OPACOS, ABUSIVOS Y GANDALLAS

Hay una lucha descarnada entre los que tienen la obligación constitucional de revisar los presupuestos ejercidos que autoriza anualmente el Congreso de la Unión y aquellos funcionarios que han hecho de la opacidad, la falta de transparencia y la rendición de cuentas una forma de vida y un sistema de gobierno rapaz. Siempre han pensado que el dinero autorizado es de su propiedad, o que se los heredó su bisabuela, y que lo pueden gastar sin freno, a discreción, para lo que perversamente se le ocurra aduciendo una verdadera estupidez: un poder no puede fiscalizar a otro. Es decir, invocan que como el órgano fiscalizador del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación, pertenece al poder legislativo pues sencillamente no se pueden meter a husmear para saber el destino del dinero autorizado... ¡por la misma Cámara de Diputados! a los diferentes órganos públicos del estado mexicano.
Se han resistido como un cochi muerto de hambre se aferra a una desdentada mazorca.
He leído con vergüenza y algo de irritación, he de reconocerlo, un documento que publica la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su sitio Web, titulado Obstáculos a la Fiscalización Superior, en donde, con toda claridad, señala haber advertido actitudes de cuestionamiento y oposición “para el desarrollo de sus revisiones lo que ha dificultado sus trabajos y muestra cierta tendencia a inhibir la fiscalización superior, la que no puede permitir excepción alguna”.
Y la sorpresa aumenta, aunque en realidad sólo para aquellos que no han tenido el privilegio de leer una columna que se llama Némesis, porque ¿adivine usted fiscalizado lector, quienes son los que se han opuesto a que la ASF los revise para ver si están gastando el dinero público conforme lo autorizó el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación? Pues muy bien, acertado lector, los que se opusieron, en primerísimo término, son los tradicionales abusivos y vividores del Poder Judicial de la Federación encabezados y defendidos por la Suprema Corte. Por su parte, en el Poder Ejecutivo hay algunas dependencias a las que les rechinan los dientes cada vez que escuchan el término auditoría, como las secretarías de Energía, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes. Hasta les suda la cola porque uno debe suponer que la tienen muy larga, larguísima y sucia.
Entre el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte han formado una mancuerna fenomenal para cerrarles al paso a los auditores de la federación cuando quieren hacer alguna revisión. Y la coartada perfecta para impedirlo es que la opaca dependencia que no acepta ser auditada planta inmediatamente una controversia constitucional en contra de la ASF ¿y adivine usted ante quien?, pues ante sus aparentes y turbios cómplices: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso se cierra el círculo infame y así ambos poderes se defienden de los aguerridos auditores del Congreso de la Unión.
Y uno se pregunta ¿pues de dónde viene tanta oposición?, puede que en realidad tengan razón y exista algún impedimento constitucional por el cual no puedan revisarles sus cuentas. Pero no, no es así, no existe fundamento legal válido. Vea usted cuáles son los conceptos de las auditorias que estas autoridades han tratado de impedir.
En la Secretaría de Gobernación pretendían revisar tres conceptos: Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal; Evaluación de Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Sorteos; y Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Modificaciones a los Permisos para la Operación de Casas de Juego. ¡Gulp! Qué bárbaros estos de la ASF cómo se quieren meter en ese estercolero. Pues claro que las autoridades afectadas se van a oponer con todos sus recursos tramposos y se apoyarán en los leguleyos que haga falta para impedir, cueste lo que cueste, la revisión de esos programas “ultrasecretos”.
Y en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se pretende revisar a una empresa llamada Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S. A. de C. V. (¿le suena a alguna parecida?) y en vez de permitir la auditoria promovieron un amparo indirecto contra la revisión denominada Evaluación del Proceso Utilizado para el Otorgamiento de Contratos de Prestación de Servicios Portuarios. El alegato es el mismo manido de siempre en donde argumentan que el objeto de la revisión “no corresponde a la gestión financiera, excediendo las facultades de la ASF”. El caso es impedir a toda costa que los auditen.
Y que pasa con la Secretaría de Energía en donde huele a petróleo, a gas, y desde luego, a carretadas de dinero fresco y sin huella, un aroma de varios miles de millones de pesos. En este caso se pretendía auditar los programas: Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Estaciones de Carburación de Gas L. P. y comenzaron a escucharse rechinidos por todos los rincones. También se llevaría a cabo la auditoria Evaluación del Proceso Utilizado para el Otorgamiento de Permisos de Certificados Fitosanitarios, y una más, denominada Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Porque tanta inquina, caray.
No, pues así quien no se va a oponer y a patalear. En un ataque de vergüenza tardía el 18 de febrero, la Secretaría de Gobernación decidió retirar la controversia planteada para tres auditorías y la ASF estaba a la espera del comunicado oficial, pero el resto de las dependencias no las han retirado, y aunque lo hicieran, esa acción no borraría el hecho de un manejo oscuro en las decisiones y en el uso de los fondos presupuestales. La Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión anunció recientemente la entrega de ocho iniciativas de reformas a leyes secundarias en materia de fiscalización superior “para acotar la discrecionalidad de recursos públicos, así como para evaluar el desempeño y las metas en gobiernos estatales”, esperando que una vez aprobadas se les quite, con la fuerza de la ley, lo gandallas.
Para que mis dos laboriosos lectores se den una idea de la bajísima estatura moral de los prohombres de la Suprema Corte, sepan ustedes que hay un juicio, promovido por ellos mismos, en donde nos percatamos que son naturalmente abusivos y gandallas porque lo llevan en su ADN, vea usted: “Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron mandar el caso a la congeladora; se trata del litigio que promueve el Poder Judicial para no pagar agua y el impuesto sobre la nómina de sus trabajadores. El ministro encargado del tema, Sergio Valls, estará fuera una semana y varios de sus compañeros tienen un compromiso ´ineludible´ en las playas de Cancún, para participar en un Congreso sobre derecho constitucional”. (Bajo Reserva, El Universal 14­-05-2008). ¿Es este el Poder Judicial? Si, tal cual.