GOBERNAR ES PROTEGER LA SIERRA LA LAGUNA

Hay varias formas de establecer una Área Natural Protegida (ANP), pero de manera esquemática digamos que hay dos: declaratoria y expropiatoria.

La primera de ellas se da al emitir un decreto mediante el cual se hace la declaratoria que modifica la condición legal de ese entorno o polígono en donde se contiene el área a proteger. Los derechos de propiedad de los dueños del predio o predios en donde se ubique la ANP, permanecen inalterables, es decir, los ejidatarios, propietarios y posesionarios continúan disfrutando de sus propiedades y del espacio que habitan amparados por la ley. Pueden vender, comprar y comercializar sus predios y productos sin restricciones, excepto por aquellas incluidas en el decreto de la ANP, otras que se consideran en el Programa de Manejo y algunas más dispuestas en su Reglamento.

Y son muchas prohibiciones, la lista es impresionante.

A partir de que se determina legalmente una ANP (un proceso que puede durar varios lustros, y que en el caso de la Sierra La Laguna se inició desde 1986), los pobladores, visitantes asiduos o temporales, así como las autoridades de los tres órdenes de gobierno quedan sujetos a una serie de restricciones ambientales rigurosas destinadas a preservar ese espacio considerado vital para la población por diferentes razones, pero principalmente, debido a su importancia ecológica.

La otra modalidad, es mediante una expropiación del sitio, en donde el dominio o la propiedad del polígono o entorno a proteger cambian de dueño y ese espacio pasa a ser propiedad de todos los mexicanos bajo la administración del gobierno federal.

En ambas modalidades de la declaratoria de una ANP existe la obligación de inscribir los datos del área natural a proteger en el Registro Público de la Propiedad de los lugares en donde se encuentren.

Cuando se aprobaron las actividades de la minera Paredones Amarillos, y de otras concesiones mineras que existen en la zona, la Sierra La Laguna no había sido declarada Área Natural Protegida. Su autorización la obtuvo la empresa una vez que cumplió los requisitos prevalecientes en aquel entonces, hace más de una década, ante la instancia responsable, y sobre esa base, se emitió la aprobación, sujeta a una serie de restricciones contenidas en el propio permiso. Conviene señalar que hay otras autoridades federales que se encargan de autorizar las concesiones mineras cuando estas proceden. Todo esto es materia federal, nada tienen que ver los estados y mucho menos los municipios en donde se ubique alguna ANP, que para el caso de la Sierra La Laguna son los municipios de La Paz y de Los Cabos.

No es Némesis el espacio para analizar si esto es justo o conveniente, el caso es que, por el momento, así están definidos los ámbitos de competencia.

Para decirlo con claridad meridiana, los estados y municipios no pintan.

Pero tampoco nos podríamos atener, si fuera el caso, a que el gobierno del estado cumpla con su función en la defensa del patrimonio natural de los sudcalifornianos, porque cuando se les dice que hay severas restricciones ambientales que impedirían la puesta en marcha del proyecto, ¡se enojan más que los propios empresarios!

Lo que sirvió de base para otorgarle la concesión a la empresa minera se dio cuando la zona no estaba protegida; en consecuencia, la circunstancia de hoy es radicalmente distinta porque ahora sí es una ANP, desde el 6 de junio de 1994, hace 16 años. Por lo tanto, es indispensable que se vuelva a analizar en sus méritos el proyecto de explotación minera a cielo abierto en la Sierra La Laguna, a la luz de las nuevas normas y restricciones ambientales a las que se debe sujetar.

Y si así fuera, sencillamente, el proyecto no operará. Claro y fácil.

Y no es el único peligro. En la Reserva existen 21 denuncios mineros, 11 de ellos para exploración y 10 para explotación en favor de diversas empresas y personas físicas, entre ellas Echo Bay México, S.A. de C.V., Productos Metálicos y Derivados, S.A. de C.V., Paredones Amarillos S.A. de C.V. y el Consejo de Recursos Minerales.

Si hay consistencia y congruencia en materia ambiental, y respeto por las normas nacionales y mundiales que rigen ahora a la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, el proyecto no será autorizado y podremos seguir disfrutando de esta maravilla natural por siempre.

Hay signos alentadores, sólo signos, aclaro, de que este crimen no se cometerá.

En su columna Derrotero (2/1/2010) mi colega de espacio Fernando Amaya Guerrero cita declaraciones del Delegado de la Semarnat en el estado, Marco Antonio González Vizcarra, indicando que “se está estudiando la posibilidad de otorgar el permiso a la Minera Paredores Amarillo (sic), para explotar, oro en una zona adyacente a la Sierra de la Laguna (sic) en la zona de amortiguamiento de esa área natural protegida y que será en el plazo no mayor de 60 días cuando se determine o no la factibilidad”.

Una pequeña precisión, la mina estará, si la autorizan, dentro de la Sierra La Laguna, no en una zona adyacente ni afuera.

Y agregó, “como lo ha dicho el propio titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Ernesto Enkerlin, hasta ahora la posición de la SEMARNAT, es que este proyecto no es viable”.

En efecto, Ernesto Enkerlin, Comisionado Nacional, señaló textualmente “Estas declaraciones se toman de algunas que hice algún tiempo. Efectivamente nosotros en principio nos oponemos al establecimiento de minas a cielo abierto y en la mayor parte de las áreas protegidas eso no sería posible. En el caso de Sierra de La Laguna (sic) hay un área dentro del Programa de Conservación y Manejo de Aprovechamiento Especial que hipotéticamente permitiría una mina sin embargo en nuestra opinión les faltan muchos otros requisitos ambientales, ajenos a CONANP, y por ello mantenemos que hasta este momento no vemos que el proyecto sea viable”.

La CONANP es un órgano desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo la administración de 173 áreas naturales de carácter federal que representan actualmente 24,406,886 hectáreas. Por lo que hemos sabido y escuchado en diversos medios, sus autoridades nacionales y locales honrarán su función y harán lo necesario para cumplir con su obligación de salvaguardar el interés público por el cual la Sierra La Laguna se declaró Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera, y patrimonio natural de todos los mexicanos y del mundo.

Ojalá y no me equivoque.

México es ya el quinto país del planeta por el número de espacios protegidos, detrás de Estados Unidos, Rusia, España y China.

Por ahora, les otorgo a nuestras autoridades ambientales, sin recelos, el beneficio de la duda.

Porque como dijo el insigne filósofo de Güemes, ¿Lloverá a la noche?... Mañana te digo.

No se trata de ser conservacionista a ultranza o un trasnochado ambientalista.

El punto es evitar, con lo que tengamos a nuestro alcance, la estúpida destrucción de la naturaleza por unos miserables gramos de oro.

Y si es con la ley en la mano, mejor.