¿JUSTICIA? ¿PARA TODOS? ¿CUÁNDO?

Hay cosas que estamos obligados a no olvidar. A revisarlas de manera permanente para que no nos ocurra una mutación que convierta a los ciudadanos de este país en un nido de cínicos. Si es que no lo somos todavía. Estamos acostumbrados y vivir en la permanente resignación -algunos le llamarían de otra forma más castiza- al conocer hechos y cifras que no queremos ver y que cuando las advertimos no nos produce ninguna reflexión ni nos provoca sentimiento alguno que nos lleve a tomar acciones de algún tipo. Solo las vemos pasar.
No hace mucho tiempo, entre el 13 al 23 de mayo de 2001, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan ordenó una misión de seguimiento respecto a la corrupción del Poder Judicial en México. Esta investigación la realizó un señor de nombre rarísimo y generó un documento titulado: Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Dato Param Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos y mostró su informe el 24 de enero de 2002 en el 58º período de sesiones de la Comisión.
En la introducción de su reporte, se mencionan personas, organismos, dependencias e instancias que le dieron sus puntos de vista al Relator mediante entrevistas y reuniones. No hacemos la cita textual de la lista porque es muy extensa pero a manera de ejemplo citaremos algunas: Embajadora Especial para los Derechos Humanos, Secretario de Seguridad Pública, el Secretario del Interior; el Procurador General de la República; el Procurador General Militar; el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Director del Instituto Federal de Defensa Pública; el Director del Instituto Nacional Indigenista; los miembros de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos del Senado; y los miembros de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso; representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría del Interior, de la Oficina del Procurador General de la República, del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; además, con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros; los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Federal (Sala de lo Penal) y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Federal (Sala de lo Civil); el Consejo de la Judicatura Federal y el Director del Instituto de la Judicatura Federa; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Presidente del Colegio de Abogados de México, y miembros de éste, etc. Y falta una buena cantidad de instituciones y organismos y particulares, de manera que debemos suponer que obtuvo información relevante de todos ellos para formarse un juicio suficientemente justo como para emitir una opinión consistente y ponerla en su informe. No dejó una sola persona o institución relevante al tema sin entrevistar. Todo mundo le dio su opinión. La metodología puede ser discutible por la precisión, pero a mi juicio es válida.
Este Relator Especial, nos dice en su resumen ejecutivo que “... decidió emprender esa misión porque había recibido informaciones alarmantes acerca del estado de derecho, la administración de justicia y, en particular, la independencia del poder judicial en México.”
Las partes centrales de la investigación de Naciones Unidas, tienen que ver con la independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad.
El Relator visitó el Distrito Federal, Nayarit, Chihuahua y Cd. Juárez, haciendo sus investigaciones para determinar qué estaba ocurriendo con uno de los sectores que mayormente se mantenían en la oscuridad en términos de transparencia, corrupción y rendición de cuentas, que afectaba a todos los mexicanos por igual.
Los resultados fueron sorprendentes: “Según las estimaciones que recibió el Relator Especial, la corrupción afecta en un porcentaje que oscila entre un 50 y un 70% del total de los jueces a nivel federal.” Pero además de señalamientos de tal tamaño y trascendencia respecto a la corrupción de este poder, lo peor estaba por venir: “ Sin embargo, el Consejo de la Judicatura nunca ha sancionado a un juez federal por corrupción.” ¡Bolas!
Al conocerse los resultados de la investigación del Relator de las Naciones Unidas, todos los jueces del país montaron en cólera. La Suprema Corte lo descalificó y, se defendieron como gatos boca arriba. El Consejo de la Judicatura casi lo cuelga. Dijeron que el estudio era una vacilada porque lo realizó muy rápido y no tuvo información pertinente de personas e instituciones adecuadas. Todos los afectados por este malasio de raro apelativo protestaron. En la prensa nacional tuvo una gran cobertura.
No aguantan nada. En cambio los ciudadanos mexicanos, la gente de la calle, tomaron este dato con una naturalidad sorprendente, lo que indicaba una circunstancia obvia: ya lo sabíamos. Solo que nadie se esperaba que el nivel de corrupción obtenido por el Relator resultara tan alto. Hubo algunos otros cínicos mexicanos que, con sorna, reclamaron que el estudio estaba mal, que objetivamente no se había hecho una investigación a fondo, y al preguntarles una razón contestaban “es que el pachihuara ese se quedo corto”. Cinismo puro o vamos todos a llevarnos la fiesta en paz.
Hubo inclusive un magistrado que le atribuyo un mensaje secreto al reporte y afirmaba que todo era una estrategia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (¿) Otros más mesurados, aseguraron que no creían posible que en un corto viaje de 10 días le hubiese permitido al Relator de Naciones Unidas, conocer a fondo el Poder Judicial mexicano.
Seguramente usted está pensando que el Señor Dato Param pudo haber visitado Baja California Sur, pero no, en realidad no vino por estas tierras peninsulares. Lástima. De cualquier forma me parece que ustedes, amables lectores, se deben de imaginar, si hubiera venido, cuáles hubieran sido los resultados de la investigación. Pues yo no lo sé pero ¿ Porque tendría que ser diferente el poder judicial del estado al del resto del país? No somos marcianos. El propio Relator reconoce que se “... observa una disparidad entre la calidad de la justicia impartida por los tribunales federales y la de los tribunales de los Estados, debida en gran parte a las diferencias existentes en cuanto a disponibilidad de recursos.”
Este problema de la impartición de la justicia en el país esta por los suelos en todos lados. En la lona.
Esperemos que exista pronto un informe del Tribunal Superior de Justicia del estado respecto a la calidad de los servicios de justicia que proveen, pero no los informes planos que nos dicen cuántos jueces tienen, cuántos juzgados y datos de tipo estadístico. Lo que requerimos es una información de mas calidad con un enfoque más analítico en términos cualitativos, consistentes, respecto a la situación que prevalece, que podemos esperar y cuales son las opciones; qué han hecho para otorgar una justicia pronta; que nos digan cuál es el rezago existente y como terminaron o terminarán con él. En fin datos que nos permitan a los ciudadanos evaluar adecuadamente a los integrantes del poder judicial Sudcaliforniano; quién los nombra y cómo; cuánto duran en el encargo; cuántos jueces han sido despedidos o procesados por actos de corrupción o por omisiones en sus juicios, etc.
A pesar de que el crecimiento en el poder judicial federal en los últimos años es importante, este se ha enfocado al abatimiento del rezago acumulado que se tenía a esas fechas y era (suponemos que todavía es) impresionante: en 1998 los tribunales colegiados tenían acumulado un volumen de 160,810 casos y en el año 2000 de 252,502 casos. El volumen de casos de los tribunales de circuito fue de 32,657 en 1998 y de 37,507 en 2000, y el de los jueces de distrito de 244,157 en 1998 y de 247,321 en 2000.
¿Porqué debemos pensar que este rezago ya terminó? ¿Porqué debemos pensar que ya son eficientes? ¿Porqué debemos pensar que ahora sí imparten justicia pronta? ¿Porqué debemos pensar que ya terminaron con la corrupción que invade a todo el país? ¿De qué manera pueden justificar los sueldazos que les pagan mes a mes?
Los Sudcalifornianos merecemos una explicación clara y contundente de lo que hemos avanzado en los últimos seis años.
El abogado Néstor de Buen afirma incrédulo “Es más que evidente que hay corrupción judicial, administrativa y laboral. Excesiva, por supuesto. Pero me resulta muy difícil admitir que se pueda convertir en porcentajes tan dispares como el 50 por ciento y el 70 por ciento.”
Y una cita más de este interesante informe que se refiere al tema de actualidad de los juicios mediáticos a los que ya nos han acostumbrado los medios y muy en boga últimamente “Esta compleja situación se agrava a veces por la presión que ejercen los medios de comunicación. Si estos últimos insisten en que a los presuntos autores de un delito se les declare culpables y se les condene, esto repercute en la opinión pública y se convierte en una presión adicional para que el juez dicte una sentencia condenatoria que haga caso omiso de las pruebas y de las disposiciones de la ley.”
El Relator Especial de Naciones Unidas remata “la falta de confianza del público en el sistema judicial es inmensa.” Todavía en marzo de 2003, a mas de un año de distancia del reporte, el investigador internacional indicaba que “no ha recibido mayor información sobre la manera en que el gobierno mexicano ha cumplido las recomendaciones hechas...". Y las autoridades mexicanas le respondieron, por esas fechas, con un galimatías diciendo que sus recomendaciones “habían sido incorporadas en los mecanismos internacionales y que Secretaría de Relaciones Exteriores desarrolló otra serie de recomendaciones que están siendo objeto de consideración de la comisión intersecretarial de derechos humanos.” Esto y nada da lo mismo. Las conclusiones del Relator siguen en la cancha del poder judicial.
A más de tres años de conocer los resultados de la investigación es posible afirmar que el avance que hemos tenido en estos casi cinco años de gobierno federal ha sido nulo. ¿Y será que en los seis del estatal también? Conste es pregunta.
Y usted, justiciero lector, ¿a quién le otorga más credibilidad? Quienes tengan interés en consultar el estudio pueden hacerlo en la pagina web de las Naciones Unidas con este numero E/CN.4/2002/72/Add.1 del 24 de enero de 2002 o por el nombre que ya se indicó.