No cabe duda que soy descuidado. Me entregue sin freno a los placeres de la época de fin de año y muy poco a la reflexión y a la lectura. Logré serenarme hasta el nueve de enero.
Seguramente por las entretenidas fiestas navideñas, las francachelas y la champaña, y por la grata presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar y las vacaciones, no me di cuenta del momento en que las autoridades del estado responsables de la seguridad pública, tomaron las medidas necesarias para impedir la extorsión desde los penales por delincuentes que utilizan teléfonos celulares y fijos que existen en los centros penitenciarios.
Si usted, avezado lector, escuchó durante el guateque algo como: “Ya iniciamos el bloqueo de llamadas procedentes de celulares desde los penales del estado”. Por favor dígame, apiadado lector, en dónde, cuándo y a qué horas ocurrió la feliz noticia.
O si escucho alguna otra comprometida declaración del Procurador o del recién investido Secretario de Seguridad Pública como esta: “Nos hemos informado con autoridades de otros estados para aprovechar las experiencias positivas que han logrado en el bloqueo de las señales de celulares desde los penales para impedir, de una vez por todas, la extorsión telefónica a los ciudadanos de Sudcalifornia”.
O tal vez escuchó alguna tronante declaración del gobernador del estado como esta: “Le he dado instrucciones al señor Procurador y al futuro Secretario de Seguridad Pública para que, de inmediato y con la urgencia del caso, impidan las extorsiones telefónicas procedentes de los penales del estado disponiendo de los recursos necesarios para resolver este problema. Las medidas se aplicarán antes del fin de este año”.
Qué le hubiera parecido esta otra de algún funcionario de altísimo nivel: “A partir del 1 de enero de 2006 las señales de celulares provenientes de los penales del estado han sido bloqueadas, y desde los teléfonos públicos de estos centros se emite una advertencia indicando que la llamada proviene del Cereso equis”. Y rematara así: “Nunca más un sudcaliforniano será extorsionado por la vía telefónica desde un penal”. Mejor imposible.
Suena bien. De poca...
Hasta parece que estoy en Foxilandia.
Pero también me pregunto ¿los altos funcionarios necesitarán instrucciones especiales de la más alta autoridad del estado para actuar, y cumplir con sus obligaciones que están claramente especificados en la Ley Orgánica? En esta materia ¿quiénes y cómo deciden las prioridades y las urgencias?
Es lamentable, pero estas fechas pasadas tan proclives a la parranda, los regalos, también a la reflexión y a las grandes comilonas, me impidieron escuchar o leer ese tipo de declaraciones. Francamente me hubiera gustado hasta conservar el periódico en el que se publicaron aunque no hubiera sido El Sudcaliforniano. Si usted, apacible lector, logró escaparse de los festejos y tuvo tiempo para leer los periódicos por favor notifíqueme quién, dónde y cuando ocurrió esta fenomenal noticia.
Tal vez por eso no me sorprende la detención de tres personas dedicadas a la extorsión en el municipio de Comondú el mismísimo 7 de enero anterior, lo cual nos indica que este productivo oficio se ha incrementado en el estado, sus víctimas ya no son solamente los habitantes de los municipios de La Paz y Los Cabos. Lo curioso es que los detuvieron sin estar presos en algún penal del estado. Andaban “trabajando” en la calle, libres, extorsionando a quien se dejara. Excelente noticia. Tres extorsionadores menos en las calles. Pero ahora existe el riesgo de que continúen con su actividad delictiva desde el interior de algún penal del estado, porque ahí dispondrán, sin ninguna restricción, de los teléfonos necesarios para su ilícita actividad sea por medio de celulares o desde los teléfonos públicos instalados en el interior de los reclusorios. Estos delincuentes ya aprendieron en la calle cómo planear y ejecutar una extorsión, y ahora dentro de los penales, se educarán en lo que haga falta. Terminarán el curso. Y tal vez hasta la maestría o el doctorado.
Siempre y cuando el ministerio público y el juez de la causa no le fallen a los ciudadanos.
Pero resulta que también se está presentando el problema de las extorsiones telefónicas con una mayor frecuencia en el municipio de Los Cabos donde las propias autoridades de la Procuraduría reconocen que en “las ultimas fechas han sido varias las denuncias que se han registrado por las llamadas telefónicas de extorsión a ciudadanos del municipio”. Y agregan “las llamadas provienen principalmente de los penales de Guerrero, Guadalajara y del Estado de México”.
Yo quiero creerles, de veras, ¿pero con qué bases pueden asegurar que las llamadas proceden de esos estados y no de los penales locales? Sólo bastaría comprar y dar de alta un teléfono celular en Guadalajara o en Toluca y llamar desde La Paz o Constitución y con ese sólo hecho harían creer a cualquiera que provienen de allá. Los delincuentes, hoy presos, hubieran podido comprar fácilmente más teléfonos celulares con los 50 mil pesos que obtendrían de la extorsión en Comondú de haber tenido éxito. O usar los fondos ahorrados por los delincuentes producto de sus fechorías. O utilizar sus contactos para hacerles llegar los teléfonos que necesiten para hacer mejor su “trabajo”.
Es más algunos reclusos en el D. F. ya resolvieron el bloqueo y encontraron la forma para evitar que se active la grabación de alerta para el receptor de la llamada cuando ésta se realiza desde un teléfono público situado en el interior de un penal. Compran tarjetas prepagadas de teléfono que obligan primero a recibir la llamada en un “call center”, anulando con ello la alerta, porque de ahí sale de nuevo la llamada ya sin el mensaje preventivo. Las autoridades y Telmex van a corregir el problema, pero esto nos indica la necesidad de estar siempre vigilantes porque los reclusos extorsionadores buscarán con ingenio criminal hasta encontrar una forma de evitar el mensaje que les avise a las futuras víctimas que están por recibir una llamada de un penal.
¿Habrá hecho a conciencia la Procuraduría la labor de investigación que un asunto de estos amerita?
Yo que sé, hay mil formas para extorsionar ciudadanos que las autoridades deberán investigar.
En La Paz ni se diga, ya hemos conocido varios casos impunes ratificados por confiables declaraciones de las propias víctimas. Con todo y denuncia.
Cuando ocurra la extorsión en las calles, en libertad, hay que detener a los delincuentes como ya demostraron las autoridades que lo pueden hacer. Lo hicieron muy bien, con denuncia ciudadana de por medio, porque de otra manera es imposible. Y para quien intente extorsionar desde el interior de los penales del estado habrá que bloquear las señales de teléfonos celulares, y desde los públicos ubicados en esos centros, enviar los mensajes preventivos grabados para que todo aquel que reciba una llamada de un Cereso sepa, sin dudas, que procede de un penal.
No hay más.
No actuar en varios frentes propiciará la impunidad, y consecuentemente, el crecimiento desmedido de este tipo de delitos y otros muchos.
La impunidad alienta a los delincuentes.
Si un delincuente no es detenido cuando comete un delito, lo hará de nuevo, una y otra vez, porque no le pasa nada.
La impunidad es el enemigo a vencer.
Ojalá y de verdad se me haya pasado leer la buena noticia en los periódicos.
Tendré que comprar los diarios de los últimos 15 días del año pasado para verificar la existencia de las supuestas declaraciones de las autoridades y tener la certeza de que no fueron producto de un deseo febril o provocadas por una alucinación navideña.
Y en todo caso, si no ocurrió nada de esto el año pasado, pues ojalá se convierta en uno de los buenos propósitos del nuevo año. Ya veremos.
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