diciembre 20, 2005

LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA ¿YA HICIERON ALGO?

La verdad no lo creo porque siguen ocurriendo extorsiones a los sudcalifornianos cometidas por delincuentes internados en los penales.
En general las autoridades son lentas, omisas y favorecen con ello la impunidad de los delincuentes. Son varios los estados que ya han atacado este cáncer pero a nuestras autoridades no les ha caído el veinte de que son ellos quienes tienen que hacer algo con urgencia. ¿Usted lector, tiene alguna idea de qué están esperando para actuar?
Recientemente ocurrieron dos extorsiones provenientes de los penales del estado, en particular del de La Paz. Primero amenazaron a un funcionario bancario con secuestrarlo si no depositaba una determinada cantidad de dinero en la cuenta que los delincuentes le indicaron usando para ello un teléfono celular. La otra extorsión que sucedió es la ya clásica llamada en que los delincuentes le hablan a su casa para indicarle que un familiar en camino a visitarlos con toneladas de regalos, está detenido por contrabando o posesión de drogas en algún aeropuerto y le piden a los asustados e ingenuos familiares que depositen una lana para “liberar” a alguien que ni siquiera conocen. Ambos son casos que me constan, así que debe haber muchos más.
Pero ni el Gobernador del estado ni el Procurador ni mucho menos el Secretario de Gobierno han hecho nada por impedir que extorsionen a sus gobernados. Cuando digo nada es literalmente eso: nada. ¿Y el flamante Secretario de Seguridad Pública? Menos. Y conste que esa es su chamba, su absoluta responsabilidad. Tal vez piensen que “son muy pocos” los casos que han ocurrido y no vale la pena hacer nada por ahora. Pero que no se nos olvide que el incremento de estos delitos en los últimos cinco años ha sido impresionante a causa de la impunidad que prevalece.
Es caso es que estos especializados delincuentes continuarán impunes gracias a la pasividad de las autoridades.
¿Porqué no han bloqueado las señales de teléfonos celulares que salen del interior de los penales?
¿Porqué no han invertido una minúscula parte de su presupuesto para impedir que los delincuentes continúen dañando a la sociedad?
¿Quiere usted una respuesta a las interrogantes anteriores?
No les importa en lo más mínimo.
No es que no tengan presupuesto para detener este ilícito porque siempre hay modo de conseguir lo que hace falta. Tampoco se debe a que ignoren lo que está sucediendo en sus propias narices.
¿Cuánto tiempo hace que las autoridades saben que somos extorsionados por delincuentes internados en los penales del estado?
Meses y meses de impunidad.
Meses y meses de incompetencia y probables complicidades.
De otra manera no se explica porqué no han hecho nada. ¿Qué vacilada tendrán para justificar su inactividad?
Fíjese usted extorsionado lector, hay estados en los que sí les interesa el bienestar de sus ciudadanos. Es el caso de Aguascalientes porque en cuanto se enteraron sus autoridades que la mayor parte de las llamadas de extorsión provenían de los penales, de inmediato instalaron los bloqueadores de señal desde el año pasado, septiembre para ser precisos, sin esperar a que se presentaran casos de extorsión en su estado. En cambio, en Baja California Sur las autoridades competentes, o mejor dicho, los irresponsables de atender este cáncer continúan durmiendo la mona, ahora junto con Santa Clos.
A ver hasta cuando.
Sería bueno que nuestras autoridades en lugar de posar para una buena fotografía muy sonrientes y felices entregando patrullas y armas para “aumentar” la seguridad de los ciudadanos, impidieran por medios ya probados y eficaces, la emisión de llamadas provenientes de teléfonos celulares que se realizan desde los penales del estado, en donde, supuestamente, está prohibido su uso por los reos.
¿Por qué no lo han hecho?
Pues simple y sencillamente porque a nadie le importa.
No hay fotos. Y porque el hecho de impedir este tipo de llamadas no viste a nadie porque no se ve lo que están bloqueando. Ni modo que le saquen una foto a la señal electromagnética que están bloqueando. Esto no tiene impacto mediático.
Además para qué actuar si la introducción de artilugios y materiales prohibidos a los penales les produce a las autoridades cantidades inimaginables de dinero a unos cuantos vivos sin dejar huellas aparentemente.
Así que este asunto de defender a la sociedad sacrificando la ganancia de cantidades millonarias para unos pocos corruptos no es negocio. Las perdidas serían cuantiosas e irrecuperables si las autoridades actuaran.
Otra razón es que simplemente las autoridades tienen sus prioridades en otro lado y, desde luego, nada tienen que ver con la seguridad de los sudcalifornianos.
Además ya vienen las campañas en serio y tienen que sacar dinero hasta de las piedras, y los penales son una fuente inagotable de ingresos.
Sí, vacacionista lector, ya sé que es el colmo, casi un sacrilegio, pedirles al Gobernador, a su Secretario de Gobierno, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador del estado que atiendan este problema en plenas fiestas navideñas, posadas, reyes magos y mucha champaña, cuando se encuentran atolondrados por tanta fiesta, y así continuarán hasta el fin de este año. Además, tienen que comprar regalos y cumplir agotadores compromisos.
¿A quién carajos le importan unas cuantas extorsiones en estos tiempos?

diciembre 12, 2005

LOS DERECHOS HUMANOS EN BCS Y LA CARABINA DE AMBROSIO

¿Usted cree, justiciero lector, que en cuatro años, repito, en cuatro larguísimos años, ninguna autoridad en el estado de Baja California Sur haya merecido una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)?
¿Usted cree, iluso lector, que nadie en Baja California Sur ha violado los derechos humanos de las personas, y que todas las autoridades fueron, son y seguirán siendo unas blancas palomas?
¿A quién quiere engatusar la cándida CEDH y sus afligidas huestes? ¿Creerán que todos somos cándidos?
Hacen “solemnes” y “lúcidos” informes en declaraciones a los medios consignando sus “grandiosos éxitos” poniendo cara de gravedad, con tono vacilante y entrecortado por la emoción mientras se cuidan de retratar bien en las cámaras de televisión.
Hoy le decimos adiós, espero que para siempre, a la peor presidenta que hemos tenido en la CEDH.
Recuerdo con indignación el caso del anterior presidente de la CEDH a quien tenían sometido con una pata en el pescuezo por la vía más indigna, la de birlarle el presupuesto; no le permitían hacer nada, no le daban un centavo porque habían comenzado a realizar su trabajo sin atender “sugerencias” de las autoridades cuando sus intereses e imagen resultaban afectados. En ese tiempo, usted iba a las oficinas de la CEDH a tratar algún asunto o a poner una queja y encontraba una gran desolación y silencio, una gran sordina en todos los sentidos; cerros de periódicos del día en los escritorios porque no hacían otra cosa que leer en los arruinados cubículos de su desmantelado y viejo edificio. Sin gastos para gasolina, viajes, papelería, teléfonos, en fin, sin disponer de lo mínimo que se requiere para operar cualquier oficina. Las autoridades de entonces encontraron la única forma de subyugar a los representantes de la CEDH: no darles un centavo para trabajar, excepto su salario, y lo que es peor, lograron su objetivo. No importaba que el presupuesto anual estuviera autorizado por el Congreso, simplemente no se los daban.
Pero no hay mal que dure cien años. Para fortuna de todos.
Hace cuatro años cuando cambiaron las cosas en la CEDH todo mundo pensó con optimismo desbordado, pero sin fundamentos sostenibles por el “prestigio” de quien llegaba, que al fin se verían novedades importantes en Sudcalifornia, ahora sí, a favor de nuestros derechos humanos, los de todos.
Y en efecto, así ocurrió. Las cosas cambiaron.
Para iniciar este gran cambio, extrajeron a una empleada de medio pelo de una de las instituciones más ineficientes, desprestigiadas y corruptas de la entidad: la Procuraduría General de Justicia del Estado y la convirtieron el Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Ninguna autoridad deseaba una persona competente, independiente del poder, con integridad pública, digna, profesional y brillante. No era para tanto, si nomás se trataba de los derechos humanos. Requerían a alguien que simplemente estuviera ahí. No fue necesario buscar mucho para encontrar a la persona idónea, que “trabajara” sin hacer olas, sin que moviera el avispero de las mafias y que además, diera la impresión de “cumplir” teniendo para ello un pequeño equipo dizque funcionando en la CEDH para hacerle al cuento.
Y vaya que las cosas cambiaron. Luego luego se vio. De inmediato la flamante nueva presidenta, por equidad de género y no de competencia, tuvo, al fin, presupuesto para poder operar con su pequeño grupo; y ya ricos y bendecidos por las autoridades, con las instrucciones claras respecto a lo que se esperaba de su función, lo primero que se le ocurrió a la nueva Ombusman en aquel entonces, fue la trascendental operación maquillaje pro derechos humanos y ordenó arreglar el jardín que rodea la casona en donde se ubica la sede de la Comisión y poner muchas macetas con plantitas. La verdad es que lo dejaron muy bonito, presentable, muy femenino. Las plantas hasta florecieron con sus nuevos jardineros de postín. Después para continuar con su imparable pasión defensora por los derechos humanos, repararon en que deberían contar con un lugar más digno y decidieron darle una manita de gato al vetusto edificio: lo resanaron, pintaron y compraron algo de mobiliario y computadoras para cumplir con uno de los más grandiosos planes educativos para la defensa de los derechos humanos que se hayan concebido jamás en el estado. Envidiado por la propia SEP.
Lo primero, pues, fue arreglar la casa, limpiarla, porque para todo lo demás, habría largos cuatro años.
Y como no se puede hacer todo de un jalón, tuvieron que definir prioridades.
Así, ya encarrerados en su febril actividad en favor de los derechos humanos, se dieron cuenta de que sus vehículos se maltrataban, y discurrieron en agotadoras reuniones de planeación estratégica, que era indispensable y urgente que, sin dilación, se techara el estacionamiento de la señora presidenta, porque ni modo que se subiera a su carro caliente y polvoriento por estacionarlo en la calle, cuando se ofreciera ir a cumplir urgencias de los ciudadanos o asistir a los múltiples compromisos propiciados por su extraordinaria actividad, además, ¿cómo atender citas de trabajo en un carro polvoso y caliente para cubrir las visitas a los altos funcionarios del estado a los que había que leerles la cartilla? Faltaba más.
Una vez terminada esta ardua tarea, ya un poco cansados, redefinieron de nuevo sus prioridades y armaron otro “buen plan” de trabajo, de mucha trascendencia, con efectos a largo plazo y para el registro de la historia, de muy alto impacto en la defensa de los derechos humanos, y para ello, diseñaron una sesuda estrategia de capacitación intensiva para que, desde el vientre materno, los futuros ciudadanos comenzaran a conocer cuáles eran sus derechos en esta importantísima disciplina.
Pero no crea usted que se detuvieron ahí, no, ni pensarlo, si ya traían una actividad con muchísimos éxitos y resultados, así que se pusieron más dinámicos todavía, y se aplicaron a una tarea de largo aliento consistente en educar a las confundidas juventudes sudcalifornianas y se dejaron ir a casi todos los recintos educativos del estado: a los kinders, las primarias, las secundarias, las prepas, las universidades públicas y privadas y en sus ratos libres asistían a eventos públicos organizados de la sociedad. A veces hasta fueron a los penales del estado. Había que tener una gran presencia para darles a conocer al mocerío cuáles eran sus derechos humanos para que no se dejaran atropellar. Tuvieron grandes éxitos, sobre todo cuando impartían sus cátedras de derechos humanos en alguno de los kinders ubicados en lugares ignotos.
¿Y que podemos decir de los derechos humanos en los ayuntamientos? Este es otro de los logros importantes, tal vez el de mayor trascendencia en la corta historia de la defensa de los derechos humanos en el estado, fue la cereza del pastel: se crearon representaciones o más bien oficinas con una persona, para defender los derechos humanos en cada uno de los municipios del estado. Para ello se le pidieron fondos, espacio y equipo a los miserables ayuntamientos y le solicitaron a los ediles que les propusieran a una persona para ocuparse de la áspera e ingrata tarea de acusar al propio presidente, quien la designó, y a otras autoridades del ayuntamiento, de las violaciones a los derechos humanos que ellos mismos hubieran cometido. Esto si fue agotador pero brillante no le parece, azorado lector.
Con todos estos logros, con todos estos éxitos, con toda esta febril y esforzada misión a favor de los derechos humanos todavía hay gente inconsciente y resentida que no reconoce el agotador esfuerzo realizado. Son los egoístas de siempre.
Por eso no se escuchan bien los lamentos emitidos recientemente por el Centro de Mujeres A. C. donde señalan a través de su presidenta que “en cuatro años no emitieron recomendaciones en defensa de los derechos humanos de infinidad de mujeres agredidas, desaparecidas o asesinadas”. Tampoco se sostiene la queja de esta organización que defiende a las mujeres, en el sentido de que las acusaciones que presentaron algunas damas, no eran aceptadas y se derivaban hacia otras dependencias porque a “ella no le tocaba” atender ese asunto; la Comisión siempre les recordaba a las molestas, fastidiosas y resentidas señoras que la demanda o el caso que presentaban "no tiene nada que ver con esta institución”.
¿Mujeres ofendidas aquí, en el estado maravilla? ¿Violaciones a los derechos humanos aquí en el estado maravilla donde nunca se han violado? ¿De dónde sacan eso estas personas? Porque después de todos los éxitos reseñados ¿no queda claro que lo único que pretenden estas voces disidentes y envidiosas es malograr la obra monumental y trascendente que construyó la presidenta de la CEDH durante estos cuatro años pletóricos de victorias y laureles? Únicamente un ciego no los quiere ver.
La verdad es que son gente interesada en molestar porque ni en los kinders ni en las primarias, han recibido quejas en ese sentido. Es más ni siquiera en las universidades a las que han asistido para desarrollar sus exitosas conferencias magistrales y cursos de capacitación en derechos humanos, y nunca, óiganlo bien, nunca, han recibido quejas sobre su incompetencia y carencia de recomendaciones; al contrario, son puros éxitos y hasta han sido felicitados por esos chicos y chicas inteligentes y conocedores.
Cuando una autoridad moral como la CEDH es incapaz de emitir una sola recomendación en cuatro años en contra de las autoridades que todos conocimos y padecemos, lo menos que uno puede pensar es que su representante se encuentra inmersa en las conocidas redes de poder y complicidades. Es agradecida, pues y sueña con que ya le llegará su recompensa. Pronto veremos cuál es.
¿Usted piensa, aguerrido lector, que les sirvió de algo a los sudcalifornianos una CEDH sometida, obediente y blandengue por decisión propia, como la que hemos tolerado a lo largo de los últimos cuatro años? Esto significa también, que las autoridades han doblegado la ley logrando convertir a la CEDH en una miserable oficina de capacitación, es decir, a la nada, para regocijo de las propias autoridades, seguramente bajo la promesa de recompensas posteriores por haber servido con esmero sumiso, según la camarilla, a las “mejores causas” del estado.
Mire usted, presumir que en cuatro años “no se ha tenido necesidad” de emitir una sola recomendación es hundirse en la desvergüenza y el cinismo. Que lamentable.
No me cabe la menor duda, la cándida presidenta saliente merece una estatua, cuando menos un obelisco o ya de perdida un pergamino de cochi y el reconocimiento de todos los ciudadanos del estado. Debe encontrarse la manera de premiarla con alguna posición en la alta burocracia como un digno reconocimiento a su competencia, eficacia y compromiso en la defensa de los derechos humanos en Baja California Sur. ¿Cuál sería su carta de presentación? Pues la mejor: no haber emitido una sola recomendación en contra de las autoridades del estado en sus cuatro largos años de reinado. Su notable y portentosa figura impidió que se violaran los derechos humanos de los sudcalifornianos en todo el estado durante cuatro años. Es un record inalcanzable. Cero violaciones en cuatro años. Ese sí es un merito colosal.
No me explico porqué no la hicieron magistrada, con tantos y sonados éxitos.
Sobre todo ahora que ya se va quien nunca estuvo.

diciembre 09, 2005

¿QUÉ PASA EN EL CONGRESO? (II FINAL)

Y todavía escuchamos y leímos a infaltables despistados o interesados, que afirmaron con tonos grandilocuentes: “estamos viendo una manifestación de la democracia imperante en el Congreso.” Contra estos incontinentes verbales exhale usted aquí, ruidoso lector, la onomatopeya que corresponda para producir una sonora y prolongada trompetilla. No sé en qué planeta vivan, aunque sospecho el lugar: pejelandia o foxilandia, a escoger. O simplemente en la ignorancia que es peor.
Cuando el Congreso se opone sin razón legal y obstaculiza una propuesta de cualquier índole violando la Constitución, nadie puede razonar que este hecho obedece a un comportamiento republicano, democrático y autónomo. Al contrario, actuaría fuera de la ley. En cambio, discutir y disentir con argumentos sobre las propuestas, cualquiera que sea su origen, apegados a derecho y respetando las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias, ese sí es un ejercicio pleno y meritorio de la democracia, la legalidad y la autonomía del poder legislativo.
Y me pregunto, ¿qué pasaría si algún ciudadano o el propio poder ejecutivo del estado hubieran iniciado una demanda de juicio político en contra de esos 11 legisladores, por negarse a cumplir disposiciones constitucionales? Jurídicamente sería el camino más complicado porque la misma la cámara de diputados tendría que juzgar a 11 de sus miembros, lo cual condenaría esta hipotética opción, muy probablemente, al reino de la impunidad. Pero cualquier ciudadano que se sintiera ofendido por el actuar de los diputados estaría en su derecho de demandarlos y me parece que quien lo hiciera tendría todas las probabilidades de ganar si prevaleciera el estado de derecho, ¿no les parece, justicieros lectores?
Imagínese usted, obediente y sumiso lector, qué hubiera pasado si uno o dos de los tres eminentes abogados integrantes de la más reciente terna propuesta para ocupar un cargo de magistrado en el poder judicial, hubieran decidido, al mismo tiempo o en diferentes momentos, solicitar el amparo de la justicia federal en contra de las ilegales decisiones del Congreso, al negarse éste, rotundamente, a acatar una designación del ejecutivo respaldada jurídicamente en una disposición constitucional que establece con nitidez su facultad plena y legal para hacer el nombramiento.
¿No lo habían pensado? Pues váyanse preparando porque el sueño se les puede convertir en una pesadilla. El camino legal que se percibe, y ya se vislumbra por una rendija, es el amparo de la justicia federal por parte de uno de los ofendidos abogados propuestos.
Éstos 11 zafios legisladores no saben en la que se metieron, y en la que van a sumir a su estado, al dar a luz a un engendro inédito a nivel nacional. Ya tienen de qué presumir. Por lo pronto, el Congreso ya recibió una advertencia inicial, clave para la futura demanda, por parte de la abogada propuesta que fue ignorada, en donde le solicita al Congreso le indiquen porqué no le fue tomada la protesta constitucional una vez que ya había sido designada como magistrada por el gobernador del estado de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y existe constancia de su nombramiento.
Si esta demanda prospera, y no veo razón legal por la cual no sea aceptada, es previsible que el contrincante del Congreso no sea, según ellos, una solitaria, desvalida y ninguneada abogada sino el Poder Judicial Federal por la vía del amparo.
Los dos escenarios descritos son de pronóstico reservado: el posible amparo de uno o dos de los ofendidos y la demanda de juicio político. Ambas opciones podrían originar un verdadero embrollo que pocos podrán resolver en el corto plazo, dando origen a un pleito que podría durar años; se imagina, amparado lector, los costos millonarios que usted y yo tendremos que pagar con nuestros impuestos, por la indispensable contratación de abogados expertos en estas materias, porque el Congreso no los tiene a su servicio y la abogada se defenderá sola en un inicio, porque tiene solvencia técnica y parece que le sobra lo mero principal: no permitirá que nadie atropelle de sus derechos. ¿Se imagina usted, legalista lector, el costo político para los actores locales enfrascados en una pelea casi permanente contra el Poder Judicial Federal? Se imagina el tiempo que le tendrá que destinar el Congreso a este asunto nomás para defenderse, y al final, perderlo todo. Será el poder judicial federal contra el poder legislativo del estado. David contra Goliat, con la salvedad que este pequeño David ya no tiene cantos rodados en el morral. ¿Y si gana la abogada qué pasará con el recién nombrado magistrado quien ganó su nombramiento por un oscuro defaul? Seguramente su nombramiento será nulo. De pechito. Váyase a comprar sus palomitas y una bebida, festivo lector, para disfrutar de esta tragicomedia largamente anunciada.
Si en el Congreso tienen operadores políticos eficaces pónganlos a trabajar con urgencia, para que resuelvan este galimatías en el que su padrino los empinó y en la gustosos se acomodaron, antes de que llegue a los juzgados; si hubiera una demanda de amparo y llega a las manos de un Juez de Distrito y la acepta, el Congreso quedará convertido en talco. Y en este viaje irán solos.
¿O esperan que entre al rescate el gobernador, a quien también ningunearon? Ya ha salvado a varios que estaban a un paso del abismo, así que no sería nada extraño que se apiade de ustedes y le entre al quite, pero no hay garantía de éxito.
¿No pensaron en esto los 11 ilustres patricios que elegimos?
¿No pensaron que son nuestros representantes en el Congreso, de todos los ciudadanos, y no de su jefe? Recuerden que quienes los elegimos fuimos nosotros, todos los sudcalifornianos. ¿O no?
¿No pensaron los 11 célebres protagonistas de la sinrazón, en el riesgo de que existiera una demanda de amparo en contra del Congreso por alguno de los ofendidos abogados propuestos, con grandes probabilidades de ganarla? ¿Cuándo exista qué van a hacer? O mejor dicho, ¿ya consiguieron abogados expertos? Y cualquier salida que hubieran pensado, cosa por demás dudosa, más vale que comiencen a actuar con la ley en la mano porque de una vez se los auguro: si hay demanda de amparo van a perder. Y perderán, aparte de lo irrecuperable que ya extraviaron, el cobijo de la legalidad para lograr una quemada monumental de la que no se recuperarán nunca. Con el agravante de que, al perder, esta legislatura tendrá para siempre el sello de la ilegalidad y la incompetencia por culpa de 11 mafiosos. Sin deberla ni temerla, enlodaron a los otros diez diputados y diputadas.
Lo menos que debería haber hecho esa legislatura en cuanto terminó el desaseado proceso de elección del magistrado, por educación y sentido común, era reconocerles a los candidatos no elegidos, en publico o en privado, la decencia y madurez que mostraron, al haber zanjado con extrema prudencia este ingrato asunto porque, aparentemente, habían decidido retirarse de la contienda con profesionalismo y cortesía. Pero en el Congreso no lo hicieron, no operaron nada en ese sentido. La maniobra de sutura, imprescindible en estos casos, nunca la hicieron porque están instalados en la soberbia, y pensando que su padrino los va a proteger y a salvar, y resulta que no podrá defenderlos de la batalla legal y del descrédito cuando les estalle.
En el Congreso están viviendo el paradigma de la rana, y lo grave es que no se han dado cuenta.
Cuando el poder ejecutivo y el legislativo no disponen de operadores eficaces ni claridad en el marco legal al que deben de sujetarse, sólo podrán dar a luz una serie de actos grotescos de antología como los que hemos visto.
En el recuento final, nadie ganó. Todos perdimos.
Perdió el gobernador porque su candidato era justamente el que obtuvo la mayor cantidad de votos de los legisladores desde la primera terna en que participó: Augusto Jiménez Beltrán, quien demostró ante los legisladores solvencia técnica y conocimientos más que suficientes en la materia.
Perdió el Poder Judicial del estado al seleccionarse un candidato que no recibió apoyó de ningún legislador, el de cero votos, quien además está contaminado por problemas legales sucedidos en el pasado.
Perdió la única abogada integrante de la terna designada por el ejecutivo, quien obtuvo el segundo porcentaje de votos más alto de los legisladores y mostró capacidades y profesionalismo en su materia.
Perdió el Congreso y aumentó su ya dilatado desprestigio.
Perdimos los habitantes del estado porque la consecuencia negativa para los ciudadanos fue que, ni los diputados ni el gobernador, seleccionaron al mejor candidato.
Perdieron también la razón, la eficacia y la política.
Quiero corregir. En este carnaval de perdedores si hubo un ganador, pero ganando perdió. Es aquel jefe mafioso que se encargó de “armar y operar” este vergonzoso motín. El padrino.
¿No pensaron, señoras y señores legisladores?
¿No han aprendido que los ciudadanos de Sudcalifornia, quienes los elegimos, ya no queremos mafiosos ni pandilleros incompetentes en el Congreso ni en la administración pública?
¿No pensaron?
Seguramente no lo hicieron.
Así que prepárense para el infierno legal que parece venírseles encima.

diciembre 02, 2005

¿QUÉ PASA EN EL CONGRESO? (I)

Mario Puzo es el autor de la novela El Padrino, un éxito mundial en el género, y un suceso cuando se convirtió en una serie de tres estupendas películas (1972, 1973 y 1990) hoy elevadas a la categoría de clásicos del cine contemporáneo gracias al tino y la maestría en la dirección de Francis Ford Coppola. En una de ellas, la primera, vimos por ultima vez a uno de los mejores actores de todos los tiempos: Marlon Brando, tal vez en su mejor actuación. La película se llevó tres oscares de nueve. En la de 1972, la primera, se narra la preocupación de un hombre por acrecentar y conservar su red de complicidades, regido por principios en los que predomina, por encima de todo, la familia como núcleo central de su actuación, la lealtad, los amigos, el deber, la defensa de sus miembros, y en donde el fin común, es la conservación del poder al costo que sea. Se mezclan valores y contravalores para conseguir sus propósitos mafiosos.
Si uno revisa con cuidado lo que está ocurriendo en el Congreso local y en algunas áreas del ejecutivo del estado, veremos una reedición de los personajes de la célebre novela, con la diferencia de que actúan con desaseo, operan peor y algunos están obcecados por entregarse con enfermiza pasión a la defensa de su camarilla y de sus privilegios.
En el Congreso ocurre exactamente lo mismo que en el resto de los poderes, hay un miembro del clan o varios, que tienen el control total del estado por lazos de familia, intereses y complicidades inconfesables, y gracias a eso, la garantía de que las instrucciones serán acatadas para que todos sus intereses, legítimos o ilegales, sean defendidos contra cualquier amenaza cierta o infundada.
Los sucesos ocurridos en el Congreso para seleccionar un magistrado, bien podrían pasar por una tragicomedia de incompetencias, desatinos y traiciones, pero no es así. No son, en éste caso al menos, ni incompetentes ni torpes, son 11 “representantes populares” políticamente interesados, cómplices inconscientes empujados o miembros distinguidos de una red mucho más amplia en la cual ellos funcionan obedeciendo, y no precisamente los intereses de los sudcalifornianos, como sería su obligación jurada, sino los de un grupúsculo.
Y sorpréndase, disciplinado lector, desde posiciones importantes del ejecutivo se obstaculiza y nulifica al gobernador para que se respeten las “otras” instrucciones y acaten sin chistar los dictados del padrino o de sus correas de transmisión.
No quieren entregarle nada a Narciso Agundez, y gratis menos, ni siquiera un pedacito del chimango. Cuando intenta tomar el cuchillo para cortar un trocito, lo frenan porque tienen el control de todo el aparato de mando en el gobierno estatal mediante gente incondicional sembrada en posiciones estratégicas de los tres poderes del estado.
Éstos 11 inconscientes congresistas violaron la Constitución en dos ocasiones y ni a calor les llegó. Se pasmaron en un ciénaga. Y les voy a dar un consejo señoras y señores congresistas: cuando un desorientado, que para el caso son 11, se encuentra sumergido en un pantano, lo mejor es no moverse, no hacer olas, porque lo único que logra es hundirse más, hasta el fondo. Y se movieron de más, afectaron la dignidad y el prestigio de las personas y deshonraron varias instituciones dañando la legalidad. Lo más importante, es que los derechos legales de los afectados están vivos, por lo que ya veremos cómo salen de ésta sin embarrarse, a placer, con el espeso lodo del desprestigio.
Acordémonos, memorioso lector, de algunas de las increíbles torpezas cometidas. Primero, el Congreso renunció a su derecho en la designación de un magistrado, y entonces, el ejecutivo eligió a la única abogada integrante de la terna de su propuesta más reciente y le notificó su decisión constitucional al Congreso en donde, en forma majadera, absurda e ilegal, se negaron a formalizar su nombramiento, legalmente válido. Dijeron que no y comenzó la asonada, el gober apechugó, aguantó vara como los buenos y mostró sensatez. Nadie operó, y quien pudo hacerlo no quiso.
Sin cancelar la primera designación, después, en un segundo intento, el gobernador nombró a uno de los dos abogados de la misma terna, el que obtuvo la fantástica cantidad de ¡cero votos! de los legisladores, y el Congreso, por la vía de los 11 opositores, alegando no sé qué simpleza que debieron investigar antes, les negaron, al gobernador y al designado, terminantemente, la posibilidad de formalizar ese segundo nombramiento, otorgado también legalmente, conforme a derecho, en estricto respeto a la norma constitucional. El gobernador continuó aguantando vara y mostrando cordura pero ya con el látigo en una mano y la espada desenvainada en la otra. Alguien ya comenzó a operar.
Luego, el ejecutivo volvió a insistir, por tercera ocasión, en su segunda propuesta para que el Congreso formalizara el nombramiento realizado conforme a derecho y ¡finalmente!, los diputados “aceptaron” la propuesta del gobernador, optando por salirse del salón de la infamia, del ridículo y la ilegalidad a través de la puerta que les volvió a abrir, con una paciencia de mártir, el propio ejecutivo. Y nadie operó para cancelar el primer nombramiento, el legal, y continúa vivo.
Ya no supimos si el gobernador seguiría aguantando vara ni hasta cuando, porque los actos delincuenciales, aparentemente, se terminaron y acabó, tal vez, también el espectáculo. No supimos tampoco, si el gobernador tiene más madera de santo varón que de político tenaz, habilidoso y ecuánime, aunque nos ha dejado ver destellos de estas cualidades.
Y ya en los terrenos de la especulación pura, si los legisladores no hubieran “aceptado” la tercera designación, le quedaba al ejecutivo un abogado más, el otro de la terna, Augusto Jiménez, el que obtuvo más votos de los legisladores y sólo le faltaron dos para calificar. No habría más, al menos en esa terna. Aunque en realidad, buscándole, sí hay más elegibles, el ejecutivo y los diputados podrían haber recurrido a la membresía del Colegio de Abogados para que, en este juego perverso de los 11 opositores, le dieran la vuelta a todos los profesionistas del ramo en el estado; luego, podrían seguir con los del país y finalmente acudir a los abogados del mundo en busca de un buen magistrado.
Al fin ya vieron que, en este insensato juego de las vencidas, el gobernador aguanta vara.
A este joven abogado Jiménez Beltrán, le mandaron un atento recado por medio de la prensa, al estilo de los políticos mafiosos, en el cual, “expertos constitucionalistas” locales “descifraron” en la Constitución el requisito que, según ellos, cancelaba su derecho para acceder al cargo, y con ese argumento doloso lo descalificaron, a la mala, porque fue secretario general en la anterior administración del Ayuntamiento de Los Cabos, como si el haber tenido ese puesto lo convirtiera en “secretario del ramo o su equivalente” según reza el precepto constitucional en una de sus exigencias para ser magistrado. No puede ser más forzada y torpe esta interpretación, y es tramposa porque el término “secretario del ramo” se refiere a los cargos administrativos del ejecutivo del estado y “su equivalente” correspondería al puesto de algún coordinador de ámbito estatal. Un secretario del ramo sería, por ejemplo, el Secretario de Turismo, y “su equivalente” correspondería a una posición de coordinador como la que existía antes en materia de seguridad pública, por ejemplo.
Y lo peor, en el Congreso pretenden continuar navegando en ese barco, como si no hubiera pasado nada, no se dieron cuenta de que emprendieron la travesía sin levantar una de las dos anclas, tal vez la más pesada, y empecinados como están hay el riesgo de que no avancen, y los jalen de regreso al puerto de la legalidad con una alerta federal, que los va a llevar, en su breve historia de desatinos, al naufragio del barquito de papel en el que viajan porque está dirigido por un capitán que ni siquiera viaja en ese barco. El mentor va en otro, viento en popa.Continuaré y terminaré en la próxima entrega.

Y SI UN DÍA DESAPARECIERAN LAS MAÑANERAS…

A veces me preguntó ¿qué pasaría si no hubiera mañaneras? ¿Se acabaría la democracia en el país? ¿Se terminaría la inseguridad que padecemos...