¿Quién se va a quejar ante una comisión integrada por altos representantes de los tres poderes porque alguna de las instituciones que encarnan se hubiera negado a informar? Tal vez un bobo trastornado que crea todavía en los Reyes Magos. Y las autoridades lo saben.
Usted cree, filoso lector, que quienes han hecho de la opacidad un modo de ser le van a exigir a otro oscuro funcionario que proporcione datos “delicados” o “confidenciales” según su personal definición. ¿Ahora resulta que los mismos funcionarios que escamotean la información relevante de sus dependencias se exigirán a sí mismos cumplir con esta grotesca Ley? A ver quien se los cree.
La verdad, si somos objetivos y honestos en el juicio, esta fangosa Ley de Transparencia no es mas que una tomadura de pelo para los ciudadanos y un yerro monumental para quienes pensaron que con este “brillante instrumento” se daría la ansiada transparencia y resolverían el espinoso problema de ser un estado colero en esta materia. Es el gatopardismo llevado a su máxima expresión. Es el cambio “radical” para que todo siga igual.
Los sesudos integrantes de la “comisión” ya se dieron cuenta de que esta Ley es una vacilada, y por esta razón, nos amenazan afirmando que el año que entra, “probablemente” ya estén en posibilidades de crear un “Instituto” parecido al Federal de Acceso a la Información Pública o al de Sinaloa, pero ya ciudadanizado, sin funcionarios ni representantes del Poder Judicial, del Ejecutivo o del Congreso. Aparte del tiempo y la oscuridad en la que operarán los poderes del estado durante todo ese tiempo, esta otra “institución ciudadana” nos costará mas o menos unos tres millones de pesos al año. Si es que fuera verdad el asunto del engendro ciudadanizado, porque si en verdad querían y quieren ser transparentes lo hubieran hecho antes de tomarnos a todos el pelo. Ahora hay que hacer varios viajes y visitas de “estudio” en el país y en el extranjero para intentar corregir el disparate, cuando lo razonable, lo que aconseja el sentido común, sería simplemente arrojar esta Ley al bote de la basura porque su ajuste costará más trabajo y dinero y porque sus míseros resultados están a la vista.
Si me interesara información sobre algún tema, suponiendo que me la facilitaran, para darla a conocer en mi columna a los dos lectores asiduos que tengo, pues solamente tendrán acceso a ella quienes compren y lean El Sudcaliforniano de ese día y francamente ese no es el punto. Así, la información continuará quedándose en un sector de la población y bastante menor, por cierto. No es por ahí. Y lo saben.
¿Porqué esconder o restringir información que debe ser pública? La respuesta es muy simple: primero por temor, después por vergüenza, y luego, por las posibles consecuencias ante ilícitos, errores graves o abusos. Desde hace quince días vivimos en el escándalo de los sueldos ocultos de Leonel y del actual gobernador, que tendrían que haber sido públicos hace tiempo; pero hay honrosas y plausibles excepciones, los funcionarios de algunos ayuntamientos ya dieron a conocer estos datos ¿y que creen que pasó? Pues nada, absolutamente nada. Los otros no sé qué están esperando. Tal vez que sus funcionarios segundones e incompetentes, que son más papistas que el papa, los metan al alboroto y la vergüenza de los sueldos millonarios. ¡No me defiendas compadre!
Son los líderes quienes tienen que tomar, pero ya, esa decisión, y deben obligar a los segundones lame suelas, opacos, defendedores de honras ajenas y cortos de visión, a que acaten la orden. Así nomás.
Pero alégrense todos, les voy a dar una receta a título oneroso pagadero con una parte del ahorro logrado, que puede resolver de raíz el problema de la transparencia y no requiere de la creación de ningún instituto, ni comisiones, burocracias u otros galimatías evitándose, además, el contacto personal al mínimo posible.
No se asusten, mi propuesta es de una simpleza que los pasmará. Casi de Perogrullo. Por lo mismo será muy difícil de aplicar porque lo sencillo espanta, y más a los enanos.
Pero ¿porqué no lo harían antes si en realidad tenían la convicción de fomentar la transparencia? Sólo se ocupaba de creatividad, ingenio y ganas.
¿Porqué siempre buscamos soluciones que nos complican la vida? Usted y yo, translúcido lector, ya conocemos la respuesta.
Bueno ahí les va. Pongan ustedes atención, señora licenciada y señor Ingeniero.
1. - El Congreso modificará la Ley de Transparencia para obligar a cada uno de los poderes del estado a colocar toda la información relevante en su página de Internet en un plazo perentorio. Así la información será verdaderamente pública, al alcance de cualquier interesado en el planeta y sin más trámites que un clic para disponer de ella. Nada de arcaicos formatos u oficios, ni jetas o antesalas, ni “venga en 15 días”.
2. - No reservar información aduciendo “seguridad del estado”, concepto que siempre equivale a la seguridad del propio servidor público responsable para ocultar algo ilícito.
3. - El catalogo mínimo de información deberá contener los conceptos descritos en el Capítulo Segundo de la Ley de Transparencia vigente, al que previa revisión, se le agregarán otros datos como la información fiduciaria. El contenido deberá revisarse y actualizarse cada tres meses, según el tema.
4. - No habrá prescripción para quien incumpla la nueva Ley de Transparencia, y cuando se quebrante la norma, se sancionará con la destitución del empleado, funcionario o autoridad culpable, y si procede, se le aplicará el Código Penal.
5. – Dudas, consultas y aclaraciones serán resueltas por correo electrónico o por teléfono cuando más en un día.
6. – Las entidades para supervisar el cumplimiento de la Ley y sancionar a los infractores ya existen, serán la Contraloría del estado y las de los ayuntamientos.
Y tan tan. Listo. Más fácil ya no se puede.
¿Mejor? Imposible. ¿Cuánto cuesta? Una bicoca porque se aprovecha lo que ya existe.
¿Para qué demonios queremos comisiones o institutos si cuando se quiere ser transparente sólo se necesita voluntad política para serlo?
Lo demás, cualquier cosa que inventen, será para continuar por el camino de la opacidad mediante inútiles leyes y procedimientos tortuosos, cuyo único fin es escamotear información a los ciudadanos cuando debería ser pública y estar, obligatoriamente y por convicción, a la disposición de quien la quiera ver.De nada.
Diosa griega de la "redistribución" o del equilibrio. Su labor era castigar a aquellos que cometían crímenes y quedaban impunes, a la vez que recompensaba a los que sufrían injustamente. Bajo este nombre se publican todas las columnas que aparecieron en el periódico El Sudcaliforniano en La Paz, Baja California Sur. A partir del 7ene2017 solamente se publican comentarios y algunas columnas en este Blog.
22 junio 2006
12 junio 2006
LAS RONCHAS QUE PRODUCE LA TRANSPARENCIA (I)
Los mexicanos hemos construido esta nación a base de grandes esfuerzos, empujados todos por movimientos sociales que han costado sangre a borbotones y carretadas de dinero. Bajo el influjo de las instituciones monárquicas españolas del siglo XVI y las influencias más retrogradas del catolicismo imperante logramos construir un país sobre las ruinas de la dominación colonial. Una buena parte de las instituciones creadas nacieron corruptas, muertas para efectos del progreso de las personas. Otras, que aparentemente fueron benéficas, al paso del tiempo, resultaron contaminadas y podridas por la corrupción. Algunas más, no se diseñaron para resolver los asuntos sencillos y cotidianos de la gente común sino para complicarlos, pervertirlos y con ello sacar provecho.
Esta corrupción galopante invadió a casi todos los países sometidos por la corona española en sus dominios en ultramar. Desde luego, México, no escapó a este proceso lento de descomposición ocasionado por una maraña de intereses creados y complicidades, y para nuestra desgracia, encontramos en los anchos cauces de la corrupción una salida certera para vencer los obstáculos y provocar que las cosas se hicieran, porque en condiciones normales de funcionamiento institucional no sería posible lograrlo.
Dentro de este apretado bosquejo que con honrosas excepciones sucede en toda América Latina, nuestro país ha producido una cantidad fenomenal de leyes e instituciones cuyo único fin ha sido el de construir un estado de derecho eficaz, que hasta hoy se nos niega, para impedir el crecimiento de la corrupción. Con la experiencia de siglos, se han refinado las formas de corrupción, éstas han ido creciendo y acomodando mejor sus vastos tentáculos hasta penetrar en todos los estratos de la población.
La corrupción siempre se genera desde arriba y por eso no terminará.
Es entonces cuando el proceso de modernización reciente del país obliga a reaccionar a diferentes sectores de la sociedad y autoridades, y no encontramos otra manera de resolver el problema creado, cultivado y solapado durante años, que la de fundar una maraña burocrática de instituciones para combatir la corrupción.
La principal característica de este fenómeno social que nos degrada y carcome, es la opacidad. Requiere de callejones burocráticos oscuros y retorcidas mallas de complicidades que enredan los asuntos y provocan una parálisis que obliga, fatalmente, a resolver el problema mediante interminables actos de corrupción. Por esa razón brotan como hongos quienes vigilan a los que dicen trabajar con honestidad, los que cuidan a los vigilantes, los que supervisan a los que vigilan y otras autoridades que los fiscalizan a todos. Este enjambre jurídico y administrativo de fiscalizadores, se ha enfocado, sin lograrlo hasta ahora, a impedir que se corrompa el ejercicio de la función pública y a trasparentar sus funciones. El cuento de nunca acabar. La batalla perdida.
Y para asombro de todos, los esfuerzos institucionales que la sociedad mexicana ha realizado no han impedido que el fenómeno de la corrupción se multiplique, o en el mejor de los casos, permanezca enquistado e inmutable. No hemos mejorado en absoluto, sólo cambia el camuflaje. En los indicadores básicos que constituyen al estado mexicano, el país se codea con Mali, Bangladesh, Ecuador, Sudáfrica, Nigeria, Namibia y el Perú. Las calificaciones que nos otorgan los organismos internacionales estudiosos del tema, nos ubican cercanos a la cola de los 104 países que fueron analizados en el informe de Davos. Predominan calificaciones del 56 para arriba, hacia la cola, por el rumbo cercano al despeñadero. Y no se ve un resquicio por donde mejorar.
En el caso del estado maravilla, bastaría recordar que en el Índice de Transparencia en la Información Fiscal de las entidades federativas 2005, Baja California Sur ocupó el lugar 27 de 31 estados evaluados, estamos a solamente cuatro puntitos del abismo, o de la cola, como usted quiera. Casi en la oscuridad absoluta y ya pasó un año de esta administración. Y nos resistimos a la transparencia. En 2003 la encuesta de Transparencia Mexicana nos otorgó un honrosísimo primer lugar... que ya perdimos y bajamos al tercero en el 2005. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a las autoridades?
En Sudcalifornia también concebimos nuestro numerito para hacer como que hacemos algo para resolver el problema de la transparencia de los poderes del estado, y entró en vigor la nueva Ley de Transparencia a partir del 1º de enero de 2006. Fue anunciada con insistencia desde la toma de posesión del gobernador Agundez como si este malogrado e inútil papelucho fuera el ardid perfecto para tratar de timarnos.
La memoria histórica de lo que es público no debe quedar al arbitrio de ningún servidor público, a sus humores y ocurrencias; la información que se produce en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no es privada, ni parte de su patrimonio personal; el conocimiento de esos registros no puede estar sujeto a su capricho, ni obedecer a criterios discrecionales o reglas burocráticas oscuras para darla a conocer a todos. La información pública pertenece a los ciudadanos y es obligación de las autoridades darla a conocer aunque nadie se las exija. Así nomás.
Pero con esta Ley ocurrió lo mismo que sucede con muchas otras: fue el parto de los montes. Concibieron algo que no le sirve a nadie más que al gobierno. En el colmo del absurdo kafkiano, al que ya nos tienen acostumbrados, resulta que quienes vigilan la aplicación de la norma son precisamente los mismos funcionarios de los poderes del estado, quienes forman una “comisión” para atender este problema.
Ufano, el Presidente de la inservible “comisión” asegura que hasta hoy no ha recibido quejas ni reclamos de ninguna especie por el hecho de que alguna dependencia de los tres poderes del estado se haya negado a proporcionar la información solicitada por algún ciudadano. Y claro, si nadie se las pide se la guardan.
Continuaremos y terminamos en la próxima entrega.
Esta corrupción galopante invadió a casi todos los países sometidos por la corona española en sus dominios en ultramar. Desde luego, México, no escapó a este proceso lento de descomposición ocasionado por una maraña de intereses creados y complicidades, y para nuestra desgracia, encontramos en los anchos cauces de la corrupción una salida certera para vencer los obstáculos y provocar que las cosas se hicieran, porque en condiciones normales de funcionamiento institucional no sería posible lograrlo.
Dentro de este apretado bosquejo que con honrosas excepciones sucede en toda América Latina, nuestro país ha producido una cantidad fenomenal de leyes e instituciones cuyo único fin ha sido el de construir un estado de derecho eficaz, que hasta hoy se nos niega, para impedir el crecimiento de la corrupción. Con la experiencia de siglos, se han refinado las formas de corrupción, éstas han ido creciendo y acomodando mejor sus vastos tentáculos hasta penetrar en todos los estratos de la población.
La corrupción siempre se genera desde arriba y por eso no terminará.
Es entonces cuando el proceso de modernización reciente del país obliga a reaccionar a diferentes sectores de la sociedad y autoridades, y no encontramos otra manera de resolver el problema creado, cultivado y solapado durante años, que la de fundar una maraña burocrática de instituciones para combatir la corrupción.
La principal característica de este fenómeno social que nos degrada y carcome, es la opacidad. Requiere de callejones burocráticos oscuros y retorcidas mallas de complicidades que enredan los asuntos y provocan una parálisis que obliga, fatalmente, a resolver el problema mediante interminables actos de corrupción. Por esa razón brotan como hongos quienes vigilan a los que dicen trabajar con honestidad, los que cuidan a los vigilantes, los que supervisan a los que vigilan y otras autoridades que los fiscalizan a todos. Este enjambre jurídico y administrativo de fiscalizadores, se ha enfocado, sin lograrlo hasta ahora, a impedir que se corrompa el ejercicio de la función pública y a trasparentar sus funciones. El cuento de nunca acabar. La batalla perdida.
Y para asombro de todos, los esfuerzos institucionales que la sociedad mexicana ha realizado no han impedido que el fenómeno de la corrupción se multiplique, o en el mejor de los casos, permanezca enquistado e inmutable. No hemos mejorado en absoluto, sólo cambia el camuflaje. En los indicadores básicos que constituyen al estado mexicano, el país se codea con Mali, Bangladesh, Ecuador, Sudáfrica, Nigeria, Namibia y el Perú. Las calificaciones que nos otorgan los organismos internacionales estudiosos del tema, nos ubican cercanos a la cola de los 104 países que fueron analizados en el informe de Davos. Predominan calificaciones del 56 para arriba, hacia la cola, por el rumbo cercano al despeñadero. Y no se ve un resquicio por donde mejorar.
En el caso del estado maravilla, bastaría recordar que en el Índice de Transparencia en la Información Fiscal de las entidades federativas 2005, Baja California Sur ocupó el lugar 27 de 31 estados evaluados, estamos a solamente cuatro puntitos del abismo, o de la cola, como usted quiera. Casi en la oscuridad absoluta y ya pasó un año de esta administración. Y nos resistimos a la transparencia. En 2003 la encuesta de Transparencia Mexicana nos otorgó un honrosísimo primer lugar... que ya perdimos y bajamos al tercero en el 2005. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a las autoridades?
En Sudcalifornia también concebimos nuestro numerito para hacer como que hacemos algo para resolver el problema de la transparencia de los poderes del estado, y entró en vigor la nueva Ley de Transparencia a partir del 1º de enero de 2006. Fue anunciada con insistencia desde la toma de posesión del gobernador Agundez como si este malogrado e inútil papelucho fuera el ardid perfecto para tratar de timarnos.
La memoria histórica de lo que es público no debe quedar al arbitrio de ningún servidor público, a sus humores y ocurrencias; la información que se produce en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no es privada, ni parte de su patrimonio personal; el conocimiento de esos registros no puede estar sujeto a su capricho, ni obedecer a criterios discrecionales o reglas burocráticas oscuras para darla a conocer a todos. La información pública pertenece a los ciudadanos y es obligación de las autoridades darla a conocer aunque nadie se las exija. Así nomás.
Pero con esta Ley ocurrió lo mismo que sucede con muchas otras: fue el parto de los montes. Concibieron algo que no le sirve a nadie más que al gobierno. En el colmo del absurdo kafkiano, al que ya nos tienen acostumbrados, resulta que quienes vigilan la aplicación de la norma son precisamente los mismos funcionarios de los poderes del estado, quienes forman una “comisión” para atender este problema.
Ufano, el Presidente de la inservible “comisión” asegura que hasta hoy no ha recibido quejas ni reclamos de ninguna especie por el hecho de que alguna dependencia de los tres poderes del estado se haya negado a proporcionar la información solicitada por algún ciudadano. Y claro, si nadie se las pide se la guardan.
Continuaremos y terminamos en la próxima entrega.
04 junio 2006
REMEDIOS CONTRA RUIDOSOS ¿DÓNDE ESTÁN LOS EXORCISTAS?
Hay varios antídotos, según la intensidad y frecuencia de la tortura. Uno sería aplicar la ley, así sin más; casi imposible. Otro método nos lo dio recientemente El Sudcaliforniano en la nota roja, donde se reportó que una persona de 56 años, desquiciado por el ruido, tundió a su vecino por escandaloso ya que tenía, por enésima ocasión, “su” música a todo volumen para amenizar sus continuas borracheras. El vecino enfadado, harto, desesperado, se metió a la casa del ruidoso y al grito de “Ya me tienes harto con tantos gritos y música a todo volumen...”. ¡Zas!, le abrió la cabeza a golpes con la ayuda de un ladrillo. Seguramente habrá otras formas porque este caso es como aquel reportero que sostenía “para que discutir algo que puedes arreglar a madrazos”. Es seguro que el vecino molesto por el ruido, se dirigió en muchas ocasiones al escandaloso para que le bajara el volumen a su fiesta particular a la que se le forzaba a asistir.
¿Sabe usted que dice el Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008 en el apartado de Política Ambiental? Pues que pretenden “Mejorar la atención y el seguimiento a denuncias ciudadanas por emisión de elementos contaminantes en agua, aire, ruido, suelo”. Y en el apartado de este mismo documento, pero en materia de salud pública, se comprometen a “Eficientar la atención a las denuncias ciudadanas en materia de contaminación ambiental por ruido, emisión de partículas o gases contaminantes y depósitos de residuos sólidos”. Juro que así dice.
¿Sabe usted que dice al respecto el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de La Paz? Pues que el ruido está absolutamente prohibido. Por todos lados. Así nomás. ¿Y... ? Usted debe saber, avecindado lector, que existe un papelucho que lleva ese título, así se llama, aunque pocos ciudadanos conocen de su existencia y pocas autoridades lo conozcan y apliquen. De verdad no estoy inventando su existencia, y para demostrárselo, incrédulo lector, citaré algunas partes que contienen disposiciones muertas y enterradas sobre el tema del ruido.
Aclaro que lo copio de la página de Internet del Ayuntamiento, tal cual, porque en realidad parece que lo redactó algún iletrado que pasaba en ese momento por el Cabildo de la época, lo cual quiere decir, que está escrito con las patas. Sin exagerar, de verdad así está concebido y les pido a los celosos correctores de casa que no le metan la mano a nada de lo que sigue. Las citas no se corrigen, son citas.
Y yo no fui.
Pero ese no es el punto. Vamos al contenido.
El Capítulo VIII, que se refiere al tema “Del orden público” en su Artículo 34 nos dice, entre otros incisos, que son contravenciones del orden público: “I. Causar escándalo en la vía o lugares públicos... VII. Operar aparatos amplificadores de sonido en lugares públicos, establecimientos comerciales o vehículos, emitiéndolo hacia la vía pública, sin el permiso correspondiente o contraviniendo este (Obsérvese el grado de discrecionalidad a cargo de la autoridad.) VIII. Turbar la tranquilidad social con ruidos, gritos, aparatos mecánicos, magna voces u otros semejantes... XIV. Organizar o formar parte de grupos o pandillas en la vía pública que causen molestias a las personas que por ellas transitan, o a las familias que habitan cerca del lugar en que se reúnan dichos grupos, así como a cualquier tipo de vehículo...”.
Y perdóneme usted la tortura cívica, sosegado lector, pero le tengo que transcribir todo el Artículo 35 de este fantasmagórico y olvidado monumento que tenemos para el “Buen Gobierno” de los paceños, a ver si de chiripa lo lee alguna autoridad municipal competente y se apiada de nosotros aplicándolo.
“ARTICULO 35.- Queda prohibida la emisión de ruido, cuyo nivel máximo dea de 112 decibeles, durante un lapso superior a 15 segundos, o de nivel que exceda a los 140 decibeles, con duración superior a un segundo. (Si alguien logra entender esto ultimo por favor que me lo explique).
Para efectos de este capítulo, los volúmenes de sonido de fuentes fijas autorizados en el Municipio de La Paz, son los siguientes:
a) De las seis a las veintidos horas: 68 decibeles.
b) De las veintidos horas a las seis horas del dia siguiente: 55 decibeles.
El ruido producido por instrumentos, animales, personas o cualquier cosa, de manera que moleste a los habitantes transéuntes y vecinos, deberá ser evitado.
Los particulares que tengan instalaciones fábriles en las zonas urbanas, deberán prevenir la producción de ruidos, de manera que no molesten a los vecinos.
Para que en la vía pública y durante el día pueda hacerse uso de instrumentos musicales y aparatos mecanicos o eléctricos que produzcan sonido, se requiere de licencia que deberá expedir el Presidente Municipal. Las sinfonolas en establecimientos comerciales, sujetos a la licencia que expida la Presidencia Municipal, queda estrictamente prohibido que los funcionen a mayor volúmen del límite autorizado, y con molestia a los vecinos del lugar en donde se encuentren instalados.
Los aparatos amplificadores de sonido y otros dispositivos similares que produzcan ruido en la vía publica o en el medio ambiente de la comunidad, solo podran ser usados en caso de servicio de beneficio colectivo, no comercial y requerirán de permiso, siempre y cuando no exceda un nivel de 75 decibeles.
Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en la cercanía de centros hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios donde el ruido entorpezca cualquier actividad, se deberán ajustar a un nivel máximo permisible de emisión de ruido de 55 decibeles. Este nivel se medira en forma contínua o semicontínua en las colindancias del predio afectado durante un lapso menor de 15 minutos, conforme a las normas correspondientes”. Termina la larga cita. ¿Y...?
Hay párrafos “técnicos” de risa loca pero les juro, ruidosos dos lectores, que así está escrito. Insisto, la cita fue textual.
Por último, y para que normen su criterio, sólo les recuerdo que una licuadora emite entre 65 y 70 decibeles, depende del modelo, según lo comentamos en la columna que sobre el mismo tema se publicó el 19/04/2005 en este mismo espacio.
Sé que estos son los retos que les gustan a Víctor Castro y a algunos regidores, así que ahí les mando una recta. El mamotreto actual para el “Buen Gobierno” está de pechito como para que metan un golazo diseñando un moderno Código de convivencia vecinal o ciudadano con la participación de todos y con dientes suficientes como para que se cumpla cabalmente.
Una más, sería muy fácil darle a conocer a toda la población los contenidos y artículos más importantes de los principales ordenamientos cívicos que facilitan la convivencia vecinal en el municipio, como el caso de este Bando (aún como está, mientras se cambia) y otros reglamentos. Sería suficiente armar un sencillo programa de medios (prensa, radio y televisión) para dar a conocer diariamente uno o dos de los principales artículos y sus sanciones así tendríamos un poco más de la educación cívica que nos falta.
¿Qué se requiere? Simplemente voluntad y ganas. No más.
¿Qué el costo sería alto? De ninguna manera, sería una bicoca pero de muy alto impacto social.
¿Sabe usted que dice el Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008 en el apartado de Política Ambiental? Pues que pretenden “Mejorar la atención y el seguimiento a denuncias ciudadanas por emisión de elementos contaminantes en agua, aire, ruido, suelo”. Y en el apartado de este mismo documento, pero en materia de salud pública, se comprometen a “Eficientar la atención a las denuncias ciudadanas en materia de contaminación ambiental por ruido, emisión de partículas o gases contaminantes y depósitos de residuos sólidos”. Juro que así dice.
¿Sabe usted que dice al respecto el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de La Paz? Pues que el ruido está absolutamente prohibido. Por todos lados. Así nomás. ¿Y... ? Usted debe saber, avecindado lector, que existe un papelucho que lleva ese título, así se llama, aunque pocos ciudadanos conocen de su existencia y pocas autoridades lo conozcan y apliquen. De verdad no estoy inventando su existencia, y para demostrárselo, incrédulo lector, citaré algunas partes que contienen disposiciones muertas y enterradas sobre el tema del ruido.
Aclaro que lo copio de la página de Internet del Ayuntamiento, tal cual, porque en realidad parece que lo redactó algún iletrado que pasaba en ese momento por el Cabildo de la época, lo cual quiere decir, que está escrito con las patas. Sin exagerar, de verdad así está concebido y les pido a los celosos correctores de casa que no le metan la mano a nada de lo que sigue. Las citas no se corrigen, son citas.
Y yo no fui.
Pero ese no es el punto. Vamos al contenido.
El Capítulo VIII, que se refiere al tema “Del orden público” en su Artículo 34 nos dice, entre otros incisos, que son contravenciones del orden público: “I. Causar escándalo en la vía o lugares públicos... VII. Operar aparatos amplificadores de sonido en lugares públicos, establecimientos comerciales o vehículos, emitiéndolo hacia la vía pública, sin el permiso correspondiente o contraviniendo este (Obsérvese el grado de discrecionalidad a cargo de la autoridad.) VIII. Turbar la tranquilidad social con ruidos, gritos, aparatos mecánicos, magna voces u otros semejantes... XIV. Organizar o formar parte de grupos o pandillas en la vía pública que causen molestias a las personas que por ellas transitan, o a las familias que habitan cerca del lugar en que se reúnan dichos grupos, así como a cualquier tipo de vehículo...”.
Y perdóneme usted la tortura cívica, sosegado lector, pero le tengo que transcribir todo el Artículo 35 de este fantasmagórico y olvidado monumento que tenemos para el “Buen Gobierno” de los paceños, a ver si de chiripa lo lee alguna autoridad municipal competente y se apiada de nosotros aplicándolo.
“ARTICULO 35.- Queda prohibida la emisión de ruido, cuyo nivel máximo dea de 112 decibeles, durante un lapso superior a 15 segundos, o de nivel que exceda a los 140 decibeles, con duración superior a un segundo. (Si alguien logra entender esto ultimo por favor que me lo explique).
Para efectos de este capítulo, los volúmenes de sonido de fuentes fijas autorizados en el Municipio de La Paz, son los siguientes:
a) De las seis a las veintidos horas: 68 decibeles.
b) De las veintidos horas a las seis horas del dia siguiente: 55 decibeles.
El ruido producido por instrumentos, animales, personas o cualquier cosa, de manera que moleste a los habitantes transéuntes y vecinos, deberá ser evitado.
Los particulares que tengan instalaciones fábriles en las zonas urbanas, deberán prevenir la producción de ruidos, de manera que no molesten a los vecinos.
Para que en la vía pública y durante el día pueda hacerse uso de instrumentos musicales y aparatos mecanicos o eléctricos que produzcan sonido, se requiere de licencia que deberá expedir el Presidente Municipal. Las sinfonolas en establecimientos comerciales, sujetos a la licencia que expida la Presidencia Municipal, queda estrictamente prohibido que los funcionen a mayor volúmen del límite autorizado, y con molestia a los vecinos del lugar en donde se encuentren instalados.
Los aparatos amplificadores de sonido y otros dispositivos similares que produzcan ruido en la vía publica o en el medio ambiente de la comunidad, solo podran ser usados en caso de servicio de beneficio colectivo, no comercial y requerirán de permiso, siempre y cuando no exceda un nivel de 75 decibeles.
Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en la cercanía de centros hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios donde el ruido entorpezca cualquier actividad, se deberán ajustar a un nivel máximo permisible de emisión de ruido de 55 decibeles. Este nivel se medira en forma contínua o semicontínua en las colindancias del predio afectado durante un lapso menor de 15 minutos, conforme a las normas correspondientes”. Termina la larga cita. ¿Y...?
Hay párrafos “técnicos” de risa loca pero les juro, ruidosos dos lectores, que así está escrito. Insisto, la cita fue textual.
Por último, y para que normen su criterio, sólo les recuerdo que una licuadora emite entre 65 y 70 decibeles, depende del modelo, según lo comentamos en la columna que sobre el mismo tema se publicó el 19/04/2005 en este mismo espacio.
Sé que estos son los retos que les gustan a Víctor Castro y a algunos regidores, así que ahí les mando una recta. El mamotreto actual para el “Buen Gobierno” está de pechito como para que metan un golazo diseñando un moderno Código de convivencia vecinal o ciudadano con la participación de todos y con dientes suficientes como para que se cumpla cabalmente.
Una más, sería muy fácil darle a conocer a toda la población los contenidos y artículos más importantes de los principales ordenamientos cívicos que facilitan la convivencia vecinal en el municipio, como el caso de este Bando (aún como está, mientras se cambia) y otros reglamentos. Sería suficiente armar un sencillo programa de medios (prensa, radio y televisión) para dar a conocer diariamente uno o dos de los principales artículos y sus sanciones así tendríamos un poco más de la educación cívica que nos falta.
¿Qué se requiere? Simplemente voluntad y ganas. No más.
¿Qué el costo sería alto? De ninguna manera, sería una bicoca pero de muy alto impacto social.
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