¿Quién se va a quejar ante una comisión integrada por altos representantes de los tres poderes porque alguna de las instituciones que encarnan se hubiera negado a informar? Tal vez un bobo trastornado que crea todavía en los Reyes Magos. Y las autoridades lo saben.
Usted cree, filoso lector, que quienes han hecho de la opacidad un modo de ser le van a exigir a otro oscuro funcionario que proporcione datos “delicados” o “confidenciales” según su personal definición. ¿Ahora resulta que los mismos funcionarios que escamotean la información relevante de sus dependencias se exigirán a sí mismos cumplir con esta grotesca Ley? A ver quien se los cree.
La verdad, si somos objetivos y honestos en el juicio, esta fangosa Ley de Transparencia no es mas que una tomadura de pelo para los ciudadanos y un yerro monumental para quienes pensaron que con este “brillante instrumento” se daría la ansiada transparencia y resolverían el espinoso problema de ser un estado colero en esta materia. Es el gatopardismo llevado a su máxima expresión. Es el cambio “radical” para que todo siga igual.
Los sesudos integrantes de la “comisión” ya se dieron cuenta de que esta Ley es una vacilada, y por esta razón, nos amenazan afirmando que el año que entra, “probablemente” ya estén en posibilidades de crear un “Instituto” parecido al Federal de Acceso a la Información Pública o al de Sinaloa, pero ya ciudadanizado, sin funcionarios ni representantes del Poder Judicial, del Ejecutivo o del Congreso. Aparte del tiempo y la oscuridad en la que operarán los poderes del estado durante todo ese tiempo, esta otra “institución ciudadana” nos costará mas o menos unos tres millones de pesos al año. Si es que fuera verdad el asunto del engendro ciudadanizado, porque si en verdad querían y quieren ser transparentes lo hubieran hecho antes de tomarnos a todos el pelo. Ahora hay que hacer varios viajes y visitas de “estudio” en el país y en el extranjero para intentar corregir el disparate, cuando lo razonable, lo que aconseja el sentido común, sería simplemente arrojar esta Ley al bote de la basura porque su ajuste costará más trabajo y dinero y porque sus míseros resultados están a la vista.
Si me interesara información sobre algún tema, suponiendo que me la facilitaran, para darla a conocer en mi columna a los dos lectores asiduos que tengo, pues solamente tendrán acceso a ella quienes compren y lean El Sudcaliforniano de ese día y francamente ese no es el punto. Así, la información continuará quedándose en un sector de la población y bastante menor, por cierto. No es por ahí. Y lo saben.
¿Porqué esconder o restringir información que debe ser pública? La respuesta es muy simple: primero por temor, después por vergüenza, y luego, por las posibles consecuencias ante ilícitos, errores graves o abusos. Desde hace quince días vivimos en el escándalo de los sueldos ocultos de Leonel y del actual gobernador, que tendrían que haber sido públicos hace tiempo; pero hay honrosas y plausibles excepciones, los funcionarios de algunos ayuntamientos ya dieron a conocer estos datos ¿y que creen que pasó? Pues nada, absolutamente nada. Los otros no sé qué están esperando. Tal vez que sus funcionarios segundones e incompetentes, que son más papistas que el papa, los metan al alboroto y la vergüenza de los sueldos millonarios. ¡No me defiendas compadre!
Son los líderes quienes tienen que tomar, pero ya, esa decisión, y deben obligar a los segundones lame suelas, opacos, defendedores de honras ajenas y cortos de visión, a que acaten la orden. Así nomás.
Pero alégrense todos, les voy a dar una receta a título oneroso pagadero con una parte del ahorro logrado, que puede resolver de raíz el problema de la transparencia y no requiere de la creación de ningún instituto, ni comisiones, burocracias u otros galimatías evitándose, además, el contacto personal al mínimo posible.
No se asusten, mi propuesta es de una simpleza que los pasmará. Casi de Perogrullo. Por lo mismo será muy difícil de aplicar porque lo sencillo espanta, y más a los enanos.
Pero ¿porqué no lo harían antes si en realidad tenían la convicción de fomentar la transparencia? Sólo se ocupaba de creatividad, ingenio y ganas.
¿Porqué siempre buscamos soluciones que nos complican la vida? Usted y yo, translúcido lector, ya conocemos la respuesta.
Bueno ahí les va. Pongan ustedes atención, señora licenciada y señor Ingeniero.
1. - El Congreso modificará la Ley de Transparencia para obligar a cada uno de los poderes del estado a colocar toda la información relevante en su página de Internet en un plazo perentorio. Así la información será verdaderamente pública, al alcance de cualquier interesado en el planeta y sin más trámites que un clic para disponer de ella. Nada de arcaicos formatos u oficios, ni jetas o antesalas, ni “venga en 15 días”.
2. - No reservar información aduciendo “seguridad del estado”, concepto que siempre equivale a la seguridad del propio servidor público responsable para ocultar algo ilícito.
3. - El catalogo mínimo de información deberá contener los conceptos descritos en el Capítulo Segundo de la Ley de Transparencia vigente, al que previa revisión, se le agregarán otros datos como la información fiduciaria. El contenido deberá revisarse y actualizarse cada tres meses, según el tema.
4. - No habrá prescripción para quien incumpla la nueva Ley de Transparencia, y cuando se quebrante la norma, se sancionará con la destitución del empleado, funcionario o autoridad culpable, y si procede, se le aplicará el Código Penal.
5. – Dudas, consultas y aclaraciones serán resueltas por correo electrónico o por teléfono cuando más en un día.
6. – Las entidades para supervisar el cumplimiento de la Ley y sancionar a los infractores ya existen, serán la Contraloría del estado y las de los ayuntamientos.
Y tan tan. Listo. Más fácil ya no se puede.
¿Mejor? Imposible. ¿Cuánto cuesta? Una bicoca porque se aprovecha lo que ya existe.
¿Para qué demonios queremos comisiones o institutos si cuando se quiere ser transparente sólo se necesita voluntad política para serlo?
Lo demás, cualquier cosa que inventen, será para continuar por el camino de la opacidad mediante inútiles leyes y procedimientos tortuosos, cuyo único fin es escamotear información a los ciudadanos cuando debería ser pública y estar, obligatoriamente y por convicción, a la disposición de quien la quiera ver.De nada.
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