VÍA CRUCIS FINANCIERO

Si usted va a un banco o a cualquier entidad financiera, a solicitar un crédito para montar un negocio (changarro o lo que sea), lo primero que le solicitarán es que el negocio que está proponiendo sea realmente negocio, que obtenga utilidades; también le harán un análisis personal o de su empresa, o ambos, según el caso, para acreditar sin dudas razonables que tenga un buen historial crediticio y capacidad de pago, en donde se analiza lo que produce o producirá el negocio para definir, entre otras cosas, el plazo en el cual se liquidará el financiamiento. Mientras mayor sea el crédito también serán mayores los requisitos y los análisis que hará la entidad financiera. Una de las tareas básicas que tienen que realizar los técnicos encargados de este tipo de análisis, consiste en ir a ver, en compañía de los interesados, físicamente, el lugar en donde se encuentra el negocio o el espacio en donde se instalará en caso de que sea uno nuevo. Desde luego, y generalmente es el principio de todo, está el insalvable análisis jurídico, el examen de los documentos legales del solicitante, tales como acta constitutiva, poderes, registros, escrituras públicas de diverso tipo, identificaciones, etc. Esto es de kinder. Es lo mínimo, sin hacer esto simplemente no prospera la solicitud. Este procedimiento, con énfasis y variaciones en un sentido o en otro, es o debe ser independiente de la fuente de recursos para el financiamiento, es decir, sin tomar en cuenta si el dinero que se prestará es de origen público o privado. Cuando el dinero es público, y tiene un origen federal las cosas se complican sobremanera por los controles a los que se sujeta este tipo de fondos. Si algo no está bien, si algo huele mal, o aún sin oler está mal, ya no se continua la gestión del financiamiento, al menos existe la obligación ética de la entidad financiera de detener el proceso.
Por ello extraña, por decir lo menos, el caso del crédito que otorgo el Fondo de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) a una cooperativa denominada “Hermanos Mayoral Arce S de RLMI” en la que se integran supuestamente productores de la zona de La Purísima y, al decir de los mismos, otras tres personas que no conocen (¿), según las notas que al respecto ha publicado Araceli Hernández en esta casa editorial . El financiamiento fue otorgado, según la versión de los “cooperativistas” para elaboración de dulces, cría de chivas y otros (¿) en la zona de La Purísima. ¿Usted cree amable lector, que se necesitan casi cinco millones de pesos para financiar proyectos de campesinos de muy baja condición tecnológica? Aparece en la gestión, y de hecho da origen a todo el proceso hasta culminar con el financiamiento un gestor, un “consultor”, Arturo González Ramírez, vecino del titular del FONAES y su supuesto compadre (él lo ha negado), quien probablemente preparó los proyectos de inversión; además, constituye la cooperativa para recibir el financiamiento y, supongo, que también la registra y eleva a escritura pública el acta constitutiva y la da de alta en Hacienda. ¿Y el FONAES? Para Rypley. Nadie puede formar una cooperativa usando copias fotostáticas de las identificaciones de los futuros miembros, al menos no legalmente. Simplemente no se puede. El estratosférico financiamiento por 4.95 millones de pesos lo recibe un tal Erick Santiesteban Espíndola en propia mano mediante un cheque, no de caja ni certificado, uno simple, quien, además, no vive en la zona de La Purísima y da como domicilio conocido el municipio de Los Cabos (¿). Ya situados en el terreno de lo inverosímil, el 8 de diciembre de 2004 “el consultor” (recordemos que éste no tiene vela en el entierro porque, hasta donde sabemos, ni siquiera forma parte de la empresa) le envía un comunicado kafkiano al titular de FONAES, en donde le indica que la cooperativa consideró mejor operar el proyecto turístico (¿) en La Paz y no en Los Cabos, pero como los socios no aceptaron él, humildemente, y de manera por demás absurda, le indica que por esa razón asumía toda la responsabilidad por el financiamiento otorgado ( en este punto debemos suponer que el “consultor” ha decidido que él se embolsará pagará, tal vez, el financiamiento que con muchos trabajos obtuvo). Ni más ni menos a este “consultor” le permitió el FONAES hacer la gestión de los proyectos y del financiamiento. Al llegar aquí, de plano ya no entendí nada. ¿Dónde estaban los del FONAES? ¿Los agarraron dormidos? Resulta que este tipo de financiamientos puede llevarse hasta un año de gestiones (a veces más), reuniones con los interesados, visitas, análisis, revisiones y mas requisitos hasta que se concreta el financiamiento. Durante el tiempo que duró la gestión ¿En dónde estaba el personal de FONAES? Hay sucesos que nadie se explica que puedan llevarse a cabo de manera legal, y sin embargo, se realizan, ¿cómo es esto posible? Pues muy simple, se conforma una pequeña o gran banda y ya todos dentro, a valores entendidos, pues a darle. Todo este asunto apesta, y dudamos que recuperen algo de lo perdido incluyendo su prestigio, si alguna vez lo tuvieron ¿No lo cree usted?

ANDRÉS MANUEL, TE PASASTE . . .

Se puede engañar a algunostodo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañara todos todo el tiempo. Abraham Lincoln.
Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos. Aristóteles

Un cierto resabio del Síndrome de Estocolmo ha hecho presa de los más fieles perredistas, de otros muchos de la izquierda y de una gran cantidad de ciudadanos de buena fe, bien intencionados, que han otorgado a López Obrador una evaluación sin precedente para un político de nuestro país, la más alta calificación en desempeño y popularidad. Hoy, mañana, la semana entrante y hasta el 1º de diciembre del 2006, todos estos amorfos grupos andarán vociferando por montones en varias ciudades del país sin más propósito que el de salvar a una sola víctima, a una esperanza, a quien los malos complotistas golpean y patean cuando ya se encuentra indefenso, tirado en el piso y ensangrentado, pero todavía clamando.
Pero ¿cómo juzgar todo este cuasi desastre nacional político-mediático del que ya nadie se puede sustraer? Tratemos de entenderlo, y para ello partamos, primero, de un análisis objetivo a partir del primer problema, el desafuero, y, en general, del proceso mismo, dividiéndolo en dos partes esenciales que nos ayuden a entender el punto sin tomar partido, con argumentos, sin calificativos y sin prejuicio alguno, solo los hechos tal y como ocurrieron. Antes de que los acólitos de cualquier signo me empiecen a apedrear, debo aclarar todos los improperios serán bien recibidos (o mal, según) en la dirección de correo que les ofrezco al final.

Valoración jurídica

No soy abogado, pero los metros cúbicos de tinta que se han vertido en torno a este asunto, me han permitido entender con alguna claridad cuál es la raíz del problema, su fondo real, para explicarme porqué tanto ruido desde que se dio a conocer a la opinión pública esta fábula política. De modo que los términos jurídicos serán utilizados con alguna laxitud en beneficio de un lenguaje más coloquial. Lo quiero compartir con ustedes, amables lectores.
El ruido ha sido de tal magnitud que ha soterrado los datos duros, los hechos ciertos, que nos permitirían comprender los acontecimientos con objetividad.
Pues bien, amable lector, existen antecedentes claros, meridianos, que ya son del dominio público porque han sido divulgados en la prensa, en revistas de diversa índole y tendencia, en el radio y en la televisión. También disponemos del punto de vista de articulistas y columnistas que gozan de fama pública por su objetividad y por la información a la que tienen acceso.
En este punto y, con todo propósito, dejaremos fuera por el momento, las hipótesis siguientes porque son subjetivas y no corresponden a los hechos mas que de manera accesoria, pero sin demeritar la importancia que pudieran haber tenido en el desarrollo de los acontecimientos, además, las comentaré más adelante:
· Se le quiere desaforar porque es un adversario político muy peligroso.
· Se esta “judicializando" la política porque todo se quiere resolver con la participación de un juez o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
· Que lo están intentando desaforar por construir una calle para comunicar a un hospital privado.
· No lo quieren dejar competir por la presidencia porque seguro les ganará a todos.

Valoración jurídica. Cronología.

Iniciemos pues con los hechos jurídicos según el año en que ocurrieron y con la información que me he podido allegar. Todos aquellos que medio conocen la trama, saben de lo añejo de este problema, ya que inicia, en forma, al día siguiente de la toma de posesión del peje como Jefe de Gobierno.

AÑO 2000
· El 10 de noviembre del 2000, Rosario Robles declara la expropiación del predio que da origen a todo el conflicto. (Algunos malpensados podrían conjeturar que lo que está pasando hoy es el resultado del “efecto Rosario” quien le heredó una bomba de tiempo al peje nomás por bruja y vengativa que es)
· El 4 de diciembre de 2000 el agraviado (ojo, sí hay un afectado) por la expropiación de Rosario solicitó el amparo de la justicia federal.
· El 5 de diciembre del 2000 López Obrador tomó posesión y se estrenó como Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF)
AÑO 2001
· El 14 de marzo 2001 el juez 9º de Distrito otorga al agraviado la suspensión definitiva por la expropiación. (Este es el punto clave en el que López debió haber sido humilde o sagaz o ya de perdida inteligente (depende) y detener los trabajos, pero no lo hizo simplemente porque no quiso, no supo o por un error de cálculo.)
· El 13 de agosto de 2001 el agraviado, Promotora Internacional Santa Fe denunció ante el nuevo titular del juzgado noveno que el GDF violó la suspensión definitiva.
· El 28 de agosto de 2001 un actuario del juzgado dio fe que estaban trabajando en las áreas expropiadas por lo que el juez determina que sí hubo violación.
· El 30 de agosto de 2001 otro juez de distrito establece que la suspensión definitiva había sido violada por López notificando a la PGR la comisión de un delito al no respetarse la suspensión definitiva.
· El 1 de octubre de 2001 el Juez Noveno le hizo el primer requerimiento a López Obrador para detener las obras, pero éste se pasó el requerimiento por el arco del triunfo y no obedeció
· El 18 de octubre de 2001 se le hizo el segundo requerimiento pero, ya instalado en la soberbia de las encuestas, menos hizo caso.
· El 14 de noviembre de 2001, con motivo de la instrucción del juez de amparo, la PGR inició la averiguación previa 1339/FESPLE/2001.
AÑO 2002
· El 23 de enero del 2002, el 7º tribunal colegiado confirma la sentencia en el sentido de que sí hubo violación de la autoridad a la suspensión definitiva.
· El 31 de enero de 2002 el juez le vuelve a notificar a López Obrador por ¡tercera ocasión! para que detenga los trabajos en el predio y que creen... pues que como el gallo para esas fecha ya tenía muchas y floridas plumas, tampoco obedeció.
· El 15 de febrero de 2002 el juez ya casi de rodillas, le pidió por ¡cuarta ocasión! parar las obras, y que creen... pues que, finalmente, después de unos días, se digno detener los trabajos y ¡al fin! sacó la maquinaria del lugar. Demasiado tarde. El juez 9º de distrito declaró la violación a la suspensión desde agosto del 2001, por lo que, en el momento en que López decidió retirar la maquinaria, después del 15 de febrero de 2002, pues ya había violado por cuarta vez la suspensión definitiva cometiendo el delito de desacato.
· El 7 de agosto de 2002 López comparece a declarar, por primera vez ante el juzgado, en donde conoció a la perfección todas las implicaciones del caso.
· El 27 de agosto de 2002 comparece a declarar por segunda ocasión ante el juzgado
AÑO 2003
· El 20 de junio del 2003 el agraviado (no olvidemos que todavía existe un afectado) le exige al juez 4º Penal que actúe en contra de la autoridad por no haber obedecido la suspensión definitiva.
· El 18 de septiembre de 2003 López comparece a declarar por tercera vez (en esta, según la PGR, reconoce López que el Ministerio Público de la Federación estaba actuando atinadamente en el caso)
· El 27 de octubre de 2003 comparece a declarar por cuarta ocasión.
· Por si no fuera suficiente, la PGR acopió fotografías notariadas que demuestran la alteración y deterioro que las obras le ocasionaron al predio en las que se demuestra que hay un daño patrimonial evidente. Además, cuentan sus acusadores con dos ordenamientos emitidos por el Juzgado Noveno de Distrito, certificados por los actuarios del propio juzgado. Los verdugos de López tienen en la manga, también, otros dos ordenamientos certificados por notarios públicos, en los que consta que López no acató la suspensión provisional que se otorgó a los dueños del terreno. Lo demás es ruido, camuflaje, escenografía, prepotencia, provocación y patadas de ahogado.
· La PGR reactiva el caso el 22 de septiembre de 2003
· El 14 de mayo de 2004, armado el expediente, el Ministerio Público Federal (MPF) cumple con la petición del juez y, como debe ser, conforme a derecho, presenta la solicitud de procedencia penal (desafuero) en contra del jefe de gobierno a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
· Más fotos publicadas recientemente se pueden consultar en el Sudcaliforniano[1] así como la postura del representante legal del agraviado en un desplegado dirigido a la opinión pública.
Hasta aquí los datos duros, los hechos. Usted lector, que criterio antepondría para juzgar estos datos hechos: evaluaría solamente lo que es justo aunque no necesariamente sea legal o aplicaría la ley y el respeto a las instituciones y la constitución. Optaría, tal vez, por el arreglo político como siempre ha sucedido o se iría por la aplicación de la ley. Esta sí es una disyuntiva. Qué haría usted, o yo, o todos los mexicanos ante este dilema en el hipotético caso que nos permitieran decidir.
Por ello, la insistencia de los foxistas en que se analice el caso solamente en los términos contenidos en el expediente, en sus propios méritos.
Tan tan

Valoración política

Ahora vamos a darle una revisada breve a las implicaciones políticas del desafuero. Algunos analistas sostienen que un proceso como el que nos ocupa no debe estar corrompido, debe ser intachable e impoluto, y sostienen que este fenómeno de corrupción del proceso se da cuando se presentan las condiciones siguientes[2]:

“1) al estar al servicio de un fin ajeno, el político; 2) al ser selectivo entre miles de casos pendientes; 3) al ser arbitrario tomando en cuenta antecedentes de casos análogos, y 4) por no estar definida la penalidad correspondiente.”
Comentaremos brevemente cada una de estas condicionantes.

1) Para el propósito de nuestro análisis, eminentemente político, debemos, primero, considerar que ésta es una lucha que no admite tregua ni cuartel. No estamos en el deber ser, sino en la cruda realidad, y tampoco en los terrenos de la ética ni de la moral. En esta guerra, a los actores políticos realmente no les importan los medios para alcanzar el poder, es decir, les vale literalmente madre, si se aplica en forma estricta la justicia, el marco legal existente, sin gracia, a secas; o si se le meten zancadillas a alguien para obstaculizarle el camino al adversario que todos presumen como el más fuerte y, con razón o sin ella, suponen, podría llegar a ser presidente de México dentro de dos años. De pechito. Aquí el punto es que si López no hubiera cometido, soberbia y estúpidamente, a sabiendas y de manera prepotente, la violación a la suspensión definitiva que le otorgo el juez al dueño del predio, pues sencillamente no habría litis, no habría materia, ni delito que perseguir. Habría, desde luego, otros riesgos, otros frentes manejables, pero no el del desafuero. Este amasijo no lo podrían haber inventado en foxilandia porque resultaría demasiado complicado para las mentes yunqueras del gobierno federal, quienes ya nos han demostrado que pueden cometer tal cantidad de disparates que hubiera sido imposible, conseguir un cerebro medianamente dotado y funcional como para ”montar” un oscuro complot de este tamaño. Como dicen en el norte, había carnita. ¡Era una trampa! Grita ofendido el peje, pues... sí pero para que la pisaste.
2) El segundo criterio, el de la selectividad, pues realmente no se sostiene porque bajo este criterio, a partir de hoy, todos los delitos que se cometen en el país no deberían ser castigados ya que el 90% de los que ya se cometieron no fueron castigados y hay millones de casos pendientes, impunes, es decir, si castigo hoy a una persona por el delito que sea, se puede alegar que estoy siendo selectivo porque he dejado de castigar millones de delitos impunes. Con el argumento de la selectividad ya nos jodimos todos y sálvese quien pueda.
3) En el mismo sentido, tampoco se sostiene que el tratamiento de que este asunto es arbitrario porque si para aplicar la ley se tuvieran que tomar en cuenta los antecedentes y el castigo de delitos semejantes cometidos con anterioridad, nuevamente impunidad pura, pues por este solo hecho, no debería perseguirse a quien cometa un delito más, porque hay millones de antecedentes en los cuales no se ha hecho nada, literalmente nada, porque no se ha querido, porque no se ha podido o porque no se ha sabido hacer. Sin embargo, también hay unos pocos casos en los que sí se ha actuado y hay funcionarios procesados o en la cárcel por los mismos delitos que se le imputan al peje[3]. Son pocos, es cierto, pero los hay.
4) Finalmente, han aseverado distinguidos jurisconsultos en el país, entre los que destaca el Ombusman nacional, que este delito, el desacato, no tiene pena y, como no tiene pena, pues, fácil, no hay delito. Esta opinión es en realidad un mito porque sí hay pena, como lo demuestran con gran brillantez el columnista Carlos Ramírez[4] y sus asesores, y aprovecha la recta para pitorrearse del gran sabio y profesional en derecho el “ciudadano” abogado José Luis Soberanes en su papel de defensor del peje. Existe jurisprudencia amplia en la Suprema Corte de Justicia respecto a las violaciones de amparos y cito “En la Tesis 1ª/VI/94 (tomo XIV, julio de 1994), el máximo tribunal judicial del país determinó que en caso de violación de un amparo se procederá (artículo 105) contra el "superior inmediato" del funcionario que se negó a atender el amparo.” Asimismo, se establece, entre otras cosas, que este tipo de delito “no viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal”. La jurisprudencia citada en la columna de Ramírez establece también que “... la punibilidad aplicable por la comisión del delito que es de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años". Y hay mas jurisprudencia de la SCJ relativa a la tipificación del delito de desacato a una suspensión otorgada por un juez de amparo. No abundo más en este asunto porque los razonamientos pueden ser consultados en las páginas Web de Ramírez y de la Suprema Corte de Justicia y en las de otros analistas[5].
A manera de conclusión
Aquí no esta en discusión si los terrenos son propiedad o no de los dueños que así se ostentan porque seguramente lo acreditaron ante la autoridad competente. Este no es el fondo del asunto.
Tampoco es materia de análisis en esta entrega, el hecho de que algunos de nuestros más fanáticos defensores del estado de derecho: el Presidente de la República, el Procurador General de la República y otros funcionarios federales estén, hoy[6], acusados de violación contumaz a una sentencia de amparo, también por desacato, ni más ni menos que por el mismo noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, eso sí ofrezco que será materia de otro artículo porque es más reciente, 4 de octubre de 2004.
El proceso que se cocino el mismísimo peje, en donde aparece ya con una manzana en la boca que él mismo se coloco, es jurídico pero también y, simultáneamente, político. No puede ser de otra manera. Las posiciones que tienen los actores involucrados y a quienes representan, pero, sobre todo, el botín que está en juego, le dan al proceso el carácter político tanto en su origen como en sus alcances.
No hay que olvidar que López es hoy, todavía, un poderosísimo adversario político tanto de panistas como de priístas y aquel supo, desde el comienzo de su administración, que le escudriñarían hasta por debajo del Suru, hasta el mínimo detalle, lo que fuera, para sacarlo de la jugada y chamuscarlo ante la opinión pública para anularlo. Así lo hemos atestiguado todos los mexicanos. Además, es el enemigo a destruir declarado y oculto de los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha y de la derecha en México, amén de que los grupos empresariales más activos del país no lo quieren aunque digan en público lo contrario e inclusive colaboren con él.
Buscarle a este poderoso contrincante, al adversario, al enemigo político los puntos débiles no se vale... siempre y cuando estuviéramos en la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, pero en la política operan otro tipo de resortes e intereses y no precisamente las buenas intenciones ni la ética. Todos lo sabemos.
Lea usted, amable lector, la perla siguiente que es una cita textual[7]. No tiene desperdicio. [Se trata del oficio DGSL/248/ 2001 enviado por el ex director de Asuntos Legales del GDF, Carlos Paniagua, al director de Servimet. En este, el primero advierte: "No omito manifestar a usted que en caso de no acatarse lo dispuesto por el juez… se puede hacer incurrir al jefe de Gobierno en una violación a la suspensión definitiva concedida, lo cual trae como consecuencia que se le considere como desacato". Luego agregaba, respecto al incumplimiento que se estaba dando de la suspensión definitiva que: "Hago de su conocimiento que existe una denuncia en contra del C. Jefe de Gobierno por violación a la suspensión… en razón de que no obstante la medida cautelar otorgada, al continuarse los trabajos para la apertura de la vialidad Avenida Vasco de Quiroga, se está obstruyendo la entrada al predio de la impetrante del juicio, lo que puede implicar un desacato a la orden del juez".]
Cualquiera que conozca cómo se maneja la cosa pública en el ámbito federal, estatal o municipal, sabe que al peje lo enteraron sus empleados y asesores desde el principio, supo de los alcances y consecuencias de este desacato.
La soberbia, la altanería y la arrogancia no son buenas consejeras.
Y no resisto preguntarme: que carajos le costaba al peje acatar pura, simple y llanamente la suspensión y, “sin dejarse ni rajarse”, continuar su combate hasta agotar el procedimiento por la vía judicial en vez de optar por el pleito, por la victimización pensando que esta posición le daría más réditos políticos como así ha ocurrido, pero también con el altísimo riesgo de que lo inhabiliten o de que acabe compartiendo alguna de las tres celdas de su operador político Bejarano o terminar de compañero de fiestas de Ponce ¡¡imagínense!! En otras palabras, tendría que haber sido cauto, prudente, juicioso y cuidar en extremo todos sus flancos débiles, no dar motivo y menos uno tan estúpido como este.
En cambio, con un poco de sentido común y usando su afilado y retorcido colmillo político, si el peje hubiese respetado el mandato del “corrupto e injusto” juez, aún con los videoescándalos en la espalda, hubiera tenido, hoy, casi la certeza de que podría, cuando menos, contender por la candidatura del PRD a la presidencia de la república.
Hay un refrán ranchero, dice que para tener caldo de gallina pues hay que tener primero a la gallina, lo demás como quiera. López les cambió a sus adversarios la gallina por un pejelagarto fresco y robusto, bien sazonado, y se los sirvió a sus enemigos para que se dieran un festín; al parecer el rico platillo fue elaborado con una receta especial del chef italiano Maquiavelo y condimentado con hierbas cultivadas por Sun Bin[8].
El bueno, el indestructible peje, tiró por la borda los sabios consejos de sus asesores porque existen datos en el sentido de que sí le dijeron que podría incurrir en un delito si no obedecía y va a ser muy difícil que salga de ésta. De lo que sí estoy seguro es que vamos a ver al peje más rijoso que de costumbre y con agravantes: desesperado y peligroso. Eso no se le va a quitar porque no es gripa, y sobran los antecedentes, que no cito para no tirar más tinta. El estado de derecho no se le da, solo le ha servido para el discurso político y para engañar bobos. Los ejemplos sobran y son del dominio público.
Convertido ya en la primera víctima nacional, López no merece que lo metan a la cárcel por haber incurrido en el delito archidemostrado de desacato a una suspensión definitiva otorgada por varios jueces de distrito y un tribunal colegiado. Lo que sí merece, es que lo metan a la cárcel por pendejo, necio, soberbio y renegado. Le aplicaremos lo que leí en un blog: por pejendejo.
Debemos leer con atención, y hasta con envidia de la buena, el caso emblemático del más reciente Secretario General de la OEA, expresidente de Costa Rica y hoy también expresidente de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, quien ya está en una cárcel de su país por corrupto, por el simple delito, de embolsarse unos pesos de soborno. Le aplicaron la ley. Bueno, pero eso sucedió en Costa Rica y está muy lejos.
Este pleito todavía se conserva en los límites del patio trasero de mister Bush, pero cuando intervenga más abiertamente, que no falta mucho, será para terminar de comerse un pedacito de peje con manzana y quien sabe como nos vaya.
Tal vez, y solo es una hipótesis, todos los mexicanos estamos en riesgo de perder a alguien que podría haber sido un buen presidente. Al menos, Andrés Manuel, te doy el beneficio de la duda. Pero si tus enemigos, o adversarios como les llamas, empujan y el proceso prospera, no podremos darte la oportunidad que todos los votantes libres ya le dimos al PRI y a los panistas para ocupar la presidencia de la república: la cereza del pastel.
Termino citando a Balzac: Las leyes son como las telas de araña a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Y otra de Confucio: No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación.
Suerte México.

[1] Sudcaliforniano. Viernes 18 de marzo de 2005, Pág. 7 c
[2] La Jornada. Viernes 18 de marzo de 2005. Adolfo Sánchez Vázquez. El desafuero de la política y la moral
[3] 2005-02-28 La Crónica de Hoy
[4] www.indicador-politico.com.mx
[5] El Financiero en línea. INDICADOR POLÍTICO. Carlos Ramírez. Miércoles, 16 de febrero de 2005
[6] Miguel Ángel Velásquez. CIUDAD PERDIDA. Jueves 3 de marzo de 2005
[7] Adrián Castillo. La Crónica de Hoy. López sí sabía y aceptó que violaba el amparo. 2005-02-23.
[8] Estratega chino autor de El Arte de la Guerra.