una magistrada propuesta por el gobernador, quien por ley, y ante la incapacidad del Congreso, asumió su facultad para formularla. El gobernador está ejerciendo su pleno derecho constitucional. La propia Presidenta de la Gran Comisión reconoce y acepta, lo cual no es ninguna gracia sino su obligación, que ésta es una facultad claramente legal del gobernador. No hay salida, no hay excusa. Ninguna. Adiós.
La persona propuesta para ocupar el cargo de magistrada pasó los filtros del ejecutivo cuando se analizaron los documentos que presentó para ser incluida en la terna y asegurarse que cumplía los requisitos constitucionales y evitar así que no fuera rechazada por una tontería; además, pasó dos filtros del Congreso en donde se le expidieron constancias señalando que sí cumplía los requisitos exigidos. ¿Después de pasar estos tres filtros, de los cuales hay constancia, se les ocurre a 11 diputadas y diputados que “no quieren” que siempre no, sin sustento legal? Como dice mi compadre ¿qué coños les pasa? Aquí ya no se trata de quién nos parece mejor o peor para el cargo, se trata de que quien tiene la facultad legal para hacer la propuesta, y la hizo en tiempo y forma, es el gobernador del estado, según lo establece la propia Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir. ¿Se acuerdan?. No es simplemente que hayan cancelado de la orden del día la toma de protesta de la nueva magistrada, el hecho es que se opusieron ilegalmente a un nombramiento decidido por el gobernador ejerciendo sus facultades legales, y apegadas a derecho. Cometieron un acto aberrante.
No les importó a estos 11 “representantes del pueblo” pasar por encima de la ley que juraron cumplir y respondieron, en exclusiva, a los mezquinos intereses de uno de sus cómplices quien los pastorea. A éste pequeño grupo de diputados, pequeño en todos sentidos, no les asiste la razón, defendieron lo ilegal, sin el menor asomo de preocupación ni vergüenza. Adios.
Primero violaron flagrantemente en Artículo 64 de la Constitución Política que dice “Son facultades del Congreso del Estado:... VII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, en los términos del artículo 99 de esta Constitución..”. Cosa que se negaron a hacer en dos ocasiones renunciando a su derecho y trasladándole ésta responsabilidad al gobernador. Continua el mismo artículo señalando: “...XXI.- ...Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador del Estado someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado.” Este ultimo párrafo establece la competencia exclusiva del gobernador y por ello hizo uso de sus facultades constitucionales. Adiós.
No contentos con eso, y según se sabe, recibieron órdenes de algún lidercillo tribal ajeno al Congreso para que le pasaran por encima a la facultad que en los nombramientos de magistrados tiene el Gobernador del Estado. ¡Es el colmo!
El artículo 79 de la Constitución dice a la letra: “Son facultades y obligaciones del Gobernador:... IV.- Presentar a consideración del Congreso del Estado, las ternas para la designación de los Magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter sus licencias, renuncias o remociones a la aprobación del propio Congreso;...” El gobernador cumplió en tiempo y forma con la obligación que le señala la Constitución Política no así los diputados quienes pretenden echar abajo una decisión apegada a derecho cuando no supieron o no quisieron cumplir con sus responsabilidades para luego atropellar el marco legal vigente.
Pésimo comienzo porque ya cometieron un delito: violaron el artículo 157 de la Constitución Política del estado que indica: “El Congreso del Estado, dentro del ámbito de su competencia, expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de acuerdo con las siguientes prevenciones:
I.- Se impondrán mediante el juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 158 a los Servidores Públicos señaladas en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- Los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la Legislación Penal
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. “ Adiós.
Ya instalados a su gusto en la delincuencia organizada, sus acciones son violatorias, también, de casi todas las fracciones del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a la que también deben sujetarse aunque sean diputados. Ustedes no son impunes ni ajenos al cumplimiento de la ley. Adios.
Así que habrá que solicitar ante quien corresponda, ¡a ustedes mismos!, se les aplique el Artículo 158 de la Constitución el cual establece: “Podrán ser sujetos a Juicio Político, los Diputados al Congreso del Estado... “ De acuerdo a lo anterior, todos ustedes, diputadas y diputados, son sujetos de juicio político y de sanciones por haber actuado mafiosamente en contra no del gobernador ni del Poder Judicial, sino de la mismísima Constitución y varias leyes secundarias. Adiós.
Como fácilmente nos podemos imaginar, estos 11 patricios quedarán impunes porque a ellos mismos les compete la aplicación de la ley en este caso particular. Aunque en rigor, a quienes les compete aplicar la ley, en materia de juicio político, es solamente a los 10 diputados restantes que se opusieron a éste acto irresponsable e ilegal, porque los otros 11 deberán excusarse y abandonar la sesión del pleno en que se juzgue su caso, porque así lo determina, también, la propia Constitución. Adiós.
¿Seguirá el reino de la impunidad y del arreglo “político”?
El gobernador no debe permitir un atropello tan burdo e ilegal.
Si logran salvarse de ésta, y van a continuar funcionando ilegalmente, según ésta pequeña muestra que ya nos dieron, mejor váyanse a su casa y dejen trabajar a sus suplentes y a los otros 10 que sí dieron muestras de querer cumplir con lo que la Constitución establece.
Mandaron la cultura de la legalidad al bote de la basura debiendo ser sus promotores y salvaguardas. ¡Felicidades!Adios.