A pesar de que Borges (Jorge Luis, no José Luis, el foxista) sostenía que la democracia es un abuso de la estadística, por ahora fue suficiente que los diputados ejercieran el peso de su número para aprobar, por mayoría, los nuevos valores catastrales propuestos por los municipios para fortalecer sus haciendas públicas.
Con las razones de la mayoría se gobierna. Las que hayan sido. Las democracias a secas, sin adjetivos, tienen ese propósito: gobernar con base en las decisiones de una mayoría, y en este caso fue por una mayoría construida en el Congreso con tres minorías: PRD (9), Convergencia (2) y PT (3). Fueron 14 votos a favor de las propuestas municipales de 20 posibles, sin incluir uno del fantasmal MRPS porque no supe el sentido de su voto.
El voto documentado en contra de los nuevos valores catastrales fue de los dos diputados del PANAL, y básicamente sus argumentos fueron: será un duro golpe a la ciudadanía, no existe equidad ni proporcionalidad y consideraron que tampoco era el momento más propicio para incrementar los impuestos. Las razones tienen validez política, pero en el fondo, son irrelevantes y su pretensión es lucrar políticamente con la impopularidad asociada a cualquier impuesto, además de que nunca existe un tiempo propicio para la creación o incremento de los impuestos. Su postura es legítima y característica de la oposición, obtendrán por ello, tal vez, algún dividendo político y continuarán construyendo la base social que, según ellos, les reportará este tipo de señalamientos.
En el ejercicio de la democracia sudcaliforniana, y en general la de México, toda decisión, por pequeña que sea, cuesta más trabajo. Armar acuerdos y consensos es más complicado, y es imposible construir nada cuando la información para la toma de decisiones se encuadra en un manejo donde la transparencia no es una virtud.
Así lo percibí y así lo entendió la población habitante de los municipios involucrados.
Cuando hablo de la población de los municipios y de su conocimiento sobre estos temas, me refiero a aquel segmento de población que tiene, cuando menos, acceso a un periódico de circulación estatal y que tuvo el interés de enterarse del sentido y alcances de la aprobación de los diputados. O sea unas tres o cuatro personas. El resto de la población lo sabrá cuando pase a la ventanilla a pagar sus impuestos o cuando reciba una notificación fiscal por parte de la Tesorería Municipal que es como un llamado a misa.
A Armando Cota le pregunté hace algunas semanas, previas al estudio y propuesta de los valores catastrales aprobados por los cabildos, si él estaría de acuerdo en respetar las decisiones de los ayuntamientos, y si en esa óptica, aprobaría lo que enviaran los municipios dejándoles la responsabilidad absoluta por estas decisiones a los ayuntamientos con todos los costos políticos implícitos. Me contestó que sí y cumplió lo que dijo.
Serán ahora los ayuntamientos quienes tendrán la obligación de rendir cuentas claras de los ingresos y los gastos. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo.
En relación con la Ley de Ingresos de varios municipios, trascendió que a los diputados de los partidos opositores les faltó información respecto a los posibles ingresos que se obtendrían, la cual se omitió en los dictámenes porque, al parecer, la Comisión responsable fundamentó su omisión en la inexistencia de un señalamiento específico en las normas que los obligaran a hacerlo. El argumento es un desatino. Unos diputados dicen que no se les dio, y otros que sí, pero a destiempo. Trampa y confusión.
Debo reconocer que todos los diputados, sin excepción, estuvieron de acuerdo en lo general con la Ley de Ingresos de los municipios. La oposición fue por detalles relativos a falta de información que debieron haber subsanado en tiempo sus propias autoridades para evitar sospechas y malos entendidos.
Las omisiones reflejan una falta de operación política y un menoscabo absoluto de la transparencia en los flujos de información que deben conocer todos los diputados. Hay un desinterés en que este tipo de factores se resuelvan mediante el ejercicio comprometido de la transparencia y el acceso a la información, en especial, cuando se trata de los diputados de la oposición y se les niegan o se esconden datos relevantes. Por ahí no es.
Yo no encuentro el sentido o la utilidad de escatimarle a nadie estas cifras cuando más temprano que tarde serán del conocimiento público. A menos que la finalidad sea encubrir información considerada de “riesgo político”. Otro absurdo. El hecho es que no debe escamotearse la información, especialmente a quienes tienen a su cargo la tarea de analizar y aprobar leyes y decretos, por la sencilla razón de que es el sustento que le da consistencia y legitimidad a lo que aprueban. Negar elementos indispensables para el análisis implica carencia de oficio político y nos lleva a la especulación, a la sospecha.
Pero existen otras áreas en donde los resultados del Congreso no son para presumir de ninguna manera. Es el caso del manejo opaco o diremos mejor, traslucido, de los asuntos públicos, y cualquiera lo puede constatar, de inmediato, en la página Web del Congreso. Es verdaderamente patética. Un asco. El último boletín que usted puede consultar corresponde al número 1090 ¡del 18 de diciembre de año pasado!, es decir del 2007, información de hace un año. Esto es vergonzoso.
Si comparamos los “avances” actuales con la anterior legislatura vemos un triple salto mortal pero hacia atrás en cuanto a transparencia, acceso a la información y registro cotidiano de sus actividades.
No comunican, no informan. No rinden cuentas en su propio espacio. He dicho en repetidas ocasiones, con base en mediciones nacionales e internacionales, que la opacidad es una característica consustancial de los gobiernos perredistas. Simplemente no se les da.
Si usted busca cuánto gana un diputado jamás lo sabrá.
Si usted busca saber cuánto dinero le asignan a cada diputado para sus trabajos de gestoría, jamás lo conocerá. ¿Cuál es el presupuesto del Congreso y cuál su destino? Quién sabe.
Si quiere saber cuántos vehículos tienen no se enterará. Si quiere usted saber qué dijo cada diputado en las sesiones, tampoco se podrá enterar porque no tienen versiones estenográficas ni herramientas para registrar la historia diaria del Congreso. La única fuente es la prensa, la especulación y el chisme. O martirizarse asistiendo a las sesiones completas los martes y los jueves.
En el colmo del absurdo, se aduce falta de recursos. Los responsables del diseño y autorización de los ingresos y del presupuesto de egresos no pueden asignarse los fondos necesarios para su propia modernización que les permitiría una adecuada rendición de cuentas.
Por ahora quedó acreditado el compromiso de la mayoría del Congreso con los municipios. Sabemos hoy que esta factura, si la hubiera, debe ser cobrada a las autoridades de los ayuntamientos. Con votos a favor o en contra. Así duele más.
A reserva de su mejor opinión, crítico lector, y en relación con los valores catastrales propuestos por los ayuntamientos, los diputados cumplieron a cabalidad su compromiso municipalista.
