Los mexicanos hemos construido esta nación a base de grandes esfuerzos, empujados todos por movimientos sociales que han costado sangre a borbotones y carretadas de dinero. Bajo el influjo de las instituciones monárquicas españolas del siglo XVI y las influencias más retrogradas del catolicismo imperante logramos construir un país sobre las ruinas de la dominación colonial. Una buena parte de las instituciones creadas nacieron corruptas, muertas para efectos del progreso de las personas. Otras, que aparentemente fueron benéficas, al paso del tiempo, resultaron contaminadas y podridas por la corrupción. Algunas más, no se diseñaron para resolver los asuntos sencillos y cotidianos de la gente común sino para complicarlos, pervertirlos y con ello sacar provecho.
Esta corrupción galopante invadió a casi todos los países sometidos por la corona española en sus dominios en ultramar. Desde luego, México, no escapó a este proceso lento de descomposición ocasionado por una maraña de intereses creados y complicidades, y para nuestra desgracia, encontramos en los anchos cauces de la corrupción una salida certera para vencer los obstáculos y provocar que las cosas se hicieran, porque en condiciones normales de funcionamiento institucional no sería posible lograrlo.
Dentro de este apretado bosquejo que con honrosas excepciones sucede en toda América Latina, nuestro país ha producido una cantidad fenomenal de leyes e instituciones cuyo único fin ha sido el de construir un estado de derecho eficaz, que hasta hoy se nos niega, para impedir el crecimiento de la corrupción. Con la experiencia de siglos, se han refinado las formas de corrupción, éstas han ido creciendo y acomodando mejor sus vastos tentáculos hasta penetrar en todos los estratos de la población.
La corrupción siempre se genera desde arriba y por eso no terminará.
Es entonces cuando el proceso de modernización reciente del país obliga a reaccionar a diferentes sectores de la sociedad y autoridades, y no encontramos otra manera de resolver el problema creado, cultivado y solapado durante años, que la de fundar una maraña burocrática de instituciones para combatir la corrupción.
La principal característica de este fenómeno social que nos degrada y carcome, es la opacidad. Requiere de callejones burocráticos oscuros y retorcidas mallas de complicidades que enredan los asuntos y provocan una parálisis que obliga, fatalmente, a resolver el problema mediante interminables actos de corrupción. Por esa razón brotan como hongos quienes vigilan a los que dicen trabajar con honestidad, los que cuidan a los vigilantes, los que supervisan a los que vigilan y otras autoridades que los fiscalizan a todos. Este enjambre jurídico y administrativo de fiscalizadores, se ha enfocado, sin lograrlo hasta ahora, a impedir que se corrompa el ejercicio de la función pública y a trasparentar sus funciones. El cuento de nunca acabar. La batalla perdida.
Y para asombro de todos, los esfuerzos institucionales que la sociedad mexicana ha realizado no han impedido que el fenómeno de la corrupción se multiplique, o en el mejor de los casos, permanezca enquistado e inmutable. No hemos mejorado en absoluto, sólo cambia el camuflaje. En los indicadores básicos que constituyen al estado mexicano, el país se codea con Mali, Bangladesh, Ecuador, Sudáfrica, Nigeria, Namibia y el Perú. Las calificaciones que nos otorgan los organismos internacionales estudiosos del tema, nos ubican cercanos a la cola de los 104 países que fueron analizados en el informe de Davos. Predominan calificaciones del 56 para arriba, hacia la cola, por el rumbo cercano al despeñadero. Y no se ve un resquicio por donde mejorar.
En el caso del estado maravilla, bastaría recordar que en el Índice de Transparencia en la Información Fiscal de las entidades federativas 2005, Baja California Sur ocupó el lugar 27 de 31 estados evaluados, estamos a solamente cuatro puntitos del abismo, o de la cola, como usted quiera. Casi en la oscuridad absoluta y ya pasó un año de esta administración. Y nos resistimos a la transparencia. En 2003 la encuesta de Transparencia Mexicana nos otorgó un honrosísimo primer lugar... que ya perdimos y bajamos al tercero en el 2005. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a las autoridades?
En Sudcalifornia también concebimos nuestro numerito para hacer como que hacemos algo para resolver el problema de la transparencia de los poderes del estado, y entró en vigor la nueva Ley de Transparencia a partir del 1º de enero de 2006. Fue anunciada con insistencia desde la toma de posesión del gobernador Agundez como si este malogrado e inútil papelucho fuera el ardid perfecto para tratar de timarnos.
La memoria histórica de lo que es público no debe quedar al arbitrio de ningún servidor público, a sus humores y ocurrencias; la información que se produce en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no es privada, ni parte de su patrimonio personal; el conocimiento de esos registros no puede estar sujeto a su capricho, ni obedecer a criterios discrecionales o reglas burocráticas oscuras para darla a conocer a todos. La información pública pertenece a los ciudadanos y es obligación de las autoridades darla a conocer aunque nadie se las exija. Así nomás.
Pero con esta Ley ocurrió lo mismo que sucede con muchas otras: fue el parto de los montes. Concibieron algo que no le sirve a nadie más que al gobierno. En el colmo del absurdo kafkiano, al que ya nos tienen acostumbrados, resulta que quienes vigilan la aplicación de la norma son precisamente los mismos funcionarios de los poderes del estado, quienes forman una “comisión” para atender este problema.
Ufano, el Presidente de la inservible “comisión” asegura que hasta hoy no ha recibido quejas ni reclamos de ninguna especie por el hecho de que alguna dependencia de los tres poderes del estado se haya negado a proporcionar la información solicitada por algún ciudadano. Y claro, si nadie se las pide se la guardan.
Continuaremos y terminamos en la próxima entrega.
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